La relevancia del empleo público

 

El alcance de la intervención del sector público en la sociedad y la economía no responde a un patrón único. Más allá de las funciones esenciales que ha de desempeñar para el funcionamiento de un Estado, puede hacer un despliegue más o menos amplio de funciones en distintos apartados. En gran medida depende del tipo de sistema económico y del reparto de papeles entre los sectores público y privado. En cualquier caso, el hecho de que el Estado sea el encargado de suministrar un conjunto de bienes y servicios contando con financiación a través de impuestos no implica necesariamente que la producción se lleve a cabo directamente por funcionarios públicos. Las vertientes de la financiación y la producción son independientes.

El análisis de la evolución reciente del empleo público, en los países de la OCDE y en España, permite realizar las siguientes observaciones:

Diversidad de modelos: No existe ningún modelo teórico estricto, ni tampoco en la práctica. Nos encontramos con un panorama muy diverso, en el ámbito internacional, respecto al peso del empleo público dentro del empleo total. Son los países nórdicos, como Noruega, Suecia y Dinamarca, los que presentan unos mayores niveles, cercanos al 30%. En contraposición, Japón y Corea son los que registran las menores cotas de todos los países de la OCDE, con un 6% y un 8%, respectivamente.

España, cerca de la media de la OCDE: Con algo más de un 17% sobre el total, España se sitúa algo por debajo de la media de dicho grupo de países. Dentro de la Unión Europea, Francia supera el 20%, mientras que Italia y Alemania se ubican en la franja que va del 10% al 15%.

Evolución desde la gran crisis: Entre el 2007, año de inicio de la gran crisis financiera internacional, y 2019, el empleo público creció en la mayoría de los países de la OCDE. En sólo 10 de éstos, el empleo público creció más fuertemente que el empleo total, y España es donde se registra una mayor diferencia. Es el único país de la OCDE donde, en dicho período, el empleo público creció, mientras que se redujo el empleo total, en ambos casos en promedio anual.

Importancia de las administraciones territoriales: Otro rasgo significativo es que España es, junto a varios países con estructura federal de gobierno, donde mayor es el porcentaje de los empleados de las administraciones territoriales sobre el empleo público total, del orden del 80%. En el período 2013-2019, nuestro país es de los pocos donde decrece el empleo en la administración central.

Sector privado-sector público: En España, de la cifra total de ocupados en 2021, justamente dos tercios son asalariados del sector privado, casi un 16% son no asalariados (esencialmente, empresarios autónomos) y un 17,4%, asalariados públicos.

Evolución de la ocupación total: Con datos medios anuales, el empleo total alcanzó su nivel más alto en el año 2008, con una cifra de 20,5 millones de personas ocupadas. Después de alcanzar un mínimo en el año 2013, con 17,1 millones de ocupados, el empleo total ha venido creciendo año tras año, con la salvedad del año 2020, en el que se desencadenó la pandemia del coronavirus.

Creación de empleo público: La recuperación del empleo es perceptible en el año 2021, aunque aún no se ha alcanzado el máximo histórico. En dicho año, el sector público ha tenido un impacto positivo en el empleo, con 151.000 efectivos adicionales (27% del aumento neto de la ocupación). Su tasa de variación anual (4,6%) excede claramente la del empleo privado (2,6%). La cifra de empleados públicos (casi 3,5 millones) marca un máximo y supera en 1 millón la del año 2001.

Distribución del empleo público: Por sectores, la distribución de los asalariados públicos en España es la siguiente: administración central, 15%; administraciones de la seguridad social, 1%; comunidades autónomas, 59%; administración local, 20%; empresas públicas, 5%.

Edad: En España, casi un 50% de la plantilla del gobierno central tenía, en 2020, 55 años o más, y sólo un 5% pertenecía al rango entre 18 y 34 años.

Presencia de mujeres: Casi un 60% del total de personas ocupadas en el sector público son mujeres, y representan más de un 40% de los puestos de gestión superiores.

(Artículo publicado en el diario “Sur”)

El déficit público estructural en España

 

Puede que muchos ciudadanos no tengan conciencia, pero el concepto de déficit público estructural dio un salto cualitativo muy importante en el año 2011, a raíz de la reforma exprés de la Constitución española llevada a cabo en dicho año. Desde entonces, viene protagonizando la “regla de oro” de las finanzas públicas en el ámbito de la Unión Monetaria Europea.

Aunque sujeta a dificultades y controversias de orden metodológico, se trata de una herramienta conceptual de gran utilidad para examinar la situación y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Una forma sencilla de aproximarnos a dicha noción (genéricamente, a la de saldo presupuestario estructural) puede ser a través de la pregunta planteada en el gráfico adjunto. Ante tres situaciones hipotéticas en distintos momentos, ¿dónde cabe entender que es más preocupante un déficit público equivalente, por ejemplo, a un 5% del PIB: en A, B o C?

Las tres situaciones difieren en cuanto a la fase del ciclo económico a la que corresponde cada una: en A, se da una coyuntura económica negativa, la producción está por debajo de la producción potencial del país (output gap negativo); en B ocurre todo lo contrario, e incluso la economía crece por encima de su potencial (output gap positivo); en C puede decirse que el impacto de la coyuntura económica es nulo, toda vez que la producción efectiva se corresponde con la potencial (output gap nulo).

Evidentemente, el signo de la coyuntura económica influye claramente en la situación de las finanzas públicas: en situaciones como la A, habrá un impacto adverso, ya que se dispararán los programas de gasto de carácter prestacional y caerá la recaudación impositiva como consecuencia de la menor actividad; situaciones como B serían las más favorables para las cuentas públicas, debido a que las prestaciones públicas por desempleo y otras estarán en mínimos, y la recaudación impositiva será muy elevada; por último, en situaciones como la C, las cuentas públicas no se verían afectadas, ni positiva ni negativamente, por la coyuntura. De este modo, el saldo presupuestario del sector público nos estaría mostrando su verdadera cara, sin la influencia de efectos coyunturales. Debido a esto, el concepto de saldo presupuestario estructural consiste en el saldo que se daría en una situación como la C, con un output gap nulo.

De las tres situaciones consideradas, un déficit de la misma cuantía sería más preocupante en un caso como el B: ante el mejor panorama posible para las finanzas públicas, se generaría un déficit. En una situación como la A, el mismo déficit sería menos preocupante, puesto que, sin necesidad de adoptar ninguna medida, de manera automática, cuando mejore la coyuntura económica lo harán también las finanzas públicas.

La cuantía del déficit presupuestario estructural nos indica que ese importe no se va a reducir de manera automática. Para corregirlo será necesario adoptar medidas para disminuir los gastos y/o aumentar los ingresos públicos.

En su último informe sobre la economía española, el Fondo Monetario Internacional estima un déficit público estructural del orden del 4% del PIB. Esa cifra nos coloca ante el espejo, que nos devuelve un mensaje no del todo halagüeño: el agujero estructural de las cuentas pública roza los 50.000 millones de euro anuales en el marco de los programas de gastos e ingresos públicos vigentes.

Las reformas fiscales y el modelo de las tres líneas de defensa

 

Desde hace algunos años, la organización de las entidades de crédito se rige por el modelo de las “tres líneas de defensa” (gestión del negocio, control global de riesgos y auditoría interna). Parece bastante razonable la delimitación de funciones por capas y un funcionamiento independiente de las unidades responsables de cada una de ellas.

Aunque sólo sea como una fuente de inspiración lejana, la instauración de un modelo multietápico podría tener sentido en el ámbito de la administración y la gestión de los recursos públicos. Con carácter permanente, pero sobre todo ante la posibilidad de introducción de cambios sustanciales que afecten al trasvase de recursos desde el sector privado al sector público, sería conveniente atenerse a un modelo de líneas de defensa, en este caso, estructuradas de manera secuencial. Es decir, no se podría pasar a una etapa posterior sin haber cubierto la precedente.

Ante una economía y una sociedad en continuo proceso de transformación, la necesidad de una revisión periódica del sistema fiscal, y, eventualmente, la de introducción de reformas de alcance, difícilmente se prestan a discusión. Habitualmente, suele ser también norma que se planteen requerimientos de ingresos públicos adicionales. Lo que es más discutible es que se adopte como premisa, como opción ineludible, el incremento de la carga tributaria. Por supuesto, no debe descartarse, pero antes de llegar a esa conclusión deberían haberse recorrido previamente las distintas fases integrantes del modelo de líneas de defensa.

A título meramente indicativo, cabría considerar las siguientes: i) maximización de la eficaz recaudatoria del sistema vigente, restringiendo todo lo posible las vías de fraude, evasión y elusión fiscales: ii) examen de la congruencia de los impuestos aplicados, eliminando posibles deficiencias de diseño que mermen la capacidad recaudatoria de manera injustificada; iii) revisión de la justificación, validez, eficacia y eficiencia de los gastos públicos, tanto los de carácter directo, como los indirectos a través del sistema fiscal en la forma de preferencias fiscales; iv) reconsideración de aquellas figuras impositivas o tratamientos tributarios que puedan estar impidiendo de manera significativa la generación de actividad, empleo y renta.

No hay, desde luego, necesidad de formalizar ningún esquema predeterminado, ni de articular estructuras complejas, pero sí de tener clara la idea de que toda reforma fiscal debe empezar por la reforma del gasto público. Como encomienda prioritaria, es preciso conjugar equilibradamente las preferencias sociales para establecer la cuantía y la composición del gasto público. Una vez dimensionado con arreglo a los criterios de eficiencia, eficacia y economía, se podrá saber el monto de los recursos que es preciso obtener para poder llevarlo a cabo en un marco de finanzas sostenibles.

Casi de forma simultánea a la presentación del reciente Libro Blanco sobre la reforma fiscal, el Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha difundido un estudio dedicado a la eficiencia del gasto público[1]. En él se ofrece una comparación de índices de eficiencia y eficacia del sector público para un conjunto de países desarrollados (gráfico adjunto).

No puede decirse que sea una tarea sencilla elaborar indicadores en esos apartados cruciales. Sin perjuicio de repasar la metodología empleada, al igual que en otros estudios anteriores, la posición en la que aparece España no resulta demasiado halagüeña. De confirmarse tales resultados, habría argumentos para cuestionar que los contribuyentes efectivos lo sean con mayor intensidad, para seguir obteniendo el mismo nivel de producción de servicios públicos y de desembolso de prestaciones sociales.

Pero, en fin, sobre la eficiencia ya nos instruyó Winnie the Pooh…[2]

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[1] “Por una mejora de la eficiencia del gasto público en España”, Revista del IEE, nº 1/2022.

[2] Tiempo Vivo : La eficiencia según Winnie the Pooh (neotiempovivo.blogspot.com)

Composición de la riqueza familiar: el peso de las acciones y las participaciones en fondos de inversión

En comparación con otros países europeos, la estructura de los activos financieros de las familias españolas ha mostrado tradicionalmente un perfil dominado por los depósitos bancarios y con escaso protagonismo de los títulos emitidos por las empresas, tanto de renta variable como, especialmente, de renta fija. A este respecto, se venía considerando que, en esa vertiente, existía un amplio recorrido, dentro de lo que podría entenderse como un proceso de modernización y de convergencia con las pautas observadas internacionalmente.

Eurostat aporta información estadística que permite calibrar la situación española en términos comparados, si bien recoge de forma agregada el montante de las acciones y el de las participaciones en fondos de inversión. Pese a que se trata de instrumentos financieros diferentes, dado que, por distintas vías, pueden dar lugar a rendimientos de signo negativo[1], la observación de la rúbrica mencionada puede ser ilustrativa en el sentido apuntado.

Como puede apreciarse en el gráfico adjunto, con un peso cercano al 40% del total, España es uno de los países donde los dos instrumentos financieros señalados tienen mayor importancia dentro del total de los activos financieros de las familias. Su peso es muy superior al que tienen en los principales países de la Unión Europea. El panorama existente genera alguna que otra sorpresa, y, sobre todo, suscita una serie de interrogantes acerca de las causas de que aparezcan perfiles tan diferentes.

Otra duda es la de si realmente, en lo que va del presente siglo, ha cambiado tanto la estructura de los activos financieros en España. En 1986, los depósitos representaban algo más del 60%, la renta variable un 14%, y las participaciones en fondos de inversión, un 1%; en 1997, la renta variable se mantenía en el mismo nivel, en tanto que el peso de los depósitos había caído al 44%, para dar cabida al avance de los fondos de inversión hasta el 20%.

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[1] Cuestión distinta es si todos los suscriptores de participaciones en fondos de inversión eran o son conscientes de esa posibilidad. La práctica (¿atípica?) de los fondos garantizados permitía que, de facto, no tuviera gran trascendencia. 

El esfuerzo teórico para la adquisición de una vivienda: consideraciones metodológicas

 

El Banco de España ofrece un conjunto de indicadores muy completo del mercado de la vivienda en España. Entre ellos se incluyen algunos que permiten apreciar cómo evoluciona la accesibilidad a una vivienda en propiedad. El más significativo es el denominado “esfuerzo teórico”, que se define en los siguientes términos: “importe de las cuotas a pagar por el hogar mediano, en el primer año tras la adquisición de una vivienda tipo financiada con un préstamo estándar por el 80% del valor del piso, en porcentaje de la renta anual disponible del hogar”.

Como su nombre indica, se trata de un esfuerzo “teórico” y, además, interpretado de manera limitada, toda vez que lo que realmente refleja es el esfuerzo asociado a la carga financiera de un préstamo hipotecario típico. El esfuerzo real es bastante superior, con certeza, por varios motivos: i) si la ratio LTV (“loan-to-value”) es inferior al 80%, habría menor carga hipotecaria, pero un mayor coste asociado a otras vías de financiación; ii) no incluye el esfuerzo correspondiente al importe comprendido entre el porcentaje de financiación hipotecaria y el precio total de la vivienda; iii) tampoco, los gastos asociados a la adquisición (IVA o ITP, gastos asociados a la operación crediticia, y gastos notariales y registrales).

De otro lado, el indicador, como se ha señalado, se basa en un cociente, entre la carga hipotecaria y la renta familiar disponible. La carga hipotecaria es una función de diversas variables: superficie de la vivienda, precio por m2, LTV, tipo de interés (fijo o variable), y plazo de amortización del préstamo. Así, la cuantía del numerador puede ir variando, al alza o a la baja, si el préstamo es a interés variable. Adicionalmente, en línea con lo señalado, habría que incorporar los otros costes indicados, aun en el caso de que se cubran con fondos provenientes del ahorro. A su vez, el denominador va a depender de la evolución de la renta bruta y de las cargas fiscales aplicables.

Evidentemente, tanto la cuantía del numerador como la del denominador van a variar sustancialmente en función de la decila de renta en la que encuentre el hogar. Los datos empíricos muestran que las ratios de esfuerzo muestran un perfil claramente descendente con el nivel de renta.

En un próximo artículo se llevará a cabo una aproximación cuantitativa a la evolución del esfuerzo necesario para la adquisición de una vivienda en España.

Inversiones en el ámbito del mercado laboral: las dos caras de la rentabilidad

 

En una entrada anterior de este blog se hacía mención a la indemnización obtenida por el ejecutivo bancario Andrea Orcel en su disputa con el Banco Santander. Aparentemente, parece difícil superar la tasa de rentabilidad personal obtenida por un oferente de servicios profesionales, asimilable a empleado a efectos prácticos. La suma reconocida judicialmente es a todas luces exorbitante, máxime cuando se percibe sin ni siquiera haber ejercido ningún cargo.

Aunque a bastante distancia, el caso de Antonio Horta-Osorio, que va a embolsarse una suma cercana a €4 millones tras una estancia de menos de nueve meses en la presidencia de Credit Suisse, tampoco queda mal situado en el ranking de ese indicador de rentabilidad. El banquero portugués renunció a su puesto, hace unos días, tras perder el apoyo de los miembros del consejo de administración, a raíz de una investigación que evidenció su quebrantamiento de las normas de cuarentena por Covid-19 impuestas por la compañía[1].

La percepción de la rentabilidad efectiva de esas inversiones en “talento directivo” será probablemente distinta desde la perspectiva de los accionistas e inversores. Sobre todo, teniendo en cuenta los estándares que suelen utilizarse en relación con los ajustes de plantilla. Al margen de que, evidentemente, las cifras que se barajan respecto a las salidas de personal no tan elitista son de otro nivel, suele aplicarse un prisma un tanto sui géneris para evaluar las medidas de reestructuración laboral. Así, es usual que, en muchas corporaciones, en aras de alcanzar una mayor rentabilidad recurrente, se efectúen desembolsos cuantiosos globalmente para disminuir las plantillas. De esta manera, las operaciones se conciben como una “inversión en eficiencia”: los desembolsos, elevados, pero dotados por una sola vez, se compensan con los menores costes salariales gracias a la salida de empleados. Incluso se manejan indicadores típicos del análisis de inversiones como el “pay-back”: en qué número de años, al incurrir en menores gastos recurrentes, se recupera la inversión efectuada.

El planteamiento es impecable desde el punto de vista del análisis de una inversión, aunque da la impresión de que se pasan por alto algunos matices. El análisis de una inversión requiere comparar adecuadamente los costes en los que se incurre -todos, ahora y en el futuro-, y los beneficios que se obtienen -inmediatamente y a lo largo del tiempo, netos de cualquier coste-. Tener en cuenta el desembolso que se efectúe por desprenderse de un activo, y computar como beneficio el ahorro del coste de mantenimiento, implica suponer que el activo es totalmente improductivo, y que no puede obtenerse ningún rendimiento en caso de que se mantenga en cartera. Implícitamente, se aplica la táctica de Helenio Herrera, pero de forma exagerada.

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[1] Vid. O. Walker, “Horta-Osório to get SFr.3.8m for nine months as Credit Suisse chair”, Financial Times, 19-1-2022.

El problema de los activos varados: ¿deben buscarse fórmulas de rescate empresarial?

 

La expresión “activos varados” (“stranded assets”) era bien conocida en diversas industrias desde hace tiempo. Un activo varado es aquél que, como consecuencia del cambio tecnológico, o por otras razones, queda obsoleto o inservible para fines productivos. Piénsese en lo ocurrido con aparatos como máquinas de escribir, teletipos, o de fax. Sin embargo, a partir del año 2015, el entonces gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, aterrizó el concepto de manera específica al caso de los activos vinculados a los hidrocarburos, que, como consecuencia de la transición hacia una economía con bajo contenido de carbono, se verían afectados negativamente[1].

Inicialmente, algunos representantes del sector energético mostraban cierto escepticismo acerca del alcance efectivo que podría tener el varamiento de sus activos. Así, por ejemplo, Ivan Glasenberg, CEO de Glencore, manifestaba que “Aunque los problemas del cambio climático son parte del paisaje político, social y regulatorio, no creemos que la realidad energética global respalde económicamente medidas sobre el carbono que nos impidieran usar plenamente nuestras reservas de combustibles fósiles”[2].

Ha pasado algo de tiempo y puede comprobarse que los activos varados vinculados a la lucha contra el cambio climático no son una mera hipótesis poco probable. Prueba fehaciente de ello es que algunos grupos empresariales del sector energético europeo se han dirigido a los gobiernos de sus respectivos países en demanda de ayuda financiera. Y lo han hecho esgrimiendo un tratado internacional sobre energía, concretamente el Energy Charter Treaty, que se remonta a los años noventa y que pretendía ofrecer protección a los inversores que arriesgaban su dinero en proyectos de los países que habían pertenecido al bloque soviético[3].

En términos económicos, la perspectiva de un rescate de los proyectos de hidrocarburos conllevaría el riesgo de desincentivar los pasos a dar, tanto por el mercado como por el gobierno, para asegurar el tránsito a la descarbonización. Para avanzar en esta línea, es preciso que los activos varados queden varados con todas sus consecuencias y, por tanto, merece que sean dejados en la estacada. Como señala The Financial Times[4], es deseable que prevalezca la regla básica para la asignación de riesgos: asumir riesgos a cambio de una elevada recompensa esperada. Pero, si los beneficios han de ser privados, también deben serlo las pérdidas.

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[1] El concepto fue debatido en una conferencia celebrada en Oxford, en septiembre de 2015, bajo los auspicios de la Smith School of Enterprise and the Environment. Vid. N. Butler, “Climate change and the myth of stranded assets”, Financial Times, 28-9-2015.

[2] Vid. N. Hume “Glencore takes a stand on its fossil fuel reserves”, Financial Times, 30-4-2015.

[3] Vid. C. Hodgson, “European energy groups seek €4bn damages over fossil fue projects”, Financial Times, 21-2-2022.

[4] Vid. “Governments should not foot the bill for stranded assets”, Financial Times, The Editorial Board, 21-2-2022.

¿Hacia una nueva era del sector público?

 

La determinación de las funciones que el sector público debe desempeñar es una de las cuestiones esenciales de la Economía. Dos son los aspectos clave a dilucidar: el alcance de su intervención, esto es, qué funciones debe asumir, y su dimensión en comparación con la del sector privado. Se trata de un campo de estudio apasionante, sujeto a un considerable grado de controversia en el que nos encontramos dificultades y discrepancias conceptuales, metodológicas y empíricas. En particular, en lo referente a una pregunta crucial: ¿por qué crece el tamaño del sector público?

Si adoptamos una perspectiva de largo plazo, vemos que dicho tamaño ha ido aumentando notoriamente a lo largo de la historia, aunque no de una manera lineal ni continuada. Mientras que, a mediados del siglo XIX, el gasto público representaba menos de un 10% del producto interior bruto (PIB) en la mayoría de los actuales países desarrollados, desde mediados del siglo XX, en algunos de ellos se han alcanzado cotas claramente superiores al 50%.

En el año 1996, Bill Clinton proclamaba que la era de un gran sector público había llegado a su fin. Sin embargo, en algunas naciones, el gasto público ha alcanzado en 2020 los niveles más altos de la historia. Es el caso de España, con un 52,4% respecto al PIB. También estaban por encima del 50% Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Italia y Suecia, entre otros. Prácticamente, la mitad de los 34 países integrantes de la OCDE. Los menores niveles correspondían a Irlanda (menos del 30%), y Corea y Suiza (menos del 40%).

Ahora bien, el año 2020 estuvo marcado por la incidencia de la crisis ocasionada por la pandemia del coronavirus, que hundió la actividad económica y catapultó el gasto público. En 2019, la horquilla iba del 24,2% en Irlanda al 55,3% en Francia (en España, 42,1%). ¿Cuáles son las causas explicativas del crecimiento del sector público en perspectiva histórica?

Una línea muy explorada tradicionalmente pone el foco en la relación existente entre el nivel de desarrollo económico, medido por la renta per cápita, y la magnitud del sector público. A medida que un país progresa económicamente, es mayor la demanda de bienes y servicios suministrados por el Estado. Es la denominada, impropiamente, “ley” de Wagner. No obstante, la existencia de una amplia dispersión de las ratios del gasto público en países con niveles de desarrollo similar lleva a relativizar su fuerza explicativa.

El enfoque de la elección pública (escuela de la “public choice”) abrió nuevas perspectivas al incorporar en el análisis los intereses de los agentes que intervienen en el “mercado” político (políticos, funcionarios, sindicatos, votantes, proveedores…). La tendencia de los cargos públicos a expandir y maximizar su presupuesto y sus dotaciones de plantillas ha dado lugar a una teoría específica. Un gran protagonismo ha adquirido la constatación de una importante asimetría: los beneficios de los programas de gasto público suelen estar concentrados en colectivos específicos, que favorecen el aumento de las dotaciones presupuestarias, mientras que los costes se reparten de manera más difusa entre el conjunto de los contribuyentes.

La “enfermedad de Baumol”, padecida por numerosos servicios (públicos o no), es otro factor que explica el aumento del peso relativo del gasto público. El hecho de que algunos servicios no se presten a avances en la productividad, en la medida en que se basan en el concurso inexcusable de una serie de personas y de condiciones (por ejemplo, una orquesta), hace que su coste relativo se vaya incrementando.

Otra línea de investigación se centra en las consecuencias que la ocurrencia de eventos o situaciones extraordinarias tiene para la senda del gasto público. En épocas de crisis, la población acepta con mayor facilidad que suba el gasto público e incluso las cargas fiscales necesarias. En ese tipo de coyunturas suele producirse un acusado aumento del gasto (“efecto desplazamiento”), que, teóricamente, debería volver a su senda anterior una vez que finalizara el episodio crítico. Sin embargo, no ocurre eso, sino que el gasto continúa instalado en un nivel superior. Es lo que se denomina “efecto trinquete” (no en la acepción mexicana, cabría precisar). La crisis pandémica y la situación medioambiental son importantes factores en la evolución del gasto público. En cualquier caso, un cuarto de siglo después, no puede decirse que el vaticinio de Clinton fuera muy atinado.

(Artículo publicado en el diario “Sur”)

Actas de reuniones encriptadas

 

Los recuerdos de la intrahistoria del baloncesto malagueño se acumulan en férrea disputa con otras vivencias de una época llena de intensidad. Fue una petición casi innegociable, la de contar con la colaboración de alguien de la máxima cualificación, discreción y eficacia en el proceso de elaboración de actas de reuniones de órganos de gobierno y dirección. Tras una experimentada y acreditada trayectoria en esos menesteres en la Caja de Ahorros de Almería, Pepe Rodríguez (José Rodríguez Padilla) fue uno de los grandes fichajes, alejado de los focos y de los titulares, primero de Unicaja, como entidad financiera integradora, y, luego, del Club Baloncesto Málaga, como sociedad anónima deportiva. Afincado transitoriamente en Málaga, como secretario de actas desarrolló, hasta su retorno a su querida Almería, una labor ejemplar e impagable. Con extraordinario celo y gran esmero desempeñó las misiones que se le encomendaron, y participó activa y valiosamente en el arduo proceso de adaptación y reforma de las anteriores estructuras societarias a la nueva realidad. En ese proceso se vivió una etapa áspera y difícil que casi nadie conoce.

A lo largo de más de treinta años, he visto múltiples formas de preparar actas de reuniones. Cada secretario, ya sea titular o asistente, tiene su estilo y exhibe de distintas maneras sus habilidades. Excluido el sistema de grabación, hay quienes toman notas manuscritas, escriben directamente en un ordenador portátil, recogen algunas ideas básicas, o simplemente confían en su memoria. Pepe Rodríguez destaca claramente como un outlier, como un caso singular ciertamente atípico en las décadas recientes. Durante mi infancia, conocí a bastantes personas que estudiaban mecanografía y taquigrafía, pero sólo he visto a una utilizar esta última técnica en vivo. Algunas de las decisiones importantes en la historia del Club Baloncesto Málaga se registraron, en primer término, en ese lenguaje jeroglífico. La confidencialidad estaba garantizada, al menos respecto al común de los mortales. Lógicamente, su artífice era el único capacitado para transcribir fielmente los contenidos escondidos en esos enrevesados surcos.

Los impuestos no se inventaron ayer: tributos en el Mundo Antiguo

 

Siempre que se comienza la impartición de una asignatura en el campo de la teoría de la imposición, aunque hayan pasado muchos años desde la primera vez, es casi obligado resaltar la importancia de la materia objeto de estudio, y evocar los orígenes o las primeras manifestaciones de esa palanca tan poderosa sobre la que pivotan los Estados. Desde siempre, la aplicación de los impuestos en las civilizaciones antiguas ha ejercido sobre mí una seducción especial, irresistible. La praxis de la exacción de tributos, hace miles de años, ofrece un panorama tan apasionante e instructivo que merecería la pena poder dedicarse in extenso a su estudio. Aunque no sea una opción factible, encontrarse ocasionalmente con referencias o indicios parciales aporta un momento de emoción y una oportunidad para la reflexión.

Es lo que ocurre al recuperar el breve muestrario que, hace ya bastantes años, proporcionaba la Universidad de Pennsylvania en el boletín Almanac (2-4-2002). En él hallamos algunas interesantes pistas acerca de la tributación en el Mundo Antiguo, con una triple proyección en Mesopotamia, Egipto y Roma.

Respecto a la Antigua Mesopotamia, la nota recuerda los numerosos impuestos en especie que tenían que satisfacer las familias a lo largo de todo el año: impuestos de capitación consistentes en la entrega de una vaca o de un cordero, impuestos sobre la actividad comercial y por transporte de mercancías. Según señala T. Sharlack, “casi todo era gravado -el ganado, el comercio a través de barcos, la pesca, e incluso los funerales- pero probablemente la obligación más onerosa que podía afrontar una familia era la obligación laboral… un hombre libre, cabeza de familia, debía prestar servicios laborales al gobierno durante muchos meses. Si era afortunado, en trabajos agrícolas o de construcción de canales. Si era desafortunado, tenía que hacer el servicio militar…”. ¿Algún paralelismo con los tiempos modernos?

En el Antiguo Egipto, según relata D. Silverman, los faraones recaudaban ingresos bajo un enfoque dual, como jefe del estado y como encarnación del dios Horus. Además, podían exigirlos ante cualquier necesidad, en cualquier momento. Los privilegios fiscales existían ya en aquella lejana época, hace 4.500 años.

Por último, D. White se encarga de reseñar la situación tributaria del Antiguo Imperio Romano. Una alusión especial merecen los publicanos, recaudadores dados a pautas extractivas. Los principales cambios fiscales fueron introducidos por Diocleciano, quien reimplantó el impuesto sobre la tierra para los propietarios italianos, y estableció cargas sobre los comerciantes y las asociaciones, además de trasladar cargas sobre la clase senatorial.

El IVA como “impuesto sobre el consumo progresivo”: una propuesta para Estados Unidos

La historia del IVA, aunque con efectos retardados, es una historia de éxito. Desde las primeras propuestas para su implantación a comienzos del siglo veinte, tuvo que transcurrir bastante tiempo para que se adoptara, primero en Francia y, años más tarde, en la Comunidad Económica Europea. Hoy día, está implantado en más de 160 países, y en muchos de ellos, si no logra llegar a amenazarla, sí trata de emular la hegemonía del IRPF. Dentro de ese panorama, Estados Unidos se mantiene como territorio inexpugnable, como una especie de Asturias impositiva que se resiste a darle cabida dentro de su sistema tributario. Pese al potente arsenal teórico que han desplegado los hacendistas, y a esa universalización del impuesto, las sucesivas propuestas se han estrellado contra un muro infranqueable. 

Aun así, sus partidarios no se dan por vencidos y, en sucesivos intentos, prueban distintas estrategias. Algunos recurren a propuestas reforzadas que incorporan complementos a fin de contrarrestar algunas de las debilidades que sus detractores imputan al IVA. Es el caso de la propuesta lanzada no hace mucho en el ámbito de The Brookings Institution y, más concretamente, de The Hamilton Project[1].

La propuesta en cuestión es defendida a partir de cinco consideraciones:

La implantación del IVA estaría acompañada de otras medidas fiscales de carácter progresivo (refuerzo de la progresividad en el IRPF, creación de un impuesto sobre el patrimonio, tributación de las ganancias de capital…).

Se aplicarían medidas para aliviar la carga fiscal de las familias de renta baja y media, a través de transferencias de renta. En particular, se plantea la puesta en marcha de una renta básica universal basada en el tamaño y la composición de la familia.

A fin de evitar el efecto depresivo de la economía a corto plazo, los ingresos recaudados en los primeros años serían dedicados a programas para estimular la economía.

Mediante una legislación habilitante, el Congreso instaría a la Reserva Federal a acomodar la introducción del IVA permitiendo que el nivel nominal de precios creciera para reflejar el montante completo del impuesto.

Aunque no necesariamente, los Estados podrían reconvertir sus impuestos sobre ventas minoristas tomando como referencia la base imponible del IVA federal.

A continuación, en el texto de referencia, se repasan las principales razones por las que el IVA es un impuesto tan extendido:

Por ser una potente fuente de obtención de ingresos fiscales.

Por ser compatible con una economía eficiente y próspera. Dado que el consumo futuro se financia con cargo a la riqueza existente, los salarios futuros o los futuros rendimientos en exceso de las inversiones, puede considerarse que un impuesto sobre el consumo impone un impuesto de suma fija por una sola vez sobre una medida amplia de la riqueza existente en el momento de la implementación.

Al no distorsionar el ahorro, la inversión y las decisiones financieras, es más proclive al crecimiento económico que los impuestos sobre la renta o sobre la riqueza.

Tiene una mayor facilidad de administración y de control de cumplimiento que los impuestos sobre ventas minoristas.

Permite la neutralidad en el ámbito del comercio internacional.

Hace años, Larry Summers explicaba por qué Estados Unidos no había adoptado aún un IVA: “Los liberales [en acepción estadounidense] piensan que es regresivo y los conservadores, que es una máquina de dinero”. Y venía a decir que, si invirtieran sus posiciones, la adopción estadounidense del IVA podría hacerse realidad[2].

Si esa era la llave para la implantación del IVA en Estados Unidos, cabría concluir que no se ha producido ese intercambio de percepciones. La propuesta de Gale viene a contrarrestar la percepción de los “liberales”, eso sí, con ayuda externa al IVA, pero al propio tiempo tiende a reforzar la de los “conservadores”.

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[1] Vid. W. Gale, “A progressive consumption tax: pairing a VAT with a UBI”, Tax Policy Center, octubre 2020.

[2] Vid. J. M. Rosen, “Tax Watch: the likely forms of new taxes”, The New York Times, 19-12-88.

“Yo soy. Yo pienso. Yo deseo”: el individualismo radical de Rand

 

Leí no hace mucho en algún periódico que una universidad inglesa había decidido ejercer un procedimiento de “cancelación” de “1984”, la sobrecogedora obra de Orwell. Es difícil no evocar esa pavorosa distopía cuando se inicia la lectura de “Himno”, opúsculo escrito por Ayn Rand en 1937, y que, a pesar de su juventud en dicha fecha, había concebido muchos años atrás, inicialmente como una pieza teatral. Paradójicamente, el texto fue publicado inmediatamente en Inglaterra, pero encontró muchos obstáculos en Estados Unidos, donde no vio la luz hasta 1946. Después de leer el lema grabado sobre “las puertas del Palacio del Consejo Mundial”, “Somos uno en todos y todos en uno. Ni hay hombre, sólo el gran NOSOTROS, uno, indivisible y para siempre”, uno puede empezar a intuir las razones.

No sabemos si Orwell tuvo ocasión de acceder al relato randiano, que más claramente anticipa un escenario semejante al de “El despertar de la herejía”, de Robert Harris: “Cientos y cientos de años atrás, los hombres conocieron secretos que nosotros hemos perdido”.

“I am. I think, I will”. La exaltación del yo, del ego, que era el nombre originario de la obra, emerge como el elemento central de la composición y de la filosofía de la autora. Como señala Leonard Peikoff, en el prólogo de la edición de 1995, “En la mente de Rand, la presente novela fue desde el principio una oda al ego del hombre”.

“… me dijeron que yo era injusta con los ideales del colectivismo”, dice la autora en el prefacio de la edición de 1946. Allí mismo proclama que “Los más culpables [de la dirección que estaba tomando el mundo] son las personas que aceptan el colectivismo como predeterminación moral… las personas que apoyan planes específicamente diseñados para la servidumbre, pero se esconden tras la vacua afirmación de que son amantes de la libertad… Esperan, cuando se encuentran en un mundo de ruinas sangrientas y campos de concentración, escapar de la responsabilidad moral gimiendo: ‘¡Pero no es eso lo que yo quería decir!’”.

Si el centro universitario británico antes referido considera que “1984” es “ofensiva”, qué podría opinar del contenido de “El himno” y del prefacio de la autora.

Individualismo frente a colectivismo. Dos fuerzas antagónicas que marcaron el curso del siglo veinte continúan su inacabable pugna. También ya en la nueva fase del “Gran Reinicio”, cuyo perfil vendrá condicionado por cuál de las dos prevalezca. Las cartas están repartidas.

Los impuestos punitivos como arma estratégica antibelicista: la propuesta de Hausmann

 

Los impuestos son un elemento muy versátil. Suelen dar mucho juego, en los más variados campos. A lo largo de la historia también han sido factores desencadenantes de conflictos sociales y políticos, e, incluso, de guerras. Sin embargo, pueden ser también un instrumento para infligir un castigo a una de las partes contendientes en un conflicto bélico, de mayor eficacia que determinadas sanciones económicas, que, en ocasiones, pueden tener efectos contraproducentes.

Las sanciones son más efectivas y creíbles si imponen grandes costes sobre el objetivo pretendido, al tiempo que conllevan repercusiones, para quienes las imponen, que sean escasas o, aún mejor, positivas. Es lo que recuerda Ricardo Hausmann, quien, en su lugar, propone aplicar impuestos punitivos sobre el petróleo y el gas de Rusia.

Aunque, en una primera aproximación, podría dar la impresión de que un impuesto de esa naturaleza aumentaría el precio de la energía, y haría aun más insostenible el gasto energético de los consumidores occidentales, sostiene que no este el caso, apelando a los fundamentos de la teoría de la incidencia económica de los impuestos[1].

Como se expone en diferentes entradas de este blog[2], cuando se aplica un impuesto en un mercado de bienes o de factores, la distribución de la carga tributaria entre oferentes y demandantes depende las magnitudes de las respectivas elasticidades respecto al precio. Así, cuanto más elástica es la demanda, mayor parte de la carga es soportada por los productores, dado que los consumidores disponen de más opciones. Y cuanto más inelástica es la oferta, de nuevo, una mayor parte de la carga recaerá sobre los productores, puesto que tienen menos opciones.

Según Hausmann, esa es la situación que Occidente afronta respecto a la energía procedente de Rusia, donde el coste de producción de un barril de petróleo (excluyendo impuestos y el coste del capital) es de $5,67. Aunque el precio del barril se encuentra ahora por encima de $100, incluso si el precio de un barril cayera a $6, interesaría a los productores mantener, al menos a corto plazo, sus ventas.

Un impuesto global punitivo sobre el petróleo ruso, por ejemplo, de $90, o del 90%, por barril de petróleo, podría permitir, según los cálculos del catedrático de Harvard y exministro de planificación de Venezuela, extraer y transferir al resto del mundo unos $300.000 millones anuales de la economía rusa, equivalentes a un 20% de su PIB en 2021.

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[1] Vid. “The case for a punitive tax on Russian oil”, Project Syndicate, 26-2-2022.

[2] Por ejemplo: Tiempo Vivo : La distribución de la carga de las cotizaciones sociales entre empleados y empleadores (neotiempovivo.blogspot.com).

Las raíces del keynesianismo en la antigua China

 

Después de leer la gran obra de William N. Goetzmann “Money changes everything: how finance made civilization possible” (2017), uno tiene la sensación de que, en el sistema financiero, estaba todo ya inventado[1]. No solo en ese ámbito, también una gran cantidad de conceptos y teorías económicas encuentran antecedentes más que palpables en textos que se remontan cientos, o incluso miles, de años en la historia.

La civilización china ha sido especialmente fecunda en esa faceta. Constatar las referencias contenidas en el Guanzi, escrito 700 años antes del inicio de la era cristiana, nos deja atónitos. En otra obra milenaria, el Libro de los Cambios, pueden encontrarse interpretaciones de los ciclos económicos que, según el enfoque de algunos analistas, llegan a empalidecer los sueños de José en Egipto. Para Yaguang Zhang, Guo Fan y John Whalley[2], “el Diagrama de Qian implica una circulación completa con características de contracción y expansión, así como con fases de prosperidad, recesión, depresión y recuperación”. Otros diagramas contenidos en el mismo libro sirven también, según los autores citados, para explicar los ciclos económicos.

Por otro lado, señalan que el Guanzi contiene pensamientos acerca de las políticas de gestión de la demanda y las políticas fiscales y monetarias. En el libro se recoge lo siguiente: “Cuando el pueblo pierde el sustento para vivir en años con frecuentes inundaciones y sequías, el monarca puede reclutar a personas que viven en la extrema pobreza y retribuirlas a través de actividades como la construcción de un palacio. Por tanto, el propósito de construir pabellones es atenuar las fluctuaciones económicas nacionales en vez del disfrute”.

Aparte de la impresión que produce la lectura de párrafos ancestrales como éstos, una pregunta surge también casi inevitablemente: ¿cuándo volveremos a ver al dragón volando en los cielos? Llevamos demasiado tiempo con dragones escondidos.

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[1] Tiempo Vivo : El papel de las finanzas en la historia de la humanidad (neotiempovivo.blogspot.com)

[2] “Economic cycles in ancient China”, Working Paper 21672, NBER, octubre 2015.

‘Shrinkflation state’: servicios menguantes, impuestos crecientes

 

Shrinkflation. Entre los múltiples vocablos made in Britain que resultan de la integración mecánica de palabras, éste plantea un reto especialmente arduo a la hora de buscar un término equivalente en castellano. No puede decirse que la bastante extendida reduflación sea una opción demasiado afortunada. Shrinkflation, la inflación camuflada por la reducción de la cantidad de los bienes y servicios vendidos a un precio constante no lo pone fácil.

Con ese u otro nombre, se trata de una práctica tradicionalmente adoptada en el campo del comercio, especialmente el minorista. Debido quizás a la incidencia de un sesgo conductual, suele ofrecer menos resistencia de los consumidores esa táctica que la de mantener la cantidad a un mayor precio.

Las administraciones públicas son unos productores muy peculiares. Por su propia naturaleza, son productores no de mercado, que proporcionan una serie de bienes y servicios de manera gratuita o cuasigratuita. Para cubrir los costes de producción han de recurrir a cargas impositivas que se distribuyen entre el conjunto de la población, con una dificultad añadida: la obligación de pagar un impuesto está totalmente desconectada de la mayor o menor utilización de los servicios públicos. Así es, salvo en el caso de los servicios colectivos puros, que, por definición, afectan por igual a toda la comunidad.

En algunos países, el sector público ha actuado bajo el principio de la shrinkflation: los contribuyentes vienen pagando más o menos lo mismo, soportando la misma ratio de presión fiscal, pero los servicios públicos se han visto mermados[1].

Sin embargo, no hay que perder de vista que no es una tarea sencilla medir la oferta efectiva de servicios públicos. El gasto en sí no es un indicador apropiado. Haría falta cuantificar los niveles de servicio y su calidad. Pero no acaban ahí los problemas. No podemos ignorar que las administraciones públicas no sólo se dedican a la producción de servicios, sino también, y de forma muy destacada, a la función de redistribuir la renta y la riqueza nacionales. La creciente importancia de esta faceta dentro de los gastos públicos no viene sino a acabar de romper los presuntos vínculos entre el pago de un “precio fiscal” y el disfrute de servicios públicos y de prestaciones sociales.

Ante una época de estrecheces presupuestarias, que abocan a una elevación de las cargas fiscales (sobre quienes ya contribuyen), a una minoración de la cuantía de la oferta de servicios y/o a un aumento de las restricciones (particularmente para quienes tienen capacidad económica para el pago de impuestos directos), parece casi inevitable que tienda a agravarse lo que en su día denominamos el “drama del contribuyente”, traducido en mayores obligaciones tributarias y menos derechos al disfrute de servicios públicos y de prestaciones sociales.

Para The Economist[2], un Estado de mayor tamaño puede ser sustentado de tres formas distintas: i) mediante el crecimiento económico; ii) a través de un sistema fiscal más justo, en el que los pensionistas propietarios de activos contribuyan más, y, en su defecto, iii) recortando aún más los servicios.

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[1] Vid. The Economist, “The British state will soon coste more, yet provide less”, 19-2-2022.

[2] Op. cit.