Política presupuestaria y opinión pública

 

La percepción social sobre las cuestiones presupuestarias constituye un factor de primer orden que condiciona la opinión y la actitud de la ciudadanía respecto a las medidas de la política económica gubernamental. A finales del siglo XIX, el hacendista italiano Amilcare Puviani llamó la atención acerca de que los ingresos y los gastos públicos son áreas especialmente propensas a la aparición de ilusiones, esto es, de juicios erróneos sobre su verdadero alcance. Los estudios de opinión sobre la política fiscal realizados periódicamente por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ofrecen una base para contrastar la posible relevancia de dicho fenómeno. Del último publicado (julio de 2021) se desprende lo siguiente:

Los ciudadanos españoles consideran que el funcionamiento de algunos servicios públicos es muy o bastante satisfactorio (en torno al 60% opinan así, en los casos de la asistencia sanitaria, el transporte público y la seguridad ciudadana). Le siguen los de enseñanza, servicios sociales y obras públicas (en torno al 45%), mientras que los de justicia, “gestión de las pensiones” (sic) y ayuda a personas dependientes ocupan los últimos lugares. El CIS no diferencia entre servicios colectivos indivisibles y servicios individualizables, e incluye como servicios algunas actuaciones que realmente corresponden a prestaciones sociales.

Respecto a la función de los impuestos, para una mayoría (59%), “los impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos”. Ahora bien, éstos pueden ser de distintos tipos, colectivos o individuales.

Casi un 60% entienden que la sociedad, en conjunto, se beneficia poco o nada de los pagos al Estado en impuestos y cotizaciones. El anterior es un resultado llamativo, si nos atenemos simplemente al mantenimiento del sistema de pensiones y de los servicios públicos generales.

Algo más de un 60% de las personas creen que reciben menos de lo que pagan, frente a un exiguo 5,5% que manifiestan que reciben más de lo que contribuyen. La pregunta en sí misma nos lleva a adentrarnos en la peligrosa senda de las "balanzas fiscales individuales" y a reflexionar en torno al fundamento del principio de capacidad económica, que postula una desconexión total entre los impuestos y los beneficios recibidos del sector público, salvo en el caso de las aportaciones de carácter contributivo.

Por lo que respecta a la asignación de recursos, elevados porcentajes de las personas encuestadas estiman que se dedica muy poco a investigación, ayuda a personas dependientes y sanidad. Una mayoría se declara, con distinta intensidad, partidaria de mejorar los servicios públicos, aunque haya que pagar más impuestos. Ahora bien, no se recoge ninguna pregunta acerca de la utilización de tasas para el acceso a determinados servicios, a soportar por usuarios concretos, en lugar de recurrir a impuestos generales.

A tenor de las respuestas obtenidas, la conciencia fiscal está poco extendida entre los ciudadanos, lo que contrasta con la opinión emitida hace algunos años. Más de un 90% piensan que hay bastante o mucho fraude fiscal.

La carga fiscal es juzgada excesiva por casi uno de cada dos encuestados, e incluso un 40% la sitúan por encima de la media de la Unión Europea. El hecho de que la presión fiscal española sea en realidad inferior en términos agregados a dicha referencia no impide que las cargas individuales de quienes tributan escrupulosamente sean elevadas.

Más de un 80% rechazan la afirmación de que "los impuestos se cobran con justicia, esto es, que pagan más quienes más tienen", sin que haya que perder de vista la laxitud de este criterio, cuyo cumplimiento es compatible con impuestos progresivos, proporcionales o regresivos.

Respecto al modelo económico, una clara mayoría se decanta por un sistema mixto mercado-Estado, si bien el número de los partidarios de una intervención estatal extensiva (15%) triplica el de quienes respaldan primariamente la iniciativa privada (5%).

Se constata una polarización en la interpretación de los factores que determinan la posición económica personal (esfuerzo, educación y valía profesional vs. origen familiar, contactos o suerte), con una mayor inclinación hacia estos últimos.

Al margen de que las preguntas formuladas puedan ser mejorables desde un punto de vista técnico, sería sumamente interesante poder confrontar el cuadro que se desprende de las percepciones sociales con el que se derive de un análisis objetivo y riguroso.

(Artículo publicado en el diario “Sur”)

Los servicios públicos y los impuestos según la opinión pública

El sector público ejerce una gran influencia en la vida de las personas, de manera continua a lo largo de sus diferentes etapas, a través de distintos instrumentos y formas de intervención en las esferas económica y social. En mayor o en menor medida, los ciudadanos asumimos una posición dual, como contribuyentes, y como beneficiarios de servicios públicos, unos generales y otros individualizables, y de prestaciones sociales.

La actitud de los individuos hacia el sector público, tanto en una vertiente como en otra, se ve claramente condicionada por la percepción social del grado de adecuación de la actuación de los poderes públicos, así como por la valoración global y particular, efectuada por la población, de los impuestos, servicios y prestaciones. Por ello son de gran utilidad e interés los estudios de opinión sobre estas cuestiones, como el que, desde hace años, viene elaborando el Instituto de Estudios Fiscales. El último, publicado en 2018, va referido a las “Opiniones y actitudes fiscales de los españoles en 2017”.

Son numerosos los aspectos que, este apartado, se ponen de manifiesto en dicho informe, basado en una encuesta representativa sustentada en entrevistas personales. Aquí se seleccionan algunos que nos parecen especialmente significativos:

1. Los españoles muestran una mayor satisfacción con el uso de servicios (sanidad, infraestructuras, transporte y educación) que con las prestaciones sociales recibidas (pensiones de jubilación, prestaciones por desempleo, y pensiones de enfermedad e invalidez).
2. La sanidad aparece como el servicio mejor valorado y como el que más mejora en los últimos cinco años. Llama la atención que la valoración media de la sanidad se mantenga prácticamente constante entre 2002 y 2017, teniendo en cuenta los consabidos ajustes presupuestarios practicados.
3. Una amplia mayoría (79%) está de acuerdo con que existe margen de mejora de los servicios públicos y las prestaciones sociales. Se estima que casi toda la oferta pública está deficientemente gestionada.
4. No obstante, algo más de las tres cuartas partes creen que hacen un mal uso de algún servicio público o prestación social.
5. Menos de la mitad de los encuestados considera que la oferta pública de servicios y prestaciones justifica bastante o mucho el pago de los impuestos; seis de cada diez opinan que poco o nada. Según se indica en el informe, casi un tercio de los entrevistados no efectúa ningún tipo de declaración tributaria.
6. Pese a lo señalado, casi tres de cada cuatro personas manifiestan una fuerte preferencia por la gestión pública y la financiación vía impuestos, con una tendencia a excluir la participación de la iniciativa privada en relación con los servicios y prestaciones objeto de consideración.
7. Las mayoría piensa que la relación entre los impuestos satisfechos y los servicios y prestaciones recibidos es más desfavorable en España que en otros países de la Unión Europea.
8. Según la opinión mayoritaria, el cumplimiento fiscal ha empeorado en la última década. El 86% cree que ha habido un aumento del fraude fiscal. Casi las tres cuartas partes de los entrevistados apuntan el colectivo de los empresarios como el más propenso al fraude.
9. La economía sumergida está asociada al tipo de fraude que se valora como más pernicioso para la sociedad en su conjunto. La impunidad se percibe como la principal causa del fraude, seguida a gran distancia por la falta de honradez y de conciencia cívica.
10. Respecto a la posible explicación del fraude, un 76% considera que no puede existir justificación en ningún caso; un 18% admite que pueden darse algunas circunstancias justificativas, y un 8% cree que el fraude es algo consustancial a los propios impuestos.
11. También de forma mayoritaria, los españoles estiman que no existe una relación equitativa entre la cantidad que las grandes empresas aportan a la Hacienda Pública y la rentabilidad obtenida en sus negocios. Las razones identificadas son el aprovechamiento de lagunas legales y de beneficios fiscales.

No obstante reiterar el interés de este tipo de estudios, que permiten obtener una buena imagen de lo que opinan los ciudadanos acerca de cuestiones tan trascendentales como las relacionadas con el sector público, sería conveniente complementarlos con otras informaciones tales como:

1. Nivel de conocimiento efectivo de los entrevistados sobre el contenido de las preguntas formuladas. A título de ejemplo, hay una tendencia a emitir juicios sobre la situación comparativa con otros países a pesar de que la mayoría reconoce abiertamente que no conoce la fiscalidad aplicable en tales países.
2. Valoración de los servicios públicos desde el punto de vista de la gestión con base en indicadores objetivos.
3. Evolución de los niveles de gasto público en términos reales homogéneos.
4. Alcance del efecto redistributivo propiciado por el sector público a través de los impuestos, cotizaciones sociales, servicios públicos y prestaciones sociales.
5. Tratamiento diferenciado de las pensiones de jubilación, con identificación de la relación existente entre las contribuciones efectuadas y las prestaciones recibidas.
6. Actitud, constatable a través de la realización de experimentos reales, respecto a la demanda de servicios y prestaciones, con indicación expresa, de manera simultánea, de las fuentes de ingresos necesarios para su financiación.
7. Estimación de la magnitud del fraude fiscal y de sus principales causas. Verificación de la coherencia entre la posición mayoritaria de rechazo al incumplimiento fiscal y la existencia de bolsas de fraude.
8. Evaluación de los beneficios fiscales, con cuantificación de sus posibles efectos económicos positivos.

Por la trascendencia que tienen las actitudes hacia los programas de ingresos y gastos públicos, la educación presupuestaria y fiscal debería constituir un componente básico de la formación de los ciudadanos. Aquella es un elemento esencial para que las decisiones sociales relativas a la asignación de los recursos públicos pueda efectuarse de la manera más coherente posible, con pleno conocimiento de causa. Las elecciones en el ámbito del sector público conciernen a decisiones de carácter colectivo, aunque con repercusiones individuales, pero se trata de elecciones sujetas a importantes restricciones globales que no pueden ignorarse.

(Artículo publicado en el diario “Sur”)