Ibn Gabirol, antológico

 

El último contacto con Ibn Gabirol tomó la forma de cómic, tan escueto como sugerente, eficaz muestrario anticipatorio de la conmemoración de su nacimiento, allá por los albores del segundo milenio[1]. Ahora me encuentro con la edición de una “Antología”, a cargo de María José Cano (Litoral/Ayuntamiento de Málaga, noviembre de 2021). La obra nos ofrece un repertorio ilustrativo de la palabra y del pensamiento del poeta, filósofo y moralista malaqui, esto es, nacido en la ciudad de Málaga, alrededor del año 1021. En ella se condesan numerosas composiciones de poesía secular y poesía religiosa, e incluso se recoge un poema inédito.

Fortuitamente, al coger el libro, me topé con versos en los que aparecen connotaciones de orden económico (pág. 287): “Salario grande al guardián de las primicias y sus reclamaciones; la peregrinación es con ofrenda y lo separado de tu diezmo. El juicio del tributo, del precio, del herem, de lo que repta, de la impureza de la tierra, utensilios y bebidas de tu casa…”.

Poco antes (pág. 285), hallamos las claves para lograr la abundancia: “… Fija el hemiciclo del Gran y Pequeño Sanedrín, para juzgar los casos de finanzas, muerte y las causas de daño. Atiende al quinto del diezmo, el tercio de lo olvidado y el cuarto de las esquinas, y se llenarán tus graneros de abundancia”.

“¡Ay de los que tienen fortuna y no comprenden mis ideas!... ¡Ay de mi mundo en el que quedan cortados mis deseos! Me he quedado solo con él, prefiero andar errante entre extraños. La crueldad ha hecho brotar mi poema. ¡Dios conoce mi camino!”.

Así de amargamente se expresaba Selomoh ben Yehudah ibn Gabirol, ante su hipotética salida de Al-Andalus (pág. 388). Él es, según la editora de la obra comentada (pág. 21), “uno de esos grandes hombres que por causas ajenas a su valía han sido relegados a un segundo plano en el reconocimiento cultural de su país natal Sefarad/España”. Ahora, casi mil años después, reivindica su lugar, discreta y pacientemente, desde el pedestal que le acoge en uno de los enclaves más emblemáticos de su ciudad natal. Allí nos espera el joven viejo que estuvo gobernado por su intelecto desde sus mocedades, “y por ello [su] alma esta[ba] doblegada”.

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[1] Tiempo Vivo : La sabiduría milenaria de Ibn Gabirol (neotiempovivo.blogspot.com)

Monologuistas y agenda política: EWIs vs LWIs

 

La incursión de los monologuistas con gran influencia en la opinión pública en cuestiones políticas actúa a veces, para los políticos, como un EWI (“early warning indicator”), esto es, como un indicador de alerta temprana; sin embargo, no todos son siempre tan prestos y, en ocasiones, en vez de EWIs, pueden proporcionar LWIs, cuando las señales de alerta llegan un tanto rezagadas (“late”).

A este respecto, no sabría cómo catalogar el posicionamiento adoptado por un influyente monologuista estadounidense, Bill Maher, quien se autodefine como “soltero libertino, fumador de marihuana”. Él mismo afirma que así ha sido siempre, que no ha cambiado, y que quien lo ha hecho “es la izquierda, ahora inventada por un pequeño contingente al que se le ha ido la cabeza”[1].

La cultura de la cancelación, la presión por retirar la financiación para la policía o la legislación que obliga a los grandes almacenes a disponer de una sección de juguetes “sin género”, figuran en la relación de sus quejas.

Según el diario Financial Times, algunas partes de su discurso fueron sensacionalistas, pero “sería absurdo ignorar el hecho de que montones de estadounidenses incluso no conservadores (incluida su audiencia más entusiasta) coinciden con él”[2]. La situación planteada ha podido tener ya algunas consecuencias políticas, que pueden verse amplificadas. ¿Cómo debe catalogarse el mensaje de Bill Maher, como un EWI, o como un LWI?

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[1] Vid. J. Harper, “Bill Maher blasts the Democrats”, The Washington Times, 30-1-2022.

[2] The Editorial Board, “Joe Biden must confront the left’s cultural over-reach”, 6-2-2022.

La paradoja española: mercado de trabajo y actividad económica

 

El diario Financial Times, a través de un artículo de Daniel Dombey y Martin Arnold[1], se hace eco de la situación del mercado de trabajo en España. Aunque se recuerda el rasgo de la comparativamente elevada tasa de desempleo que padece estructuralmente la economía española, destaca el peso de la creación de empleo en España en el conjunto de la Unión Europea, y la positiva evolución reciente de dicha tasa. De esta guisa se pondera cómo actualmente hay 429.000 empleos que en febrero de 2020.

Ahora bien, la distribución de la composición de ese incremento no es baladí: 200.000 empleos corresponden al sector privado y 229.000 al sector público. Desde instancias gubernamentales, se resalta que, “si se miran las tres últimas crisis económicas, los empleos nunca se han recuperado tan rápidamente”. Los autores del artículo, no obstante, apuntan que “las cifras de España son parte de una tendencia global que ha desafiado las expectativas de grandes pérdidas de empleos, pues la demanda ha retornado a la economía y el trabajo ha probado ser algo escaso en vez de excedentario… Los datos de España reflejan también la apuesta a escala de la UE sobre los sistemas de suspensión de empleo”.

Por otro lado, se pone de relieve una “paradoja de España”, apuntada por Rafael Doménech, responsable de análisis económico del BBVA: a pesar de la mejoría del mercado de trabajo, el PIB de España permanece en torno a un 4% por debajo de los niveles de 2019. Gran parte de la explicación radica en la situación del turismo debido a la pandemia. También las horas de trabajo están por debajo de los niveles pre-pandémicos. Para el conjunto de la Eurozona, se estima que el PIB ha recuperado ya dichos niveles.[2]

Otros analistas apuntan la que consideran cuestión clave: si la economía podrá sostener un crecimiento notable de los salarios, que pierden poder adquisitivo con la inflación, y una tasa de desempleo que está aún en territorio de dobles dígitos.

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[1] “The Spanish paradox: why jobs are booming as the economy lags”, 9-2-2022.

[2] Vid. M. Arnold, “Eurozone regains pre-crisis GDP level despite winter slowdown”, Financial Times, 31-1-2022.

La consagración de los “empujoncitos”

 

Una de las aportaciones más destacadas de Richard Thaler (Premio Nobel de Economía 2017) es el análisis del papel de los denominados “empujoncitos” o “acicates” (“nudges”) en la promoción de determinados comportamientos individuales. Thaler puso de manifiesto la importancia del contexto de la toma de decisiones y cómo la incorporación de estímulos o elementos de referencia puede tener una gran influencia en las elecciones adoptadas.

A veces se trata de algo tan simple como asegurar que la información básica está disponible de manera clara y efectiva. En el caso de los productos financieros, es de utilidad que exista una categorización por niveles de riesgo y que se conozcan indicadores clave, bien calculados, sobre la rentabilidad o el coste efectivos. En otras ocasiones, las elecciones se ven “facilitadas” mediante un procedimiento “ventajista” consistente en plantear “opciones por defecto”, en el sentido de que si, pasado un plazo, el individuo no manifiesta otra cosa, asume la opción presentada. Es una de las fórmulas utilizadas para fomentar las aportaciones a los planes de pensiones de empleo.

También en el campo de la seguridad vial la utilización de “nudges” puede tener relevancia. Así, ante el riesgo, para la integridad de los peatones, de las maniobras de cambios de dirección por los conductores de automóviles, la realización de pequeñas modificaciones en la trayectoria, mediante elementos físicos, puede tener un impacto notable. Mientras que las pautas derivadas del conocimiento pueden ser obviadas en momentos de estrés, los condicionantes de origen físico dan a los conductores una retroalimentación sensorial inmediata.

En algunos países, las intervenciones basadas en “acicates” se han expandido rápidamente desde la esfera de los estudios académicos a aplicaciones a gran escala por parte de unidades gubernamentales especializadas. Los estudios disponibles apuntan que el impacto medio de los “acicates” es bastante grande. Se constata un efecto de más un 30% de incremento respecto al comportamiento de los grupos de control, a los que no se aplican los estímulos.

La pandemia del coronavirus, además de todo el padecimiento causado, ha significado un enorme experimento natural en numerosos apartados concernientes a los ámbitos gubernamental, empresarial, social, familiar e individual. Durante el prolongado período de incidencia de la enfermedad, sucesivamente ampliado, mediante un procedimiento de prueba y error, se han llevado a la práctica diversas estrategias basadas en “acicates”. La experiencia es muy variada según geografías, pero, como señala Ravi Gurumurthy, primer ejecutivo de Nesta, agencia de innovación del Reino Unido, que ha absorbido la denominada “The Nudge Unit”, “a escala mundial, la experiencia de afrontar la Covid ha demostrado que, cuando se aplican adecuadamente, los conocimientos conductuales pueden funcionar… Cuando la ciencia del comportamiento fue incorporada como parte de la respuesta a la pandemia, los resultados fueron positivos”.

La creación del modelo mental acerca de la transmisión del virus ha jugado un papel importante, así como la valoración de la tolerancia de los ciudadanos al mantenimiento de restricciones. La aplicación del principio de hacer que sea más fácil seguir las pautas más adecuadas desde un punto de vista sanitario, rediseñando el entorno físico, ha tenido efectos positivos en países como Corea del Sur. Por otro lado, se ha puesto de relieve el poder de las normas sociales. Algunas pautas se extienden o se mantienen por el deseo de adaptarnos a lo que otras personas perciben como algo típico o deseable.

Con carácter general, el diseño de los servicios y el uso del análisis de datos para perfilar medidas de estímulo eficaces pueden ser de gran utilidad con vistas al logro de objetivos de interés social, tales como la protección del medioambiente, el cuidado de la salud o la previsión de riesgos. Las políticas de “acicates”, adecuadamente diseñadas, pueden ser alternativas más simples, eficaces y baratas que otras basadas en intervenciones públicas convencionales articuladas en programas de gastos e impuestos. No obstante, conviene establecer una clara diferenciación entre los conocimientos del comportamiento y los “acicates”. No hay garantía de que los primeros lleven necesariamente, en la práctica, a unos buenos mecanismos inductores. En España, ha habido alguna controversia respecto a la traducción de “nudge”, pero nuestro idioma diferencia entre empujocinto, empujón y empujonazo.

(Artículo publicado en el diario “Sur”)

El inmovilismo (residencial) en España

 

Se dice que la movilidad residencial ha disminuido mucho en Estados Unidos. Concretamente, en el año 2021, los estadounidenses tienden a cambiar de lugar de residencia menos de la mitad de que solían hacerlo en la década de los años 70 del pasado siglo. Aun así, la tasa de movilidad, definida como el porcentaje de la población que ha cambiado de residencia en los últimos 5 años es superior al 40%[1]. En contraposición, dicha tasa en España apenas supera el 10%.

Mientras que Australia, Estados Unidos y Suecia sobresalen por su elevada movilidad residencial, España, Italia y Grecia destacan por lo contrario. Ahora bien, existe una notoria diferencia entre quienes son propietarios de una vivienda y quienes viven en régimen de alquiler.

En el gráfico adjunto se pone de manifiesto la elevada correlación positiva entre el grado de movilidad histórico y el prospectivo[2].

Son diversos los factores, de corte sociológico y económico, los que están detrás de las disparidades observadas entre países. También son varias las consecuencias macroeconómicas de la falta de movilidad, como la existencia de un mercado de trabajo escasamente flexible y el freno a la optimización de la utilización de los recursos disponibles. Por otro lado, algunos estudios recientes ponen de relieve un inconveniente adicional: el apego a un vecindario concreto aparece asociado estadísticamente a unas menores cotas de confianza, felicidad, asunción de riesgos y optimismo[3].

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[1] Vid. Financial Times, “Moving house: stay-at-home trend may hurt economy – and your mood”, Opinion Lex, 7-2-2022.

[2] Vid. Orsetta Causa y Jacob Pichelmann, “Should I stay or should I go? Housing and residential movility across OECD countries”, OECD Economics Department Working Papers No.1626, 2020.

[3] Vid. Financial Times, op. cit.

Activos públicos ocultos: el potencial de los fondos de riqueza pública

 

Las reglas contables aplicables tradicionalmente al ámbito del sector público adolecen de algunos sesgos. En particular, ha habido una tendencia a poner el foco en los saldos presupuestarios anuales, en tanto que se ha prestado escasa o nula atención a la formación del balance. Hay conocimiento, naturalmente, de los saldos de activos y pasivos financieros, pero no de los derechos y las obligaciones totales, en ambos casos integrados no sólo por elementos explícitos sino también por otros de carácter implícito u oculto.

Como señalan I. Ball, J. Crompton y D. Detter, a diferencia de lo que ya en el año 1085 había llevado a cabo Guillermo el Conquistador, al encargar un inventario de todos los activos de Inglaterra, “los gobiernos de hoy han olvidado en gran medida la importancia de un inventario ajustado de sus activos. Este problema, ligado a los sistemas contables públicos, impide la valoración y una gestión eficiente de los activos”[1]. Como solución proponen identificar los activos ocultos mediante la realización de un mapa de activos y su gestión a través de un fondo de riqueza pública.

Por activos públicos comerciales se entiende cualquier activo capaz de generar renta si se gestiona profesionalmente. Incluyen los activos operacionales (como los servicios básicos de energía y agua) y de transporte (aeropuertos, puertos, metros), así como los activos inmobiliarios. El FMI ha estimado que los activos públicos comerciales tienen globalmente un valor equivalente al doble del PIB global.

Como subrayan I. Ball, D. Detter, Y. Manuelides y W. Yan, el hecho de ignorar la riqueza neta es distorsionador, lleva a una medición errónea de la sostenibilidad de la deuda, y crea un sesgo contra la inversión[2]. En contraposición, los gobiernos que se centran en la riqueza neta tienen incentivo para invertir en activos productivos.

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[1] “Mapping the unknown”, IMF, Finance & Development, febrero 2022.

[2] “Why public assets are key to debt sustainability: a moral goal”, IMF Blog, 19-4-2021.

                                            Fuente: IMF Blog.

Los datos también se equivocan

 

Memento mori. Este imperecedero adagio ha de ser aplicable no sólo a las personas. La realidad no suele equivocarse. Es la que es, pero los datos, como construcción humana para aprehenderla, no escapan a ese ineludible dictado. Los agentes económicos se mueven en función de sus percepciones, pero los datos estadísticos juegan un papel muy influyente en la formación de las expectativas y en la toma de decisiones. La importancia de la disponibilidad, fiabilidad, exactitud, prontitud y objetividad de la información estadística difícilmente pueden, pues, ser exageradas. La obtención, el tratamiento y la agregación de datos microeconómicos constituyen tareas complejas para las que se requiere un alto grado de accesibilidad, de especialización técnica y de medios adecuados. Estados Unidos es un país en el que se presta una enorme atención a los indicadores económicos, y que cuenta con acreditados organismos públicos y agencias privadas que aportan prestaciones estadísticas difícilmente superables.

Pero ni siquiera las fuentes de mayor solera llegan a alcanzar la perfección en el manejo de la información económica a través de indicadores estadísticos. Así lo pone de manifiesto Robert Armstrong en un artículo con un título bastante expresivo: “Data can be wrong, too” (Financial Times, 8-2-2022). A este respecto, las cifras de la evolución del empleo en Estados Unidos, en los últimos meses, han sido objeto de una más que apreciable revisión (gráfico adjunto), lo que lleva a una interpretación bastante diferente acerca del tono del mercado laboral.

Armstrong sugiere extraer algunas lecciones de esta experiencia: “Los datos del gobierno con los que los participantes en los mercados [financieros] están obsesionados día a día no son unas sagradas escrituras. Son indicadores, no hechos exactos, fijos”.

Y también se despacha con una reflexión de connotaciones “Eco-umbertianas”: “En los mercados, parece siempre que las cosas son más inciertas que nunca, pero hay un argumento plausible en el sentido de que actualmente estamos en un momento objetivamente más incierto”.

Empleo público y gasto público: una relación no totalmente determinante

Un nuevo cuatrimestre está a punto de comenzar. Desde hace años, vengo recibiendo opiniones un tanto disuasorias de la labor docente. Después de años de impartición de asignaturas del mismo ámbito del conocimiento, todo es coser y cantar. Basta con repetir los apuntes ya trabajados. No merece la pena hacer ningún esfuerzo extra. Nada de actualizaciones ni ampliaciones. En modo alguno compensa hacer algo que pueda complicar el estudio a los alumnos. Al fin y al cabo, únicamente están interesados en superar la asignatura, añadir créditos al cómputo exigido y obtener el título. Ya ves, como puedes comprobar por ti mismo, la mayoría ni siquiera asiste a clase. En fin, la lista de argumentos no deja de ampliarse y cuesta cada vez más trabajo rebatirlos. Hay que reconocer que el panorama no es demasiado alentador. A quién se le ocurre seguir dando clase después de haber cumplido los 60 años, cuando tiene la oportunidad de acceder a la situación de jubilación y, además, de garantizarse, al menos teóricamente, el montante de la prestación vitalicia. Ha de ser tenida la docente como una profesión muy dura y exigente para disponer -por parte de alguien que esté en condiciones normales- de esa ventana de oportunidad. Debe de serlo realmente, ya que las cargas docentes pueden llegar a ser cargas muy pesadas, y quizás ello explica que algunos acreditados especialistas tiendan a eludirla de forma habilidosa.

El mundo académico dista enormemente de ser ese reino utópico forjado en las mentes juveniles. Pese a todo, tal vez inexplicablemente, la expectativa del inicio de un nuevo curso aporta una energía renovada, despierta ilusiones dormidas y anima el espíritu alicaído. Contra viento y marea, surgen alicientes inesperados, retos emboscados, y, a lo lejos, se dibuja el deseo latente de encontrar a alguien a quien ayudar en el arduo camino del aprendizaje.

Si la simple palabra “Leviatán” es capaz de despertar una atracción incontenible en busca de claves fiscales y presupuestarias, qué decir cuando uno se encuentra con un prodigioso anuario estadístico y analítico llamado “Government at a glance”, incorporado desde algunos años por la OCDE a su sensacional arsenal de recursos para el análisis y el estudio de la economía. El problema es de elección, por dónde empezar para examinar tanta riqueza informativa concentrada en un solo documento.

Por antiguas apetencias investigadoras, el examen de la evolución del empleo público, como uno de los indicadores fundamentales de la intervención económica del sector público, puede ser una buena opción. La combinación con el indicador más habitual, la ratio del gasto público respecto al PIB, nos puede proporcionar una imagen bastante representativa del alcance de la intervención del Estado y servir para cotejar la posición relativa de los diferentes países.

Como se observa en el gráfico adjunto, la relación entre estos dos indicadores es, como cabía esperar, positiva. Ahora bien, la correlación dista de ser perfecta. Así, nos encontramos con países que, pese a tener niveles similares de gasto público, exhiben diferentes modelos de gasto, lo que lleva a acusadas diferencias en la importancia relativa del empleo público. ¿De qué depende la ubicación de cada país en ese espacio bidimensional? ¿Existe alguna posición óptima? ¿Puede hablarse de alguna tendencia a la convergencia?

Esos y otros muchos interrogantes están ahí, a la espera de nueva savia que desee incorporarse, con afán de estudio, a ese apasionante mundo de las finanzas públicas.

Contestar o no contestar (en un test): esa es la cuestión

En los cuestionarios utilizados para medir el nivel de cultura financiera de la población, según los estándares internacionales, es frecuente que se incluyan preguntas tipo test con respuestas de elección múltiple, normalmente con dos o tres opciones. Sin embargo, estas opciones suelen ampliarse con otras dos: una, para prever la posibilidad de declarar que “no se sabe” la respuesta correcta; otra, para cubrir la eventualidad de que la persona examinada quiera “rehusar contestar”.

En las pruebas de este tipo en el ámbito académico suele ser habitual emplear el siguiente sistema de puntuación: i) las preguntas contestadas correctamente se valoran con 1 punto; ii) las que se dejen en blanco (opción equivalente a la de “no sé”) no puntúan; y iii) las contestadas erróneamente restan, a fin de contrarrestar el efecto de las respuestas elegidas al azar (normalmente, en la cuantía equivalente a la probabilidad de acertar al elegir aleatoriamente entre las opciones disponibles, -0,33, si son 3 tales opciones)[1].

A la hora de evaluar los resultados obtenidos en la cumplimentación de un cuestionario de esta naturaleza, ¿qué es más preocupante, una respuesta errónea, o una respuesta del tipo “no sabe/no responde”?

Si se utiliza un sistema de puntuación negativa en caso de fallo, es lógico pensar que, si no se está muy seguro de la respuesta correcta, a efectos numéricos, se considere preferible no contestar (puntuación nula) en lugar de arriesgarse (-0,33 x probabilidad estimada de que la respuesta elegida sea errónea). En cambio, si no se aplican penalizaciones en los casos de fallos, éstos no tienen incidencia negativa en la puntuación alcanzada. El cero marca el suelo de la puntuación, que, en un caso extremo, podría llegar, si se aplican penalizaciones, a un -3,3, en el ejemplo considerado en la nota a pie de página.

¿Cuál será la línea seguida por los examinados, en uno y otro supuesto? ¿Por qué, incluso en los cuestionarios donde no existe puntuación negativa, algunas personas optan por el “no sabe/no contesta”, en lugar de elegir una respuesta al azar?

Puede haber distintas razones, entre ellas que, si el cuestionario se basa en una entrevista directa, lo primero (“no sabe/no contesta”) permita no tener que dar ningún tipo de explicación de la respuesta elegida.

Lo cierto es que, en los estudios sobre el nivel de cultura financiera de la población, la opción “no sabe/no contesta” suele ser elegida por un notable número de personas. ¿Qué es, pues, más preocupante, la constatación de fallos en las respuestas o la decantación por el “no sabe/no contesta”?

En algunos estudios se considera que la opción por el “no sabe/no contesta” revela una falta de conocimiento mucho más profunda que una respuesta errónea[2]. Se trata, quizás, de una conclusión un tanto aventurada, si no se dispone de información más detallada. El grado de aversión personal al riesgo en las contestaciones no es homogéneo, como tampoco la confianza en la solidez de los conocimientos propios. Por otro lado, no hay que ignorar el efecto que puede ejercer el enunciado de preguntas, en el supuesto de que no permita identificar claramente el marco o el entorno de la cuestión planteada. En algunos artículos anteriores de este blog se han efectuado ciertas consideraciones al respecto.

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[1] En una prueba con 12 preguntas con 3 opciones excluyentes en cada caso, su cumplimentación de manera completamente aleatoria llevaría a una calificación media esperada de 1,11 puntos (sobre 10).

[2] Vid. Allianz, “When will the penny drop? Money, financial literacy and risk in the digital age. 2017 report”, International Pension Papers 1/2017.

Titulizaciones pintorescas de préstamos de millonarios: ¿derivados ”prime”, “subprime”, o “superprime”?

 

El proceso de titulización de activos fue saludado, hace bastantes años, como una fórmula innovadora que venía a aportar dinamismo a los mercados financieros y a potenciar la capacidad de financiación a la economía productiva. Aunque hay algunas modalidades bastante complejas en su diseño y estructuración, el esquema básico de funcionamiento es bastante simple. En la página web de Edufinet se recogen, de la manera más simplificada posible, las ideas elementales.

La titulización es un proceso mediante el que una operación de préstamo, concedida originariamente por una entidad de crédito, es transferida a un fondo, que asume tanto la deuda como los intereses asociados. El fondo emite participaciones cuyos rendimientos estarán ligados a los ingresos provenientes de los préstamos existentes en la cartera del fondo.

Llevado al caso extremo, la entidad de crédito originaria se convierte en un mero intermediario que concede la operación y luego la traspasa, descargándose del riesgo de crédito. Éste pasa a ser soportado por quienes suscriban participaciones del fondo de titulización. Si los titulares de los préstamos titulizados impagan, los suscriptores de participaciones sufrirán las consecuencias.

Un uso inadecuado de este instrumento fue uno de los detonantes de la crisis financiera iniciada en 2007-2008. El nefasto episodio de las titulizaciones de préstamos hipotecarios de baja o nula calidad crediticia (“subprime”) en Estados Unidos será difícil de borrar de la memoria colectiva.

Las operaciones de titulización de activos suelen ser utilizadas por bancos que quieren reducir sus requerimientos prudenciales de capital. Todo préstamo concedido obliga a la entidad de crédito a disponer de una determinada cantidad de capital, que será mayor cuanto mayor sea el riesgo de la operación. Si se transfiere un préstamo y se obtiene liquidez, se consigue rebajar directamente el requerimiento de recursos propios.

Normalmente, son los préstamos hipotecarios o los concedidos a corporaciones empresariales los que suelen ser objeto de operaciones de titulización. Evidentemente, a diferencia de lo acaecido con las hipotecas “subprime”, es esencial que el riesgo esté adecuadamente evaluado y medido.

Sin embargo, Credit Suisse (CS) ha sorprendido al mercado con el lanzamiento de la titulización de una cartera de préstamos concedidos a magnates millonarios con la garantía de valiosos y singulares activos (aviones privados, yates, inmuebles y/o activos financieros). Pese la exclusividad de tales objetos, ha sido necesario ofertar unos tipos de interés bastante elevados, superiores al 11% anual, para atraer a un grupo de hedge funds[1].

El tiempo se encargará de calificar los nuevos derivados con la etiqueta apropiada… “p”, “sp” o “Sp”. Parece claro que un relativamente modesto montante como el de la selecta operación impulsada por CS difícilmente podría provocar un cataclismo como el de las “subprime”, pero ¿qué podría significar un hipotético escenario de default generalizado de dicho segmento?

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[1] Vid. R. Smith y O. Walker, “Credit Suisse securitises yacht loans to oligarchs and tycoons”, Financial Times, 7-2-2022.

El problema de las deudas personales: visibles vs. ocultas

 

Las deudas contraídas mediante préstamos con entidades financieras pueden llegar a acarrear graves consecuencias para la situación económica y patrimonial de las familias. Operaciones de préstamo concedidas según estándares adecuados pueden abocar a supuestos de impago ante determinadas situaciones sobrevenidas. El riesgo es un elemento intrínseco a la actividad financiera. No tanto el riesgo exacerbado que se deriva de la concertación de operaciones que no respondan a un mínimo análisis de viabilidad. Algunas experiencias puestas de manifiesto al desencadenarse la gran crisis iniciada en 2007-2008 han dejado dolorosa constancia del impacto real que puede llegar a tener esa heterodoxa práctica. En no pocos casos pagando justos por pecadores, el sector bancario ha sufrido, en ese contexto, un gran deterioro de su imagen y de su reputación.

El sector financiero formal es objeto de frecuentes críticas por diversos motivos: restricciones en la concesión de operaciones, aplicación de condiciones abusivas y ejecución inflexible de garantías crediticias. El recurso a canales de financiación no formales, e incluso ilícitos, no parece, sin embargo, que sea la panacea. Para el caso del Reino Unido, según estudios empíricos, esa vía está adquiriendo una mayor importancia y está asociada a consecuencias negativas para el bienestar individual[1].

El endeudamiento con familias y amigos es descrito como una fuente de ingresos vital para muchos individuos. Sin embargo, la naturaleza informal de estas transacciones genera a menudo un intenso estrés en las relaciones personales. Además, la fuerte obligación moral para devolver, de manera prioritaria a otras obligaciones, el dinero tomado a préstamo en estos casos suele implicar que otras deudas formales no tengan la debida atención.

También ha crecido el recurso a los prestamistas ilegales, conocidos como “loan sharks” (“usureros”). La dificultad para obtener información sobre estas prácticas es manifiesta. Los acreditados tienden a difuminar los préstamos de esta naturaleza con los procedentes de familiares y amigos.

La deuda bancaria figura recogida en las estadísticas oficiales. La informal permanece oculta, y fuera de los circuitos de protección al consumidor. Como se indica en el informe del CSJ, “el problema de la deuda puede arruinar vidas… pero algunas deudas permanecen más ocultas que otras”.

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[1] Vid. The Centre for Social Justice (CSJ), “Uncovering hidden debt. Focus groups with money advisers about illegal and informal money Lending”, junio 2021.

El Gulag: ¿efectos económicos positivos a largo plazo?

 

Los partidarios de la técnica del análisis coste-beneficio para la evaluación de proyectos públicos insisten en que deben computarse todo tipo de costes y beneficios, dinerarios y no dinerarios, tangibles e intangibles, directos e inducidos, inmediatos y diferidos, únicos y recurrentes, previstos y no previstos… Esto último es especialmente predicable de los análisis ex post, pero, cuando es posible, también hay que tener en cuenta, en los análisis ex ante, las consecuencias no deseadas, atribuyéndoles alguna probabilidad.

A estas alturas de la historia, más de cien años después del triunfo de la revolución rusa, casi todo el mundo es consciente de los logros de un régimen que llegó a convertirse en un imperio enorme. A pesar de que dejó de existir con arreglo a sus esquemas de socialismo real, su influencia, especialmente en el plano ideológico, sigue viva, cuando no pujante, en todo el mundo. Tales contribuciones son reconocidas, así como las de sus principales artífices a la teoría de la democracia y, de manera particular, a su puesta en práctica. Fueron paladines de la justicia y la libertad, que llevaron, libres de interpretaciones y desviaciones impías, a millones y millones de personas.

Según acreditan los testimonios de múltiples fuentes dignas de toda solvencia, hubo algunos colectivos que fueron beneficiarios muy directos de determinados programas de actuación intensiva, conocidos con el enigmático nombre de “Gulag”. Algunos de los afortunados partícipes de esos programas de adiestramiento, en el momento, no supieron ver todos los beneficios, individuales y sociales, a corto y a largo plazo, que generaban. Pese a ello, hubo una notable perseverancia gubernamental, y se llegaron a desarrollar 474 iniciativas locales entre los años 1929 y 1952. Nada menos que 11,3 millones de individuos tuvieron el privilegio de ser reclutados para tan significada misión. Algunos no supieron ver que se les elegía por su elevado nivel cultural e intelectual, como artistas, ingenieros, gestores o profesores. Casi un tercio de los becados pertenecían a algunos de esos gremios.

En la segunda mitad de los años cincuenta se puso término al experimento, y los participantes (supervivientes) optaron, en gran medida, por permanecer en localidades cercanas a la ubicación de sus centros de adiestramiento. Investigadores actuales, que han rastreado los datos económicos en un largo periodo, han encontrado sólida evidencia en el sentido de que las áreas limítrofes a dichos centros registraron efectos persistentes, posiblemente vía transmisión intergeneracional de capital humano. Las empresas situadas en su radio de influencia muestran salarios y beneficios más altos por empleado. Los investigadores concluyen que su estudio pone de relieve el papel de la educación en el proceso de desarrollo y su distribución territorial[1].

En el mapa adjunto se refleja la ubicación de los campos de trabajo forzado del sistema del Gulag soviético. Los círculos son proporcionales a la población de prisioneros de los campos. Es sobrecogedor simplemente pensar en el inmenso sufrimiento de los 11,3 millones de convictos que padecieron la desgracia de ser declarados “enemigos del pueblo”. Ese sufrimiento no puede llegar a representarse fielmente por ningún círculo, por muy grande que sea.

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[1] Vid. G. Toews y P.-L. Vézina, “Enemies of the people”, VOX, CEPR Policy Portal, 23-9-2021.

Doblegar la inflación: la respuesta salarial como factor clave

 

Hard times. Tiempos difíciles. El título de la célebre obra de Dickens sirve para sintetizar la situación que hoy vive su país. Tanto la economía, como los ciudadanos y también el gobierno. Así lo expresa con claridad Martin Wolf, en un artículo en el que, en curiosa coincidencia con el diputado tory David Davis aquí referido hace poco, habla del foolish tax rise on the way, que no vendrá sino a empeorar las cosas[1].

Pero quizás lo más destacable del texto es la rotundidad con la que defiende la contención salarial como vía más efectiva y menos dolorosa para doblegar una inflación que trepa a un ritmo bastante peligroso: “Si la gente se dedica al juego de pasar la pelota, insistiendo en obtener mayores salarios a fin de contrarrestar las rentas reales reducidas, el resultado sería un estrangulamiento de los beneficios, que dañaría la inversión, o causaría una espiral inflacionaria, que perjudicaría a casi todo el mundo”.

En este sentido, considera que la recomendación del gobernador del Banco de Inglaterra, de que “se necesita ver una moderación de los incrementos salariales… con vistas a resolver este problema [inflación] más rápidamente”, aunque sea “ciertamente impopular y probablemente sin utilidad”, “analíticamente es acertada”: “cuanto más busquen los asalariados restaurar su poder de compra en una economía golpeada por estas pérdidas impuestas externamente [precios de la energía], más alta será la inflación y más despiadado el endurecimiento monetario requerido”.

Tiempos difíciles, pero Wolf no elige la referencia dickensiana para su artículo, sino que opta por otra shakesperiana. Ya se sabe, las desgracias nunca vienen solas… Y, desafortunadamente, los tiempos difíciles pueden llegar a serlo aún más.

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[1] Vid. M. Wolf, “Economic sorrows come in batallions”, Financial Times, 9-2-2022.

La nueva tributación mínima del impuesto sobre sociedades en España

 

La tendencia a establecer un nivel mínimo de tributación en el impuesto sobre sociedades (IS) no queda limitada a las grandes multinacionales, sino que se extiende a compañías de menor tamaño que operen en una única jurisdicción fiscal.

España es uno de los países que ya ha adoptado esa práctica, en el cuerpo de la Ley de Presupuestos Generales para 2022 (BOE 29-12-2021). Esta norma viene a añadir un nuevo artículo a la Ley del IS dedicado a la tributación mínima. En él se establece que aquellos contribuyentes de este impuesto que tengan una cifra de negocios neta de un importe igual o superior a 20 millones de euros o que tributen en el régimen de consolidación fiscal, con independencia de su importe neto de la cifra de negocios, estarán sometidos a una tributación mínima en los términos que se sintetizan a continuación. La cuota líquida no podrá ser inferior al resultado de aplicar el 15% (con carácter general[1]) a la base imponible del tributo -con algunas minoraciones o mayoraciones, según corresponda. Hay determinados sujetos pasivos a los que no les es aplicable la referida tributación mínima[2].

Como se indica claramente en la exposición de motivos de la Ley de PGE para 2022, “Esto supone que, como resultado de la aplicación de las deducciones, no se podrá rebajar la cuota líquida por debajo de dicho importe”.

La nueva norma está llamada a tener una importante repercusión en la vertiente de la innovación empresarial, en la medida en que viene a introducir restricciones adicionales a la utilización efectiva de los fiscales por actividades de I+D+i, así como a la de otras medidas de incentivación[3]. Son, por otro lado, diversas las cuestiones controvertidas que se plantean en relación con la aplicación de la nueva disposición[4].

Según un análisis de la Tax Foundation, “hasta que el impuesto mínimo global del 15 por ciento sea implementado, esta medida podría implicar que las sociedades en España pierdan competitividad respecto a sus contrapartes europeas e internacionales”[5].

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[1] El tipo será del 10% para las entidades de nueva creación, y del 18% para las entidades de crédito y empresas de hidrocarburos. En el caso de las cooperativas, la cuota líquida mínima no podrá ser inferior al resultado de aplicar el 60 por ciento a la cuota íntegra.

[2] Concretamente, “no será de aplicación a los contribuyentes que tributen a los tipos de gravamen previstos en los apartados 3, 4 y 5 [entidades sin fines lucrativos y determinadas sociedades participantes en los mercados de capitales que ya tributan a tipos muy reducidos o nulos] del artículo 29 de [la Ley del IS] ni a las entidades de la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario”.

[3] Vid. P. Pérez Fernández, “Tributación mínima: un desincentivo para la I+D+i”, Expansión, 20-1-2022.

[4] Vid. M. Lucas Durán, “La nueva tributación mínima en el impuesto sobre sociedades: cuestiones conflictivas”.

[5] Vid. C. Enache, “Spain’s 2022 Budget unsurprisingly comes with more tax hikes”, Tax Foundation, 8-11-2021.

El alegato de David Davis contra las subidas de impuestos en Reino Unido

 

Reino Unido sigue siendo un país muy pintoresco en muchos aspectos. En el ámbito del debate parlamentario y en las dinámicas internas de los partidos políticos exhibe pautas de comportamiento que se apartan claramente de las seguidas en sistemas con una mayor preponderancia de los aparatos centrales de las organizaciones políticas. Una crítica abierta a propuestas gubernamentales desde las propias filas de la formación política en el poder es bastante frecuente, singularmente ante determinadas coyunturas. Lo anterior es más probable que ocurra cuando, al acceder al gobierno, se adoptan medidas que se separan abiertamente del posicionamiento tradicionalmente mantenido en áreas clave por el partido en cuestión.

Algo de esto es lo que ocurre con el alegato que David Davis, parlamentario del Partido Conservador, expresidente del comité de cuentas públicas, dirige contra las subidas fiscales planteadas por el Chancellor, Rishi Sunak. Su discurso es claro y rotundo: “Justo cuando este país -que emerge de la niebla de la pandemia y afronta un futuro post-Brexit- necesita crecimiento, está siendo puesto en riesgo por un Tesoro centrado en aumentos fiscales a cada paso. Tal como está, el pueblo británico, que afronta una inminente subida de 600 libras en sus facturas de energía, se va a ver sujeto al dolor de vivir bajo una carga fiscal que será más alta que en ningún momento desde el final de la Segunda Guerra Mundial”[1].

Tras esta declaración, e instar al Tesoro a aparcar las subidas fiscales y “pivotar hacia una agenda enérgicamente pro-crecimiento”, argumenta contra las principales medidas de aumento de la carga fiscal. Respecto a la contribución para la asistencia social y sanitaria, considera que “el Tesoro proclama que estas subidas son necesarias para estabilizar las finanzas públicas, pero harán lo contrario. Subir los impuestos sobre las rentas únicamente deteriorará los salarios y el crecimiento de los empleos, y dañará la demanda”. Y, con relación al aumento del impuesto sobre sociedades, sostiene que “empujará la inversión interior a los brazos de [sus] competidores”.

Por otro lado, a partir del reconocimiento de la gravedad y la excepcionalidad de la pandemia del coronavirus, aboga por tratar la deuda ligada a la Covid-19 como una deuda de guerra, extendiéndola a lo largo de un período de 50 años o más. Asimismo, es partidario de dar un tratamiento especial a las inversiones en infraestructuras, huyendo de una mayor ortodoxia financiera.

Y remata su alegato con una tajante advertencia: “Es el momento de desechar estas subidas fiscales, facilitar la carga del coste de la vida y corregir la nave. Si no lo hacemos, el país afrontará una crisis real; y, esta vez, será por nuestra culpa”.

¿Cabría trazar algún paralelismo con la situación de España?

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[1] Vid. D. Davis, “Cost-of-living crisis demands proper Tory ‘read meat’: tax cuts”, Financial Times, 7-2-2022.