La canción “Libertad sin ira”
que el grupo Jarcha popularizó en el año 1976 es uno de los iconos de la
denominada etapa de la transición democrática en España. Si nos trasladamos del
escenario político al del comercio internacional, podría convenirse que en este
también es posible ese deseable binomio, aunque, en la práctica, no sea fácil
conseguirlo. Si existen plenas garantías de que el precio de los productos que
se comercializan internacionalmente no se ve alterado por prácticas
restrictivas a la importación, ni por otras favorecedoras de la exportación, en
principio, será asumible que los flujos comerciales vengan determinados por
razones de estricta competitividad. La libertad comercial prevalecería sin
reparos ni reticencias de las partes implicadas en las transacciones
internacionales. La experiencia demuestra, sin embargo, que no es tarea
sencilla ponerse de acuerdo respecto a lo que son acciones distorsionantes o no
del comercio internacional. La larga lista de litigios en el seno de los
organismos internacionales sobre la materia da buena fe de ello.
La transición hacia una economía
verde y sostenible es un objetivo que cuenta con un respaldo, al menos en el
plano declarativo, bastante extendido. El grado de acuerdo es menor respecto a
la forma de impulsarla y, especialmente, no es ajeno a las repercusiones que
las medidas adoptadas tengan en las diferentes economías y en los flujos comerciales
y de inversión internacionales.
Así, por ejemplo, la Unión Europea
(UE) ve con buenos ojos que la economía estadounidense se reverdezca, pero se muestra
bastante reticente respecto a la utilización de un ingente paquete de estímulos
a empresas, cifrado en 369.000 millones de dólares, incluido en la “Inflation
Reduction Act” (IRA), por entender que podría vulnerar los principios del libre
comercio.
A lo largo de los últimos meses,
según Sean Bray, Alex Muresianu, y Daniel Bunn[1],
las percepciones europeas sobre la IRA han sido una montaña rusa. Debe tenerse
en cuenta que “In tax policy, there are two approaches to mitigate climate
change, colloquially called carrots and sticks. Carrots are subsidies designed
to reduce emissions—think tax credits for green energy or carbon capture
technology. Sticks, such as carbon taxes, penalize emissions. Both approaches
change the relative prices of different activities based on how much carbon
they emit. The Inflation Reduction Act primarily chooses the carrot approach
over the sticks by financing tax credits with mostly non environmental tax
increases. The Inflation Reduction Act includes dozens of policies targeted at
different green technologies, aiming to reduce emissions from different sectors
of the economy”.
La situación es analizada por
The Economist (3-12-2022) en un artículo con un título bastante expresivo: “United
States, divided Europe”. En él se examinan diversas opciones para que la UE
pueda contrarrestar la situación. Recurrir a la Organización Mundial de
Comercio, aparte de otros inconvenientes, no parece una opción muy prometedora.
La resolución de algunos litigios ha llegado a demorarse 17 años. Otra alternativa
sería responder con un programa de estímulos similar al de la IRA, a escala de
la UE, línea en la que se posiciona la presidencia de la Comisión Europea. Como
en otras cuestiones, la falta de una unión presupuestaria y fiscal actúa como
una rémora considerable.
The Economist, tras valorar el
panorama suscitado, señala que las quejas europeas sobre el proteccionismo
estadounidense tendrían más peso si la UE no hubiese diseñado algunas políticas
semejantes a las impulsadas por la Administración Biden. Esta, de alguna
manera, da continuidad a la pretensión de cierta política de la Administración
anterior, aprovechando el conocido acrónimo “MAGA”, con una leve adaptación: “Make
America Green Again”.
[1]
“How the Inflation Reduction Act
Affects the Future of U.S.-EU Tax and Trade Cooperation”, Tax Foundation,
9-11-2022.
