La
agricultura, esa actividad económica que, según todos los indicios, ha tenido
algo que ver en el desarrollo de la humanidad, en virtud de un proceso sumarísimo,
sin permanecer apenas tiempo en el banquillo de los acusados, casi
inadvertidamente, ha sido sometida a una implacable condena. También, por
supuesto, la ganadería. Al menos en lo que concierne a los modos de producción
tradicionales, el sector agrario en su conjunto se ve inexorablemente abocado a
una drástica reconversión.
La
consecución de los objetivos medioambientales y de reducción de las emisiones
de CO2 justifica incluso el sacrificio de actividades cuyo mantenimiento, hasta
hace no mucho, se veía como sustentador del equilibrio ecológico y territorial.
Así lo percibía cuando, en el año 1981, participé en la elaboración de un
informe económico destinado al gobierno preautonómico andaluz. Acababa de
incorporarme como profesor ayudante en la Facultad de Económicas de Málaga, y
me encargaron la redacción de un apartado sobre la situación y perspectivas de
la agricultura andaluza. La misma percepción tenía años después cuando el
director de Eseca -hoy, Analistas Económicos de Andalucía- me pidió mi respaldo
para la puesta en marcha de la edición de un informe anual del sector agrario
en Andalucía. Corría el año 1990.
Sí, el impacto de la agricultura sobre la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera puede ser muy considerable, pero no por ello se atenúa la desazón que origina ver el campo sumido en esa situación. Como tampoco merma el sentimiento de admiración y gratitud por todo lo que nos ha aportado, y todo lo que aún simboliza. En fin, reconocer los defectos de algo que se aprecia, no por ser obligado, deja de ser hiriente. Cuando vemos el lugar que los diseñadores del Gran Reinicio le atribuyen al sector hemos de tomar conciencia, de manera definitiva, de que el proceso no tiene marcha atrás.
También
éramos conocedores de las connotaciones y singularidades de la Política Agraria
Común (PAC). En la práctica, ha sido uno de los ejes esenciales de la realidad
política y presupuestaria de la Unión Europea y de su antecesora Comunidad
Económica Europea. La evolución de la PAC reúne una serie de ingredientes como
tema propicio para su pormenorizado análisis desde el prisma de la Economía
Política. Pese a su enorme peso e influencia en los esquemas presupuestarios
comunitarios, en los que acapara una tercera parte del total, parece que
también ha llegado su hora.
Ésa
sería la conclusión más benigna que podríamos extraer después de leer el
demoledor ataque que le propina el semanario The Economist en una columna
reciente[1], en la
que se afirma que "La Política Agraria Común (PAC) es un tumor en el
cuerpo político de la UE". En el artículo se destaca el decepcionante
resultado de las negociaciones para el período 2023-2027, en el que los
agricultores podrían percibir subvenciones por importe de €270.000 millones.
Asimismo
se señala que "Más que derecha o izquierda, el campo de batalla político
en gran parte de Europa es una lucha entre los centros urbanos y la periferia
rural… Para la mayor parte de la UE, adelgazar las subvenciones sería un asalto
sobre un ámbito rural políticamente potente. Es una lucha que pocos querrán
tener". Afortunadamente, según The Economist, algunos sí están dispuestos:
"Greta Thunberg, una joven sueca activista climática [¿una joven sueca…
pero hay alguien que no la conozca?], ha reunido una red de ONGs que están
martilleando a la UE por no hacer lo suficiente por contener los efectos
medioambientales de la agricultura".
El
pasado lunes, los ministros alcanzaron un acuerdo para renovar la PAC por un
importe de €370.000 millones, "con la idea de promover unos métodos de
cultivo más verdes [hasta hace poco, esto podría haber sido un claro
pleonasmo], y de recompensar financieramente a los agricultores que apliquen
técnicas sostenibles para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero"[2].
No
obstante, los activistas verdes están requiriendo al Parlamento Europeo que no
apruebe el acuerdo por no ser suficientemente ambicioso de cara al objetivo de
reducir las emisiones: "Ahora corresponde al Parlamento Europeo rechazar
la PAC", ha decretado la mencionada Greta Thunberg.
