Los estudios de Medicina: oferta vs demanda

 

Oferta vs demanda. Vaya ley. Aunque no se materialice en una formulación tan exacta y elegante como una expresión newtoniana, su dictado es inapelable y se impone en los más variados territorios. El de la educación universitaria no es una excepción. Las consecuencias de restringir o no la oferta de plazas para cursar estudios universitarios de las distintas especialidades son notorias. Tanto para el mercado laboral como para los estándares de la enseñanza. Si los inputs son distintos y también las condiciones del proceso formativo, no es de extrañar que los resultados cognitivos, a la larga, también lo sean.

Siempre me han llamado la atención las diferentes circunstancias que imperan en la realidad entre algunas selectas titulaciones con acceso restringido y sujeto a elevadas exigencias académicas, y otras sin limitaciones efectivas de cupos y con niveles de exigencias académicas mucho más moderados. Pese a ello, puede darse una situación en la que las titulaciones con una oferta de estudios más limitada sean las más demandadas en el mercado laboral, incluso con acusados déficits de profesionales. En España, los estudios de Medicina representan un caso paradigmático con una sujeción tradicional a una estricta fórmula de numerus clausus, que ha venido provocando no pocos dramas y frustraciones personales, y ha impedido que muchas personas no pudieran desarrollar su vocación profesional. Adicionalmente a las dificultades de acceso a los estudios universitarios, y a las exigencias de éstos, el arduo y riguroso proceso de especialización ulterior no viene sino a reforzar la capacitación para el ejercicio de la profesión. Una reflexión casi ineludible es la siguiente: si la solidez formativa ha quedado demostrada con este modelo, ¿no podría aplicarse uno similar a otras titulaciones académicas con gran impacto en la sociedad?

Las consecuencias negativas de la limitación de las plazas para el estudio de Medicina se manifiestan con especial intensidad en el Reino Unido, donde existe un déficit de más de 12.000 médicos en el National Health System. Para 2022, el número de solicitudes ascendió a cerca de 30.000, frente a un cupo global de 7.500.

Bien es cierto que la calidad del sistema educativo no puede garantizarse expandiendo simplemente el número de plazas, pero es no impide constatar la “extraña paradoja” que señala una estudiante británica inmersa en el itinerario escolar para poder acceder a una Escuela de Medicina: “por un lado el NHS afronta una crisis de personal y, por otro, los estudiantes del Reino Unido luchan desesperadamente por las escasas plazas de formación”[1]. Una estudiante en la que no hizo mella la advertencia de algunos antiguos alumnos de Medicina que proclamaban que era más difícil lograr el acceso a la Facultad que el estudio en sí mismo.

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[1] Vid. M. Rana, “The health paradox: a dearth of doctors and a surplus of applicants”, Financial Times, 28-10-2022.

La descentralización del sector público: España en la liga de los países federales

 

Desde un punto de vista jurídico, España no es un Estado federal, pero eso no impide que el “Estado de las Autonomías” la sitúe entre los países con un mayor grado de descentralización del sector público. El gráfico adjunto, procedente de un informe de la OCDE, resulta bastante ilustrativo al respecto. En él se aprecia cómo, con una participación de los gobiernos subcentrales en el gasto público del 50%, España supera ligeramente a dos Estados genuinamente federales como Alemania y Estados Unidos. En la cota máxima de la descentralización del sector público se sitúa -formalmente- China, con una cifra en torno al 90%. Asimismo, España se encuentra entre las primeras posiciones respecto al peso del gasto público territorial como porcentaje del PIB, por encima del 20%.

La variable anatomía de un instante

 

Era sólo un adolescente cuando alguien me regaló un libro con una dedicatoria en la que se recogían unos versos del poeta Evgueni Evtuchenko. Venían a decir, más o menos, que todos tenemos un instante en que nos invade una tristeza pegajosa, y la vida, mostrándose al desnudo, se nos antoja como algo sin sentido. Fue una dedicatoria premonitoria de una sensación que, tal vez con demasiada frecuencia, se repetiría en el curso de los años. Desde luego, no fue una experiencia instantánea ni pasajera, seguramente favorecida por el frenético viaje empezado, una mañana de un 23 de octubre, hace ya cuarenta y nueve años. En este largo caminar no han faltado, afortunadamente, grandes alicientes que, en feliz contraposición, han dado ánimos al corazón y alas al espíritu. Sin duda, los más significativos han sido detalles inmateriales, a veces aparentemente insignificantes, pero que, a la postre, son los más valiosos e imprescindibles. Ahora, en este otoño rezagado y titubeante, de manera inesperada, la plumaria nos regala un instante de gozo infinito.

Martín Urbano: el baloncesto desde su esencia

 

Se conmemora esta temporada deportiva el 30º aniversario de la fusión de los dos clubes malagueños del baloncesto profesional, el Caja de Ronda (ya entonces Unicaja Ronda) y el Mayoral Maristas. Fue aquella una decisión trascendental que cambió el rumbo del deporte malacitano y el destino profesional de numerosas personas. No fue un proceso fácil ni exento de trabas y escollos. Pero dejemos descansar en la intrahistoria aquel ya lejano, pero no olvidado, período. Recordar simplemente la agónica batalla del primero de dichos equipos para salvar la categoría en la temporada 1991-1992 sigue produciendo escalofríos. La historia real del deporte no suele caracterizarse por la prevalencia de la justicia en los resultados obtenidos. Ni para los clubes, ni para las aficiones, ni para los protagonistas deportivos.

De manera dolorosa, una de las figuras más significativas y respetadas del baloncesto malagueño viene a unirse a la larga lista de personajes que, en distintos momentos, fueron dejándonos huérfanos: Raimundo Trespalacios, Paco Rengel, Alfonso Queipo de Llano, Javier Imbroda… Con ellos mantuve estrechas relaciones afectivas, y los sigo echando de menos. También con José María Martín Urbano, de quien siempre lamenté que no hubiese podido alcanzar la gloria deportiva que sus extensos conocimientos técnicos, su pasión baloncestística y su compromiso profesional merecían. Así lo esperaba cuando a principios de 1991 me incorporé a la junta directiva del Caja de Ronda, pero, pese a su entrega y su buen hacer, no nos sonrió la fortuna…

Eso no impidió que siguiera viéndolo como un grandísimo técnico ni que valorara especialmente sus cualidades como instructor de jóvenes, en habilidades y en actitudes. En una comunidad de amantes del baloncesto era Martín Urbano idolatrado por sus conocimientos y su sapiencia. Ahí sí encontró la justicia que le fue esquiva en otros apartados. Son, desde luego, muchas las circunstancias y los factores que influyen en la actuación de un equipo.

Aunque ahora la gran familia baloncestística malagueña se vea privada de sus enseñanzas, el maestro podrá reunirse con sus más afectos colegas, Alfonso y Paco, para seguir ideando nuevos sistemas e inventando proyectos que un día alcanzarán el firmamento deportivo.

Caballos de Troya en el IRPF

La progresividad es una característica que juega un papel crucial en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Es un rasgo imprescindible si se quiere lograr, mediante la aplicación de este tributo, una disminución de las diferencias de renta (netas de impuesto) entre los contribuyentes. Se entiende que un IRPF es progresivo si, al aumentar la renta, aumenta el tipo medio de gravamen (relación entre el importe de la cuota y la renta correspondiente). Así, por ejemplo, si a una renta de 20.000 euros le corresponde un tipo medio del 20%, para que haya progresividad, a una renta de 30.000 euros le tiene que corresponder un tipo superior al 20%.

La progresividad puede instrumentarse de varias formas. La más extendida, mediante una tarifa por tramos a los que se aplican tipos que van creciendo. Por ejemplo: de 1 a 5.000 euros, 0%; de 5.001 a 12.000, 19%; de 12.001 a 20.000, 24%; de 20.001 a 35.000, 30%; de 35.001 a 60.000, 37%; de 60.001 a 300.000, 45%; de 300.001 en adelante, 48%. Un tanto sorprendentemente, también puede conseguirse progresividad utilizando un tipo único o fijo (por ejemplo, del 25%), si se acompaña de un mínimo exento.

Reconocido el papel instrumental de la progresividad, más desapercibida suele pasar otra faceta más oscura en la que, ejerciendo como una especie de caballo de Troya, introduce importantes disfunciones en el funcionamiento del impuesto. Es la responsable del conflicto de objetivos (entre neutralidad y equidad) que surge en el tratamiento del matrimonio, de la discriminación a las rentas fluctuantes, y, de manera más significativa, de las distorsiones que origina, cuando, desprevenidamente, se alía con la inflación.

Tomando como referencia la tarifa anterior, consideremos el caso de una persona que en el año 2021 obtuvo una renta de 50.000 euros. Le saldría a pagar una cuota de 13.300 euros, con un tipo medio del 26,6%. Le quedaría una renta disponible, neta del IRPF, de 36.700 euros. Supongamos que, en el año 2022, con una tasa de inflación anual del 10%, esta persona obtiene una renta de 55.000 euros, lo que le permite mantener la misma renta (antes de impuesto) en términos reales. Dado que esta persona no ha aumentado su capacidad económica real, ¿cabría esperar que, después del impuesto, se mantuviera también en la misma posición en términos reales?

Veamos qué sucede en la práctica. Ahora afronta una cuota de 15.150 euros, lo que le deja una renta disponible de 39.850 euros, que, a precios del año 2021, equivale a 36.227. Vemos que este contribuyente se ve perjudicado, ya que, estando en la misma situación inicial en términos reales en los dos años, acaba en el segundo con una menor renta real. Y esto ocurre a pesar de que se queda dentro del mismo escalón de renta. La situación sería peor si se viera desplazado a un tramo sujeto a un tipo de gravamen más elevado.

La explicación estriba en que nuestro hipotético contribuyente se ha visto afectado por el fenómeno de la progresividad en frío o rémora fiscal inflacionaria, o, lo que es lo mismo, el resultado de la interacción de una tarifa progresiva con la inflación. Siempre que las rentas nominales se ajustan al alza para contrarrestar la pérdida de poder adquisitivo que causa la inflación se produce un perjuicio, toda vez que una mayor parte de la renta obtenida se ve sometida, sin que haya habido una mayor capacidad económica, a los tipos más altos que correspondan en la escala de gravamen.

Cabe formular varios interrogantes: ¿puede considerarse legítimo un incremento de la carga tributaria que no esté previsto por una ley, y aprobado expresamente por el Parlamento?, ¿respeta los cánones de la justicia tributaria y el principio de capacidad económica?, ¿debería ajustarse el IRPF?, ¿cómo habría que proceder en tal caso?

Contestamos aquí a la última pregunta. Una posibilidad sería ajustar los tramos de la escala de gravamen en función del aumento del índice de precios, preservando los mismos tipos de gravamen. En el ejemplo considerado, la tarifa ajustada sería la siguiente: de 1 a 5.500 euros, 0%; de 5.501 a 13.200, 19%; de 13.201 a 22.000, 24%; de 22.001 a 38.500, 30%; de 38.501 a 66.000, 37%; de 66.001 a 330.000, 45%; de 330.001 en adelante, 48%. Con esta tarifa, una renta de 55.000 euros daría lugar a una cuota de 14.630 euros, y a una renta disponible de 40.370 euros, que, a precios del año 2021, equivale a 36.700, la misma que tenía en el año 2021.

Las otras preguntas se dejan a consideración del (hipotético) lector.

(Artículo publicado en el diario “Sur”)

Blog “Tiempo vivo” 900: ¿sueño o realidad?

 

Desde arriba y a lo lejos, la ciudad se redescubre a sí misma, transmuta su apariencia, altera las distancias, deforma la percepción del tiempo. Así nos convertimos en espectadores de nosotros mismos, en observadores de nuestras vivencias. Pero, sumidos en el desconcierto, asentados en esa realidad desconocida, no alcanzamos a reconocernos. Quizás todo ha sido un espejismo o una mera ensoñación. Cómo pudo recorrerse esa distancia que ahora se antoja insalvable. Es quizás la hora de la retirada, a la espera de un otoño que se resiste a llegar. El pasado, el presente y el futuro se confunden por un instante, sin poder percibir dónde estamos nosotros. El tiempo parece haberse detenido, y no sabemos en qué lugar estaremos cuando reanude su marcha. Al abrir los ojos, buscamos a los otros pasajeros de nuestro tiempo, pero muchos ya no están.

Vuelvo a ras del suelo. La ciudad antigua ha desaparecido, y ahora me encuentro perdido en un dédalo de calles, sin saber por dónde se va al mar, y ni siquiera si existe. Una alarma de tonos inquietantes suena en mi bolsillo. Un extraño mensaje aparece en la pantalla del teléfono: “El tiempo, que estaba vivo, ha llegado a la cota 900, pero pronto dejará de estarlo”.

De pronto, un agente de policía me conmina a cambiar mi ubicación en una angosta plaza, donde empiezan a llegar, sigilosamente, grupos de personas ataviadas con prendas de apariencia cofrade. Una banda de cornetas y tambores anuncia el inicio de alguna procesión otoñal. El policía me insiste, y yo echo a correr por una callejuela estrecha y sombría, tal vez en la ruta hacia el mar. Pronto me doy cuenta de que no lograré. Una muchedumbre que camina hacia la plaza me bloquea el paso. Todos van provistos de máscaras aberrantes. Uno de ellos alza la mano y ordena que me detenga.

Rebajas fiscales vs inversión pública

 

Afirmaba Tocqueville que “casi no hay asunto público que no tenga su origen en un impuesto o que no venga a parar en él”. Y, como tenemos ocasión de comprobar de manera continuada, dentro y fuera de España, no puede decirse que esa máxima dictada, a mediados del siglo XIX, por el autor de “La democracia en América” haya decaído, sino todo lo contrario. Los impuestos implican un trasvase obligado de recursos, formalmente desde los sujetos pasivos en términos jurídicos -en la práctica, con importantes repercusiones para otros “sujetos pasivos económicos”- a las arcas públicas.

Aun sin cuestionar el cumplimiento de las obligaciones ex lege, los destinatarios de las cargas impositivas pueden mostrarse reacios a su aplicación. El posicionamiento de la población va a depender de la percepción personal de cada individuo respecto a su relación contribución-beneficio, así como de la valoración, en términos de eficacia y de eficiencia, del uso de los ingresos recaudados destinados a los programas de gasto público. Para el Estado, los impuestos permiten sustentar sus intervenciones económicas y ampliar su capacidad de influencia. Los partidos políticos, en función de su ideología, se mostrarán más o menos inclinados al establecimiento de impuestos y a la graduación de los tipos de gravamen.

¿Es oportuno llevar a cabo una reducción de las cargas fiscales, o, por el contrario, mantenerlas y potenciar programas de gasto, a través de servicios, inversiones o prestaciones sociales? ¿Es necesario elevar la carga tributaria a fin de mejorar los servicios o las prestaciones sociales, o de ampliar las infraestructuras públicas disponibles? ¿Podrían, alternativamente, afrontarse tales actuaciones de gasto público sin elevar la presión fiscal, a partir de una revisión de los gastos y la aplicación estricta del criterio de eficiencia?

Estas y otras cuestiones similares están en el centro del debate político y social. Tales cuestiones suelen abordarse de forma aislada y desconectada del marco que abarca el conjunto de los ingresos y los gastos públicos. A fin de responder, mediante una aproximación sistemática, a la pregunta de si es suficiente el nivel actual de gasto público, habría que seguir la siguiente secuencia: i) ¿cuáles con las necesidades existentes?; ii) ¿cuáles son los objetivos en términos de asignación de bienes y servicios, y de distribución de la renta, contando con un nivel adecuado de eficiencia del gasto?; iii) ¿qué recursos hay disponibles, a partir de un esfuerzo tributario asumible, en un marco de estabilidad presupuestaria y financiera?

Una de las controversias más habituales se centra en la disyuntiva entre aplicar una rebaja impositiva, y mantener la normativa fiscal dedicando los recursos asociados a la no rebaja a un programa de inversiones públicas. Dejando al margen las posiciones ideológicas sobre el papel del sector público en la economía, habría que proceder a una evaluación “técnica” de las dos opciones.

Respecto a la primera, la de rebaja impositiva, habría que estimar los posibles efectos económicos: a) reacción de los agentes económicos a una menor carga fiscal, que va a depender de la elasticidad de la renta de los factores respecto a su retribución neta; b) destino económico (ahorro, consumo o inversión) de los recursos allegados al sector privado; c) repercusiones tributarias de los efectos de segunda y sucesivas rondas; d) costes ligados a la no realización de proyectos de inversión que fuesen necesarios.

Por lo que concierne a la segunda, la de realización de inversiones, habría que tener en cuenta los siguientes aspectos: a) efectos diferenciales sobre el PIB por la mayor carga tributaria en comparación con la opción anterior; b) efectos directos e inducidos de las inversiones realizadas; c) valoración de la financiación mediante impuestos o mediante deuda, teniendo presente el disfrute de los beneficios futuros; d) consideración de los costes de mantenimiento y, en su caso, de los tributos o cargas asimilables recurrentes.

En definitiva, con carácter previo a la adopción de las posibles medidas, sería preciso estimar y comparar las consecuencias de los cursos de acción alternativos. No parece oportuno efectuar pronunciamientos apriorísticos sin conocer diversos aspectos relevantes, tales como el nivel de la fiscalidad, la carga real soportada por los contribuyentes efectivos, las necesidades de gasto público o la eficiencia de este. Lo que sí resulta razonable es que, en el marco de un sector público multijurisdiccional, todos los ciudadanos, a igualdad de esfuerzo fiscal en los distintos territorios, disfruten de un nivel mínimo de servicios públicos y que, por encima de este, los gobiernos territoriales dispongan de alguna capacidad para ofertar distintas combinaciones de cargas fiscales y servicios públicos, bajo los principios de eficiencia, transparencia, autonomía, responsabilidad y rendición de cuentas.

(Artículo publicado en “EdufiBlog”)

El papel económico de los museos

 Pensándolo bien, los museos son una prodigiosa máquina del tiempo (y del espacio) que, sin desplazarnos en el eje temporal (si es que realmente existe), concentra en un mismo espacio y en un mismo momento obras de arte, piezas u objetos de diversa naturaleza datados en fechas distintas. Los museos, como otros muchos elementos del ámbito de la cultura, se prestan a la aplicación del análisis de formas sugerentes[1].

Son ya muchos los estudios dedicados a este campo temático de la Economía de la Cultura, entre los que encontramos algunos dedicados específicamente al análisis de los museos. En uno de ellos se señala que “los museos pueden ser vistos como unidades productivas –“empresas”- que, con vistas a alcanzar ciertos objetivos, se implican en la transformación, vía una tecnología de producción, de insumos en una combinación de productos que son valorados por otros”[2].

Sin adentrarnos en este tipo de análisis, una reflexión básica nos llevaría a postular que, aparte de la función esencial de conservación inherente a un museo, este tiene una misión económica fundamental: transformar bienes potencialmente individuales y exclusivos en bienes colectivos que, aunque sujetos a exclusión, pueden ser disfrutados por muchas personas, de la misma o de distintas generaciones.

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[1] Atrás quedó el proyecto orientado a la interrelación Cultura-Economía que trató de ponerse en marcha desde el Instituto Econospérides (Microsoft Word - DT 2 Indice (econosperides.es)¸extoikos18).

[2] Vid. Peter Johnson y Barry Thomas, “The Economics of Museums: A Research Perspective”, Journal of Cultural Economics 22: 75–85, 1998.

 

Bienes comunales vs anticomunales

 

Los denominados bienes comunales (commons), pese a su importancia, suelen tener un papel bastante limitado en el análisis económico básico de las categorías de bienes. Suelen definirse los bienes comunales como aquellos caracterizados por la rivalidad en el consumo, pero no sujetos a exclusión, toda vez que nadie dispone de derechos exclusivos sobre los mismos.

Pero aún menos comunes son los bienes anticomunales (anticommons), aunque existen interesantes desarrollos teóricos basados en este concepto. Se entiende por tales bienes aquellos en los que nadie tiene un privilegio para su uso, pero todo el mundo (o un grupo de personas) tiene el derecho de practicar la exclusión.

Según relata Michael A. Heller[1], a partir de su experiencia docente, los estudiantes son incapaces de encontrar ejemplos del mundo real. No es, desde luego, una tarea fácil, y, sin duda, merece la pena intentar la búsqueda.

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[1] “The tragedy of the anticommons: property in the transition from Marx to markets”, Harvard Law Review, 1998, 111:3.

La eficacia de la buena educación y de la buena propaganda

 

Rastrear los periódicos editados en la Málaga del siglo XIX es una experiencia impagable, al alcance de cualquiera, gracias a la digitalización de documentos llevada a cabo por el Museo Unicaja de Artes y Costumbres Populares, donde se conserva la impresionante colección del Archivo Díaz Escovar. Es fácil perder la noción del tiempo deleitándose con los contenidos de dicha prensa, escuetos en la mayoría de los casos, pero siempre jugosos y llenos de interés.

En la edición del día 5 de enero de 1849 de “El Avisador Malagueño” (“periódico de literatura, industria, comercio, é intereses materiales”) encontramos, en portada, un mosaico de sutiles anuncios que aprovechaban hábilmente las exiguas dimensiones de las inserciones. En uno de ellos, Don Francisco Martínez, “profesor de Aritmética mercantil con nociones de Algebra y Comercio”, anunciaba que, ese mismo mes, pasaba a incorporar clases de “Ilustración primaria, Dibujo e Idiomas frances é ingles”.

En el segundo párrafo aseveraba que los “señores padres de familia que se dignen confiarle la educación de sus hijos, verán en su día complacidos sus deseos, como lo están los de aquellos que ha enseñado en el corto tiempo de dos meses”.

La academia del profesor Martínez estaba ubicada en la calle San Juan de Dios, en pleno corazón de la ciudad, a la que, en tan solo unos días, se esperaba la llegada del “hermoso paquete de vapor frances ELBA, de fuerza de 200 caballos”, con salida inmediata prevista para Gibraltar y Cádiz.

En otro recuadro se anunciaban un curso de Matemáticas puras y mixtas, y clases de repaso de Filosofía, además de lecciones de “Partida doble” y Francés.

 

El BCE y el origen de la inflación actual

La inflación se ha asentado en los países de la Unión Económica y Monetaria a unas tasas cercanas al 10% anual, una cota que no se recordaba desde hace décadas. Desde los inicios de la pasada crisis financiera internacional, el Banco Central Europeo (BCE) ha estado regando la economía de abundante liquidez. La pregunta es casi inevitable y, de hecho, se repite con frecuencia: ¿ha sido el BCE responsable del notorio repunte inflacionario que estamos sufriendo?

El BCE niega categóricamente la acusación, y destaca la gran influencia de los componentes energético y alimentario en la subida del índice de precios. Al primero se le atribuye “casi la mitad de la inflación general”[1]. Por lo que respecta a España, el Banco de España señala que más del 80% del incremento de los precios es imputable a ambos componentes, aunque no deja de advertir el significativo nivel en el que se mantiene la inflación subyacente, por encima del 4% anual[2].

No obstante, algunos economistas inciden en el papel jugado por el BCE en la expansión de la oferta monetaria y el incremento de la deuda pública. Tal es el caso de Hans-Werner Sinn, quien apunta, además, que, debido al diferente curso de la política monetaria frente a la Fed, se ha producido un debilitamiento del euro frente al dólar que es también una fuente de inflación[3]. Martin Wolf argumenta de manera contundente cómo la fortaleza del dólar tiene una gran importancia[4].

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[1] Vid. BCE, Boletín Económico, nº 6/2022, pág. 24.

[2] Vid. P. Hernández de Cos, “Las perspectivas de la economía española en un contexto de elevada inflación y de guerra en Europa”, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Málaga, 10-10-2022.

[3] Vid. “El BCE ha venido impulsando la inflación en la UE”, Expansión, 5-10-2022.

[4] Vid.: “Why the strength of the dollar matters”, Financial Times, 27-9-2022.

La terrible confesión de los vencidos

 

A tenor de los acontecimientos que surgen sin tregua desde todos los puntos cardinales, la tendencia a visitar las páginas de las Sagradas Escrituras, rememorando las efectuadas en la lejana época de la infancia, ahora a la búsqueda de un breve lapso de sosiego, se ve reforzada con el paso de los días. Curiosamente, algún lector (tal vez el único) anónimo de este blog me ha hecho llegar un ejemplar de una estupenda, cuidada e ilustrativa edición (“traducción totalmente revisada con amplias notas e introducciones”) del imbatible best seller (La Casa de la Biblia, PPC, 2011).

Lamento no poder expresarle personalmente mi agradecimiento, aunque espero que pueda llegarle a través de este recóndito rincón. De haber podido contactar con él, habría aprovechado para preguntarle por qué estaba señalada la primera página del libro de los Jueces. En ella se describe cómo Judá derrota a los cananeos y a los pereceos, tras una batalla: “Adonibézec huyó, pero ellos los persiguieron, lo prendieron y le cortaron los pulgares de manos y pies. Adonibécez comentó: Setenta reyes, con los pulgares de pies y manos cortados, recogían las migajas bajo mi mesa. Dios me paga con la misma moneda”.

No acaban ahí las sorpresas. Encontramos una cuando vemos el lugar de impresión del libro. Al hacerlo comprobamos cómo los intereses económicos son capaces de trasvasar -bidireccionalmente- las posiciones religiosas e ideológicas: “Impreso en China/Printed in China”.

El error Truss-Kwarteng: curiosidades y paradojas

 

El varapalo recibido por los artífices del pretendido mini Budget planteado por el gobierno de Liz Truss en el Reino Unido alcanza proporciones espectaculares. El castigo de los mercados, esos entes abstractos, de los que unas veces se dice que no deben condicionar las actuaciones económicas gubernamentales, y otras que han de ser una referencia primordial, ha sido implacable. La fe profesada por la Primera Ministra británica y su Exchequer, Kwasi Kwarteng, en los postulados de la Economía de la oferta se ha topado con una dura e inexpugnable realidad antes de echar a andar en sus responsabilidades de gobierno. La suma y la magnitud de las descalificaciones manifestadas desde las más variadas instancias no encuentran fácilmente parangón en el panorama internacional.

En particular, la medida más cuestionada ha sido la pretensión de suprimir el tipo de gravamen máximo vigente en el IRPF, situado actualmente en el 45%, lo que habría llevado a afrontar un tipo menor, del 40%, realmente exiguo si lo comparamos con los tipos cercanos al 100% que en algún momento prevalecieron en el exEstado miembro de la Unión Europea.

A algún observador de los acontecimientos recientes podría llamarle la atención cómo los mercados se han posicionado al unísono para reventar un plan basado en significativas reducciones fiscales, a partir de un convencimiento del fracaso esperado de esa estrategia para propiciar, en la coyuntura actual, un proceso de crecimiento. También, el hecho de que algunas de las críticas más contundentes provengan de representantes de posiciones tenidas por liberales al uso europeo, supuestamente afines a la minoración de las cargas tributarias.

En este contexto, resulta también significativo que la oposición de las medidas propuestas radica en gran parte en el temor al incremento de la deuda pública. Tanto es así que tales medidas se han caracterizado como “debt-funded tax cuts”. Sin embargo, ese temor parece no existir ante otros planteamientos que se fundamentan justamente en el recurso a la deuda sin límite, defendido incluso por algunos de los que ahora cuestionan la pretensión trussiana.

Se dan, en definitiva, una serie de circunstancias que convierten el frustrado mini Budget en un tema de máximo interés para el análisis utilizando el enfoque de la Economía Política.

Educación financiera: viejos y nuevos retos

 

Desde el año 2015, el primer lunes del mes de octubre viene celebrándose el Día de la Educación Financiera. Dicha celebración ofrece una buena oportunidad para reflexionar periódicamente sobre el estado de la cuestión en este ámbito, pero la necesidad del contacto con la educación financiera va más allá de la duración de una jornada y de todo un curso académico. Los aspectos financieros inciden en la vida de los ciudadanos, no ya cada uno de los días del año, sino que los acompañan a lo largo de toda la vida. El bienestar presente y el futuro se ven condicionados por las decisiones que hoy se adopten.

Las iniciativas públicas y privadas en pro de la cultura financiera surgieron hace ya tiempo, y se intensificaron a raíz de la gran crisis financiera internacional iniciada en 2007-2008. La constatación de un insuficiente nivel de conocimientos financieros de la población en todo el mundo fue un importante factor que sirvió de detonante. Años después, tras una profusión de programas formativos de todo tipo, no deja de ser un tanto frustrante comprobar que dichos conocimientos, según destacan organismos internacionales como la OCDE, no hayan mejorado apreciablemente.

Analizar las razones de ello se convierte en una tarea prioritaria antes de seguir con el despliegue de programas. Una serie de interrogantes son especialmente relevantes: ¿qué contenidos deben impartirse?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿por quién?, ¿hay un aprovechamiento efectivo, determinado mediante una evaluación objetiva, de las acciones formativas? Asimismo, sin una adecuada valoración de tales programas se corre el riesgo de caer en un mero nominalismo, sin lograr avances reales en las competencias financieras.

La tarea -es preciso reconocerlo- no es nada fácil. Basta con repasar el extenso elenco de requerimientos recogidos en el marco de competencias financieras para adultos de la Unión Europea, que ascienden nada menos que a 564, para tomar conciencia del alcance establecido para las acciones formativas.

Al margen de lo señalado, hay un factor que viene a añadir dificultad para la consecución de los objetivos pedagógicos. Si el campo de la cultura financiera es, per se, heterogéneo y de orientación transversal, está también sujeto a un proceso de continua expansión, lo que da lugar a que nos enfrentemos, pedagógicamente hablando, a un verdadero “blanco móvil”. La lista de nuevos temas no deja de ampliarse. Así, en los últimos años han hecho acto de aparición paradigmas, tendencias, canales e instrumentos que no pueden pasar desapercibidos en el diseño de un programa de educación financiera: digitalización, inteligencia artificial, big data, ciberriesgos, criptomonedas, monedas digitales de los bancos centrales, metaverso, tokens, criterios ASG, nuevos vehículos para inversiones, operaciones de recompra de acciones, etc.

Ante el panorama planteado, en que se confirma el papel de las competencias financieras como elementos básicos para la vida en el siglo XXI, subsiste el reto de conseguir que cualquier ciudadano esté en condiciones de manejar los aspectos esenciales para la toma decisiones financieras, al que se añade el de procurar que, dentro de ese marco estructural o de referencia, pueden tener cabida los cambios que van produciéndose.

A fin de potenciar su eficacia, el desarrollo de las actuaciones en materia de educación financiera debería sustentarse en un enfoque basado en tres pilares: impartición en la etapa escolar, realización de acciones formativas recurrentes de mantenimiento, y participación en otras iniciativas ad hoc con ocasión de decisiones financieras trascendentales a lo largo del ciclo vital.

Y ello sin que debamos perder de vista una cuestión clave: antes de abordar las implicaciones financieras, resulta crucial conocer y valorar las consecuencias de las decisiones económicas subyacentes: alquiler o compra de la vivienda habitual, arrendamiento o adquisición de un bien de equipo o de un bien de consumo duradero, ahorro o consumo… Lo estrictamente económico precede a lo financiero. En cualquier caso, el ámbito de la educación financiera, a tenor de su carácter fronterizo, se muestra dispuesto a acoger perspectivas correspondientes a distintos campos del conocimiento.

(Artículo publicado en el diario “Sur”)

 

Una visión más allá del PIB: la Riqueza en Activos Naturales

 

Desde que algunos indicadores comenzaran a amenazar con dar jaque al PIB[1], lo cierto es que su hegemonía apenas se ha resentido en la práctica. Conforme pasan los años, son cada vez los nuevos indicadores económicos alternativos que salen a escena sin que, hasta ahora, hayan logrado demasiado éxito en el empeño de ofrecer una imagen más ajustada de las consecuencias de la actividad económica registrada en las cuentas nacionales.

Recientemente, con ocasión de la celebración del Día de la Tierra (22 de abril), el Presidente Biden firmó una orden ejecutiva para encargar a la Office of Science and Technology Policy el desarrollo de una guía para un mejor cómputo de la naturaleza y sus beneficios en la toma de decisiones del gobierno federal, de manera que lleve a las primeras cuentas de capital natural para Estados Unidos[2].

Tales cuentas del capital natural medirán el valor económico que los recursos naturales proveen a la sociedad, e ilustrarán cómo una economía robusta depende de un medioambiente natural bien conservado”[3].

Como recuerda The Economist, los esfuerzos en esta línea no son del todo nuevos, y algunos anteriores no lograron salir adelante. Ahora existe la esperanza de que prospere la iniciativa y que, una vez que se disponga del nuevo indicador, pueda arrojarse luz sobre las elecciones entre crecimiento y sostenibilidad, ayudando a que los políticos y los inversores se aparten de la adopción de decisiones perjudiciales[4]. ¿Llegaremos a poder contraponer pronto el PIB con el RAN?

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[1] Vid. “Jaque al PIB”, La Opinión de Málaga, 7 de octubre de 2009.

[2] The White House, “Executive Order on Strengthening the Nation’s Forests, Communities, and Local Economies”, 22 de abril de 2022.

[3] The White House, “A New National Strategy to Reflect Natural Assets on America’s Balance Sheet”, 21 de junio de 2022.

[4] The Economist, “Looking beyond GDP”, 17 de septiembre de 2022.