Cuando la degradación académica puede ser cuestión de grados

 

William D. Nordhaus fue galardonado con el Premio Nobel de Economía en 2018. La Real Academia Sueca de las Ciencias reconoció su labor de “integracion del cambio climático en el análisis macroeconómico a largo plazo… Su modelo integra teorías y resultados empíricos de la física, la química y la economía. El modelo de Nordhaus está ahora ampliamente extendido y es usado para simular cómo la economía y el clima co-evolucionan”.

En su conferencia de entrega del Premio (“Climate change: The Ultimate Challenge for Economics”, diciembre 2018) expone el modelo utilizado para simular la trayectoria de las temperaturas mundiales en distintos escenarios. Es cierto que, en uno de estos, la temperatura hacia 2100 podría ser superior a la actual en más de 4º C. Así, afirma (pág. 452) lo siguiente: “The base path (which is essentially the path the globe is following) continues to have rising temperature, passing 4°C by 2100”. Asimismo, indica que “In the DICE model, it is essentially infeasible to attain the stringent temperature target of 1.5°C, and the 2°C path requires negative emissions in the near term. Another finding, much more controversial, is that the cost-benefit optimum rises to over 3°C in 2100 – much higher than the international policy targets. Even with the much more pessimistic alternative damage function, the temperature path rises to 3°C in 2100”.

No obstante, Nicholas Stern y Joseph E. Stiglitz[1], basándose en el mismo texto de Nordhaus, consideran que este último atribuye el carácter de “óptimo” a tener políticas donde el escenario central conlleve un incremento de temperatura de 3,5ºC-4ºC. Y subrayan que “análisis como el de Nordhaus han hecho una serie de supuestos indefendibles que llevan a estas conclusiones falaces y peligrosas”.

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[1] “Climate change and growth”,  Industrial and Corporate Change, 2023.

Calentamientos globales vs hornos locales

 

Este verano, las temperaturas causan estragos y baten registros históricos. Las conjeturas sobre el cambio climático y sus consecuencias son algo ineludible. Habitualmente, los programas medioambientales ponen el foco en el objetivo de contener el incremento de la temperatura global media respecto a la época de la preindustrialización. En el gráfico adjunto se observa cómo aquélla ha aumentado desde 1850. Esta práctica es cuestionada por John Burn-Murdoch[1].

Sin perjuicio de constatar, una vez más, la curiosidad de los designios patronímicos, este articulista considera que “continuamos enfatizando estadísticas abstractas en lugar de cosas que la gente puede realmente ver y sentir. Entiendo el foco en el límite de 2 grados centígrados, pero éste a) suena como algo pequeño, b) se refiere a alguna fecha en el futuro, c) carece de conexión con la experiencia humana y d) hace un trabajo bastante malo de describir lo que está ocurriendo con las temperaturas”.

En su lugar, plantea hacer referencia al número de personas que fallecen por el calor extremo, así como a la proporción de días en los que actualmente (2019-2023) se supera la cota de los 30 grados, en localidades concretas, en comparación con los años 50 (1950-1954). En el caso de París, el número de días con dichas temperaturas se ha multiplicado por 8,1; en Londres, por 10,4; en Barcelona, por 3,7; en Madrid, por 1,5.

También plantea una interesante reflexión: “¿Se establecería la humanidad en un planeta nuevo donde estar fuera durante el día fuese potencialmente letal, llevando a emplear el tiempo corriendo entre edificios y vehículos en busca de protección del medioambiente? Seguramente no”.

La pregunta, un tanto absurda si la circunscribimos al origen de la humanidad en un planeta sin elección posible, podría trasladarse, retrospectivamente, a aquellos pueblos que decidieron instalarse en zonas sumamente inhóspitas bastante antes de que se desencadenara el cambio climático. Por su parte, las previsibles migraciones por motivos climáticos -con tintes apocalípticos, según algunos profetas económicos- ofrecerán una respuesta clara.

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[1] “What we get wrong when we talk about global warming”, Financial Times, 21 de julio de 2023.

 

Una visión más allá del PIB: la Riqueza en Activos Naturales

 

Desde que algunos indicadores comenzaran a amenazar con dar jaque al PIB[1], lo cierto es que su hegemonía apenas se ha resentido en la práctica. Conforme pasan los años, son cada vez los nuevos indicadores económicos alternativos que salen a escena sin que, hasta ahora, hayan logrado demasiado éxito en el empeño de ofrecer una imagen más ajustada de las consecuencias de la actividad económica registrada en las cuentas nacionales.

Recientemente, con ocasión de la celebración del Día de la Tierra (22 de abril), el Presidente Biden firmó una orden ejecutiva para encargar a la Office of Science and Technology Policy el desarrollo de una guía para un mejor cómputo de la naturaleza y sus beneficios en la toma de decisiones del gobierno federal, de manera que lleve a las primeras cuentas de capital natural para Estados Unidos[2].

Tales cuentas del capital natural medirán el valor económico que los recursos naturales proveen a la sociedad, e ilustrarán cómo una economía robusta depende de un medioambiente natural bien conservado”[3].

Como recuerda The Economist, los esfuerzos en esta línea no son del todo nuevos, y algunos anteriores no lograron salir adelante. Ahora existe la esperanza de que prospere la iniciativa y que, una vez que se disponga del nuevo indicador, pueda arrojarse luz sobre las elecciones entre crecimiento y sostenibilidad, ayudando a que los políticos y los inversores se aparten de la adopción de decisiones perjudiciales[4]. ¿Llegaremos a poder contraponer pronto el PIB con el RAN?

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[1] Vid. “Jaque al PIB”, La Opinión de Málaga, 7 de octubre de 2009.

[2] The White House, “Executive Order on Strengthening the Nation’s Forests, Communities, and Local Economies”, 22 de abril de 2022.

[3] The White House, “A New National Strategy to Reflect Natural Assets on America’s Balance Sheet”, 21 de junio de 2022.

[4] The Economist, “Looking beyond GDP”, 17 de septiembre de 2022.

Debt-for-climate swaps: alivio de deuda a cambio de acciones climáticas

 

Aun cuando no necesariamente exista una relación subyacente de causación, los datos disponibles a escala internacional muestran la existencia de una correlación positiva entre la vulnerabilidad al cambio climático y el riesgo de sufrir crisis fiscales. A la vista de estos vínculos, se ha propuesto la utilización de debt-for-climate swaps como un instrumento que puede ayudar a los países a abordar al mismo tiempo los problemas relacionados con el clima y los asociados a la deuda. La idea es utilizar ese instrumento para proporcionar alguna ayuda para afrontar la carga de la deuda a cambio de que el ahorro obtenido se dedique a proyectos beneficiosos para el medioambiente.

En su forma más común, a través de un swap tripartito, una ONG internacional presta los fondos captados de inversores (o donantes) ASG a un país deudor a tipos de interés por debajo del nivel del mercado, con la condición de que (i) el deudor utilice los fondos para recomprar deuda comercial con un descuento, y (ii) una parte del alivio resultante de la deuda (la diferencia entre el coste de la deuda comercial retirada y la nueva deuda contraída con la ONG) se utilice para financiar inversiones o acciones relacionadas con el clima.

Un ejemplo (tomado de Chamon, Marcos, Erik Klok, Vimal Thakoor, and Jeromin Zettelmeyer. 2022. “Debt-for-Climate Swaps: Analysis, Design, and Implementation.” IMF Working Paper 2022/162, International Monetary Fund, Washington, DC) se recoge en el esquema adjunto: (1) La ONG obtiene financiación de inversores ASG; (2) La financiación se trasvasa mediante un préstamo a un vehículo de propósito especial; (3) Este vehículo financia los proyectos seleccionados, y (4) proporciona un préstamo al gobierno, que (5, 6) el gobierno utiliza para recomprar deuda de acreedores comerciales. Finalmente, (7) el servicio de la deuda procedente del gobierno fluye al vehículo de propósito especial, (8) la ONG, y (9) los inversores que aportaron la financiación original.

La identidad de Kaya: opciones para la reducción de emisiones

 

Con vistas al análisis y el seguimiento de los factores determinantes del nivel de emisiones de CO₂, la identidad de Kaya ofrece un esquema bastante sencillo e ilustrativo. Parte de una equiparación muy elemental, casi de una tautología: la cifra total de emisiones es igual a la cifra media de emisiones por persona multiplicada por el número de personas. Lo único que se afirma realmente es que el número total de emisiones es igual… al número total de emisiones. Introduciendo variables que no alteran el resultado, al aparecer primero en el numerador y luego en el denominador de cada bloque, se puede desagregar el monto total en distintos componentes:

Total de emisiones de CO₂ = Población x (PIB/Población) x (Energía/PIB) x (CO₂/Energía).

Así, la cifra total de emisiones puede explicarse mediante el producto de varios factores relevantes: i) el número de personas en el mundo; ii) el PIB por habitante; iii) la intensidad en energía de la producción de bienes y servicios; y iv) la intensidad en carbono de la energía utilizada. En la página web “Our World in Data” se expone el desarrollo de esta expresión, y se ofrece un inventario de datos relativos a cada uno de los factores mencionados, para todos los países del mundo.

Según lo expuesto, la identidad de Kaya nos coloca ante un reducido, e inquietante, menú de opciones para disminuir la cifra de emisiones. En síntesis, son las siguientes: reducir la intensidad en carbono del PIB, bajar la renta media por persona, o disminuir el número de habitantes del planeta.

Ante esta complicada tesitura, ¿se puede ser tecno-optimista climático? Es lo que Martin Sandbu plantea en un reciente artículo del Financial Times, en el que aboga por esa clase de optimismo matizado, después de rechazar, como estrategias no adecuadas, la del “decrecimiento” o “empobrecimiento”, y la del control de la población.

No obstante, hay algunos aspectos de interés que merece la pena tener en cuenta: a) existe la posibilidad de utilización de tecnologías para retirar carbono de la atmósfera; b) el impacto en emisiones no es uniforme, sino que está concentrado en la población con mayor nivel de renta: la mitad más pobre de la humanidad produce solo el 10% de las emisiones globales; c) en lugar de “decrecimiento”, puede apostarse por la disminución de contenido en emisiones de los bienes y servicios producidos: como apunta Sandbu, la esencia del “crecimiento verde” es reducir la intensidad en carbono del PIB, la renta o la riqueza, no la reducción de estas magnitudes económicas.

La experiencia de una serie de países demuestra que es posible el “desacoplamiento” del crecimiento económico y el aumento de las emisiones de carbono. El incremento del PIB per cápita es compatible con el descenso de la cifra de emisiones per cápita. Además, se dispone de tecnologías que permiten que sea factible conciliar la descarbonización con el mantenimiento de los actuales estilos de vida. El proceso necesario no es, sin embargo, barato, ni está exonerado de costes de transición. Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), mantener el planeta en la senda de un incremento de la temperatura global de 1,5º respecto a la era preindustrial requeriría de una inversión anual de 4 billones (hispanos) de dólares, esto es, cerca de un 5% del PIB mundial actual. La aplicación de un impuesto sobre el carbono aparece como un elemento imprescindible para encauzar dicho proceso. Su recaudación debería servir para apoyar a aquellos colectivos más afectados por la transición energética.

Cuatro son las medidas básicas propugnadas por la citada Agencia: i) un impulso adicional sobre la electrificación limpia (aumento de las fuentes de energía solar, eólica, e incluso, en algunos casos, nuclear); ii) un foco permanente sobre la eficiencia energética; iii) una iniciativa general para reducir las emisiones de metano por el uso de combustibles fósiles; iv) un respaldo a la innovación en el campo de las energías limpias.

En el informe de la AIE se destaca que muchas de las actuaciones propuestas presentan una buena relación coste-eficacia, y que, respecto a las demás, su coste es insignificante en comparación con los inmensos riesgos de la inacción.

(Artículo publicado en el diario “Sur”)

El ábaco del cambio climático

 

La “identidad de Kaya” no es una construcción demasiado intrincada. Señala, simplemente, que el total de emisiones de CO₂ viene explicado por el producto de cuatro factores: i) el número de personas en el mundo; ii) el PIB por habitante; iii) la intensidad en energía de la producción de bienes y servicios; y iv) la intensidad en carbono de la energía utilizada.

En verdad, no hay que realizar un esfuerzo intelectual descomunal para llegar a esa descomposición. Como en otro tipo de identidades similares, lo que, en realidad, viene, en este caso, a decirse, es que la cifra total de emisiones es igual a… la cifra total de emisiones.

De planteamiento extremadamente simple como es, nos coloca, sin embargo, ante una tesitura delicada e inquietante, por cuanto nos enfrenta a tres opciones para disminuir la referida cifra de emisiones: rebajar la intensidad energética y contaminante del PIB, disminuir el nivel de renta medio por habitante, y frenar el ritmo de crecimiento de la población. En un próximo artículo remitido para su publicación en el diario “Sur” se aborda con más detalle ese complicado menú.

El papel de los derechos de contaminación

 se ha articulado la teoría que justifica la intervención del sector público en la economía. Uno de esos fallos más relevantes corresponde a aquellos casos en los que el precio pagado por un agente, en conexión con una actividad económica, no incluye el coste de las repercusiones que se originan para otras personas. Son los denominados efectos externos negativos y dan lugar a que la actividad óptima desde un punto de vista individual no coincida con la óptima desde un punto de vista social.

Hace un siglo, un eminente economista británico, Arthur Pigou, fundamentó la utilización de impuestos -fijados en una cuantía equivalente a la del perjuicio social causado- de manera que el efecto externo se estuviera teniendo en cuenta al adoptar las decisiones económicas de producción y consumo.

Años más tarde, otro economista británico, Ronald Coase, revolucionó el panorama teórico al poner de relieve que, en realidad, el problema de las externalidades viene originado por la inexistencia de derechos de propiedad sobre los recursos afectados, y que podrían alcanzarse soluciones de mercado, negociadas entre las partes, siempre que se pudieran atribuir tales derechos de propiedad. Así, si alguien pudiese impedir que una empresa realizara emisiones contaminantes sin contar con la debida autorización, se pondría fin a su uso indiscriminado. El Estado lo tiene bastante fácil.

La idea sirvió como inspiración para la creación de un mercado de derechos o permisos de contaminación. El Estado fija cada año el volumen de contaminación máximo permitido, como una especie de cupo, y emite los correspondientes derechos. Para poder efectuar emisiones contaminantes, las empresas han de estar en posesión de los permisos necesarios, que podrán comprar en el mercado primario o bien en el secundario, adquiriéndolos de otras empresas que los hubiesen obtenido anteriormente y que ahora no necesiten hacer uso de ellos, por menor producción o por haber adoptado unas tecnologías menos contaminantes.

Cuando, hace más de 30 años, explicaba el anterior esquema en clase, algunos alumnos se mostraban escépticos, al considerar que se trataba de una mera elucubración teórica. Sin embargo, desde hace tiempo rige en la Unión Europea (UE) un régimen de comercio de derechos de emisión. Aunque los economistas propugnan que un impuesto sobre el CO₂ es la fórmula idónea para combatir las emisiones de gases de efecto invernadero, consideran que los derechos de emisión constituyen una alternativa equivalente. Se trata, en definitiva, de conseguir, por una vía o por otra, que cuando tiene lugar una actividad económica se incorpore el coste del efecto contaminante. La clave radica en encontrar el precio adecuado para que la cuantía de las emisiones se ajuste al patrón buscado.

Indudablemente, no se puede perder de vista la incidencia de pasar de una situación en la que se computaba un coste nulo o reducido por la contaminación a otra en la que hay que hacer frente a cuantías significativas. Una vez que éstas se incorporan, es inevitable que haya distintas consecuencias para la producción, el consumo, los beneficios empresariales y los presupuestos familiares. Ahora bien, los recursos obtenidos por las arcas públicas pueden ser empleados para atenuar el impacto durante la fase de transición.

En los últimos meses, el precio de los derechos de emisión de carbono viene registrando una notoria escalada en la UE. A primeros de diciembre de 2021, había alcanzado la mayor alza diaria en términos absolutos, llegando a superar los 90 euros por tonelada de emisión. Ante la progresiva reducción del número de permisos disponibles, cabe esperar que su precio se eleve a lo largo de los próximos años, en los que se espera alcance los 200 euros. Este incremento vendría a reforzar la viabilidad de los proyectos de inversión en tecnologías emergentes basadas en energías renovables. No obstante, el ascenso reciente de los permisos de emisión se ha visto en gran parte impulsado por los precios del gas. Su aumento ha llevado a que los productores de energía hayan pasado a utilizar fuentes de energía más baratas, pero más contaminantes, como el carbón, aumentando así la demanda de permisos. Los conflictos de objetivos se manifiestan también, sobre todo a corto plazo, en el campo de la política energética.

(Artículo publicado en el diario “Sur”)

Contabilidad Nacional Verde

 

El Producto Interior Bruto (PIB) sigue siendo, en la práctica, la magnitud macroeconómica hegemónica. El PIB mide el valor monetario de los bienes y servicios que se producen (dentro de un determinado territorio, en un intervalo de tiempo) menos el valor de aquellos bienes y servicios que se utilizan en su producción. Es lógico que así sea, para evitar una doble contabilización. Así, en el caso de un coche, lo relevante es el valor total final. No tendría sentido sumar por separado el precio final y el de cada uno de los elementos que lo integran. Lo que importa en última instancia es la suma del valor añadido por cada empresa a lo que adquiere de las demás.

Para poder cuantificar el PIB de un país, hace falta poder conocer las cantidades de bienes y servicios producidos y los precios correspondientes a cada uno de ellos. Eso explica que existan grandes dificultades para incluir en el PIB el valor de una serie de actividades que, por realizarse fuera del mecanismo del mercado (como el trabajo doméstico propio o los servicios públicos), no disponen de un precio explícito de referencia. Otra limitación del PIB obedece a que recoge el valor de las inversiones realizadas en cada ejercicio, pero no detrae la depreciación, el desgaste sufrido por los bienes de capital existentes. Así, un indicador mejor sería el del Producto Interior Neto (PIN), en el que se descuenta el montante de las referidas depreciaciones.

Los obstáculos para la correcta medición del PIB se agravan si tenemos en cuenta que la producción de bienes y servicios genera una serie de consecuencias negativas para el medioambiente que, al no estar sujetas a un precio, pasan desapercibidas. Y carece de lógica que la magnitud esencial por la que se evalúa el comportamiento económico de las naciones permanezca ajena a tales repercusiones.

Desde hace años, vienen planteándose alternativas para corregir la situación. Recientemente, William D. Nordhaus, Premio Nobel en 2018, por sus contribuciones a la Economía del medioambiente, viene abogando por la implantación de la Contabilidad Nacional Verde (“The Spirit of Green”, Princeton University Press, 2021). Parte de aclarar una confusión bastante extendida, ligada a la afirmación de que el Producto Interior Bruto es, en realidad, la “Contaminación Interior Bruta”. No es así. El problema surge porque no se computa la contaminación ni ningún otro efecto externo ocasionado por la actividad productiva.

El “Producto Verde” se concibe como una medida de la producción nacional en la que, además de incluir importantes actividades desarrolladas fuera del mercado, se corregirían los impactos sobre la economía derivados de efectos externos (externalidades) como la contaminación. ¿Cómo hacer esto en la práctica?, se pregunta Nordhaus. La respuesta está en la aplicación del enfoque propuesto en 1976 por Martin Weitzman: ampliar las cuentas económicas nacionales estándares -que cubren las transacciones de mercado- para incorporar las actividades o procesos no de mercado.

De esta manera, el Producto Verde sería igual al Producto normal más la cantidad de contaminación multiplicada por el precio de ésta. Dado que los efectos perjudiciales tienen un precio negativo, puesto que son “males” en vez de “bienes”, tendríamos una minoración de la producción nacional, en vez de una adición. Necesitamos, pues, información sobre la cantidad de contaminación y sobre el coste atribuible a cada unidad.

La utilización del enfoque anterior tendría consecuencias tanto para la cuantía absoluta de la producción como para su evolución a lo largo del tiempo. A igualdad de otros componentes, el cómputo de actividades con precio negativo llevaría a una disminución de la producción efectiva. La tasa de crecimiento de ésta dependerá del ritmo de variación de las actividades contaminantes respecto al de las otras actividades. Para el caso de Estados Unidos, las estimaciones disponibles apuntan en el sentido de que el Producto Verde sería inferior, al menos en un 10%, respecto al oficial. Sin embargo, para el último medio siglo, su tasa de crecimiento sería superior a la de la producción no corregida.

(Artículo publicado en el diario “Sur”)

El aumento de los costes de la electricidad: precios del gas vs precios de los derechos de contaminación

El precio de los derechos o permisos de contaminación se ha disparado en los últimos tiempos en el ámbito de la Unión Europea, llegando a los €90 por tonelada de CO₂ a primeros de diciembre de este año, desde los €50 del mes de julio anterior. Una razón fundamental ha sido la contracción de la oferta gasística, lo que ha representado un incentivo para que los productores de energía hayan optado por el carbón, como fuente de energía más barata pero más contaminante. De esta manera, se ha elevado la demanda de permisos de contaminación bajo el sistema de cap-and-trade (sistema de límite y comercialización) de la Unión Europea.

Se trata de una fórmula bastante interesante para tratar de poner frenos a las emisiones contaminantes que merece la pena analizar. De momento, lo que podemos apreciar es que, pese a esa escalada de los derechos de contaminación, han sido los precios del gas los que, con diferencia, han tenido un mayor impacto en el incremento de los costes de la electricidad[1].

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[1] Vid. M. Khan, “EU leaders battle over carbon price as enegy costs soar”, Financial Times, 17-12-2021.

La Economía de la Biodiversidad: el informe Dasgupta

 

El pensamiento económico y la metodología asociada adolecen de una serie de deficiencias y algunas. Especialmente a raíz de la gran crisis económica y financiera de 2007-2008, ambos están sujetos a un intenso y extenso proceso de revisión. Las cuestiones relacionadas con la naturaleza han representado tradicionalmente un área que ha permanecido en la práctica casi inexplorada por el análisis económico, e inadecuada o insuficientemente incorporada en los esquemas metodológicos. Esa es, en síntesis, la tesis que sostiene Partha Dasgupta en el informe “The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review” (2021), realizado por encargo del Tesoro del Reino Unido. La Economía ha ignorado la Naturaleza, sostiene el prestigioso economista británico de origen hindú.

En el mencionado Informe se plantea un marco para incluir la Naturaleza en el pensamiento económico y se proporciona una guía para el cambio a través de tres transiciones generales, interconectadas. El Informe es bastante extenso (tiene 610 páginas), si bien está disponible un breve documento con los “Headline Messages”. En un reciente artículo, su autor ofrece una síntesis bastante ilustrativa[1]. Las referidas transiciones son las siguientes:

1ª. Asegurar que nuestras demandas a la Naturaleza (“huella ecológica”) no exceden de su oferta, a través de innovaciones tecnológicas (por ejemplo, en la obtención de producción alimentaria sostenible) y de la reestructuración de los patrones de producción y consumo.

2ª. Cambiar la medición del éxito económico. El PIB, válido para el análisis macroeconómico a corto plazo, no es una medida apropiada de la actuación económica a largo plazo. Esto es así porque no nos dice cómo los activos de una economía, particularmente los activos naturales, se ven afectados como consecuencia de las decisiones adoptadas. Para ello, debe utilizarse una medida que recoja el valor de todos los stocks de capital: capital producido (carreteras, edificios, puertos, máquinas), capital humano, y capital natural. Dasgupta propone denominar esta medida como “riqueza inclusiva”.

3ª. Transformar nuestras instituciones para posibilitar el cambio. Esencialmente, se trataría de que los precios de mercado pasasen a reflejar el valor de la Naturaleza para la sociedad.

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[1] P. Dasgupta, “Economics Nature’s Way”, Finance & Development, septiembre 2021.

Global warming: too late warning?

 

Hoy es un día triste. A pesar de que se veía venir. Aunque lleva fecha de 7 de agosto de 2021, es hoy cuando se están difundiendo las conclusiones del sexto informe de evaluación del Intergovernmental Panel On Climate Change (IPCC), “Climate Change 2021. The Physical Science Basis” (www.ipcc.ch). En él se afirma que “es inequívoco que la influencia humana ha calentado la atmósfera, los océanos y la tierra… Los aumentos observados en las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) bien mezclados desde alrededor de 1750 son inequívocamente causados por las actividades humanas… Cada una de las cuatro últimas décadas ha sido cada vez más cálida que cualquier década precedente desde 1850”.

Además de otras aseveraciones inquietantes, se señala que “el cambio climático inducido por la actividad humana está afectando ya a muchos fenómenos meteorológicos y climáticos extremos en todas las regiones del mundo”.

E incluso en el mejor de los escenarios previsibles de disminuciones en las emisiones de GEI, el mundo es probable que alcance temporalmente un calentamiento de 1,5C dentro de 20 años.

Los mensajes desalentadores se van sucediendo sin tregua a medida que uno recorre las páginas del informe, del que se ha publicado un resumen de unas 40 páginas dirigido a los políticos. La gravedad del cuadro descrito es resumida de forma impactante por António Guterres, secretario general de la ONU: las conclusiones del informe describen “un código rojo para la humanidad” (C. Hodgson, “Global warming will hit 1,5C by 2040, warns IPCC report”, Financial Times, 9-7-2021).

El riesgo financiero climático: ¿autenticidad o falacia?

 

La consideración de los riesgos ligados al clima y al medioambiente se ha incorporado de lleno al sector financiero, después de tomar conciencia del impacto que aquellos pueden tener sobre la estabilidad de las entidades financieras. Dicho impacto puede provenir de diversos frentes: de desastres naturales que arruinen las garantías reales que sustenten las carteras de créditos, de la incidencia en la calidad de los activos a raíz de las dificultades de los prestatarios para sobrellevar la fase de transición hacia una economía con bajo contenido de carbono, o la posible relevancia de los activos varados. Ante la creciente percepción de la importancia de los referidos riesgos, los supervisores bancarios han situado estos en el foco de su actividad supervisora y concebido pruebas de estrés para calibrar la capacidad de resistencia de las entidades a eventos negativos. Por lo demás, el despliegue regulatorio está alcanzando unos niveles verdaderamente abrumadores. El paradigma de las finanzas sostenibles se ha instalado en toda su plenitud. Y es raro no encontrarnos cada día con sucesivas y continuas manifestaciones que se suman en la misma dirección.

Por eso resulta enormemente sorprendente encontrarse con una contribución escrita con un título tan llamativamente a contracorriente como la de John H. Cochrane, miembro de la Hoover Institution: “La falacia del riesgo climático” (Project Syndicate, 21 de julio de 2021). He de reconocer que, cuando vi el artículo, pensé que podría haber incurrido en algún error interpretativo. Sin embargo, su lectura permite despejar claramente cualquier duda. El autor, de manera tan directa como desafiante, señala que la justificación (para la incorporación de la política climática en la regulación financiera estadounidense) de que el riesgo climático plantea un peligro para el sistema financiero “es una afirmación absurda”. En su opinión, “Se está utilizando la regulación financiera para introducir a las escondidas políticas climáticas que, de otra manera, serían rechazadas por impopulares o inefectivas”.

Asimismo, subraya que “Si los reguladores en general les tienen miedo a riesgos inéditos que pongan en peligro el sistema financiero, la lista debería incluir guerras, pandemias, ciberataques, crisis de deuda soberana, crisis políticas y hasta ataques de asteroides. Todos excepto estos últimos son más probables que el riesgo climático”.

Como una especie de asteroide belicoso es en cierto modo el texto comentado, un elemento descontrolado y no previsto dentro de una constelación profinanzas sostenibles que no deja de expandirse. Encontrarse con argumentos como los reseñados o este otro llega a causar una cierta conmoción y nos invita a solicitar una pausa para asimilarlos y analizarlos: “La regulación financiera climática es una respuesta en busca de una pregunta. El punto es imponer un conjunto específico de políticas que no pueden prosperar mediante una legislación democrática regular o una potestad reglamentaria ambiental regular, que exige al menos la pretensión de un análisis costo-beneficio”.

Plantación de árboles y crisis climática: efectos colaterales insospechados

 

En una entrada de este blog de fecha 20 de febrero de 2021 (“El manifiesto verde de Bill Gates”), se mostraba nuestra desazón a raíz de la aseveración de Bill Gates en el sentido de que la alternativa de la plantación de árboles como forma de absorber parte del carbono era irrisoria a tenor de la magnitud requerida.

La sorpresa es ahora mayúscula cuando nos enteramos de que “medidas populares para combatir el cambio climático tales como la plantación de árboles y el cambio a la bioenergía pueden dañar la naturaleza y minar los esfuerzos para reducir el calentamiento global, según un informe suscrito por 50 destacados científicos”[1]. A mayor abundamiento, “los árboles adecuados deben ser plantados en los sitios adecuados con objeto de no destruir los ecosistemas locales”, y debe tenerse presente que el cambio climático “puede reducir drásticamente la mitigación potencial de los bosques, debido a un aumento en eventos extremos como los incendios, los insectos y los patógenos”[2].

A falta de poder indagar en el contenido del informe original, el argumento de los científicos, según la fuente consultada, se centra en que, si no se consideran conjuntamente las repercusiones de las medidas adoptadas en las vertientes del clima y la naturaleza, pueden producirse consecuencias potencialmente peligrosas. A este respecto, la plantación de especies que se utilizan como combustible para la bioenergía es perjudicial para los ecosistemas cuando se hace a gran escala.

Ante este panorama un tanto deprimente, no he podido evitar recordar el caso de un pequeño arbusto que los servicios municipales habían plantado justo delante de una apreciada ventana en cuyo alféizar un día anidaron las golondrinas. Entonces aún había primaveras. En más de una ocasión, el frágil arbolito quedó maltrecho, ya fuera por efecto de la lluvia, del viento o de alguna interferencia no meteorológica. En su auxilio siempre acudía mi padre, quien antes de partir no tuvo la oportunidad de ver cómo su planta protegida pudo superar toda suerte de adversidades y convertirse en un árbol robusto y frondoso.

Después de muchos años regresé a ese lugar, y me quedé sorprendido por la gran transformación operada. Cautivado ante ese milagro de la naturaleza, sentí que el árbol mostraba de alguna manera su gratitud hacia su paciente y esmerado cuidador.

Antes de que el asfalto invadiera aquellas pacíficas calles, los naranjos nos recordaban el tránsito de las estaciones, y las moreras, el ciclo de la vida. Sin darnos cuenta, y sin saber qué rumbo nos esperaba, hemos asistido a una metamorfosis sin tregua, no programada e incierta.

Bastante tiempo atrás, en la época de la Cruz de Mayo, quise apresurarme a fin de ir cubriendo uno de los tres grandes deberes para la supuesta completitud vital. Junto al paredón del río Guadalmedina, cerca de “La Rosaleda”, traté vanamente de plantar un árbol. No empezaba con buen pie esa triple aspiración, que tardaría bastante en materializarse. No fue hasta completar la tríada cuando tomé conciencia de que, si había sido difícil el empeño, iba a ser mucho más ardua la responsabilidad asumida en los tres frentes.

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[1] Vid. C. Hodgson, “Tree planting could undermine fight against climate crisis, scientists warn”, Financial Times, 10 de junio de 2021.

[2] Ibíd.