Los determinantes de la rentabilidad de la banca: el caso alemán

 

La rentabilidad de la banca, pese a sus negativas connotaciones sociales, tiene una importancia crucial para el devenir de la economía real. Tiene también distintas implicaciones bien conocidas en otros apartados. El Fondo Monetario Internacional ha publicado recientemente un interesante trabajo acerca de los determinantes de la rentabilidad bancaria centrado en el caso de Alemania[1]. Merece la pena adentrarse en el profundo análisis realizado, si bien aquí nos limitaremos simplemente a reseñar un aspecto, aparentemente secundario, pero que encierra una importante significación. Además de evocar, ineludiblemente, una relevante parcela del sistema financiero español, hoy desaparecida.

En Alemania, las sparkassen (cajas de ahorros) y los landesbanken (instituciones de cabecera de las cajas de ahorros) acaparan una cuarta parte de los activos totales del sistema bancario. Ambos grupos de entidades constituyen el sector bancario público, completado con bancos públicos de desarrollo nacionales y regionales. Por su parte, las cooperativas de crédito concentran un 11% de los activos del sector bancario.

En el referido estudio se identifica “un mandato explícito de una gran parte del sistema bancario -cooperativas y cajas de ahorros- para maximizar el bienestar de los grupos de interés en vez de los beneficios” como uno de los factores que afectan a la rentabilidad (pág. 5): “Las instituciones públicas son gobernadas por disposiciones públicas con un mandato para promover el desarrollo económico de sus regiones, lo que incluye subvencionar la provisión de bienes públicos locales, como facilidades para el esparcimiento y los festivales de arte” (pág. 8).

En un contexto de tendencia al auge del denominado capitalismo de los grupos de interés, no deja de llamar la atención la observación contenida en el informe citado.

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[1] “The determinants of bank profitability”, Technical Note, FMI, 4 de agosto de 2022.

Riesgos estilográficos: la pérdida gráfica del estilo

 

Sólo quien nunca haya usado una pluma estilográfica puede llegar a ignorar el amplio elenco de situaciones enojosas, de mayor o menor calado, en las que puede verse el usuario de ese prodigioso instrumento que convierte la escritura en un deleite. Para alcanzarlo hay que estar dispuestos a soportar algunos peajes más o menos gravosos. Desde un agotamiento pacífico de la tinta hasta un derrame expansivo de un líquido que entonces parece inacabable, con alta probabilidad causante de daños colaterales, nos encontramos con diversos percances o contratiempos diversos. La tinta que no fluye, el lagrimeo permanente en estado de reposo, el émbolo que no se ajusta o que se resiste a succionar, el viaje a través del escritorio, liberada por descuido su fuerza rodadora, hacia su destino final, la desesperación ante la falta de homogeneidad de los cartuchos de tinta, la obturación de los conductos, la profusión de huellas en las yemas del escribiente, la deformación del plumín…

Todo eso y mucho más está escrito con tinta indeleble en la historia personal de cada amante de la estilográfica. Como instrumento delicado que es, ha de estar dotado de unos estándares mínimos de calidad y estar siempre en perfecto estado de revista a fin de minimizar, que no evitar totalmente, los riesgos intrínsecos.

Si ponemos en los dos lados de la balanza sus pros y sus contras, es probable que únicamente los más apasionados logren inclinarla a su favor. Y nunca es lo mismo utilizarla en un escenario estático y controlado que en un desplazamiento o en un entorno ajeno. Realmente, el recurso a ese instrumento lleva implícito alguna suerte de ceremonia, poco compatible con las prisas y las improvisaciones.

Sin duda, algunas personas adictas a las estilográficas hacen gala de un notable estilo personal, pero, cuando el instrumento, de forma autónoma o inducida, ocasiona una situación embarazosa, esa prestancia se evapora de forma rauda. Nadie podía imaginar que un personaje de la flema y de la alcurnia ostentadas por el ya monarca Carlos III pudiera ser protagonista de una reacción tan airada ante una estilográfica que goteaba. Los problemas del Rey con las plumas rompen el hechizo real, como síntesis, se ha convertido en un titular extendido en Gran Bretaña. No es para menos, después de escuchar estas palabras de los labios reales: “I can’t bear this bloody thing… every stinking time”.

Las plumas nos proporcionan muchas satisfacciones, pero sirven también para recordarnos que todos somos seres humanos. Según J. Gapper, una monarquía es “una empresa carismática que trabaja constantemente hacia un único objetivo: la sucesión… Para un rey es mejor ser ridiculizado que ejecutado, pero ninguno de estos resultados es ideal”[1].

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[1] “The King’s problems with pens break the royal spell”, Financial Times, 16-9-2022.

¿Quién acaba soportando los impuestos?

 

Es ésta una pregunta que, históricamente, viene acaparando la atención de los economistas. Pese a los esfuerzos desplegados, la realidad se resiste a facilitar una respuesta inequívoca y de alcance general. En este ámbito es fundamental diferenciar dos aspectos: la incidencia legal, que se centra en la persona de la que se exige un impuesto, y la incidencia económica, que atiende a la persona que, como consecuencia de los ajustes económicos en el mercado, acaba soportando de manera efectiva la carga tributaria. Para los economistas, tiene poca relevancia de quién se exija formalmente un impuesto; lo que importa es quién acaba soportándolo.

Supongamos que, en una situación sin impuestos, una empresa considera una retribución de 2.000 euros mensuales por los servicios de una persona. Antes de cerrar el contrato se aprueba que la empresa tiene que pagar un impuesto del 10% sobre la retribución salarial. Dependiendo de cuál sea la posición relativa de cada una de las partes, nos podríamos encontrar con varias situaciones: 

a) Una en la que el impuesto lo soporta íntegramente el empleador (coste = 2.000 + 10% x 2.000 = 2.200 euros), sin que se vea afectado el salario (2.000 euros).

b) Otra, en la que el empleador mantiene su coste (1.818 + 10% x 1.818 = 2.000 euros) y el impuesto lo soporta en la práctica la persona empleada (salario de 1.818 euros).

c) Entre estas dos opciones puede haber otras intermedias, por ejemplo, con un coste para el empleador de 2.100 euros (1.909 + 10% x 1.909) y un salario de 1.909 euros.

En todos los casos, el impuesto lo soporta formalmente la empresa, pero, en los dos últimos, el impuesto, totalmente o en parte, recae realmente sobre la persona empleada. Una vez que se aplica un impuesto, los agentes económicos tratan de adaptarse. Va a depender de su capacidad de reacción, de si tienen oportunidades de desplazarse a otras jurisdicciones, o de cómo alteren su comportamiento como oferentes o demandantes de recursos. Mientras mayor sea esa capacidad de respuesta, lo que los economistas denominan elasticidad, menor será el impacto económico derivado de la aplicación de una carga tributaria.

Las repercusiones económicas originadas por el establecimiento de un impuesto tuvieron una gran importancia dentro del debate político y social en algunos países a lo largo del siglo diecinueve. Esa diferenciación entre la perspectiva legal y la perspectiva económica suele pasar mucho más desapercibida actualmente. Y ello a pesar de que un amplio número de estudios empíricos indica, por ejemplo, que el impuesto sobre sociedades, aunque legalmente recae sobre las empresas, puede acabar teniendo notorios efectos sobre el empleo y los salarios. El resultado final va a depender de las condiciones concretas en las que operen las empresas, pero no puede perderse de vista que, incluso aunque el sujeto pasivo no tenga la posibilidad de trasladar expresamente la carga, se verá inclinado a llevar a cabo ciertos ajustes en términos de costes o de inversiones a raíz de la obtención de una menor rentabilidad.

Aunque ahora es escasa la atención concedida a la incidencia de los impuestos, nos encontramos con vestigios de su toma de conciencia que se remontan bastante atrás el tiempo. Ya el historiador Tácito se percató de que la orden de Nerón de que el impuesto sobre las ventas de esclavos fuera atendido por los vendedores, en vez de por los compradores, careció completamente de relevancia, toda vez que los primeros lo repercutían sobre los segundos dentro del precio negociado. Y también algún indicio, en sentido contrario, encontramos en “El Quijote”. Uno de los comparecientes ante Sancho Panza, en su condición de gobernador de la ínsula Barataria, se lamentaba así: “Señores, yo soy un pobre ganadero de ganado de cerda, y esta mañana salía de este lugar de vender, con perdón sea dicho, cuatro puercos, que me llevaron de alcabalas y socaliñas poco menos de lo que ellos valían”.

También la experiencia internacional ofrece sobradas muestras de cómo los ajustes que siguen a la aplicación de un impuesto pueden impedir el propósito de la actuación pública. Así, la aprobación en Estados Unidos, en 1990, de un impuesto sobre los yates de lujo implicó la pérdida de miles de empleos, debido a la caída de las ventas.

En suma, la principal enseñanza que cabe extraer, a la hora de valorar un impuesto, es hacer caso de la siguiente recomendación: no hay que limitarse a ver el punto de impacto; hay que seguir atentamente el curso de la carga tributaria y sus efectos económicos.

(Artículo publicado en el diario “Sur”)

El enigma de los viñadores homicidas

 

Suelen las Sagradas Escrituras ser un refugio donde encontrar asilo temporal ante las inclemencias que se suceden en el largo y duro caminar. Adentrarse en sus páginas es como si se abriera la puerta de un pasadizo que nos lleva a lugares ignotos donde todo es posible. A todo caminante se le ofrece la oportunidad de solazar su espíritu y reparar las heridas. Sin embargo, el viajero debe estar advertido de que también allí le aguardan sorprendentes episodios marcados por una violencia extrema, así como pruebas y enigmas que desafían el entendimiento y la razón del común de los mortales.

Pese a la concisión del relato recogido -con ligeras variantes- en los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, la parábola de los viñadores homicidas sobresale en ambas facetas. En la historia se describe el violento carácter de los arrendatarios de una viña, plantada en su día por su propietario y entregada en arrendamiento. Aquellos no dudan en matar, o maltratar y rechazar, a los sucesivos emisarios del propietario para recabar los frutos pactados en el acuerdo de cesión. Después de que el propio hijo corra la misma suerte, plantea Jesús qué debe hacer el dueño de la viña con los labradores, cuando acude él mismo a tratar de solucionar la situación.

La opción de castigar a los malvados y entregar la viña a otros labradores respetuosos y cumplidores es cuestionada por Jesús, quien recuerda estas sagradas palabras: “La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular”, advirtiendo de que “Todo el que caiga sobre la piedra se destrozará, y a aquel sobre quien ella caiga, lo aplastará”.

Da la impresión de que es preferible asumir la gestión directa de los activos propios, procurando obtener los mayores frutos. No hay que perder de vista que hay un vigía supremo del bienestar colectivo que no dudará en ejercer sus facultades expropiatorias ante el más mínimo incumplimiento. El arrendamiento de activos “core” no goza de gran predicamento, por lo que parece aconsejable que el capitalista se disponga a ejercer también de productor directo.

Existen, sin duda, interpretaciones autorizadas sobre el sentido de esta impactante parábola que aclaran el significado de la viña, el pueblo de Israel, y el de la piedra rechazada, Jesús. Así es, pero, para profanos en la materia, la búsqueda de la lógica económica se topa con un enigma complicado de resolver.

Los monstruos de la deuda

Dicen que pueden ser grandes o pequeños; aterradores o suaves; rojos, verdes o amarillos. Son los “monstruos de la deuda”. Es la denominación que utiliza el diario Financial Times para recoger una serie de compañías fuertemente endeudadas, con un nivel de apalancamiento de “proporciones monstruosas”. Para la selección de tales compañías se toma el criterio de que los diferenciales de los bonos corporativos estén mostrando una señal con bandera roja: dichos títulos de deuda cotizan con un rendimiento de más 10 puntos porcentuales (1.000 puntos básicos) por encima del de los bonos soberanos.

En la lista de 35 sociedades analizadas nos encontramos con casos en los que el referido diferencial llega a 55 o 78 puntos porcentuales, e incluso a 100[1]. Para Robert Armstrong, dicho “compendio… es un rico menú de apuestas binarias -compañías que quebrarán con una recesión o se verán catapultadas fuera de ella”[2].

El uso de la palabra “monstruo” no es nuevo en el mundo financiero. En 2008, el entonces presidente de Ecuador, Rafael Correa, declaró que “la deuda exterior de su país era ‘ilegítima’ y que los tenedores de los títulos eran ‘monstruos reales’. Seis meses después de haber impagado 3.200 millones de dólares de deuda exterior, la recompró en su mayoría a razón de 35 céntimos por dólar”[3].

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[1] “Debt monsters in the downturn”, Financial Times, 13-9-2022.

[2] “Lost innocence”, Financial Times, 14-9-2022.

[3]  Vid. Pan Kwan Yuk, “Ecuador first overseas bond payment in 183 years”, Financial Times, 15-12-2015. 

Las expectativas importan… en la paz como en la guerra

 

Cuando se produjo la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso, existía una creencia generalizada en el sentido de que se trataría de una “guerra relámpago”, que incluso podría llegar a superar en brevedad a la Guerra de los Seis Días. Esa expectativa, como cualquier otra, condicionó los posicionamientos y las actuaciones inmediatas. Ante un desequilibrio militar tan grande, el envío de armas al país invadido podría servir solo -según una opinión extendida- para agravar la situación, prolongando inútilmente una situación para la que no había salida.

Sin embargo, como recuerda M. Sandbu, las expectativas acerca de lo que va a ocurrir juegan un profundo papel en lo que acaba ocurriendo. De esta suerte, la sorprendente resistencia ucraniana, al confundir las expectativas sobre una inminente derrota, cambió los vientos políticos en los países occidentales, y la contraofensiva reciente ha vuelto a cambiarlos[1].

Los políticos, según Sandbu, saben cómo manejar las expectativas, y son conscientes de la trascendencia de las batallas en el terreno de la comunicación. También conocen su importancia los economistas, aunque, en opinión del columnista del Financial Times, de manera menos refinada. El papel de las expectativas es crucial dentro de la teoría de juegos, e incluso se ha desarrollado el concepto de las profecías autocumplidas.

Sandbu analiza la similitud existente entre la guerra y la economía: “Puesto que las expectativas importan, ambas son profundamente impredecibles. Y ninguna es plenamente determinada por factores ‘fuertes’, sino que se ven influenciadas por la psicología de las masas”. Ésta actúa como una fuerza fundamental respecto al curso de los acontecimientos económicos y políticos.

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[1] Vid. “Economics lessons from the war: expectations matter", Financial Times, 15-9-2022.

La (des)ilusión del conocimiento

 

Uno de los primeros encargos que tuve como joven economista fue la preparación de un informe de prospectiva de la economía andaluza. Fue un encargo a bocajarro, como muchos otros que llegaban en aquella lejana época del período preautonómico, en el que se desató una avalancha de estudios, planes y programas económicos con los que se pretendía encauzar el rumbo de la economía de una región adormecida ante la que, se postulaba, se abrían horizontes prometedores.

Si trazar las coordenadas de un panorama económico futuro es intrínsecamente una cuestión altamente compleja y ardua, pretender hacerlo sin un bagaje de experiencia, y sin poder contar con un margen de tiempo razonable, es rizar el rizo. No fue la primera ni la última de las encomiendas recibidas que estuvo marcada por una sensación de angustia e impotencia. Pese a todo, después de buscar desesperadamente algunas referencias generales orientadoras y de discernir algunos escenarios plausibles, los folios en blanco, dóciles como siempre, fueron acogiendo unas improvisadas y forzadas ocurrencias. Desafortunadamente, no me quedé con ninguna copia del producto resultante. Tampoco creo que sea factible localizarlo en los supuestos archivos procedentes del gabinete económico del transitorio ente preautonómico.

No he podido evitar evocar aquel episodio al leer un artículo sobre las previsiones económicas que, sin duda, habría sido bastante útil y, sobre todo, tranquilizador en aquella difícil coyuntura personal. En una corta pero jugosa pieza, Howard Marks desgrana las dificultades de tales ejercicios de previsión: “Los realizadores de previsiones no tienen otra elección sino la de basar sus juicios en modelos, ya sean complejos o informales, matemáticos o intuitivos. Los modelos, por definición, consisten en supuestos: ‘Si ocurre A, entonces ocurrirá B’. En otras palabras, relaciones y respuestas. Cuando pienso acerca de modelizar una economía, mi primera reacción es considerar cómo de increíblemente complicada es esta tarea”, lo que ilustra de manera muy expresiva[1]. A este respecto, señala que cree que “el producto derivado de un modelo económico puede apuntar en la dirección correcta gran parte del tiempo. Pero no puede ser siempre atinado, especialmente en momentos críticos como los puntos de inflexión… y ahí es cuando las predicciones ajustadas serían más valiosas”.

Por supuesto, también me habría sido bastante reconfortante conocer entonces la experiencia personal narrada por Kenneth Arrow[2].

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[1] “The illusion of knowledge for investors”, Financial Times, 11-9-2022.

[2] Vid.: https://neotiempovivo.blogspot.com/2021/06/para-hacer-planes-hacen-falta.html.

La situación financiera de las familias españolas

 

Recientemente, el Banco de España ha publicado los resultados de la Encuesta Financiera de las Familias correspondientes a la séptima edición, basada en las entrevistas realizadas a una amplia muestra de hogares, entre noviembre de 2020 y junio de 2021. La Encuesta permite poner de manifiesto un conjunto de aspectos relevantes para el conocimiento de la situación financiera de las familias. Entre otros, pueden destacarse los siguientes:

1.      La renta mediana como indicador más representativo que la renta media: La renta media de las familias asciende a 38.900 euros, pero, ante una distribución bastante desigual de los ingresos, la mediana (29.400 euros) es un indicador más representativo del nivel de renta (la mitad de los hogares queda por debajo y la otra mitad por encima de dicho valor).

2.      Unos ingresos (antes de impuestos) desigualmente distribuidos: Existe un considerable grado de concentración de la renta, ya que el 10% de las familias mejor situadas recibe casi un tercio de la renta bruta total. No obstante, al incluirse los impuestos directos y las cotizaciones sociales, no se aprecia el efecto corrector por la vía fiscal.

3.      La educación como factor explicativo de las diferencias de renta: El nivel educativo se evidencia como un determinante fundamental de la renta. La renta mediana de los hogares cuyo cabeza de familia tiene estudios universitarios (46.700 euros) más que duplica la de aquellos en los que el referido nivel de estudios es inferior al del bachillerato (21.900 euros).

4.      Una riqueza más concentrada que la renta: La riqueza neta (activos reales más activos financieros menos deudas) mediana de las familias se sitúa en 122.000 euros. La concentración de la riqueza es superior a la de la renta. A pesar de que un 10% de las familias concentra un 54% del total, el grado de desigualdad es muy inferior al existente en otros países europeos.

5.      La importancia de la vivienda principal dentro de la riqueza familiar: La vivienda principal es el activo más importante de las familias, ya que representa el 53% del valor de los activos reales para el conjunto de hogares, y un 42% del valor de los activos totales. Aproximadamente, tres de cada cuatro hogares son propietarios de su vivienda principal. No obstante, se aprecia una caída en la tasa de propiedad de los hogares, que era del 83% en 2011. La caída es especialmente significativa entre los hogares más jóvenes (menores de 35 años), desde el 69% en 2011 al 36% en 2020.

6.      La disponibilidad de otras viviendas: Adicionalmente, el 33% de las familias poseía, a finales de 2020, una vivienda distinta de la principal.

7.      La tenencia de activos financieros: Casi la mitad de las familias (45%) tiene algún activo financiero distinto a una cuenta bancaria. El grado de diversificación de la cartera de activos varía claramente con el nivel de riqueza. Para la mayoría de las familias, en los últimos años se observa una disminución de las posiciones en fondos de inversión y un aumento de los saldos en cuentas bancarias.

8.      Una deuda muy ligada a la compra de la vivienda principal: A finales de 2020 un 57% de los hogares tenía algún tipo de deuda, la proporción más alta desde 2002 (43%). Entre los hogares endeudados, el importe mediano pendiente era de 33.300 euros. Para este conjunto de hogares, la carga de la deuda (pagos por amortización e intereses) representaba un 16% de la renta del hogar, pero superaba el 27% en las familias con menor nivel de renta. Para el total de las familias, un 67% de la deuda pendiente corresponde a la compra de la vivienda principal.

9.      Vulnerabilidad financiera ante la subida de los tipos de interés: Ante una subida de los tipos de interés, el grado vulnerabilidad financiera de las familias era, según el Banco de España, menor que el existente en 2008 o 2011.

10.   Exclusión financiera asociada a la digitalización: Si bien, desde 2002, se ha producido un aumento notable en el uso de la banca online por parte de los hogares, dicho uso permanece en niveles muy reducidos para determinados colectivos, como los hogares de mayor edad y de menor renta, lo que refleja un problema de exclusión financiera.

(Artículo publicado en el diario “Sur”)

La teoría de los sentimientos morales: el lado menos conocido de A. Smith

 

Especialmente desde el desencadenamiento de la gran crisis económica y financiera internacional, en la segunda mitad de la primera década del presente siglo, vienen oyéndose cada vez más voces que reclaman la reconversión de la ciencia económica, de manera que incorpore ciertas perspectivas comúnmente ignoradas en el análisis económico convencional. Partículas énfasis se pone en el componente ético y moral, a cuya ausencia se imputa en gran medida la combustión de una crisis cuyo origen no acababa de comprenderse. ¿Qué opinaría de ese tipo de prescripciones alguien tan significado como Adam Smith, cuya imagen se asocia al egoísmo imperante en una economía capitalista de mercado?

La faceta del padre de la Economía moderna como filósofo y moralista es menos conocida, eclipsada históricamente por la fuerza arrebatadora que emana de la colosal “Riqueza de las naciones”. Sin embargo, más de un cuarto de siglo antes de la aparición de esta obra cumbre Smith publicó “La teoría de los sentimientos morales”, cuya lectura nos descubre aspectos inusitados de quien avanzó la explicación de lo que, mucho después, se formalizaría como primer teorema fundamental de la Economía del bienestar.

“Por más egoísta que se pueda suponer al hombre, existen evidentemente en su naturaleza algunos principios que le hacen interesarse por la suerte de otros, y hacen que la felicidad de éstos le resulte necesaria, aunque no derive de ella nada más que el placer de contemplarla. Tal es el caso de la lástima o la compasión, la emoción que sentimos ante la desgracia ajena cuando la vemos o nos la hacen concebir de forma muy vívida”. De esta forma arranca “La teoría de los sentimientos morales”, contribución de primer orden, de consulta ineludible ante cualquier proceso de reconstrucción de la Economía.

Debt-for-climate swaps: alivio de deuda a cambio de acciones climáticas

 

Aun cuando no necesariamente exista una relación subyacente de causación, los datos disponibles a escala internacional muestran la existencia de una correlación positiva entre la vulnerabilidad al cambio climático y el riesgo de sufrir crisis fiscales. A la vista de estos vínculos, se ha propuesto la utilización de debt-for-climate swaps como un instrumento que puede ayudar a los países a abordar al mismo tiempo los problemas relacionados con el clima y los asociados a la deuda. La idea es utilizar ese instrumento para proporcionar alguna ayuda para afrontar la carga de la deuda a cambio de que el ahorro obtenido se dedique a proyectos beneficiosos para el medioambiente.

En su forma más común, a través de un swap tripartito, una ONG internacional presta los fondos captados de inversores (o donantes) ASG a un país deudor a tipos de interés por debajo del nivel del mercado, con la condición de que (i) el deudor utilice los fondos para recomprar deuda comercial con un descuento, y (ii) una parte del alivio resultante de la deuda (la diferencia entre el coste de la deuda comercial retirada y la nueva deuda contraída con la ONG) se utilice para financiar inversiones o acciones relacionadas con el clima.

Un ejemplo (tomado de Chamon, Marcos, Erik Klok, Vimal Thakoor, and Jeromin Zettelmeyer. 2022. “Debt-for-Climate Swaps: Analysis, Design, and Implementation.” IMF Working Paper 2022/162, International Monetary Fund, Washington, DC) se recoge en el esquema adjunto: (1) La ONG obtiene financiación de inversores ASG; (2) La financiación se trasvasa mediante un préstamo a un vehículo de propósito especial; (3) Este vehículo financia los proyectos seleccionados, y (4) proporciona un préstamo al gobierno, que (5, 6) el gobierno utiliza para recomprar deuda de acreedores comerciales. Finalmente, (7) el servicio de la deuda procedente del gobierno fluye al vehículo de propósito especial, (8) la ONG, y (9) los inversores que aportaron la financiación original.

El establecimiento legal de precios máximos

 

La última vez que expliqué en clase los efectos económicos de la aplicación de precios mínimos y máximos queda bastante atrás en el tiempo. Los gráficos utilizados en las notas eran de elaboración completamente manual, como también a efectos de su presentación en el aula. A la vista del recurso efectivo o previsible a este tipo de medidas, que entraban dentro del epígrafe de interferencias con el mecanismo del mercado, es obligado rescatar los viejos apuntes e indagar los posibles desarrollos teóricos posteriores y los resultados de la evidencia empírica cosechada. Si el establecimiento de precios mínimos en el mercado laboral o de garantía en el agrícola ha estado siempre presente, ahora el de los topes a los precios en diversos apartados (alquiler de viviendas, suministros energéticos o productos básicos de la cesta de la compra familiar) parece abocado a cobrar un mayor protagonismo.

Numerosas voces respaldan que, en circunstancias excepcionales, se adopten medidas excepcionales, en tanto que otras, bastante inferiores en número, alertan acerca de un posible riesgo de sovietización de la economía. Mientras se clarifica el panorama, este gráfico olvidado muestra la esencia de la medida de establecimiento de un precio máximo, por debajo del precio de equilibrio del mercado.

Ante un precio predeterminado, la cantidad intercambiada viene fijada exclusivamente por la oferta. A ese precio queda una mayor cantidad de demanda insatisfecha. Para evitarlo, haría falta que la oferta fuese totalmente rígida o que se obligara a los oferentes a suministrar la cantidad demandada al precio estipulado. Cualquier medida de este tipo es sumamente fácil de dictar desde las instancias públicas, pero toda medida económica genera efectos directos e indirectos que, al menos desde un punto de vista analítico, hay que tomar en consideración.

La economía de los libros de texto no impedirá la catástrofe energética de este invierno

 

Es lo que considera Torsten Bell, director ejecutivo de la Resolution Foundation[1]. A partir de los extraordinarios incrementos del coste de la energía para las familias británicas, haciendo un paralelismo con la gran crisis financiera internacional de hace unos años, considera que se ha alcanzado ya un “momento Northern Rock” y que se vislumbra otro “momento Lehman Brothers”. En este contexto, recuerda que “eventos singulares a menudo cristalizan un cambio, forzando a los políticos a tomar conciencia del hecho de que son requeridos a actuar de formas que parecían inimaginables solo unas semanas antes”.

Hasta ahora, según él, la respuesta del gobierno de su país ha sido insistir en que los consumidores afronten el verdadero coste de la energía a fin de establecer fuertes incentivos para reducir el consumo. Al mismo tiempo, proporcionaba descuentos y pagos genéricos, particularmente para los perceptores de prestaciones sociales, con objeto de cubrir parte de tales costes. Es esta una respuesta típica de manual, que estima apropiada cuando las facturas de la energía llegan a las 2.000 libras, pero que deja de ser viable cuando tales costes más que duplican esa cifra.

Entiende, por tanto, que “la escala de la crisis reclama un enfoque radical. Tendremos que topar los costes de la energía por debajo de los niveles del mercado, por lo que es el momento de centrarse en las difíciles cuestiones relacionadas… Una tarifa social radical sería el mejor enfoque selectivo para aquellas personas con menores niveles de ingresos, que son quienes ven crecer más sus facturas, pero es más difícil de implementar que una reducción de precios generalizada”, y se declara partidario de recurrir al endeudamiento, y de aplicar impuestos sobre beneficios extraordinarios y otros de solidaridad. Se trata de una posición que gana adeptos, como es el caso de Martin Wolf, quien justifica tales medidas por estar en una fase equiparable a un período de guerra[2].

Sin paños calientes, la Resolution Foundation advierte de que “se aproxima una catástrofe. Un gran incremento en las facturas de la energía en el invierno era siempre algo difícil de afrontar, pero la explosión de lo que ahora está en curso será totalmente inmanejable para millones de hogares. El aumento en la escala del problema requerirá una respuesta de política económica diferente, no simplemente más amplia”[3].

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[1] “Textbook economics will not avert this winter’s energy catastrophe”, Financial Times, 27-8-2022.

[2] “The UK energy crisis is a burden of war”, Financial Times, 4-9-2022.

[3]  Vid. Resolution Foundation, “A chilling crisis. Policy options to deal with soaring energy prices”, agosto 2022.

ASG: ¿una idea quebrada?

 

Si hay unas siglas que se hayan extendido de manera imparable en todo el mundo empresarial, son las de “ASG” (“ESG”, en su acepción anglosajona), representativas de la tríada “ambiental-social-gobernanza”. Sólo las de “ODS” pueden rivalizar con ellas. Las siglas ASG se identifican con el paradigma de las finanzas sostenibles.

Sin embargo, ese éxito en la penetración no ha podido evitar afrontar las considerables ambigüedades que se derivan de esa amalgama de componentes, como tampoco las prácticas corporativas que sólo tienen de ASG la mera fachada, sin ningún contenido real[1].

Aunque se era consciente de ese arduo panorama, no deja de causar sorpresa la contundencia y la aspereza con la que The Economist aborda el análisis de la inversión ASG en un informe especial reciente, precedido de un título sin contemplaciones: “A broken idea”.

En la primera de las colaboraciones se expresa que “el enfoque medioambiental, social y de gobernanza (ASG) a la inversión está quebrado. Necesita ser perfeccionado y despojado de mojigatería”. No obstante, se considera que “a pesar de todos sus fallos, puede ser mejor arreglar que tirar a la basura el enfoque ASG. En su esencia, es una cruzada por algo cada vez más crucial en la batalla para mejorar el capitalismo y mitigar el cambio climático: se trata de hacer que las empresas y sus propietarios hayan de rendir cuentas de sus externalidades negativas, o del impacto de la producción o el consumo de sus productos sobre terceras partes, como la atmósfera. Forzando a las empresas a reconocer las consecuencias no intencionadas de muchas de sus actividades, la teoría es que deben tener un mayor incentivo para solucionarlas”.

Pero las críticas no escasean. Entre estas se señala la subjetividad para calificar una inversión como sostenible, la heterogeneidad de criterios utilizados por las agencias de rating, el cobro de comisiones más elevadas en relación con las inversiones ASG, y, como más destacada, la promoción de una solución subóptima mediante la cual el sector privado puede estar dando a los políticos una excusa para evitar la aplicación del instrumento considerado por muchos como la mejor alternativa para hacer frente al cambio climático, un impuesto sobre las emisiones de CO2 coordinado internacionalmente.

En el informe se concluye que “ASG, demasiado frecuentemente, no ha sido ni un buen instrumento de medición, ni un instrumento efectivo de gestión del riesgo. Pretende satisfacer a tantos accionistas que la información que genera a menudo tiene poca relevancia con lo que hace realmente la empresa. Es demasiado imprecisa para ser un impuesto sombra sobre las externalidades negativas. Ha creado confusión a las compañías. Y es difícil para los inversores dilucidar lo que significa para los precios de los activos”.

El informe de The Economist finaliza con estas palabras: “Idealmente, el término ASG debe ser desechado. Como una amalgama de tres palabras, medioambiental, social y gobernanza, que suenan más como un mantra piadoso que como una fuerza para el cambio, su reputación está ahora empañada. Esto puede empeorar si las salidas continúan en tanto que los rendimientos se deterioren. Pero la inversión sostenible no es algo que deba desaparecer. Una mayor regulación puede hacerla más creíble… Con un nuevo nombre más apropiado -por ejemplo, inversión en capital natural- no hay ninguna razón por la que una mezcla de clima y capitalismo no demuestre ser útil. Partiendo de que no se exagere mucho más allá de lo que realmente puede conseguir”.

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[1] En un artículo de hace varios años hacíamos alusión a los problemas ligados a esa mescolanza de campos temáticos: Tiempo Vivo : Los retos de las finanzas sostenibles (neotiempovivo.blogspot.com).

Política presupuestaria: percepciones y realidades

Acostumbra el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) a publicar en plena canícula los resultados de su informe anual en el que se pulsa la opinión pública sobre distintas cuestiones relacionadas con la política presupuestaria. El estudio ofrece información de gran utilidad acerca de las percepciones sociales sobre aspectos cruciales de la actuación del sector público en España. A raíz del publicado este año (“Opinión pública y política fiscal”, estudio nº 3374, julio 2022) pueden efectuarse, entre otras, las siguientes observaciones:

1.     Una clara mayoría de personas atribuye bastante o mucha importancia a la conducta de no evadir impuestos. Sin embargo, algo más de un 90% entiende que existe bastante o mucho fraude fiscal en España, y dos tercios, que no hay más fraude por temor a una revisión.

2.     Para la mitad o más de los entrevistados, el funcionamiento de los servicios públicos es relativamente positivo en los casos de la asistencia sanitaria, el transporte, la seguridad ciudadana y, algo menos, en el de la enseñanza. El mayor descontento se expresa en relación con la administración de la justicia.

3.     Pese a lo señalado, un 72% piensa que se destinan muy pocos recursos a sanidad, un 75%, respecto a protección del medioambiente, y un 57%, a enseñanza. Un 28% estima que es excesivo el gasto en defensa. Del gasto público total en España, un 42% se dedica a protección social, un 15% a sanidad, un 9% a educación, un 2% a defensa, y un 2% a protección del medioambiente.

4.     Una quinta parte de la población se muestra claramente a favor de pagar más impuestos para mejorar los servicios públicos y las prestaciones sociales. En la pregunta formulada no se distingue entre servicios generales, que afectan indiscriminadamente al conjunto de los ciudadanos, y los servicios individualizables, que tienen beneficiarios concretos.

5.     No obstante, la formulación específica de otra pregunta lleva a que cada persona se plantee su propia “balanza fiscal individual”, contraponiendo lo que aporta a las arcas del Estado y los beneficios que obtiene del gasto público. Curiosamente, casi un 56% de los encuestados considera que la sociedad se beneficia poco o nada de lo que se recauda mediante impuestos y cotizaciones sociales. Y casi dos de cada tres personas estiman que reciben menos de lo que contribuyen individualmente.

6.     Algunas consideraciones se hacen necesarias en este contexto. El principio impositivo en el que, según nuestra Constitución, se sustenta el sistema tributario español es el de capacidad económica, que establece obligaciones contributivas con independencia de los beneficios recibidos del sector público. El principio del beneficio desempeña un papel absolutamente secundario. Por otro lado, las prestaciones asociadas a las cotizaciones sociales han de apreciarse, con carácter general, en el futuro.

7.     Dos tercios de los participantes en el estudio se declaran partidarios de la aplicación de impuestos directos frente a los indirectos; un 41% cree que en España se pagan muchos impuestos, y un 34%, que la carga es superior a la de otros países avanzados de Europa. Objetivamente, esto es no así en términos agregados, lo que no impide que la carga de los “contribuyentes efectivos” sí pudiera ser superior a la existente en otros países.

8.     Un 80% considera que los impuestos no se “cobran con justicia esto es, que pagan más quienes más tienen”. Aparte de que la literalidad de este enunciado puede cumplirse en la práctica con impuestos regresivos, se da la circunstancia de que, en España, el 54% de la cuota del IRPF corresponde al 90% de las declaraciones con menos ingresos, y el 46% al 10% de las declaraciones con mayor nivel de ingresos.

9.     Una gran mayoría conoce que el tipo de gravamen general del IVA en España es del 21%. Ha desaparecido la pregunta relativa a la atribución de los ingresos de los diferentes impuestos por niveles de gobierno, en la que los porcentajes de aciertos solían ser bastante inferiores.

10.  Al margen de las cuestiones de índole presupuestaria, el informe pone de relieve la existencia de una considerable satisfacción de los encuestados respecto a su vida familiar (media de 8,7 sobre 10), su salud (7,9), su vida social (7,9) y su nivel de vida (7,4). No obstante, cerca de un 10% califica su situación económica personal como mala o muy mala.

(Artículo publicado en el diario “Sur”)

El retorno de la inflación en perspectiva histórica: el caso del Reino Unido

 

Prácticamente ignorada durante años, la inflación ha retornado de forma inusitada, cobrando un brío insólito más propio de épocas pretéritas que se daban por superadas. Tras una fase de no querer ver las orejas del lobo, lo que hasta hace poco era una tendencia bastante extendida, las muestras de pánico ante un panorama con riesgo de descontrolarse han empezado a hacer acto de presencia. 

Algunos autorizados testimonios en el reciente encuentro de Jackson Hole son bastantes significativos respecto a la necesidad de enderezar el rumbo aun a costa de incurrir en inevitables, y no despreciables, costes de ajuste. “Reducir la inflación es probable que requiera un período sostenido de crecimiento por debajo de la tendencia. Además, habrá muy probablemente algún relajamiento de las condiciones del mercado de trabajo. Aunque unos tipos de interés más altos, un menor crecimiento, y unas condiciones del mercado de trabajo más laxas empujarán la inflación a la baja, acarrearán algún sufrimiento a familias y empresas. Estos son los desafortunados costes de reducir la inflación. Pero un fallo en restaurar la estabilidad de precios significaría un mal mucho mayor”, ha manifestado Jerome H. Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos[1].

¿Ha sido la inflación un mal endémico a lo largo de la historia? Se trata de una cuestión de gran interés, que ha sido estudiada de manera especial para el caso del Reino Unido, país para el que existe una serie de datos histórica extraordinariamente amplia. A este respecto, Ricardo Reis ha realizado un análisis que cubre un período nada menos que de ¡800 años!: de 1217 a 2016.

Este investigador de la London School of Economics (LSE) ha dividido ese dilatado período en subperíodos de 20 años, a efectos de computar la cifra media y la desviación estándar de la inflación. Los datos aparecen reflejados en el gráfico adjunto. En el eje horizontal se recogen los valores absolutos de la inflación media en cada intervalo menos un 2%. En el vertical, la dispersión de la inflación dentro de cada subperíodo[2].

El cuadro resultante es llamativo en sí mismo. Como destaca Reis, “algunos de ellos [experimentos de política monetaria] lograron estar cerca del pasado reciente en términos de alcanzar una tasa de inflación media cercana al 2%, pero tuvieron una volatilidad mucho más elevada. Unos pocos tuvieron una baja volatilidad, pero a costa de una persistente deflación. Ninguno funcionó tan bien en proporcionar una inflación baja y estable como el régimen de los últimos veinte años. Nunca una política monetaria había sido tan exitosa en controlar la inflación como la aplicada en las dos décadas anteriores a la pandemia”.

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[1] Vid. “Monetary Policy and Price Stability”, Speech, Fed, 26-8-2022.

[2] Vid. “The burst of high inflation in 2021-2022: how and why did we get here”, LSE, junio 2022.