27 de febrero de 2019

La ética de la redistribución según Bertrand de Jouvenel

Realmente no alcanzo a entender cómo Bertrand de Jouvenel ha pasado tan desapercibido en el campo de los estudios teóricos sobre la intervención del sector público en la economía. Sin embargo, una de sus aportaciones es resaltada en una obra reciente de uno de los más influyentes economistas dedicados al sector público de las últimas décadas como es Vito Tanzi. Así, en “Termites of the state”, publicada en 2018, señala (página 45) que en un influyente libro escrito por aquél se ponía de relieve que el gravamen de los ricos podía no ser suficiente para financiar los programas asociados al Estado del bienestar.

El librito en cuestión (unas 100 páginas de tamaño reducido, precedidas de un estudio introductorio) es “La ética de la redistribución” (Ediciones Encuentro, 2009) y en él se recogen unas conferencias impartidas en Cambridge por el pensador francés, publicadas originariamente en 1952.

El referido estudio preliminar, a cargo de Armando Zerolo Durán, también traductor, es altamente ilustrativo acerca de la biografía y la obra de Bertrand de Jouvenel (1903-1987). Si la referencia a Adolf Wagner en la Enciclopedia Británica (15ª edición), como señalaba aquí mismo no hace mucho, era tan escueta, imagínense cómo es la del filósofo y economista francés, nula.

Señala Jouvenel en el prefacio del libro comentado que “este pequeño ensayo no pretende ser una gran contribución al importante debate sobre la redistribución, sino más bien una llamada de atención sobre ciertos principios normalmente despreciados en el debate”.

Y esa es sin duda su principal virtud, lanzar una serie de ideas interesantes sobre la redistribución y el gasto público. Se me antoja que su prosa se despliega de una forma bastante desordenada, con agudos contrastes entre pasajes de claridad meridiana y otros bastante impenetrables. No es fácil sintetizar ni ordenar sus ideas, pretensiones que exceden de mi propósito aquí, que no es más que recoger algunas de las proposiciones contenidas en su discurso, breve pero considerablemente denso:

La asunción por el Estado de las funciones redistributivas

  1. La implicación del Estado en la tarea de la redistribución de la renta en los países occidentales no se origina en un plan preconcebido, sino que se explica por distintas circunstancias, especialmente las dos grandes guerras, unidas a las presiones sociales.
  2. Los cambios inducidos por la Revolución Industrial implicaron un repliegue o un desmantelamiento de los mecanismos redistributivos tradicionales. A este respecto, alude a la Iglesia como “agencia redistributiva muy importante”.
  3. Ante la nueva situación caracterizado por la pérdida de protagonismo de otros agentes, Jouvenel no discute el papel del Estado, pero cree que está sujeto a discusión:  i) si las políticas redistributivas son el mejor medio para aumentar los ingresos de las clases medias; ii) si tales políticas pueden ser efectivas, y iii) si no entran en conflicto con otros objetivos sociales legítimos.
  4. La redistribución como causa de la expansión del sector público, una de las líneas de investigación seguida en fechas más recientes, aparece esbozada en el texto comentado.
Las coordenadas del análisis de la redistribución
  1. Según la experiencia, la mayoría de las personas responde a las recompensas materiales asociadas a su esfuerzo individual. Sin embargo, realiza su análisis bajo la hipótesis de que la redistribución no ejerce una influencia desincentivadora y no afecta a la magnitud ni al crecimiento de la producción. Es decir, trata de despojar el debate de sus connotaciones prácticas para centrarse exclusivamente en la dimensión ética.
La redistribución como fin: aspectos doctrinales
  1. La política de redistribución de la tierra aspira a una igualdad en la posesión de recursos naturales, a partir de los cuales podrán derivarse diferentes productos y beneficios.
  2. La anteposición de la sociedad frente al individuo y la eliminación de la propiedad privada, causa de antagonismos, como elementos básicos del socialismo, provienen de los planteamientos filosóficos de Rousseau. Una vez se extingan los antagonismos sociales, el poder del Estado resultará innecesario. Para Jouvenel, “La promesa de que el Estado se marchitará es esencial para la doctrina socialista, dado que la desaparición de antagonismos es su objetivo fundamental… Sin embargo, es demasiado evidente que al tiempo que la propiedad privada ha sido prácticamente destruida, el poder policial se encuentra en sus máximos históricos, lo que refuta claramente la creencia socialista. Está claro que la destrucción de la propiedad privada ni ha acabado con los antagonismos ni ha hecho crecer ese espíritu de solidaridad entre los hombres que pudiese librarles del poder policial”.
  3. Ahora bien, “una comunidad que no se base en la independencia económica, sino en el reparto fraternal del producto común, e inspirada en el sentimiento profundo de que sus miembros son parte de la misma familia no debería ser considerada utópica… Una comunidad así funciona, ha funcionado durante siglos y la podemos ver con nuestros propios ojos en cualquier comunidad monástica”. La unidad emana no de la pertenencia a un cuerpo social sino a un cuerpo místico.
  4. El socialismo quiere buscar una unidad comunitaria pero sin renunciar al valor del consumo. Para Jouvenel, el socialismo “se ha convertido en un sistema heterogéneo desgarrado por una contradicción interna… si el bien de la sociedad reside en un aumento de la riqueza, ¿por qué no también para los individuos?... Si el apetito por la riqueza es malo en los individuos, ¿por qué no es malo para la sociedad?”.
La redistribución: aspectos conceptuales
  1. Jouvenel pone el dedo en la llaga de un problema cada día más extendido: “se ha convertido en un hábito moderno llamar ‘justo’ a cualquier cosa entendida como emocionalmente deseable”. Recomienda diferenciar entre la convicción de que es bueno y necesario eliminar la necesidad, así como atender a los más necesitados, y la relativa a la erradicación de la desigualdad de medios.
  2. Hay que agradecerle que define el concepto de redistribución, término que suele prestarse a bastantes confusiones: “redistribución es todo aquello que exime al individuo de un gasto que podría, y probablemente lo haría, pagar de su propio bolsillo y que, liberando una parte de sus ingresos, es equivalente a un aumento de éstos… En su forma más pura… cuando se quita de las rentas más altas para agregárselo a las más bajas”.
La dimensión económica de la redistribución
  1. Adicionalmente apunta que la redistribución tiende a asociarse con una idea de “suelo” por debajo del cual no se debería dejar caer a nadie. Dicho “suelo” es definido por “la clase social que forma la opinión pública”. A su vez, hay un “techo” que marca la renta máxima considerada como deseable. Hay un suelo y un techo “intelectualmente armónicos”, y también otros que son “económicamente armónicos”. Para Jouvenel, es un error creer que lo que se conceptúe como intelectualmente armónico también ha de ser, necesariamente, económicamente armónico. Sobre la base de una ilustración numérica, llega a una conclusión bastante evidente, aunque no pocas veces ignorada: “la cantidad final que realmente se puede transferir guarda poca relación con los deseos evocados”.
  2. A partir de unos cálculos, Jouvenel concluye que, para conseguir el objetivo de procurar cubrir el mínimo de ingresos para todos los individuos, no es suficiente disponer del superávit de los ricos, sino que es preciso “dar un buen mordisco a las rentas de la clase media”. A este respecto, anticipa una conclusión obtenida mucho más recientemente por la OCDE, en el sentido de que podría alcanzarse el mismo efecto redistributivo con un menor tamaño del sector público, con menores flujos de impuestos y transferencias que, en determinados casos, afectan a la mismas familias.
  3. Tras hacer un breve recorrido por diversos aspectos técnicos de la estructura de un impuesto sobre la renta (mínimo exento, gastos necesarios…) alude al cambio de política llevado a cabo en su día en la Unión Soviética, en la que “tras un breve período de igualdad, se volvió a la desigualdad, y tan marcadamente, que la escala de remuneraciones es mucho más pronunciada que en Occidente”. En este contexto, sostiene que “está suficientemente claro que el progreso va unido a la existencia de élites, cuya producción y mantenimiento es muy costoso, y que sus rentas no pueden ser menguadas sin gran pérdida social”.
La teoría económica ante la redistribución
  1. Se adentra luego en el territorio de la teoría económica para cuestionar la idea de la comparabilidad de las satisfacciones individuales, y plantear esquemas de determinación de una imposición óptima. Curiosamente, expone el principio impositivo del sacrificio marginal igual, bajo la premisa de una utilidad marginal decreciente, tomando como referencia la aportación de Lerner, y no la originaria de Edgeworth. Considera que “No está demostrado que la suma de las satisfacciones de los beneficiados sea mayor que la suma de las insatisfacciones de los despojados”.
  2. Apela a la proposición de la discriminación de las minorías basándose en un razonamiento económico.
El estado de la distribución y la asignación de los recursos
  1. Alude igualmente a las consecuencias de la igualdad y de la desigualdad sobre la asignación de los recursos productivos.
Las verdaderas implicaciones de la redistribución
  1. La asociación de la redistribución con el aumento del poder del Estado es otro de los caballos de batalla argumentales que espolea Jouvenel.
  2. Igualmente deja claro que “la redistribución es no tanto una redistribución del rico al pobre cuanto una redistribución de poder del individuo al Estado”.
Visiones sobre la renta
  1. El capítulo dedicado al gasto público se inicia con una exposición de dos visiones antagónicas sobre la renta: i) la del redistribucionista, que la ve esencialmente como un medio para la satisfacción del consumidor, y da prioridad a la igualación de satisfacciones; ii) la del antirredistribucionista, que la concibe como una recompensa por los servicios productivos, y prioriza su elevación para maximizar el flujo de dichos servicios.
La imposición progresiva
  1. La imposición progresiva ejerce un efecto desincentivador desde un punto de vista psicológico, a lo que se suma el freno para la acumulación del capital. No obstante, son mencionarlos de manera expresa, el impacto real dependerá de las magnitudes relativas de los conocidos efecto sustitución y efecto renta.
El diferente tratamiento de las familias y las sociedades mercantiles
  1. El trato de las sociedades mercantiles en comparación con el de las familias atrae también la atención del pensador galo, que no se libra de incurrir en algunas de las conocidas falacias económicas relacionadas con el tratamiento fiscal. Según él, una sociedad mercantil goza de una triple ventaja sobre la familia, a la que no se le permite la desgravación de la depreciación de sus activos, ni la deducción de sus gastos operativos y, además, su renta se somete a una escala de gravamen progresiva. Incluso llega a plantear un enfoque novedoso del asalariado como un verdadero empresario: “… si se valorasen las necesidades de una familia como se valoran las de las corporaciones, entonces habría que tener en cuenta el coste de mantenimiento de una casa, el del desarrollo de talentos y así sucesivamente”.
Servicios gratuitos y contabilidad nacional
  1. También muestra su carácter anticipatorio y crítico respecto a los criterios de la contabilidad nacional  cuando apunta que “el desprecio de los servicios gratuitos va contra la raíz de la democracia”.
  2. Otra buena apostilla es la que proporciona cuando refuta que pueda considerarse gratuito un servicio cuyos productores exigen una retribución, aun cuando se financie con cargo a los impuestos. Proclama Jouvenel que “los únicos servicios que son realmente gratuitos son aquellos que son ofrecidos por individuos que no piden un pago por ellos”.
Impuestos y democracia
  1. Interesantes son también las aproximaciones política y sociológica al establecimiento de impuestos. Muestra su añoranza por el declive de la resistencia de los contribuyentes a los impuestos, que ve como el bastión perdido de la libertad individual y la piedra angular de la libertad. Y no se detiene en poner el acento en una cuestión manifestada por otros pensadores de corte liberal: “Está implícito en la condición de ciudadano el no cargar obligaciones sobre sus conciudadanos que él mismo no asuma también”.
Existen distintos grados de tolerancia de las desigualdades
  1. Y, ya en la recta final, nos encontramos con una selecta pieza cognitiva e interpretativa, cuyo alcance se remonta en el tiempo y mantiene vigencia en los tiempos presentes. Merece la pena recogerla con todo detalle. Alude Jouvenel al “sentimiento profundo de que no tiene sentido ser rico por sí mismo y para uno mismo, mientras que la riqueza de los gobernantes es una forma de autosatisfacción para el pueblo que piensa en ellos como ‘mi’ gobernante. A este respecto, es remarcable que los comunistas franceses se pusiesen de acuerdo para regalar a Thorez, su líder, un coche de cuatro mil libras y, en su quincuagésimo aniversario, una extraordinaria selección de regalos. Esto ha sido objeto de mofa de un modo poco inteligente por resultar contradictorio con la ética comunista, y la gente esperaba que el magnífico coche dañase la popularidad del líder comunista, lo cual no fue así. La conducta de los seguidores de Thorez es el comportamiento natural de los hombres hacia los líderes que aceptan. Lejos de ser esencialmente envidiosa, tal y como se la representa, la gente siempre ha sido más generosa con sus escasos medios hacia aquellos que ven como sus superiores y sus jefes. Es como si algún oscuro instinto de la especie nos alertara de que tenemos que mimar a los tipos más elevados, variante cuyas necesidades son mayores que las del tipo medio”.
Esta, a pesar de no ser exhaustiva, larga relación pone de manifiesto que muchos de los temas planteados por Jouvenel siguen teniendo plena vigencia en la actualidad. Aparte de afirmaciones desafiantes que, cuando menos, requerirían de algún mínimo sustento estadístico histórico, Bertrand de Jouvenel formula una serie de proposiciones fundamentadas en el sentido común, concernientes a cuestiones que, en bastantes casos, suelen pasar desapercibidas. Ausente de los textos y manuales que dominan el análisis económico de la intervención del sector público, su voz apagada aporta mimbres apreciables para enriquecer el debate sobre el alcance y el sentido de dicha intervención. Debate intenso e inagotable que no permite vaticinar ningún fin de la historia.

23 de febrero de 2019

El espacio “mercado/autoridad-capitalismo/socialismo”: ¿dónde se sitúa China?


Dos son los criterios tradicionales para clasificar los sistemas económicos: el primero atiende a la forma en la que se organiza la asignación de los recursos, a través del mercado, o de la autoridad; el segundo, a la naturaleza de la propiedad de los medios de producción, que puede ser privada (capitalismo), o pública (socialismo). Por supuesto, los cambios económicos registrados a lo largo de la últimas décadas, con la incorporación de nuevos paradigmas, invitan a la toma en consideración de otros criterios, pero los dos mencionados siguen siendo una referencia clave.

La combinación de ambos permite delimitar las cuatro conocidas categorías polares: i) mercado-propiedad privada: capitalismo puro; ii) autoridad-propiedad privada: economía capitalista de dirección central; iii) mercado-propiedad pública: economía socialista de mercado; iv) autoridad-propiedad pública: economía socialista de planificación central.

Como tales, se configuran cuatro compartimentos aparentemente compactos, pero en realidad describen los cuatro vértices de un cuadrado cuyos lados reflejan el grado de cumplimiento de cada una de las variables tomadas como referencia. La coordinación de las decisiones económicas a través del mercado o de la autoridad, al igual que la propiedad de los medios de producción, no son cuestiones absolutas, sino que admiten un recorrido en un sentido o en otro.

Así las cosas, nos encontramos con el espacio descrito en los términos que se recogen en el gráfico adjunto.

A priori, es todo un desafío ubicar a un país como China, regido durante décadas por un férreo partido comunista y que a partir de la última parte del siglo veinte ha venido afrontando importante reformas económicas. ¿Dónde debemos colocar China dentro del espacio “mercado/autoridad-capitalismo/socialismo” representado gráficamente?

20 de febrero de 2019

Los servicios públicos y los impuestos según la opinión pública


El sector público ejerce una gran influencia en la vida de las personas, de manera continua a lo largo de sus diferentes etapas, a través de distintos instrumentos y formas de intervención en las esferas económica y social. En mayor o en menor medida, los ciudadanos asumimos una posición dual, como contribuyentes, y como beneficiarios de servicios públicos, unos generales y otros individualizables, y de prestaciones sociales.

La actitud de los individuos hacia el sector público, tanto en una vertiente como en otra, se ve claramente condicionada por la percepción social del grado de adecuación de la actuación de los poderes públicos, así como por la valoración global y particular, efectuada por la población, de los impuestos, servicios y prestaciones. Por ello son de gran utilidad e interés los estudios de opinión sobre estas cuestiones, como el que, desde hace años, viene elaborando el Instituto de Estudios Fiscales. El último, publicado en 2018, va referido a las “Opiniones y actitudes fiscales de los españoles en 2017”.

Son numerosos los aspectos que, este apartado, se ponen de manifiesto en dicho informe, basado en una encuesta representativa sustentada en entrevistas personales. Aquí se seleccionan algunos que nos parecen especialmente significativos:

  1. Los españoles muestran una mayor satisfacción con el uso de servicios (sanidad, infraestructuras, transporte y educación) que con las prestaciones sociales recibidas (pensiones de jubilación, prestaciones por desempleo, y pensiones de enfermedad e invalidez).
  2. La sanidad aparece como el servicio mejor valorado y como el que más mejora en los últimos cinco años. Llama la atención que la valoración media de la sanidad se mantenga prácticamente constante entre 2002 y 2017, teniendo en cuenta los consabidos ajustes presupuestarios practicados.
  3. Una amplia mayoría (79%) está de acuerdo con que existe margen de mejora de los servicios públicos y las prestaciones sociales. Se estima que casi toda la oferta pública está deficientemente gestionada.
  4. No obstante, algo más de las tres cuartas partes creen que hacen un mal uso de algún servicio público o prestación social.
  5. Menos de la mitad de los encuestados considera que la oferta pública de servicios y prestaciones justifica bastante o mucho el pago de los impuestos; seis de cada diez opinan que poco o nada. Según se indica en el informe, casi un tercio de los entrevistados no efectúa ningún tipo de declaración tributaria.
  6. Pese a lo señalado, casi tres de cada cuatro personas manifiestan una fuerte preferencia por la gestión pública y la financiación vía impuestos, con una tendencia a excluir la participación de la iniciativa privada en relación con los servicios y prestaciones objeto de consideración.
  7. Las mayoría piensa que la relación entre los impuestos satisfechos y los servicios y prestaciones recibidos es más desfavorable en España que en otros países de la Unión Europea.
  8. Según la opinión mayoritaria, el cumplimiento fiscal ha empeorado en la última década. El 86% cree que ha habido un aumento del fraude fiscal. Casi las tres cuartas partes de los entrevistados apuntan el colectivo de los empresarios como el más propenso al fraude.
  9. La economía sumergida está asociada al tipo de fraude que se valora como más pernicioso para la sociedad en su conjunto. La impunidad se percibe como la principal causa del fraude, seguida a gran distancia por la falta de honradez y de conciencia cívica.
  10. Respecto a la posible explicación del fraude, un 76% considera que no puede existir justificación en ningún caso; un 18% admite que pueden darse algunas circunstancias justificativas, y un 8% cree que el fraude es algo consustancial a los propios impuestos.
  11. También de forma mayoritaria, los españoles estiman que no existe una relación equitativa entre la cantidad que las grandes empresas aportan a la Hacienda Pública y la rentabilidad obtenida en sus negocios. Las razones identificadas son el aprovechamiento de lagunas legales y de beneficios fiscales.

No obstante reiterar el interés de este tipo de estudios, que permiten obtener una buena imagen de lo que opinan los ciudadanos acerca de cuestiones tan trascendentales como las relacionadas con el sector público, sería conveniente complementarlos con otras informaciones tales como:

  1. Nivel de conocimiento efectivo de los entrevistados sobre el contenido de las preguntas formuladas. A título de ejemplo, hay una tendencia a emitir juicios sobre la situación comparativa con otros países a pesar de que la mayoría reconoce abiertamente que no conoce la fiscalidad aplicable en tales países.
  2. Valoración de los servicios públicos desde el punto de vista de la gestión con base en indicadores objetivos.
  3. Evolución de los niveles de gasto público en términos reales homogéneos.
  4. Alcance del efecto redistributivo propiciado por el sector público a través de los impuestos, cotizaciones sociales, servicios públicos y prestaciones sociales.
  5. Tratamiento diferenciado de las pensiones de jubilación, con identificación de la relación existente entre las contribuciones efectuadas y las prestaciones recibidas.
  6. Actitud, constatable a través de la realización de experimentos reales, respecto a la demanda de servicios y prestaciones, con indicación expresa, de manera simultánea, de las fuentes de ingresos necesarios para su financiación.
  7. Estimación de la magnitud del fraude fiscal y de sus principales causas. Verificación de la coherencia entre la posición mayoritaria de rechazo al incumplimiento fiscal y la existencia de bolsas de fraude.
  8. Evaluación de los beneficios fiscales, con cuantificación de sus posibles efectos económicos positivos.

Por la trascendencia que tienen las actitudes hacia los programas de ingresos y gastos públicos, la educación presupuestaria y fiscal debería constituir un componente básico de la formación de los ciudadanos. Aquella es un elemento esencial para que las decisiones sociales relativas a la asignación de los recursos públicos pueda efectuarse de la manera más coherente posible, con pleno conocimiento de causa. Las elecciones en el ámbito del sector público conciernen a decisiones de carácter colectivo, aunque con repercusiones individuales, pero se trata de elecciones sujetas a importantes restricciones globales que no pueden ignorarse.

(Artículo publicado en el diario “Sur”)

17 de febrero de 2019

“La muerte del comendador” de Murakami: ¿oportunidad del coste o coste de oportunidad?

Hace unos días, mi sobrino de siete años, sin venir a cuento, me preguntó que cuántos libros había leído a lo largo de mi vida. Después de pensar unos segundos, no supe darle una cifra concreta, pero de lo que no cabe duda es que han sido muchos menos de los que me hubiese gustado. Esta sensación se acrecienta con el paso del tiempo y, especialmente, al tomar conciencia de la enorme cantidad de obras, de todos los tiempos, llenas de interés y alicientes, que nos sentimos incapaces de abarcar.

Al reflexionar al respecto, no tengo más remedio que reconocer, después de constatar la impotencia ante esa impresionante oferta fruto de la mente humana, eficazmente auxiliada por la imprenta, que, si bien la lectura de muchos de los libros computables en el inventario particular ha sido altamente gratificante, instructiva, o placentera, la de otros ha sido francamente decepcionante. Mientras que, en los primeros casos, ha merecido la pena incurrir en los costes asociados, ha sido oportuno afrontarlos, en los segundos, la situación es justamente la contraria. Y es el coste de oportunidad, existente en toda decisión de uso de algún recurso valioso, el que se hace mayúsculo en tales circunstancias. Lamentablemente, de manera ex post y no ex ante, adquirimos la certeza de la pérdida, del desperdicio del tiempo, irrecuperable, que podíamos haber dedicado a otros menesteres más interesantes.

Ahora, después de haber concluido la lectura de la segunda entrega de “La muerte del comendador”, de Haruki Murakami, no puedo evitar plantearme esa disyuntiva, algo que no esperaba, ni mucho menos, cuando transitaba por las estribaciones iniciales del primer volumen.

La estrategia de fragmentar el contenido de una novela, dejando en vilo a los lectores, durante unas esperas controladas, suele dar buenos réditos a autores y editores. Ha funcionado bastante bien con la extensa novela del autor nipón. La demora obligada alimenta siempre la impaciencia y genera grandes expectativas. El primer libro de “La muerte del comendador” deja abierto un reguero de incógnitas que desatan la avidez por encontrar las claves de tantos sucesos inexplicados. Para encontrarlas -más bien, intentar encontrarlas- tendrá el lector que armarse de paciencia y adentrarse en otras 491 páginas en las que se encontrará con múltiples sorpresas emanadas de la fértil imaginación murakamiana. Tendrá que armarse de valor para percibir la materialización de peculiares ideas y de metáforas rayanas en el absurdo, estar dispuesto a zambullirse en mundos carrollianos, y a relajar hasta extremos considerables sus estándares de permisividad narrativa.

Tal vez lo mejor hubiera sido encargar este comentario al escribiente taciturno que alguna vez he creído sorprender en la madrugada, pero hace semanas que no lo veo. Quizás haya decidido alistarse en la nutrida nómina de personajes atípicos de Murakami. Semejante repertorio es irresistible, por lo que no podría recriminárselo.

Una vez completado el recorrido por los dos volúmenes tenemos la posibilidad de hacer nuestra evaluación subjetiva, ex post. Podíamos haberla hecho ex ante a partir de referencias y recomendaciones externas, lo que no evita en absoluto los riesgos, ya sea en el sentido de inducción o en el de abstención incursora. Solo la experiencia personal puede garantizar que no se pierda una gran oportunidad, pero para lograrlo es ineludible arriesgarse a una gran pérdida de tiempo y a aceptar las caprichosas piruetas de las plumas, especialmente si están ya consagradas. 

La curva de percepción personal de “La muerte del comendador” arrancó con enorme brío, alcanzando unos tramos de alto nivel, para luego registrar bruscos retrocesos y ligeros remontes. Cerrado el ciclo de la lectura, vista en su conjunto, la distancia entre las cotas iniciales y las finales son, a mi pesar, muy pronunciadas. 

14 de febrero de 2019

El tratamiento fiscal de la vivienda


La compra de la vivienda habitual es una de las decisiones económicas más importantes, si no la principal, que suele adoptar una persona a lo largo de su vida. Ahora bien, la elección entre los regímenes de alquiler y propiedad es una disyuntiva de gran calibre que precede, en su caso, a la mencionada operación de adquisición. No es de extrañar, pues, la importancia intrínseca que la vivienda tiene para el análisis económico, ni el activo posicionamiento del sistema fiscal respecto a la misma como fuente directa o indirecta para la obtención de sustanciales ingresos tributarios.

La trascendencia de la elección sobre la vivienda: la perspectiva del análisis económico

La relevancia de la vivienda para las familias y su elevado coste vienen a explicar que las opiniones respecto a su tratamiento fiscal estén habitualmente afectadas de una considerable carga emocional. El análisis económico nos aporta algunas perspectivas útiles a fin de discernir cuál puede ser un tratamiento adecuado en la vertiente tributaria.

Propiedad vs alquiler: una elección que no se presta a simplificaciones

Pero antes incluso tendríamos que dilucidar cuál de las dos opciones, propiedad o alquiler, es la más adecuada para la vivienda habitual. Se trata de un dilema que no admite una respuesta predeterminada, sino que requiere descender a un análisis pormenorizado. Así, no es posible postular una conclusión de aplicación genérica, toda vez que los resultados de la comparación son altamente dependientes y sensibles respecto a los valores concretos que tomen las variables esenciales que entran en juego (precio de compra, nivel del tipo de interés, evolución futura del precio de la vivienda, número de años de mantenimiento de la propiedad, cargas impositivas, tasa de inflación, importe inicial y progresión anual del coste del alquiler, etc.).

El carácter dual de la vivienda: bien de consumo y activo de inversión

Supongamos que, después de haber tenido en cuenta los factores relevantes, una persona se decanta por la compra de la vivienda. Hemos de tener presente que una vivienda habitual es un activo bastante peculiar: por un lado, es un bien de consumo duradero, que permite disfrutar, a lo largo del tiempo, del servicio de su ocupación; por otro lado, la vivienda constituye una inversión, una forma de mantener riqueza, cuyo valor puede aumentar o disminuir. La experiencia reciente en el mercado inmobiliario ha puesto de manifiesto, contrariamente a las expectativas mantenidas tradicionalmente, que el precio de la vivienda puede disminuir, incluso en términos nominales, es decir, aunque no se descuente la tasa de inflación.

La aproximación del sistema tributario a la vivienda

El tratamiento fiscal de la vivienda es un factor muy importante en la elección entre las opciones de propiedad y alquiler, y también respecto a su posición como alternativa de inversión frente a instrumentos financieros. No obstante, la regulación puede ejercer una influencia igual o mayor que la de la tributación.

Según establece la Constitución española, nuestro sistema tributario está sustentado en el principio de capacidad económica, cuya medición se concreta con base en indicadores de renta, consumo y riqueza. Si la vivienda permite un consumo y al mismo tiempo es una forma de mantenimiento de riqueza, parece lógico que se vea afectada por los impuestos que, dentro del sistema fiscal, tengan atribuida las misiones de cubrir tales manifestaciones de la capacidad tributaria.

La vivienda como bien de consumo

Así, el IVA, como impuesto general sobre el consumo, se encarga de gravar la adquisición de la vivienda, haciendo uso del tipo impositivo reducido (10%). Al recaer sobre el precio total en el momento de la compra, esto equivale a gravar de golpe todos los servicios de consumo, de disfrute de la vivienda a lo largo del tiempo. Sin embargo, la vivienda, adicionalmente, soporta anualmente el gravamen del IBI, lo que podría entenderse como una duplicidad, salvo que se conviniese que este tributo local responde en alguna medida a los beneficios de los servicios públicos percibidos por los propietarios de los bienes inmuebles.

La vivienda como activo

Por lo que concierne al tratamiento como bien de inversión, al igual que ocurre con otros activos, la vivienda, disminuida en el valor de los préstamos asociados, forma parte del patrimonio neto de las personas físicas, que, en su caso, se verá sometido al Impuesto sobre el Patrimonio. En éste, la vivienda habitual goza de una exención hasta un importe de 300.000 euros por declarante. En el supuesto de que, posteriormente, en un momento dado se efectúe una transmisión de la propiedad, entrarían en juego los impuestos correspondientes. El transmitente se vería afectado por el IRPF (por la variación patrimonial) y el impuesto sobre la plusvalía de los terrenos de naturaleza urbana, en tanto que el adquirente, por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales o el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, según, respectivamente, si la transmisión es onerosa o gratuita.

Vivienda habitual vs segunda vivienda

Si pasamos al ámbito del IRPF, a diferencia de lo que sucede con la vivienda habitual, que está exonerada, es preciso computar una renta imputada por los inmuebles y viviendas (no arrendados) que estén a disposición del contribuyente. Éste debe declarar como renta un 1,1% del valor catastral, si ha sido objeto de revisión, y un 2% en caso contrario. A tenor de este último porcentaje, su aplicación implica en la práctica una revalorización del 82%.

La fiscalidad conjunta sobre la propiedad de la vivienda

Así pues, en este tipo de situaciones relativas a viviendas no habituales, nos podemos encontrar con que lo que, en el fondo, es una misma manifestación económica, basada en el acceso y la tenencia de una vivienda, se ve sometida a múltiples impuestos: IVA, IBI, IRPF e Impuesto sobre el Patrimonio.

Por otro lado, no puede perderse de vista que todo el proceso de promoción inmobiliaria se ve afectado por el gravamen de diferentes figuras tributarias, desde la adquisición del terreno hasta la finalización del inmueble.

El tratamiento fiscal del alquiler

Por su parte, el arrendatario de una vivienda habitual no soporta directamente ningún tributo (salvo el Impuesto sobre Transmisiones, por el contrato de arrendamiento, con una cuota de modesta cuantía). Sin embargo, en función de cuál sea la situación que prevalezca en el mercado, el precio del alquiler reflejará los impuestos soportados formalmente por los propietarios. Por lo demás, la fórmula del alquiler se ve favorecida por el tratamiento preferente del que gozan las rentas derivadas del alquiler para el arrendador. En principio, este beneficio fiscal tiende a ampliar la oferta de alquileres y a abaratar su precio en el mercado. No obstante, otros factores, de mercado o regulatorios, pueden ejercer un efecto en sentido contrario.

La vivienda, en el foco de las propuestas de reforma fiscal

En el panorama internacional, el tratamiento de la vivienda se sitúa dentro del foco de las propuestas de reforma fiscal. Hay una corriente que aboga por disminuir las cargas que gravan las transacciones y, simultáneamente, elevar las que recaen sobre la tenencia. En este contexto, la figura del impuesto sobre la tierra, considerado por muchos economistas como la mejor forma de imposición, vuelve a cobrar un inusitado protagonismo.

(Artículo publicado en UniBlog)

11 de febrero de 2019

Panorama de la empresa en Andalucía

Recientemente se ha publicado una nueva edición del informe “Análisis económico-financiero de la empresa de Andalucía”, elaborado por Analistas Económicos de Andalucía. Dicho informe se viene realizando ininterrumpidamente desde hace 25 años, conformando la Central de Balances de Andalucía. El estudio, además de estadísticas del INE, se nutre de las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil, lo que obliga a atenerse a una serie de plazos para la disponibilidad y el tratamiento de la información. En esta ocasión, el análisis se centra en las cuentas anuales de 2016, ampliado con un avance del ejercicio 2017. Las muestras utilizadas están integradas por un elevado número de empresas, de más de 46.000 y 17.000 sociedades, para 2016 y 2017 (un 27% y un 10%, respectivamente, del total de sociedades radicadas en Andalucía).

El perfil del ciclo económico vivido en España en el último decenio está marcado por una notoria contracción del PIB, a raíz de la fatídica “uve doble” en la que se resume la “Gran Recesión”. También resulta llamativo la reactivación iniciada en 2014, que acusa ahora signos de desaceleración. En Andalucía, hasta 2018 no se ha restaurado, en términos reales, el nivel del PIB máximo de 2008. El impacto del ciclo se constata de manera especial en el mercado de trabajo, con la destrucción de cerca de 670.000 empleos durante la crisis (un 20%). Aunque es patente la importante recuperación de la ocupación desde 2014, aún no se ha llegado al máximo de 2007, si bien la tasa de paro se ha reducido 13,4 puntos porcentuales desde 2013. Pese a todo, el tamaño actual de la economía de Andalucía es, en términos reales, un 30% mayor que en el año 2000 y, en relación con la ocupación, un 27%.

Se trata de un período en el que se han registrado también apreciables cambios en las condiciones financieras. En España, el tipo de interés de los préstamos a pymes ha disminuido desde cotas en torno al 6% en 2012 hasta aproximarse al 2%. Una encuesta del BCE evidenciaba que las preocupaciones principales manifestadas por las empresas en 2018 no eran de tipo financiero, sino las relacionadas con la disponibilidad de trabajo cualificado y la dificultad de las ventas a clientes.

Por lo que respecta a la dinámica demográfica empresarial, cabe señalar:
  1. En 2018 había algo más de 509.000 empresas en Andalucía, un 15,3% del total nacional.
  2. La densidad empresarial se situaba en 61 empresas por cada 1.000 habitantes, por debajo de la cifra de España (71). No obstante, la importancia de la cifra de empresas debe relativizarse, toda vez que, por ejemplo, el número en España es superior al de Alemania.
  3. Un 59% de las empresas radicadas en Andalucía son personas físicas, y un 33%, sociedades limitadas (un 80% del total de las empresas con forma asociativa).
  4. Un 54% de las empresas carecen de asalariados, y un 42% tienen menos de 10 empleados.
  5. Casi la mitad (47%) se concentran en Málaga y Sevilla.
En relación con las sociedades mercantiles, del referido informe se desprenden, entre otros, los siguientes aspectos:
  1. Cerca de un 70% de las sociedades tienen más de 10 años de antigüedad, lo cual es en sí mismo un signo de resiliencia.
  2. Se aprecia un aumento de los indicadores de actividad (cifra de negocios, compras corrientes y gastos de personal) en los últimos años, de manera que las cifras de 2017 son aproximadamente un 30% superiores a las de 2014.
  3. El resultado de explotación de 2017 es superior en un 55% al de 2014, en tanto que el resultado del ejercicio de 2017 triplica el de 2014, si bien hay que tener en cuenta el modesto nivel de partida.
  4. Se constata un progresivo aumento de las empresas que obtienen beneficio, casi dos tercios (64%) en 2016, desde un mínimo del 49% en 2012.
  5. También es destacable la senda ascendente desde 2014 de los resultados de explotación, los resultados globales y el cash-flow respecto a la cifra de negocios.
  6. El patrimonio neto representa un 43% del activo total. La financiación bancaria cubre un 20% de este último (más de un tercio de los recursos ajenos). Igualmente es destacable la importancia de los acreedores comerciales dentro de la estructura financiera, con un 16% de peso sobre el activo total (un 29% de los recursos ajenos).
  7. Los gastos financieros registraron una caída del 11% en 2016.
El informe contiene asimismo un análisis de las denominadas “empresas de referencia”, aquéllas que cumplen unos requisitos bastante exigentes en tres ámbitos: a) capacidad de generación de recursos (cash-flow): líderes; b) ritmo sostenido de crecimiento del volumen de negocio: gacelas; c) obtención de elevadas tasas de rentabilidad económica: de alta rentabilidad. A partir de bases de datos de más de 64.000 sociedades, en el documento se identifican un total de 5.714 que pertenecen a alguna de las anteriores categorías. Sólo 23 cumplen simultáneamente los tres criterios mencionados.

Hoy día, apenas se presta a discusión que el futuro económico está estrechamente ligado a la dinámica empresarial. Las pymes, como subraya la OCDE, desempeñan un papel fundamental para el crecimiento económico, la creación de empleo, el desarrollo regional y local, y la cohesión social.

Andalucía tiene ante sí el reto de avanzar en convergencia real con España y la Unión Europea, lo que nos aboca ineludiblamente al álgebra del desarrollo económico, que acota las tres palancas para mejorar el nivel de PIB per cápita: ocupación, esfuerzo laboral y productividad por hora de trabajo. El papel de las empresas es absolutamente crucial para superar dicho reto. A este respecto puede ser interesante reflexionar en torno a las características regionales que, según la OCDE, contribuyen a la dinámica empresarial: a) gobernanza local, mediante la aplicación de políticas amigables a las empresas; b) regulación empresarial, de manera que se garantice la competencia y la seguridad, pero sin llegar a ser asfixiante; c) calidad gubernamental, articulada en la rendición de cuentas y la transparencia; d) educación, que ejerce una contribución positiva sobre la creación de empresas; e) gasto en I+D, que muestra asimismo una correlación positiva con el fomento empresarial; y f) acceso a la financiación, como requerimiento básico para el surgimiento y el desarrollo de las iniciativas empresariales.

(Artículo publicado en el diario "Sur")

 

8 de febrero de 2019

Contribuciones negativas al crecimiento del PIB: matices interpretativos

El empleo de términos en las proposiciones científicas no siempre es neutro. El campo de las ciencias sociales ofrece numerosos ejemplos que lo corroboran. Conceptos como los de presión fiscal, tasa de paro natural, segundo óptimo, bien público, gasto social, selección adversa, expectativas racionales, o ánimo de lucro, entre otros muchos, conllevan determinadas connotaciones, positivas o negativas, que no siempre se corresponden con su significado real. No debe, pues, resultar extraño que determinadas denominaciones o formulaciones gramaticales sean fuente de confusión.

Aunque con matices, algo parecido ocurre con la expresión habitual en los análisis de coyuntura económica referente a la posible contribución negativa del sector exterior al crecimiento del PIB (producto interior bruto). ¿Qué puede entender una persona no versada en la materia, que se supone conoce el significado del PIB, como valor monetario de los bienes y servicios producidos en un país en un período, normalmente el año natural? No es descabellado pensar que se atribuya a dicho sector un efecto depresivo sobre el crecimiento económico y, en tal sentido, se perciba como el causante de una reducción del valor de los bienes y servicios producidos.

Si partimos de la definición del PIB más habitual, según la cual PIB = Consumo + Inversión + Gasto público + (Exportaciones – Importaciones), la anterior cuestión parece que queda directamente zanjada. Si el saldo exterior, esto es, la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, es negativo, se desprende que la magnitud del PIB se reduce.

Ahora bien, no puede perderse de vista un detalle importante. El factor determinante del PIB es el nivel de la demanda de bienes y servicios, de origen nacional y de origen exterior, por ejemplo, por un total de 100 unidades monetarias (u.m.). Si no hubiese importaciones, la atención de dicha demanda llevaría a un PIB de 100 u.m. Si, por el contrario, es preciso recurrir a las importaciones para cubrir parte de la demanda (por ejemplo, 20 u.m.), el PIB sería de 80 u.m.

El sector exterior aparece, pues, como responsable de una caída del PIB. Sin embargo, para ser precisos, habría que señalar que lo que realmente ocurre es que, al no ser satisfecha toda la demanda con producción nacional, no se alcanza dicho potencial. Si, de manera alternativa, definiéramos el PIB como la suma de los componentes de la demanda satisfechos internamente, nos quedaríamos sin argumentos para culpar al sector exterior.

En definitiva, a raíz de la noción de contribución negativa al crecimiento del PIB puede suscitarse la idea de que el sector exterior destruye actividad económica, pero lo que sucede es que la producción nacional no se encuentra en condiciones de satisfacer una parte de la demanda nacional. El problema, en su caso, no radica en el exterior, sino en el interior.

5 de febrero de 2019

El euro en su 20º aniversario: 1999-2019

El inicio del nuevo año, 2019, ha coincidido con la conmemoración de una importante efeméride: se han cumplido 20 años del nacimiento del euro, de la moneda única europea. Si bien su puesta en circulación se demoró hasta el año 2002, desde el 1 de enero de 1999 el euro comenzó a ser una realidad económica tangible. Los 11 países que constituyeron la Unión Monetaria Europea en su arranque (Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo y Portugal) fijaron de manera irrevocable sus tipos de cambio respecto a la nueva moneda. Posteriormente se irían incorporando otros 8 países (Chipre, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania y Malta). Hoy son, pues, 19 los países miembros de la Unión Europea (UE) que pertenecen a la Unión Monetaria. Otros 6 podrían incorporarse a la Eurozona una vez que cumplan los criterios establecidos para el acceso a la misma. Dinamarca, Suecia y Reino Unido quedaron en su día, por decisión propia, fuera de la zona monetaria.

¿Qué balance puede hacerse de estos veinte años de existencia del euro?
Lo primero que habría que destacar es que, en términos de alcance y utilización, el euro constituye un proyecto de éxito, como queda refrendado a partir de los siguientes datos:
  • Es utilizado por 340 millones de personas en 19 países de la UE, en tanto que, fuera de la Eurozona, otros 175 millones de personas viven en países y territorios (60 en total) cuyas monedas están directa o indirectamente ancladas al euro.
  • La Eurozona representa un 12% del PIB mundial.
  • Tres cuartas partes de los habitantes de la Eurozona están a favor del euro, lo que significa la cota más elevada desde 2004.
  • El euro se ha convertido en la segunda divisa más importante del mundo, después del dólar estadounidense, representando un 36% de los pagos globales y un 20% de las reservas exteriores de los bancos centrales extranjeros, lo que es sinónimo de su consideración como depósito de valor seguro.
  • En torno a un 38% de la población de la Eurozona no ha conocido otra moneda en su vida como adultos.
Particularmente rotundo ha sido el aval prestado por Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, quien ha llegado a afirmar, en un discurso pronunciado en la Universidad de Santa Ana de Pisa el 15 de diciembre de 2018 (https://www.bis.org/review/r181218b.pdf), que la Unión Monetaria “fue una respuesta excepcional a un siglo que había conocido dictaduras, guerra y miseria”, y que “ha llegado a convertirse en un aspecto esencial y definitorio -con sus símbolos y sus restricciones- del proyecto político cuyo fin central es una Europa que permanezca unida en libertad, paz, democracia y prosperidad”.

Sin embargo, si la prevalencia de tales objetivos ha de estar ligada a la subsistencia del euro, no puede decirse, desafortunadamente, que su garantía pueda darse por hecho. Ya a comienzos de la presente década el euro hubo de afrontar una profunda crisis, sin que haya quedado inmunizado frente a eventuales nuevos episodios de convulsiones económicas y financieras.

El proceso de creación de la Unión Monetaria: principales etapas
Un breve repaso del proceso que condujo a la creación de la Unión Monetaria puede resultar conveniente para calibrar las claves de la encrucijada actual en la que está inmerso el proyecto de integración europea.

La propuesta de formar una unión monetaria en Europa se remonta al año 1969, y uno de sus propósitos era evitar las distorsiones a la competencia que provenían de las oscilaciones de los tipos de cambio. Sin embargo, el proyecto quedó aplazado, a la espera de que se avanzara en la integración de la economía real, mediante la creación de un mercado único de bienes y servicios. La formación de una unión monetaria emergió entonces con fuerza como un complemento natural.

Tres fueron las etapas previstas para la configuración de la Unión Económica y Monetaria (UEM): i) libertad de circulación de capitales; ii) adopción de programas de convergencia económica y de medidas institucionales; y iii) fijación de manera irrevocable de las paridades de las monedas, ligada a la transferencia del poder monetario a una entidad común.

Las deficiencias institucionales de la UEM: un diseño inacabado
Desde antes de que el euro se hiciera una realidad, diversos economistas habían llamado la atención en el sentido de alertar de que la UE no reunía las condiciones para constituir una unión monetaria óptima, que requiere de una elevada movilidad geográfica del trabajo y de una capacidad presupuestaria para atajar los desequilibrios territoriales que surjan a lo largo del ciclo económico.

Tales carencias quedaron soslayadas en una fase inicial de bonanza económica, en la que los mercados interpretaron que no había prácticamente diferencias entre los riesgos de los títulos de deuda pública de los países de la Eurozona. Sin embargo, el desencadenamiento de la gran crisis financiera internacional de 2007-2008 puso de manifiesto las debilidades del sistema (http://www.extoikos.es/n6/pdf/2.pdf). Los países más afectados por la crisis se encontraban con el corsé de una unión monetaria (imposibilidad de recurrir a políticas nacionales monetaria y de tipos de cambios) sin que existieran mecanismos fiscales y presupuestarios supranacionales para hacer frente a la situación. Las primas de riesgo de los países más vulnerables no tardaron en dispararse.

La crisis reciente reveló tres principales fallos en el diseño de la Unión Monetaria: un deficiente marco de gobernanza económica, la ausencia de una unión bancaria y la inexistencia de instrumentos fiscales comunes para responder a situaciones recesivas. La dolorosa senda de la devaluación interna, apoyada en medidas de auxilio financiero externo, era la única vía disponible para tratar de recuperar la competitividad perdida.

Los retos para la convergencia nominal y la convergencia real
Las condiciones establecidas para el ingreso en la Unión Monetaria se basaron en la convergencia nominal (estabilidad de precios, sostenibilidad de las finanzas públicas, estabilidad cambiaria y convergencia de tipos de interés). Se partía de la premisa de que la estabilidad y la convergencia nominales servirían para favorecer la estabilidad y la convergencia reales. Veinte años después de la puesta en marcha del euro, nos encontramos con que los objetivos de sostenibilidad de las finanzas públicas y de convergencia de tipos han quedado desarbolados, evidenciándose notorias disparidades entre países. Por lo que respecta a la convergencia económica real, si bien los países procedentes del centro y del este de Europa que se han incorporado han acortado distancias en términos de renta per cápita, se han ampliado las divergencias en indicadores básicos entre los países “centrales” y los “periféricos”.

La respuesta a la incertidumbre: la necesidad de avanzar hacia una unión plena
La propia UE se encuentra ante una encrucijada, complicada por el Brexit. Aun cuando la ruptura del euro parece descartada del horizonte, tras una etapa en la que no se han escatimado, por el Banco Central Europeo, medidas de política monetaria para asegurar la estabilidad financiera, será difícil cosechar plenamente sus frutos sin progresar en las líneas recogidas en la Propuesta de los cinco Presidentes de las instituciones europeas, en la que se propugna avanzar en cuatro frentes (unión económica, unión financiera, unión presupuestaria y unión política) como medio para crear una vida mejor y más justa para todos los ciudadanos.

A este respecto, en una Comunicación de fecha 5 de diciembre de 2018 (https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication_-_towards_a_stronger_international_role_of_the_euro.pdf), la Comisión Europea ha proclamado que “con el respaldo de la hoja de ruta para completar la Unión Económica y Monetaria Europea, hay margen para que el euro desarrolle adicionalmente su papel global, de manera que esté más acompasado con el peso político, económico y financiero del área euro”.

La sombra del “trilema” político fundamental de la economía mundial
Al valorar las opciones posibles, no podemos olvidar el “trilema” político fundamental de la economía mundial descrito por Rodrik. Tres son los grandes objetivos en el menú político y social: la globalización, la autodeterminación de los Estados nacionales y la democracia. Podemos dar prioridad a cualquiera de ellos, pero, una vez que lo hacemos, nos vemos obligados a elegir entre los otros dos.

Teniendo en cuenta que si hay un objetivo absolutamente irrenunciable, es el de la democracia, no parece que existan muchas dudas acerca de cuál debe ser la ruta a seguir. La respuesta radica ineludiblemente en una mayor integración, una “integración integral”.

(Artículo publicado en UniBlog).

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