Eventos inciertos y fragilidad del futuro

 

Gracias al prodigioso telescopio espacial James Webb pueden vislumbrarse “acantilados cósmicos” situados a miles de años-luz de distancia, o percibirse los rastros del origen del Universo. Sin embargo, no disponemos de ningún instrumento que nos permita predecir con certeza lo que acontecerá en los próximos años en este minúsculo punto del cosmos que es el planeta Tierra. No se sabe cuándo, ni dónde -ni, quizás tampoco, por qué-, pero la humanidad, o una parte significativa de ella, volverá a verse afectada por eventos catastróficos, de distinto origen y naturaleza diversa.

Pese al acaecimiento de tales eventos, que la historia acumula en un funesto inventario, y de su alta severidad, la teoría económica adolece de una acusada carencia en cuanto a la formulación de unas pautas de actuación para abordarlos eficazmente. A ello se añade una patente falta de adecuación de los sectores público y privado para afrontarlos. Esta es, en esencia, la tesis que sostiene Vito Tanzi (exdirector del Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional) en una obra que recoge sus reflexiones durante la fase de aislamiento impuesto por la pandemia de la Covid-19: “Fragile futures. The uncertain economics of disasters, pandemics, and climate change” (2022).

Por lo que se refiere al sector público, el nivel deseable de la tributación y el uso de los ingresos fiscales disponibles tienden a considerarse, tanto por los especialistas como por los gobiernos, como aquellos requeridos para tiempos normales, y no durante períodos de crisis. De ahí se deriva el problema de que el comportamiento esperado del sector público venga a ignorar la posibilidad de eventos futuros inciertos o inesperados con graves consecuencias y, por tanto, también las necesidades asociadas. La falta de preparación es extensiva al sector privado. En los países democráticos con economías de mercado, la forma en la que se espera que los gobiernos (ciclo electoral) y las empresas (competencia de mercado) operen no crea incentivos para adoptar, en tiempos normales, políticas que podrían hacer más fácil hacer frente a catástrofes cuando estas se producen.

Resulta así crucial efectuar una distinción entre eventos sujetos a un riesgo que puede ser determinado estadísticamente, y eventos inciertos, para los que no es posible la medición estadística de la probabilidad de ocurrencia. Puede haber una tendencia en los seres humanos, considerada rayana en la irracionalidad, que lleva a ignorar posibilidades de acontecimientos marcados por la incertidumbre, con un gran impacto social y económico, que podrían darse en el futuro.

La llegada de pandemias y el cambio climático ponen de manifiesto, según Tanzi, la existencia de un gran fallo institucional del mundo, a saber, la falta de un gobierno global, o de instituciones con ese alcance efectivas, para enfrentarse a “males” colectivos globales. Dados los muchos desastres y catástrofes que, a lo largo de los siglos, han acontecido en todos los países, con enormes consecuencias negativas, cabría haber esperado que la Economía hubiese dado cabida dentro de su campo a tales eventos, pero no ha sido el caso. Según la tesis expuesta, debería, pues, desarrollarse una “Economía de las catástrofes”.

Aunque no se requiere que las economías de mercado sean sustituidas por un esquema de planificación central, sí necesitan algunas correcciones para considerar los costes sociales. Los gobiernos que sean eficientes, mantengan en orden sus cuentas y su administración pública estarán en mejores condiciones para responder sin dilación a situaciones complicadas.

Si los eventos inciertos con impactos negativos tienen un alcance global o internacional, la coordinación necesaria puede tener que ser también global o internacional. Ante la inexistencia de un gobierno de esas características, determinadas instituciones internacionales -plantea Tanzi- podrían servir como alternativas. Ahora bien, no pueden obviarse los conflictos de objetivos que pueden surgir en cuanto a su legitimidad, diseño y funcionamiento.

El impuesto sobre sociedades visto por un inversor extraterrestre

 

Un inversor procedente del planeta Zog llega a la tierra, y se encuentra con la sorpresa de que, en los sistemas tributarios terrícolas, se aplica un impuesto que grava las compañías. El alienígena se queda estupefacto, ya que no entiende esa -para él- absurda situación.

Ese hipotético episodio sería esperable según la apreciación de Stuart Kirk, para quien “el único tipo de gravamen lógico del impuesto sobre sociedades es cero”[1]. El argumento es el típico que utilizan los economistas, o, al menos, una buena parte de estos: “Lo que los políticos de todo el mundo no son capaces de entender es que las compañías no existen como tales – no son más que una serie de intercambios entre cuatro grupos de humanos: empleados, clientes, proveedores e inversores. Las compañías no generan impuestos. Solo los individuos pueden hacerlo. Así, cuando los gobiernos elevan la carga sobre las empresas, ¿qué ocurre? Bien se reduce el rendimiento a los inversores en la forma de menores dividendos o de apreciación del capital.. O bien una compañía puede aumentar los precios que pagan los clientes por sus bienes o servicios. O paga menos a los proveedores -meramente trasladando la carga sobre sus empleados, inversores y proveedores. O los salarios pueden ser reducidos, o los empleados despedidos”. El concepto de incidencia impositiva (económica) planea claramente sobre este razonamiento.

Kirk concluye que, aunque los inversores se pueden ver afectados negativamente por el tributo, en la práctica no tienen que preocuparse por la tasa de rendimiento. “¿Por qué los impuestos sobre sociedades no parecen preocupar a los inversores?”, se pregunta. “En parte, porque los empleados y los clientes comparten la carga”, apunta. Adicionalmente, hay que tener presente que muchas sociedades son propensas a prácticas de elusión fiscal y, lo que es más importante, hay determinantes de los rendimientos de las compañías más relevantes que los impuestos: el crecimiento económico, la competencia, el cambio tecnológico, la estrategia, y los precios de los factores.

No se sabe en qué medida una extraterrestre asumiría razonamientos basados en la incidencia de la imposición, pero sí parece más evidente que tales razonamientos tienen escasa incidencia en la visión impositiva de los gobernantes y de los no gobernantes.

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[1] “Corporate tax should be zero but investors shouldn’t worry about it”, Financial Times, enero 2023.

¿Escritor vs escribidor?

 

Hay algunos vocablos que, al leerlos o al oírlos, nos dejan sumidos, si no en un mar de dudas, sí que atrapados en alguna que otra laguna. El de escribidor es uno de esos vocablos. La consulta al Diccionario de la Lengua Española no resulta extremadamente clarificadora, a tenor de las tres acepciones expuestas [“Escritor prolífico”; “escritor” (irónicamente); “mal escritor” (coloquial desusado)].

La opinión autorizada de un escritor de la talla de Mario Vargas Llosa, que precisamente lo utiliza en el título de una de sus obras (“La tía Julia y el escribidor”), es bastante ilustrativa: “La mayoría de las veces he usado la palabra ‘escribidor’ como sinónimo de escritor y no de manera irónica ni peyorativa. Pero algunas veces sí, como en el caso de Pedro Camacho, el autor de radionovelas”[1].

En el ensayo “Del folletín al arte serio”[2], el escritor peruano efectúa una distinción entre “un escritor serio” y “un buen escribidor de culebrones”. El primero “es aquel que puede distorsionar la realidad a partir de una obsesión o creencia personal y presentar esa distorsión de una manera tan convincente que el lector la percibe como una descripción objetiva del mundo real”. A su vez, el segundo “también distorsiona la realidad, pero no a partir de una obsesión o visión personal, sino de los estereotipos establecidos socialmente”.

Tal vez haya palabras que, pese a las tendencias oficialmente constatadas, no puedan desprenderse de una cierta connotación de ambigüedad. ¿Cómo debería sentirse un supuesto escritor si el autor de “Travesuras de la niña mala” se dirige a él y le dice que lo considera un “buen escribidor”?

 

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[1] Vid. José Lázaro, “Introducción”, a Mario Vargas Llosa, “La realidad de un escritor”. Triacastela, Madrid, 2020, pág. 15.

[2] Recogido en “La realidad de un escritor”, op. cit.

El reto del Eurolenguaje

 

“Sin embargo, la estructura de la UE y su ordenamiento jurídico son difíciles de comprender para los ciudadanos europeos. El problema tiene una doble vertiente: por un lado, los textos de los Tratados son a menudo poco claros, y su alcance es difícil de captar; por otro, numerosos conceptos utilizados para regular nuevas situaciones no les son en absoluto familiares a los ciudadanos”.

Si en el prefacio de un texto introductorio al Derecho de la Unión Europea (UE)[1] encontramos una declaración como la anterior, podemos sentir un cierto alivio si, como es bastante probable, nos hemos encontrado con algún que otro escollo al transitar por la normativa comunitaria.

Como señala The Economist, “la mayoría de las organizaciones… desarrollan sus propias jergas. La UE ha creado una tan rica y llena de acrónimos que seguramente cuenta como un dialecto por sus propios méritos”[2].

Y continúa afirmando que “su prosa [de los Eurócratas] es tan opaca como lo es en las revistas de ciencia política. Los gobiernos nacionales escriben de una forma que un alumno típico de secundaria puede comprender. Los Eurócratas aturden a cualquiera que carezca de una titulación universitaria”.

Este patente optimismo del autor de la columna “Charlemagne” le lleva luego a proclamar las ventajas del “Eurolenguaje”, que se ve como la única alternativa para una comunicación transnacional dirigida a los ciudadanos de 27 países.

La prosa comunitaria no sólo es a menudo opaca. En ocasiones, a pesar de la enorme variedad de su léxico, no se encuentran vocablos claramente diferenciados. Las denominaciones de “Consejo Europeo” y “Consejo de Europa” para identificar dos instituciones distintas resulta particularmente ilustrativa.

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[1] Unión Europea, “El ABC del Derecho de la Unión Europea, 2017.

[2] “In praise of Euro-gibberish”, 12-11-2022.

La fiscalidad de España en el contexto internacional

 

La OCDE ha publicado recientemente su informe anual (correspondiente a 2021) sobre los ingresos fiscales en los países integrantes de dicha organización, cuyo número en la actualidad se eleva a 38. Considerados habitualmente como los “países occidentales desarrollados”, el club reúne una muestra bastante heterogénea en cuanto a tamaño y características socioeconómicas. El referido documento ofrece una información básica para el análisis de la evolución de la fiscalidad en España en el contexto internacional. De su contenido pueden extraerse, entre otras, las siguientes observaciones:

        i.          La presión fiscal (impuestos y cotizaciones sociales como porcentaje del PIB) se situó en una cifra media del 34,1%, en el año 2021, en el conjunto de la OCDE. Se constata una elevación sustancial respecto a 2020, a raíz de la fuerte recuperación económica tras la contracción causada por la Covid-19, que había disminuido fuertemente los niveles de recaudación.

      ii.           La presión fiscal muestra un amplio recorrido, que va desde el 16,7% en México al 46,9% en Dinamarca.

     iii.          Algunos casos significativos son los de Suecia, que ha pasado de tener un 50% en el año 2000 a un 42,6% en 2021, e Irlanda, que lo ha hecho del 30,8% al 21,1%.

     iv.          Destacan, a su vez, por el incremento de la presión fiscal, entre ambos años, Grecia (del 33,4% al 39%), España (del 33% al 38,4%) y Corea (del 20,9% al 29,9%).

      v.          España se sitúa en el puesto 13º entre los 38 países clasificados en función de la presión fiscal.

     vi.          Hay un grupo de 8 países (Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia, Noruega y Suecia) cuya presión fiscal supera la cota del 40% del PIB, a la que ya se aproxima España.

   vii.          Por lo que se refiere a la composición de los ingresos fiscales en España, son las cotizaciones sociales las que tienen un mayor peso (37,4% del total). A continuación se sitúan el impuesto sobre la renta de las personas físicas (23,7%), el IVA (17,1%), los impuestos especiales (9,6%), los impuestos sobe la riqueza (6,7%), y el impuesto sobre sociedades (5,3%). Esta estructura es muy similar a la que presenta Alemania. De esta manera, España prácticamente converge con este país tanto en términos de presión fiscal como de composición de los ingresos fiscales.

  viii.          España sobresale como uno de los países con mayor protagonismo de las cotizaciones sociales dentro del total de los ingresos considerados. Solo hay 4 con un porcentaje superior.

     ix.          En general, los cambios en la fiscalidad han sido muy apreciables entre los años 1965 y 2021. Entre ambos años, la presión media de la OCDE ha crecido desde el 25% hasta el 34%. La tendencia hacia mayores niveles impositivos en dicho período refleja, según la OCDE, “la necesidad de financiar un significativo incremento de los gastos del sector púbico en casi todos los países”. En el año 1965, Turquía tenía una presión fiscal del 10,6% (22,8% en 2021) y Francia, del 33,7% (45,1% en 2021). Por su parte, entre ambos años, la presión fiscal de España ha pasado de algo menos del 15% al 38,4%.

      x.           España aparece catalogada como “país regional”, una categoría casi asimilable a la de los “países federales”, y claramente diferenciada respecto a la mayoritaria de “países unitarios”. El porcentaje de los ingresos fiscales correspondientes a las administraciones territoriales (comunidades autónomas y corporaciones locales) de España (25,4%) está en línea con la media de los países federales.

La presión fiscal es el indicador más extendido para la medición del nivel relativo de la imposición, pero no puede olvidarse que, como tal, está sujeto a una serie de limitaciones y deficiencias metodológicas que pueden dar lugar a comparaciones que no sean estrictamente homogéneas. La identificación de los contribuyentes efectivos dentro de la población tiene una importancia crucial para medir el verdadero impacto de la carga tributaria. También la tiene el diferente uso que pueda hacerse de la política de beneficios fiscales en cada país. La sustitución de ventajas fiscales por medidas de gasto público directo puede permitir elevar las ratios de impuestos y gastos sin alterar sustancialmente el alcance de la actuación pública.

Economía sumergida y recaudación fiscal

 

A lo largo del año 2022, la recaudación tributaria en España ha venido alcanzando unos registros históricos. Los ingresos tributarios gestionados por la Agencia Tributaria han crecido un 15,9% (un 16,8% en términos homogéneos) en los 11 primeros meses de 2022 en comparación con el mismo período de 2021.

Este incremento tan pronunciado, que no encuentra correspondencia en otros países, causa asombro en el plano internacional. El diario Financial Times se ha hecho eco de dicha evolución y ha tratado de encontrar las claves explicativas[1]. Los articulistas dejan al margen el impacto de la inflación, que mencionan de pasada, y, en particular, la falta de ajuste de la imposición personal para corregir el problema de la “progresividad en frío”, y se centran en el papel de la “economía sumergida”.

La tesis que se sostiene es que, en el contexto de la crisis pandémica, se ha reducido de manera significativa el peso de este sector informal y esquivo a la tributación de nuestra economía. Según los testimonios recogidos, ese supuesto cambio no obedece a una alteración de comportamientos hacia mayores cotas de “moral fiscal”, sino, primordialmente, al hecho de constituir el afloramiento de actividades y contratos la única vía para poder acceder a las ayudas públicas instituidas a raíz de la crisis pandémica. El retroceso del uso del efectivo puede haber incidido en el mismo sentido. Según algunas de las opiniones recogidas, está por ver, sin embargo, si la tendencia observada es o no reversible.

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[1] Vid. B. Jopson y F. Cocco, “’Shadow economy’ drives record jump in Spain’s tax revenue”, Financial Times, 7-1-2023.

Contraviniendo a Pigou: la desfiscalización del alcohol

 

Si hay alguna variable que explica el nivel de la presión fiscal de un país, esa es, sin duda, la importancia de los yacimientos de combustibles fósiles en la producción y en la renta nacionales. En los Emiratos Árabes Unidos (EAU), la presión fiscal se sitúa algo por encima del 15% del PIB, nivel muy similar al existente en la España de 1965. Los individuos residentes en dicho país no pagan impuesto sobre la renta personal, ni otros impuestos directos. Aproximadamente la mitad de los ingresos públicos proviene de la industria petrolífera.

En Dubái sí existe un impuesto sobre las ventas de alcohol con tipo de gravamen del 30%. En aras de consolidar la posición del emirato como centro de referencia turístico y de negocios del Golfo Pérsico, el Año Nuevo comenzó con la supresión de dicho gravamen, con una duración prevista de un año[1].

Esta medida contraviene claramente los dictados de Pigou, quien aportó los fundamentos teóricos para cargar con impuestos específicos el consumo de productos con elevados costes sociales. La experiencia dubaiana vendrá, en cualquier caso, a aportar indicios acerca de la elasticidad respecto al precio de las bebidas alcohólicas. Ahora bien, no puede perderse de vista que un tipo del 30% no es un tipo desorbitado, al menos en comparación con el aplicable a otros bienes (representa un 23% sobre el precio con inclusión del impuesto), especialmente teniendo en cuenta que, en los restaurantes licenciatarios del Emirato, los precios de las bebidas alcohólicas suelen multiplicarse por cuatro o por cinco respecto del coste.

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[1] Vid. S. Kerr, “Dubai suspends 30% tax on alcohol sales to boost tourism”, Financial Times, 1-1-2023.

Popper y la libre competencia del pensamiento

 

Según dicta el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en su artículo 101, “Serán incompatibles con el mercado interior y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior”. La competencia libre y leal es un requisito primordial para el funcionamiento de una economía que promueva el progreso social.

El respeto de las reglas del juego en un terreno equilibrado no es solo necesario en los mercados de productos y factores, también lo es, y en un grado superlativo, en el ámbito del pensamiento. Las situaciones de monopolio y de monopsonio son especialmente nefastas en el campo de las ideas. Como recuerda Popper, “El método científico mismo tiene aspectos sociales. La ciencia, y más especialmente el progreso científico, son los resultados no de esfuerzos aislados, sino de la libre competencia del pensamiento. Porque la ciencia necesita cada vez más competencia entre las hipótesis, y cada vez más rigor en los experimentos… En último lugar, el progreso depende en gran medida de factores políticos, de instituciones políticas que salvaguarden la libertad de pensamiento: de la democracia”.

Después de mencionar la importancia del “factor humano”, continúa afirmando que la objetividad y la ciencia “están basadas en la libre competencia del pensamiento; es decir, en la libertad. Si se quiere que continúe el crecimiento de la razón y que sobreviva la racionalidad humana, nunca se habrá de intervenir en la diversidad de los individuos y de sus opiniones, fines y propósitos (excepto en casos extremos, cuando la libertad política está en peligro)”.  Y acaba advirtiendo de que “el evolucionista que pide el control ‘científico’ de la naturaleza humanas no advierte lo suicida que es esta petición… El control holístico, que llevaría no a la igualación de los derechos humanos, sino a la de las mentes humanas, significaría el final del progreso”.

Tendencias de los medios de pago: efectivo vs instrumentos electrónicos

 

Entre sus múltiples consecuencias, la pandemia de la Covid-19 ha actuado como acelerador de algunos cambios en los hábitos familiares y en las prácticas empresariales. Uno de los impactos más apreciables se dio en el ámbito de los medios de pago utilizados por las personas físicas en sus transacciones cotidianas. Se vaticinaba incluso que las adaptaciones obligadas por la extensión de la enfermedad podían dar la puntilla al uso del efectivo, a pesar de los perjuicios que podían causarse debido a la exclusión de determinados colectivos, y de las apelaciones de quienes defienden su utilización como una forma de ejercicio de la libertad individual y de preservación de la privacidad.

Un reciente informe del Banco Central Europeo (“Study on the payment attitudes of consumers in the euro area (SPACE) – 2022”) nos saca de dudas respecto a la consolidación o no de la tendencia prevista. El estudio, basado en encuestas, cubre la siguiente tipología de pagos: i) pagos en puntos de venta; ii) pagos P2P (persona a persona); iii) pagos online; y iv) pagos recurrentes.

El gráfico adjunto ofrece una síntesis bastante ilustrativa. Según se recoge en el citado informe, “la participación de los pagos en efectivo en el punto de venta en términos de volumen ha disminuido en los últimos años. La disminución se ha acelerado durante la pandemia. En 2022, el 59% de las transacciones se llevaron a cabo utilizando efectivo. Tres años antes, la cuota de las transacciones en efectivo era del 72%; en 2016, la cifra fue el 79%. Cuando se miden las transacciones en punto de venta en términos de valor, la cuota de las transacciones con tarjeta en 2022 (46%) era más alta que la de las transacciones en efectivo (42%) por primera vez… Los consumidores efectuaban pagos usando teléfonos móviles más a menudo que antes. Sin embargo, su porcentaje [3% del número y 4% del valor de las transacciones] era aún relativamente bajo en comparación con el efectivo y las tarjetas”.

Quo vadis, Málaga?

 

Málaga es la ciudad de moda. Está en boca de todos. Causa admiración y asombro. No para de crecer el número de personas que quieren visitarla. Son también cada día más quienes quieren afincarse a cobijo del monte Gibralfaro, como igualmente se amplía el elenco de empresas que buscan establecer aquí su sede o alguna delegación. Algo pasa con Málaga. Los malagueños asistimos encantados a esa transformación que ha registrado nuestra ciudad en el panorama nacional y en el concierto internacional.

Las calles del centro histórico son un hervidero de gente procedente de todos los lugares que quiere aprovechar cada instante, ocupar todos los rincones, y disfrutar de todos los alicientes. El carpe diem se ha extendido como un mantra que todo el mundo profesa. Apenas nadie recuerda la sensación de desánimo que, hace unas décadas, pesaba en las calles de una capital que añoraba su glorioso pasado frustrado en su carrera hacia la modernización. El futuro era entonces incierto, y el núcleo urbano no lograba desprenderse de su condición de apéndice de la pujante costa occidental.

Málaga se ha encaramado en numerosos rankings, entre ellos, el museístico, el cultural, el tecnológico, el deportivo, el gastronómico, el financiero, el turístico y el inmobiliario. Ha ganado muchos enteros en todos los mercados donde cotizan las ciudades, pero, en ese proceso, ha perdido buena parte de su fisonomía tradicional, encarnada en comercios y entidades que acompañaron la vida de bastantes generaciones, y que formaban parte de nuestras señas de identidad. Ante la disyuntiva del local cerrado, cualquier establecimiento proveedor de servicios a visitantes y autóctonos es una opción mejor, al menos a corto plazo. Sin embargo, una reflexión viene obligada respecto a la sostenibilidad de la senda elegida o, más bien, asumida ante el impulso de una demanda acuciante.

Todos los malagueños se alegran del estatus que ha alcanzado esta noble, abierta y acogedora ciudad, pero algunos no pueden impedir preguntarse si logrará encajar de manera armoniosa todas las piezas del complejo modelo que está en vías de fraguarse. Tal vez ha llegado el momento de pararse a meditar cómo digerir el éxito arrollador a fin de que este pueda mantenerse establemente a lo largo de una centuria que se presenta llena de retos, y en la que aguarda un buen repertorio de eventos inciertos adversos.

Está muy bien que la ciudad esté dispuesta a acoger flujos de visitantes y nuevos proyectos empresariales, pero ha de preocuparse también por ofrecer condiciones aceptables para los jóvenes que tienen aquí sus raíces. Difícilmente puede concebirse un futuro confortable si no se logra un equilibrio adecuado. El crecimiento sostenible e integrador cobra así todo su sentido.

Málaga tiene muchas lecciones que dar a otras ciudades, pero, seguramente, puede aprender también de la experiencia de otras. El caso de Viena es paradigmático, por cuanto muestra la importancia que tiene la política de vivienda para posibilitar que todos los colectivos poblacionales puedan acceder a una morada digna en condiciones asumibles. Gracias a una política residencial de largo recorrido, los precios del alquiler en la capital austríaca son considerablemente moderados en términos comparativos. Así, el alquiler medio mensual de un apartamento de 60 metros cuadrados en la urbe es de 767 euros.

Aunque la ciudad goza de unos registros históricos imbatibles, “hay otra Viena, una versión del siglo XXI que la mayoría de los turistas no ven. Esta versión contemporánea de Viena es famosa por su alta calidad de vida y por estar consistentemente situada en la parte más alta del Índice Global de Habitabilidad”[1].

La “Marcha Radetzky” simboliza cada año desde Viena el comienzo de un nuevo curso. Siempre la misma composición, pero, según afirman los expertos, nunca suena igual.

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[1] Vid. K-. Lang, “Lessons from Vienna: a housing success story 100 years in the making”, Financial Times, 1-1-2023.

La doctrina social de la Iglesia y el papel del Estado en la economía

 

“A consecuencia de la complejidad de nuestra época, los poderes públicos se ven obligados a intervenir con más frecuencia en materia social, económica y cultural para crear condiciones más favorables, que ayuden con mayor eficacia a los ciudadanos y a los grupos en la búsqueda libre del bien completo del hombre”. Toda una declaración de principios que bien podría servir de pórtico para la fundamentación normativa de la intervención del sector público en la economía.

La declaración no proviene, sin embargo, de ningún destacado hacendista, sino de “Pablo, Obispo de la Iglesia Católica”, condición con la que el Papa Pablo VI rubricaba, en 1965, la constitución pastoral “Gaudium et spes”. En ella, aunque de un modo no demasiado explícito, se recogía también la tesis del reconocimiento de la autonomía de las realidades temporales, uno de los hitos del concilio Vaticano II.

A ella se refería, cuarenta años después, en el primero de su pontificado, el Papa Benedicto XVI, en su carta encíclica “Deus caritas est”: “Es propio de la estructura fundamental del cristianismo la distinción entre lo que es del César y lo que es de Dios (cf. Mt 22, 21), esto es, entre Estado e Iglesia o, como dice el Concilio Vaticano II, el reconocimiento de la autonomía de las realidades temporales”. En dicha encíclica se perciben claros indicios de la altura intelectual que, especialmente ahora, después de haber abandonado el mundo temporal, se le reconoce.

Allí afirmaba que “[e]n la difícil situación en la que nos encontramos hoy, a causa también de la globalización de la economía, la doctrina social de la Iglesia se ha convertido en una indicación fundamental, que propone orientaciones válidas mucho más allá de sus confines: estas orientaciones —ante el avance del progreso— se han de afrontar en diálogo con todos los que se preocupan seriamente por el hombre y su mundo”. Corría el año 2005, con lo que quedaban aún algunos años para que se desatara la gran crisis financiera internacional.

Consideraba Benedicto XVI que “[d]esde ese momento [formación de la sociedad industrial en el siglo XIX], los medios de producción y el capital eran el nuevo poder que, estando en manos de pocos, comportaba para las masas obreras una privación de derechos contra la cual había que rebelarse”. Sin embargo, cuestionaba abiertamente la vía del marxismo, que “había presentado la revolución mundial y su preparación como la panacea para los problemas sociales: mediante la revolución y la consiguiente colectivización de los medios de producción —se afirmaba en dicha doctrina— todo iría repentinamente de modo diferente y mejor”. Y, de forma categórica, en la que no puede evitarse apreciar alguna connotación fukuyamiana del “fin de la historia”, aseveraba lo siguiente: “Este sueño se ha desvanecido”.

Lo que no lo ha hecho es su fundamentación de la doctrina social católica, que constituye una referencia de enorme interés para cualquier estudioso del papel de los sectores público y privado en la economía.

Los futuros son frágiles, pero amanece de nuevo

 

Aprovechó Vito Tanzi el enclaustramiento impuesto por la pandemia del coronavirus para reflexionar sobre el futuro de la humanidad[1]. De su atinada reflexión surge un panorama inquietante, plagado de potenciales eventos terribles que pueden causar estragos de manera indiscriminada. Han ocurrido ya muchos a lo largo de la historia y llegarán muchos más.

La sociedad suele tratar de protegerse ante situaciones de riesgo, ante el posible acaecimiento de contingencias sujetas a una probabilidad que puede estimarse mediante técnicas estadísticas. Sin embargo, cuando se trata de un contexto de incertidumbre, en el que no es posible atribuir ninguna probabilidad, los gobiernos, las empresas y las familias se inhiben, bajan la guardia e ignoran lo que está por venir.

No se sabe qué, ni cuándo, ni cómo, pero llegará algún desastre, y luego otro. Vivimos, según esta tesis, en una ficción, pretendiendo obviar situaciones de dolor y sufrimiento. Tal vez sea un mecanismo de defensa, o, lisa y llanamente, una insensatez. Aunque no es fácil prepararse para lo desconocido, hay una clara inexistencia de pautas, tanto en el plano teórico como en el real de los gobiernos y las empresas.

La simple lectura de las catástrofes reseñadas por Tanzi produce escalofríos, hasta tal punto de que puede invitar a una posición de derrotismo anticipado. Pero su análisis es clarificador y oportuno, una invitación directa a la activación del arsenal teórico de la intervención del sector público en la economía, y a la adopción de estrategias por los agentes políticos y económicos con mayor capacidad de actuación.

Aparte de otros elementos más tangibles y mensurables, los eventos inciertos, como una suerte de plagas bíblicas, traerán penas en abundancia. Sin embargo, nada nos podrá privar ya de este nuevo amanecer con el que el año 2023 ha iniciado su andadura.

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[1] V. Tanzi, “Fragile futures. The uncertain economics of disasters, pandemics, and climate change”, Cambridge University Press, 2022.