El establecimiento legal de precios máximos

 

La última vez que expliqué en clase los efectos económicos de la aplicación de precios mínimos y máximos queda bastante atrás en el tiempo. Los gráficos utilizados en las notas eran de elaboración completamente manual, como también a efectos de su presentación en el aula. A la vista del recurso efectivo o previsible a este tipo de medidas, que entraban dentro del epígrafe de interferencias con el mecanismo del mercado, es obligado rescatar los viejos apuntes e indagar los posibles desarrollos teóricos posteriores y los resultados de la evidencia empírica cosechada. Si el establecimiento de precios mínimos en el mercado laboral o de garantía en el agrícola ha estado siempre presente, ahora el de los topes a los precios en diversos apartados (alquiler de viviendas, suministros energéticos o productos básicos de la cesta de la compra familiar) parece abocado a cobrar un mayor protagonismo.

Numerosas voces respaldan que, en circunstancias excepcionales, se adopten medidas excepcionales, en tanto que otras, bastante inferiores en número, alertan acerca de un posible riesgo de sovietización de la economía. Mientras se clarifica el panorama, este gráfico olvidado muestra la esencia de la medida de establecimiento de un precio máximo, por debajo del precio de equilibrio del mercado.

Ante un precio predeterminado, la cantidad intercambiada viene fijada exclusivamente por la oferta. A ese precio queda una mayor cantidad de demanda insatisfecha. Para evitarlo, haría falta que la oferta fuese totalmente rígida o que se obligara a los oferentes a suministrar la cantidad demandada al precio estipulado. Cualquier medida de este tipo es sumamente fácil de dictar desde las instancias públicas, pero toda medida económica genera efectos directos e indirectos que, al menos desde un punto de vista analítico, hay que tomar en consideración.

La economía de los cortes de pelo

 

Una de las ventajas de la ubicación de la Facultad de Económicas en el campus del Ejido es la cercanía respecto al centro de la ciudad. Ir caminando desde el histórico campus hasta la plaza de la Constitución es un paseo corto y agradable que permite sumergirse en el ambiente urbano y tomar el pulso a la vida de la metrópoli. Con el paso de los años, ha ido cambiando en buena medida su configuración y también su fisonomía. Ahora se percibe mucha más afluencia de visitantes, se vislumbra un mayor movimiento, y se echa de menos la presencia de aquellos establecimientos comerciales que, durante mucho tiempo, formaban parte del paisaje urbano.

Hacer esa ruta a pie posibilita adquirir un conocimiento de primera mano de las condiciones económicas de la prestación de algunos servicios personales que siguen teniendo un carácter eminentemente presencial. El del corte de pelo es uno de ellos.

El servicio del corte de pelo constituye un caso de interés desde el punto de vista del análisis económico. The Economist ha acuñado incluso un término ad hoc, que recoge en el título de un breve artículo centrado en el precio de dicho servicio en diferentes países: “Haircutonomics. Cutting costs” (18-6-2022).

En el texto se hace una reflexión en torno a una típica recomendación de los docentes que explican los bienes no comercializables: “Cuando estés en país pobre, hazte un corte de pelo”. Se parte de la proposición de que los precios de los bienes que son comercializados internacionalmente no deben variar tanto como los de aquellas otras cosas -como los cortes de pelo- que no pueden almacenarse ni transportarse. Esto obedece a que el precio de un corte de pelo depende mucho de los costes locales, que son muy inferiores en los países menos avanzados económicamente.

No obstante, el articulista de The Economist relata algun episodio en el que se comprueba cómo esa regla no se cumple siempre. Incluso en una ciudad de un país con bajo nivel de renta, una peluquería puede tener un precio alto como señal de que el profesional es tan bueno como uno de París. Así, sostiene que los cortes de pelo son claramente menos fungibles de lo que proclaman los profesores, ya que los precios difieren fuertemente dentro de la misma ciudad: “Esto sugiere otro de los supuestos de los economistas que raramente se cumplen: el de la competencia perfecta”. “Los estudiantes deben cortarse el pelo no tanto en los países pobres, sino, una vez que estén allí, en las partes más pobres de la ciudad”, acaba recomendando The Economist.

Al transitar desde la zona alta de la ciudad hasta los confines del lugar que un día fue visualizado como el corazón del núcleo financiero incipiente de Andalucía, de manera imperceptible, se van atravesando líneas inexistentes que marcan los límites ficticios de hábitats diferenciados. En algunos de ellos conviven personas de distintas nacionalidades que se han afincado en esta tierra acogedora.

Los precios de los cortes de pelos y afeitados que se exhiben en la entrada de los establecimientos son a veces un reclamo para los transeúntes. En una ruta de apenas dos kilómetros, nos encontramos un abanico de precios para el corte de pelo sin necesidad de viajar al extranjero. Una alto en el camino, para un demandante de ese servicio, le puede hacer ahorrar hasta dos tercios del coste que tendría que afrontar en centros de servicios múltiples que no suelen exhibir las tarifas en la cartelería exterior.

El precio de los medicamentos, entre el coste y el valor

¿Cuál es el precio adecuado de un producto? Para muchas personas, esta puede ser una pregunta trivial, pero su respuesta se demoró durante décadas a lo largo de la historia del pensamiento económico. Realmente podríamos afirmar que el precio es en sí mismo un concepto incompleto, toda vez que necesita estar asociado a una transacción concreta y, a menos que venga impuesto por una disposición administrativa, precisa para su determinación del juego de la oferta y la demanda. En un mercado libre, el precio al que un productor está dispuesto a vender sucesivas unidades de un bien depende de los costes de producción; a su vez, el precio que un demandante aceptaría pagar por cada unidad de dicho bien dependerá del beneficio o la utilidad que le reporte. Evidentemente, las condiciones de oferta y demanda varían según la naturaleza y las características de los bienes. En el caso de los medicamentos apropiados para combatir enfermedades graves concurren una serie de singularidades.

Aun cuando cualquier persona esté inclinada a rechazar que el precio pueda ser un obstáculo para que un enfermo acceda a un tratamiento apropiado, los altos precios de los fármacos más avanzados han sido considerados tradicionalmente como una especie de “mal necesario”. Una sociedad que desee obtener nuevos remedios para combatir las enfermedades debe permitir a los productores recuperar los costes de investigación y desarrollo. Sin unas expectativas de retribución adecuada, se argumenta, el capital se retraerá, con lo que, en la práctica, se contraerá la inversión y, en última instancia, será menor la oferta de medicamentos de los que depende la salud y el bienestar. Podría ser, valga la expresión fácil, peor el remedio que la enfermedad.

Ahora bien, incluso quienes defienden esa línea argumental cuestionan abiertamente, como hacía el diario Financial Times, que los precios de las nuevas medicinas puedan situarse en cualquier nivel, en particular cuando los oferentes aprovechan su posición de monopolio para imponer cargas desmesuradas. Por otro lado, es lógico que, como en todo proceso de producción, se tengan en cuenta las condiciones financieras y el coste de los recursos de capital, pero eso es una cosa y otra distinta dar paso a una “financiarización” desconectada de la economía real y de las necesidades sociales. El concepto de “toxicidad financiera” se ha incorporado al cuadro patológico. Como ha señalado Andrew Jack, el acceso a los nuevos tratamientos tiende a mejorar la salud de algunos pacientes, pero los elevados costes están causando dicha toxicidad, que tiene implicaciones directas y a largo plazo para su renta y para su salud.

Ha llegado a afirmarse que vivimos en el “mejor momento de la historia para contraer cáncer”, pero la contrapartida es la ruina económica. Según dicen los expertos, hoy día se dispone de tratamientos muy eficaces para combatir enfermedades letales, pero los precios prohibitivos actúan como una barrera infranqueable para una gran mayoría de personas afectadas. Un movimiento de rebelión contra las políticas de precios, encabezado por colectivos de médicos, se ha desencadenado en diversos países, particularmente en Estados Unidos.

Respecto a algunos fármacos se ha quebrado el esquema de determinación de los precios que había funcionado relativamente bien anteriormente. Los costes de investigación de las compañías farmacéuticas se veían recompensados por la protección de las patentes, al tiempo que se desataba una fuerte competencia que tendía a reducir los precios. Este modelo no sirve para los fármacos de nueva generación, diseñados “a medida”, que no se prestan a réplicas más baratas. Tanto es así que, como ha expuesto John Gapper, los precios, una vez que un medicamento es autorizado, en lugar de caer, suben. En 2016, la autoridad británica de competencia y mercados denunció a una compañía farmacéutica por haber subido súbitamente el precio de unas píldoras de 2,83 a 67,50 libras, esto es, casi un 2.300%. Recientemente, un tribunal de apelaciones ha dictaminado a favor de la firma sancionada por considerar que el organismo público no aplicó correctamente el test para determinar que el precio era injusto.

Hace algún tiempo, algunas multinacionales farmacéuticas cifraban en unos 2.600 millones de dólares el coste de desarrollar un nuevo medicamento. Se trata, ciertamente, de una cantidad abrumadora, que ha sido cuestionada por The Economist, que apunta que los modelos más recientes (basados en la compra de empresas y en la externalización de las primeras fases de la investigación farmacológica) permiten sustanciales ganancias de eficiencia, también favorecidas por los estudios del genoma humano. Por su parte, la organización Médicos sin Frontera da una cifra mucho más reducida, entre 50 y 190 millones de dólares.

The Economist señalaba que para asegurar que los beneficios de la mayor eficiencia de la investigación se trasladen plenamente a los sistemas nacionales de salud y a las aseguradoras se requerirían grandes cambios, como la supresión del sistema de patentes y la búsqueda de otras vías para promover la investigación básica.

A partir del “open-source pharmaceuticals movement” se está experimentando con el otorgamiento de premios como estímulo para trabajar en nuevos enfoques de tratamientos; una vez concluidas las fases de investigación y de prueba, los resultados serían libres. También se ha planteado conceder incentivos a las empresas que sean capaces de situar nuevos productos en el punto de viabilidad. Otra línea es la de importar réplicas baratas de remedios no patentados producidos en otros países.

Pero lo anterior no impide que los oferentes muestren también sus quejas, como cuando señalan que los gestores de las prestaciones farmacéuticas logran grandes descuentos que retienen para sí sin trasladarlos a los pacientes. La insatisfacción con los precios de los medicamentos no tiene fronteras. Ya Hillary Clinton había abogado por acabar con ese terrible “sacadero de ojos”, y Donald Trump se ha significado como uno de los adalidades del movimiento, tras acusar a las corporaciones farmacéuticas de “realizar crímenes impunemente”, y a los países extranjeros, de aprovecharse de la investigación estadounidense. Para manejarse en materia de precios de fármacos hacen falta, entre otros, ingredientes de economía, finanzas, psicología, sociología y política.

(Artículo publicado en el diario "Sur")