La justificación del esfuerzo impositivo y la ilusión fiscal

 

Carlos Rodríguez Braun, el último mohicano liberal, sigue batallando incansable, cada lunes, desde su pequeño espacio en el diario “Expansión”, en pro de los principios y valores liberales. Su discurso desentona de las corrientes dominantes que, de forma cada vez más extendida, respaldan, cuando no sacralizan, el papel del sector público en la economía. La reciente experiencia en el contexto de la -interminable- crisis pandémica ha hecho subir muchos enteros las tesis del intervencionismo y abonado el terreno para propugnar la ampliación y la intensificación de las funciones estatales.

Pese a todo, un liberal de convicciones tan arraigadas y sustentadas en amplias fuentes doctrinales y empíricas como las del catedrático de Historia del Pensamiento Económico mencionado no ceja en su empeño. Sus postulados acerca de la naturaleza de los impuestos son bien conocidos, y han sido comentados en este blog. En su columna de fecha 27-12-2021 (“Ilusiones fiscales varias”) apela a la socorrida vena de la “ilusión fiscal” para explicar la dinámica de los ingresos y gastos públicos.

Para ilustrar uno de sus argumentos toma como referencia el mensaje de una seguidora suya que justifica la subida de los impuestos de esta manera: “para tener sanidad pública pagada entre todos: hoy por mí, mañana por ti”.

Sin embargo, el profesor Rodríguez Braun considera que dicha idea “brota desde el centro de la ilusión fiscal, porque el Estado se legitima disolviéndose en la sociedad civil, como si fuera una cooperativa o una ONG”. A continuación esgrime una serie de razones por las que ello no es así. Nadie tiene capacidad para decidir si forma parte o no de una organización como el Estado, y nadie tiene la opción de ejercer su solidaridad por la vía impositiva. Las obligaciones impositivas trascienden la voluntad individual. No hay negociación posible ante un teórico pacto interpersonal o intergeneracional. Quien cumpla alguno de los supuestos que formen parte del hecho imponible de un impuesto se verá sometido a una obligación inexcusable. Por el lado del gasto, es también el Estado el que determina los colectivos beneficiarios de los servicios públicos o de las prestaciones sociales, bien de forma universal o selectiva, sujeta o no a condiciones.

Siguiendo un enfoque un tanto simplificado, Rodríguez Braun sostiene que “nadie sabe qué está pagando, aunque confía en que esté pagando menos de lo que pagaría si el Estado no existiese. En caso contrario, rechazaría los impuestos y la redistribución coactiva de la renta”. Sería interesante poder cotejar hasta qué punto los ciudadanos llevan ese tipo de contabilidad y en qué medida se pudiera ver afectada por el fenómeno de la ilusión fiscal.

Política presupuestaria y opinión pública

 

La percepción social sobre las cuestiones presupuestarias constituye un factor de primer orden que condiciona la opinión y la actitud de la ciudadanía respecto a las medidas de la política económica gubernamental. A finales del siglo XIX, el hacendista italiano Amilcare Puviani llamó la atención acerca de que los ingresos y los gastos públicos son áreas especialmente propensas a la aparición de ilusiones, esto es, de juicios erróneos sobre su verdadero alcance. Los estudios de opinión sobre la política fiscal realizados periódicamente por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ofrecen una base para contrastar la posible relevancia de dicho fenómeno. Del último publicado (julio de 2021) se desprende lo siguiente:

Los ciudadanos españoles consideran que el funcionamiento de algunos servicios públicos es muy o bastante satisfactorio (en torno al 60% opinan así, en los casos de la asistencia sanitaria, el transporte público y la seguridad ciudadana). Le siguen los de enseñanza, servicios sociales y obras públicas (en torno al 45%), mientras que los de justicia, “gestión de las pensiones” (sic) y ayuda a personas dependientes ocupan los últimos lugares. El CIS no diferencia entre servicios colectivos indivisibles y servicios individualizables, e incluye como servicios algunas actuaciones que realmente corresponden a prestaciones sociales.

Respecto a la función de los impuestos, para una mayoría (59%), “los impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos”. Ahora bien, éstos pueden ser de distintos tipos, colectivos o individuales.

Casi un 60% entienden que la sociedad, en conjunto, se beneficia poco o nada de los pagos al Estado en impuestos y cotizaciones. El anterior es un resultado llamativo, si nos atenemos simplemente al mantenimiento del sistema de pensiones y de los servicios públicos generales.

Algo más de un 60% de las personas creen que reciben menos de lo que pagan, frente a un exiguo 5,5% que manifiestan que reciben más de lo que contribuyen. La pregunta en sí misma nos lleva a adentrarnos en la peligrosa senda de las "balanzas fiscales individuales" y a reflexionar en torno al fundamento del principio de capacidad económica, que postula una desconexión total entre los impuestos y los beneficios recibidos del sector público, salvo en el caso de las aportaciones de carácter contributivo.

Por lo que respecta a la asignación de recursos, elevados porcentajes de las personas encuestadas estiman que se dedica muy poco a investigación, ayuda a personas dependientes y sanidad. Una mayoría se declara, con distinta intensidad, partidaria de mejorar los servicios públicos, aunque haya que pagar más impuestos. Ahora bien, no se recoge ninguna pregunta acerca de la utilización de tasas para el acceso a determinados servicios, a soportar por usuarios concretos, en lugar de recurrir a impuestos generales.

A tenor de las respuestas obtenidas, la conciencia fiscal está poco extendida entre los ciudadanos, lo que contrasta con la opinión emitida hace algunos años. Más de un 90% piensan que hay bastante o mucho fraude fiscal.

La carga fiscal es juzgada excesiva por casi uno de cada dos encuestados, e incluso un 40% la sitúan por encima de la media de la Unión Europea. El hecho de que la presión fiscal española sea en realidad inferior en términos agregados a dicha referencia no impide que las cargas individuales de quienes tributan escrupulosamente sean elevadas.

Más de un 80% rechazan la afirmación de que "los impuestos se cobran con justicia, esto es, que pagan más quienes más tienen", sin que haya que perder de vista la laxitud de este criterio, cuyo cumplimiento es compatible con impuestos progresivos, proporcionales o regresivos.

Respecto al modelo económico, una clara mayoría se decanta por un sistema mixto mercado-Estado, si bien el número de los partidarios de una intervención estatal extensiva (15%) triplica el de quienes respaldan primariamente la iniciativa privada (5%).

Se constata una polarización en la interpretación de los factores que determinan la posición económica personal (esfuerzo, educación y valía profesional vs. origen familiar, contactos o suerte), con una mayor inclinación hacia estos últimos.

Al margen de que las preguntas formuladas puedan ser mejorables desde un punto de vista técnico, sería sumamente interesante poder confrontar el cuadro que se desprende de las percepciones sociales con el que se derive de un análisis objetivo y riguroso.

(Artículo publicado en el diario “Sur”)