La percepción social sobre las cuestiones presupuestarias constituye un
factor de primer orden que condiciona la opinión y la actitud de la ciudadanía respecto
a las medidas de la política económica gubernamental. A finales del siglo XIX,
el hacendista italiano Amilcare Puviani llamó la atención acerca de que los
ingresos y los gastos públicos son áreas especialmente propensas a la aparición
de ilusiones, esto es, de juicios erróneos sobre su verdadero alcance. Los
estudios de opinión sobre la política fiscal realizados periódicamente por el
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ofrecen una base para contrastar
la posible relevancia de dicho fenómeno. Del último publicado (julio de 2021) se
desprende lo siguiente:
Los ciudadanos españoles consideran que el funcionamiento de algunos
servicios públicos es muy o bastante satisfactorio (en torno al 60% opinan así,
en los casos de la asistencia sanitaria, el transporte público y la seguridad
ciudadana). Le siguen los de enseñanza, servicios sociales y obras públicas (en
torno al 45%), mientras que los de justicia, “gestión de las pensiones” (sic) y
ayuda a personas dependientes ocupan los últimos lugares. El CIS no diferencia
entre servicios colectivos indivisibles y servicios individualizables, e incluye
como servicios algunas actuaciones que realmente corresponden a prestaciones
sociales.
Respecto a la función de los impuestos, para una mayoría (59%), “los impuestos
son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos”. Ahora bien,
éstos pueden ser de distintos tipos, colectivos o individuales.
Casi un 60% entienden que la sociedad, en conjunto, se beneficia poco o
nada de los pagos al Estado en impuestos y cotizaciones. El anterior es un
resultado llamativo, si nos atenemos simplemente al mantenimiento del sistema
de pensiones y de los servicios públicos generales.
Algo más de un 60% de las personas creen que reciben menos de lo que pagan,
frente a un exiguo 5,5% que manifiestan que reciben más de lo que contribuyen.
La pregunta en sí misma nos lleva a adentrarnos en la peligrosa senda de las
"balanzas fiscales individuales" y a reflexionar en torno al
fundamento del principio de capacidad económica, que postula una desconexión
total entre los impuestos y los beneficios recibidos del sector público, salvo
en el caso de las aportaciones de carácter contributivo.
Por lo que respecta a la asignación de recursos, elevados porcentajes de
las personas encuestadas estiman que se dedica muy poco a investigación, ayuda a
personas dependientes y sanidad. Una mayoría se declara, con distinta
intensidad, partidaria de mejorar los servicios públicos, aunque haya que pagar
más impuestos. Ahora bien, no se recoge ninguna pregunta acerca de la utilización
de tasas para el acceso a determinados servicios, a soportar por usuarios
concretos, en lugar de recurrir a impuestos generales.
A tenor de las respuestas obtenidas, la conciencia fiscal está poco
extendida entre los ciudadanos, lo que contrasta con la opinión emitida hace
algunos años. Más de un 90% piensan que hay bastante o mucho fraude fiscal.
La carga fiscal es juzgada excesiva por casi uno de cada dos encuestados, e
incluso un 40% la sitúan por encima de la media de la Unión Europea. El hecho
de que la presión fiscal española sea en realidad inferior en términos
agregados a dicha referencia no impide que las cargas individuales de quienes
tributan escrupulosamente sean elevadas.
Más de un 80% rechazan la afirmación de que "los impuestos se cobran
con justicia, esto es, que pagan más quienes más tienen", sin que haya que
perder de vista la laxitud de este criterio, cuyo cumplimiento es compatible
con impuestos progresivos, proporcionales o regresivos.
Respecto al modelo económico, una clara mayoría se decanta por un sistema
mixto mercado-Estado, si bien el número de los partidarios de una intervención
estatal extensiva (15%) triplica el de quienes respaldan primariamente la iniciativa
privada (5%).
Se constata una polarización en la interpretación de los factores que
determinan la posición económica personal (esfuerzo, educación y valía
profesional vs. origen familiar, contactos o suerte), con una mayor inclinación
hacia estos últimos.
Al margen de que las preguntas formuladas puedan ser mejorables desde un
punto de vista técnico, sería sumamente interesante poder confrontar el cuadro
que se desprende de las percepciones sociales con el que se derive de un
análisis objetivo y riguroso.
(Artículo publicado en el diario “Sur”)
