¿Keynes contra la leyenda negra de España?

 

“Las décadas de la mayor gloria política, económica y artística de España -las tres cosas a menudo iban juntas- proporcionaron el impulso inicial para la formación del mundo moderno”.

La proposición contenida en el párrafo anterior, bajo la hipótesis de que pudiera sustentarse de forma fundamentada, aportaría un aval de primer orden, una especie de aval a primer requerimiento, contra la extendida leyenda negra española.

Y, cuando comprobamos que tan significadas palabras provienen de una figura de la talla de J. M. Keynes, no podemos sino sentirnos impactados. Fueron expresadas por el gran economista británico en el curso de la misma conferencia, impartida en Madrid, en junio del año 1930, donde, sin embargo, no pronunció su mítica frase: “A largo plazo, todos muertos”. Sentencia emblemática donde las haya, que, en la práctica, basta para habilitar a cualquiera como economista keynesiano. Su significado parece algo más claro que los entresijos de la venerada Teoría General.

A la vista del éxito cosechado por los adagios keynesianos dentro de la cultura y el imaginario populares, cabría formular la hipótesis de si la leyenda negra hispana habría quedado debilitada o incluso desactivada, de haberse difundido ese pensamiento en el texto final de “Las posibilidades económicas nuestros nietos”.

Mientras que el párrafo está recogido en la transcripción mecanográfica de la intervención de Keynes (facilitada por el FMI), y a pesar de que, a diferencia de otros, no estaba tachado en el borrador, un tanto misteriosamente, quedó fuera de la versión definitiva. La referencia a España queda circunscrita a dos importantes eventos económicos, “las remesas de oro y plata desde el Nuevo Mundo al Viejo Continente traídas por España”, y “el tesoro que Drake robó a España en 1580”. Ambos, según queda constancia en el texto, tuvieron una gran trascendencia.

    

El redescubrimiento de la carga de la deuda pública

 

Cuesta trabajo asimilarlo, pero el cambio es perceptible, y no pocas veces llamativo. Da la impresión de que asistimos a los compases de un movimiento pendular que ha iniciado, sin preaviso, el viaje de vuelta. Mientras que, hasta hace poco, las notas de incremento sostenido de la deuda dominaban casi todas las partituras de los oráculos económicos, individuales o institucionales, ahora el giro es manifiesto. Lo que hasta ayer era la senda recomendada, es hoy motivo de reflexión, cuando no de preocupación. La herencia de unos abultados niveles de deuda pública, en un entorno de tipos de interés típicos de épocas pasadas, ha avivado la conciencia sobre el alcance de las cargas asumidas. Y ello a pesar de que la inflación, como uno de los más fieles escuderos los Estados endeudados, se encarga de llevar a cabo quitas no negociadas rebajando el montante real de los saldos pendientes.

La reciente llamada atención de Gita Gopinath, primera subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, resulta particularmente reveladora. En su discurso inaugural de una conferencia sobre la “Política fiscal en una era de alta deuda”, celebrada a mediados de noviembre de este año, señalaba que “la combinación de niveles de deuda mundial récord, tasas de interés más altas durante más tiempo y perspectivas de crecimiento débiles plantea un triple desafío para las autoridades… el gasto financiado con deuda puede seguir pareciendo tentador. Pero eso sería un gran error”.

Subraya Gopinath que más de 100 países tienen reglas fiscales, pero las desviaciones son frecuentes, y pocos han contenido la deuda desde la crisis financiera mundial. Por su parte, Martin Wolf, editor económico jefe del Financial Times, ha señalado que la ratio de la deuda pública respecto al PIB de los países de alta renta, con un 112% en 2023, se sitúa en un nivel cercano al máximo alcanzado en 1946, pero con la diferencia de que entonces estaba recién finalizada la Segunda Guerra Mundial, mientras que el dato actual corresponde a un tiempo de paz (al menos, no a escala global).

Una noción arrumbada en el baúl de los recuerdos, la sostenibilidad de la deuda pública, vuelve a escena. Hace algunos años, Charles Wyplosz sostenía que la evaluación de la sostenibilidad de la deuda, un concepto que no puede medirse directamente, es una misión imposible. Sin embargo, no faltan intentos recientes para obtener una respuesta.

Aun cuando no existe una definición universalmente aceptada, la sostenibilidad de la deuda, definida en el sentido de la solvencia del sector público, se cumple, según un informe del Parlamento Europeo, cuando las administraciones públicas pueden atender todas sus obligaciones de deuda a través de superávits presupuestarios primarios (es decir, sin computar los gastos de intereses) futuros. A su vez, economistas del Banco Central Europeo destacan que la sostenibilidad de la deuda pública significa que la deuda pública acumulada pueda ser atendida en cualquier momento, lo que requiere que el sector público sea solvente y tenga liquidez.

A pesar de las complejidades técnicas, hay una ecuación bastante sencilla que nos describe cómo varía, de un año a otro, la ratio de la deuda pública respecto al PIB. Aunque no la escribamos aquí, estos son los factores que explican la magnitud de dicho cociente en un año: i) el nivel de deuda de partida; ii) la tasa de variación del PIB; iii) el tipo de interés; y iv) el saldo presupuestario primario.

A mediados de 2023, el saldo de la deuda pública de España ascendía, aproximadamente, al 111% del PIB. Supongamos que con ese importe se cierra el año 2023, y que el PIB de este año es de 1,41 billones de euros. También, como hipótesis, que, en 2024, el tipo de interés sea del 4%, que el PIB crezca un 4% en términos nominales, y que haya un déficit público primario del 2% del PIB. En este escenario, el saldo de deuda se situaría, a finales de 2024, en el 113% del PIB. En el año 2033, bajo las mismas hipótesis en todo el período, en el 130%. Esta cifra bajaría al 92%, si el escenario fuera más favorable: crecimiento nominal del PIB del 5% anual, tipo de interés del 3%, y equilibrio presupuestario primario.

La experiencia demuestra que es bastante sencillo aumentar los niveles de deuda pública, pero, en contraposición, estos no disminuyen con la misma facilidad. A falta de soluciones mágicas, no caben otras opciones que extremar la eficiencia del gasto público y/o expandir la recaudación tributaria. No obstante, habría que evaluar también la sostenibilidad de ambos procesos.

(Artículo publicado en el diario “Sur”)

La tributación de las criptomonedas

 

Pese a los inconvenientes apuntados por sus detractores, y a su marcha errática plagada de vaivenes y sobresaltos, pese a que desafían las visiones ortodoxas sobre los usos y prácticas monetarias y transaccionales, el fenómeno de las criptomonedas prosigue su curso. Si los desafíos son impresionantes en las esferas monetaria y financiera, llegan al paroxismo en lo que concierne a la aplicación del sistema tributario.

El registro no manipulable de todas las transacciones efectuadas con criptomonedas es una de las grandes ventajas de estos activos. Esa “transparencia registral” es resaltada habitualmente, pero, una vez que se une al anonimato inherente a los criptoactivos, nos vemos sumidos en el desconcierto. De esta manera, los retos para el sistema tributario son mayúsculos. Los retos no son nuevos, toda vez que se dan ya en relación con el manejo del efectivo.

Como han señalado Baer et al., “el desafío para el diseño y la política impositivas … es simple pero fundamental: los sistemas fiscales no fueron diseñados para un mundo en el que los activos pudieran ser intercambiados, y las transacciones completadas, en otra cosa que no fueran las monedas nacionales”[1].

Como en otros casos, tomar como referencia inicial un esquema de eventos puede resultar de gran utilidad a efectos ilustrativos. Un esquema como ese se recoge en la misma fuente. Así, el diagrama que se reproduce ilustra los hechos imponibles derivados de la circulación de una criptomoneda (bitcoin, BTC). El remitente, vía mineros, compra un servicio del receptor usando BTC, y el receptor tiene las opciones de disponer de BTC o de comprar un servicio con BTC. Un “?” indica una necesidad particular de clarificación legal.

Hay otros apartados donde no aparece “?”, pero es bastante probable que se susciten algunas dudas para el lector. Aun cuando pueden surgir razonables dudas de que la claridad del esquema esté a la altura de la categoría de los autores del estudio, la complejidad de los procesos en los que se basa el uso de las criptomonedas plantea, de entrada, un considerable reto de interpretación de las posiciones y las transacciones reales.

La tributación de las criptomonedas es una elección de libro para un TFG (trabajo fin de grado) en el ámbito de la Economía Pública. Las dificultades de análisis son patentes. Los autores y los tutores de tales trabajos pueden dar buena fe de ello.

A una de las alumnas que se embarcó en ese empeño le transmitía algunas líneas básicas para la configuración inicial del trabajo: i) aspectos conceptuales relativos a los criptoactivos; ii) identificación de las operaciones susceptibles de tributación; iii) justificación de su gravamen y referencia a las figuras impositivas correspondientes; iv) síntesis del tratamiento otorgado en algunos países representativos; v) análisis del caso español; vi) conclusiones.

De gran utilidad resulta, en una fase inicial, este informe de la OCDE: OECD (2020), “Taxing Virtual Currencies: An Overview Of Tax Treatments And Emerging Tax Policy Issues”.

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[1] Vid. Katherine Baer, Ruud de Mooij, Shafik Hebous, y Michael Keen, “Taxing Cryptocurrencies”, FMI, WP/23/144, junio 2023.

 

El trilema de la estrategia de crecimiento: otro más para la colección

Aunque haya algunas incertidumbres sobre el curso de la globalización económica, lo cierto es que la nómina de los frustrantes y correosos trilemas no para de ampliarse[1]. Ante una etapa de profundos cambios económicos, en buena medida inducidos por el proceso de transición a una economía más sostenible, la política industrial cobra un especial protagonismo. En un trabajo reciente, Ruchir Agarwal, economista del FMI, lleva a cabo un análisis en el que expone un trilema en uno de cuyos vértices aparece la política industrial[2].

En el marco del Trilema de la Estragegia de Crecimiento, ofrece una guía para políticos que busquen un equilibrio entre los objetivos de crecimiento económico, estabilidad, y potenciación de “campeones nacionales”, esto es, compañías líderes a escala internacional.

Los gobiernos que apoyan el logro de campeones seguros (estrategia A) priorizan la estabilidad financiera y fiscal junto con el apoyo de tales campeones seguros. La estrategia de apoyo a los campeones osados (estrategia B) pone el acento en el crecimiento económico y la selección de campeones nacionales que asumen riesgos, con una menor atención a la estabilidad. Finalmente, el enfoque del capitalismo de mercado justo (estrategia C) antepone la estabilidad junto al crecimiento económico, sin ningún foco en los campeones nacionales. En su lugar, el énfasis recae en el apoyo a una economía de mercado dinámica basada en la libre entrada, y la garantía de que las empresas operan en un mercado justo y competitivo. En vez de que cada país promueva a sus campeones nacionales, este enfoque fomenta una cadena de oferta global diversificada basada en un comercio libre y justo, evitando de esta manera una carrera de armas económicas.

Agarwall considera que, si bien las ganancias de eficiencia harían aconsejable adoptar esta última estrategia, los gobiernos sucumben a menudo a la tentación de establecer campeones nacionales. Como razones apunta la psicología del liderazgo nacional y las presiones sobre los dirigentes políticos cuando eligen las políticas económicas.

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[1] Vid. Tiempo Vivo : El trilema de la política económica: más difícil todavía (neotiempovivo.blogspot.com)

[2] “Industrial policy and the growth strategy trilemma”, Finance & Development, FMI, marzo 2023. 

Los determinantes de la rentabilidad de la banca: el caso alemán

 

La rentabilidad de la banca, pese a sus negativas connotaciones sociales, tiene una importancia crucial para el devenir de la economía real. Tiene también distintas implicaciones bien conocidas en otros apartados. El Fondo Monetario Internacional ha publicado recientemente un interesante trabajo acerca de los determinantes de la rentabilidad bancaria centrado en el caso de Alemania[1]. Merece la pena adentrarse en el profundo análisis realizado, si bien aquí nos limitaremos simplemente a reseñar un aspecto, aparentemente secundario, pero que encierra una importante significación. Además de evocar, ineludiblemente, una relevante parcela del sistema financiero español, hoy desaparecida.

En Alemania, las sparkassen (cajas de ahorros) y los landesbanken (instituciones de cabecera de las cajas de ahorros) acaparan una cuarta parte de los activos totales del sistema bancario. Ambos grupos de entidades constituyen el sector bancario público, completado con bancos públicos de desarrollo nacionales y regionales. Por su parte, las cooperativas de crédito concentran un 11% de los activos del sector bancario.

En el referido estudio se identifica “un mandato explícito de una gran parte del sistema bancario -cooperativas y cajas de ahorros- para maximizar el bienestar de los grupos de interés en vez de los beneficios” como uno de los factores que afectan a la rentabilidad (pág. 5): “Las instituciones públicas son gobernadas por disposiciones públicas con un mandato para promover el desarrollo económico de sus regiones, lo que incluye subvencionar la provisión de bienes públicos locales, como facilidades para el esparcimiento y los festivales de arte” (pág. 8).

En un contexto de tendencia al auge del denominado capitalismo de los grupos de interés, no deja de llamar la atención la observación contenida en el informe citado.

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[1] “The determinants of bank profitability”, Technical Note, FMI, 4 de agosto de 2022.

Un mundo a distintas velocidades

 

Puede que Internet haya acortado las referencias de tiempo y espacio, configurando un mundo prácticamente unificado en tiempo real para la transmisión de información, pero ese milagro convive con un panorama de enormes divergencias en las condiciones y los tiempos de desplazamiento en el transporte terrestre. Pese a todo, las carreteras siguen teniendo una gran influencia en la productividad y en el desarrollo económico de los distintos países.

El FMI ha elaborado una medida de la calidad de las carreteras en 162 países que cuantifica el tiempo medio de desplazamiento entre grandes ciudades dentro de un mismo país. Del estudio se desprende que las carreteras más rápidas del mundo se encuentran en los países más ricos, mientras que las más lentas se localizan en los más pobres, lo que se considera constituye un importante obstáculo para un desarrollo inclusivo[1].

A tenor del mosaico observado en el mapamundi adjunto, con velocidades medias tan dispares, las expectativas de duración del tiempo de desplazamiento han de ser muy diferentes, aun cuando siempre haya que contar con el factor sorpresa en las autopistas de peaje. En función de tales expectativas, es posible que también difiera la percepción del paso del tiempo.

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[1] Vid. M. Moszoro y M. Soto, “Where Are the World’s Fastest Roads?, IMF Blog, 15-6-2022.

 

El déficit público estructural en España

 

Puede que muchos ciudadanos no tengan conciencia, pero el concepto de déficit público estructural dio un salto cualitativo muy importante en el año 2011, a raíz de la reforma exprés de la Constitución española llevada a cabo en dicho año. Desde entonces, viene protagonizando la “regla de oro” de las finanzas públicas en el ámbito de la Unión Monetaria Europea.

Aunque sujeta a dificultades y controversias de orden metodológico, se trata de una herramienta conceptual de gran utilidad para examinar la situación y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Una forma sencilla de aproximarnos a dicha noción (genéricamente, a la de saldo presupuestario estructural) puede ser a través de la pregunta planteada en el gráfico adjunto. Ante tres situaciones hipotéticas en distintos momentos, ¿dónde cabe entender que es más preocupante un déficit público equivalente, por ejemplo, a un 5% del PIB: en A, B o C?

Las tres situaciones difieren en cuanto a la fase del ciclo económico a la que corresponde cada una: en A, se da una coyuntura económica negativa, la producción está por debajo de la producción potencial del país (output gap negativo); en B ocurre todo lo contrario, e incluso la economía crece por encima de su potencial (output gap positivo); en C puede decirse que el impacto de la coyuntura económica es nulo, toda vez que la producción efectiva se corresponde con la potencial (output gap nulo).

Evidentemente, el signo de la coyuntura económica influye claramente en la situación de las finanzas públicas: en situaciones como la A, habrá un impacto adverso, ya que se dispararán los programas de gasto de carácter prestacional y caerá la recaudación impositiva como consecuencia de la menor actividad; situaciones como B serían las más favorables para las cuentas públicas, debido a que las prestaciones públicas por desempleo y otras estarán en mínimos, y la recaudación impositiva será muy elevada; por último, en situaciones como la C, las cuentas públicas no se verían afectadas, ni positiva ni negativamente, por la coyuntura. De este modo, el saldo presupuestario del sector público nos estaría mostrando su verdadera cara, sin la influencia de efectos coyunturales. Debido a esto, el concepto de saldo presupuestario estructural consiste en el saldo que se daría en una situación como la C, con un output gap nulo.

De las tres situaciones consideradas, un déficit de la misma cuantía sería más preocupante en un caso como el B: ante el mejor panorama posible para las finanzas públicas, se generaría un déficit. En una situación como la A, el mismo déficit sería menos preocupante, puesto que, sin necesidad de adoptar ninguna medida, de manera automática, cuando mejore la coyuntura económica lo harán también las finanzas públicas.

La cuantía del déficit presupuestario estructural nos indica que ese importe no se va a reducir de manera automática. Para corregirlo será necesario adoptar medidas para disminuir los gastos y/o aumentar los ingresos públicos.

En su último informe sobre la economía española, el Fondo Monetario Internacional estima un déficit público estructural del orden del 4% del PIB. Esa cifra nos coloca ante el espejo, que nos devuelve un mensaje no del todo halagüeño: el agujero estructural de las cuentas pública roza los 50.000 millones de euro anuales en el marco de los programas de gastos e ingresos públicos vigentes.

El FMI saca su artillería pesada: los DEG vuelven a escena

 

Con fecha 23 de agosto de 2021, la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, anunciaba la entrada en vigor de la mayor asignación de derechos especiales de giro (DEG) en la historia del FMI, por un montante de USD 650.000 millones[1]. La medida se concibe como un apoyo a la liquidez del sistema económico mundial en el contexto actual de la pandemia del coronavirus. Dado que la distribución entre países se realiza en proporción a sus cuotas relativas en el FMI, este organismo alienta a que algunos países puedan ceder parte de su posición a aquellos que estén en una situación más precaria. Esta idea ya fue planteada hace años por George Soros[2].

Como describe el propio FMI[3], “El DEG es un activo de reserva internacional creado en 1969 por el FMI para complementar las reservas oficiales de los países miembros[4]… El valor del DEG se basa en una cesta de cinco monedas: el dólar de EE.UU., el euro, el renminbi chino, el yen japonés, y la libra esterlina".

Asimismo, “El DEG no es ni una moneda ni un crédito frente al FMI. Más bien representa un derecho potencial frente a las monedas de libre uso de los países miembros del FMI. El DEG se puede canjear por monedas de libre uso”.

Su finalidad originaria era ser una alternativa al dólar, pero fracasó en ese empeño[5]. En el año 2009 fueron utilizados con éxito (USD 250.000 millones), a propuesta del primer ministro británico, Gordon Brown. Al posibilitar que las economías emergentes pudiesen adquirir dólares vía el FMI, en lugar de en el mercado abierto, la medida sirvió para aliviar la situación en el mercado de divisas y en otros mercados[6].

Ante la crisis pandémica, se han reactivado las propuestas de recurrir al uso de los DEG.[7] Los defensores de su uso señalan que aportarían dinero a los países que más lo necesitan, sin incurrir en deudas propias adicionales[8]. Y, de cara a la efectividad de la acción, se incide en la cesión por parte de los países de alta renta a los de baja renta[9]. Los DEG tienen la ventaja, para los países receptores, de que son provistos sin la condicionalidad normalmente aparejada a los préstamos del FMI, y no tienen que ser devueltos, por lo que los gobiernos quedan libres para utilizarlos como deseen sin tener que adoptar medidas compensatorias en sus finanzas públicas[10].

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[1] Vid. FMI, Comunicado de Prensa No. 21/248, 23 de agosto de 2021.

[2] Vid. G. Davies, “The SDR is an idea whose time has come”, Financial Times, 19 de abril de 2020.

[3] Vid. FMI, “Derechos especiales de giro (DEG)”, Ficha Técnica, 2 de agosto de 2021.

[4] La idea originaria proviene de Keynes, quien, en la cumbre de Bretton Woods, propuso el “bancor” como nueva moneda de reserva internacional. Los países con superávit comercial registrarían saldos positivos, en tanto que los deficitarios tendrían una cuenta con saldo negativo. Vid. R. Cooper, “How John Maynard Keynes’ most radical idea could save the world”, The Week, 27 de mayo de 2016.

[5] Vid. O. Mandeng, “Time to transform the world’s currency system”, Financial Times, 23 de junio de 2015.

[6] Vid. Davies, op. cit.

[7] Vid. C. G. Collins y E. M. Truman, “IMF’s special drawing right to the rescue”, Peterson Institute for International Economics, PIEE BR 20-1, abril.

[8] Vid. J. Wheatley, “IMF prepares to bolster developing countries’ finances”, Financial Times, 5 de abril de 2021.

[9] Vid. M. Wolf, “A windfall for poor countries is within reach”, Financial Times, 1 de junio de 2021.

[10] Vid. J. Wheatley y C. Smith, “IMF allocates $650 bn to boost pandemic-hit economies”, Financial Times, 2 de agosto de 2021.

El trilema de la política económica: más difícil todavía

 

Desde hace algún tiempo, el término “trilema” ha venido cobrando un considerable protagonismo en el ámbito del análisis económico-político. Especialmente desde que Dani Rodrik –uno de esos autores “touched by gods”- difundiera el conocido como “trilema político fundamental de la economía mundial”[1].

El Diccionario de la Lengua Española aún no ha acogido ese vocablo, que, pese a ello, sigue abriéndose camino. Son ahora los economistas del Fondo Monetario Internacional (FMI) quienes lanzan el “trilema del policymaker”, palabra esta última tan querida por los profesores de Política Económica. Los policymakers, los responsables de la política económica, se enfrentan ahora, en el África subsahariana, a un nuevo trilema evolucionado[2].

Mientras que, en la formulación de Rodrik y otras anteriores, el problema radicaba en que, ante tres objetivos deseables, nos veíamos obligados a elegir dos de ellos, teniendo ineludiblemente que renunciar al otro, ahora nos encontramos en una tesitura aun peor, en la exposición del FMI.

Los retos que afrontan los ministros de finanzas (¿sólo los del África subsahariana?) son los tres siguientes: i) cubrir mayores necesidades de gasto; ii) contener un pronunciado incremento en la deuda pública; y iii) movilizar más ingresos fiscales. Según los autores del estudio comentado, “un acto de equilibrio increíblemente difícil se necesita pues los esfuerzos para abordar un elemento inevitablemente actuarán a costa de los otros dos”.

Realmente el planteamiento induce a una cierta confusión. Tal y como se exponen los retos, no nos encontramos ante un trilema clásico, en la línea apuntada. En cambio, sí nos vemos ante un trilema reforzado si los objetivos son los plasmados en el gráfico que se incluye en el estudio: i) aumentar el gasto; ii) reducir la deuda; y iii) disminuir las cargas fiscales. En este caso, si optamos por un objetivo, hemos de renunciar a los otros dos. Eso sí, dando por hecho un comportamiento antilafferiano. Es decir, una bajada de la tributación no va a generar un incremento de la oferta de factores, con la consiguiente ampliación de bases impositivas, que, aunque sometida a menores tipos de gravamen, llevara a un incremento de la recaudación.

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[1] Vid. “Aprendiendo a vivir con ‘trilemas’”, diario Sur, 14 de septiembre de 2014.

[2] Vid. Abebe Selassie y Andrew Tiffin, “The policymaker’s trilemma”, IMF Blog, 12 de mayo de 2021.

El nuevo consenso de Washington: ¿qué clase de vino, qué clase de odres?

Desde hace ya bastante tiempo, especialmente desde que se desencadenó la gran crisis económica y financiera internacional de 2007-2008, evocar el consenso de Washington es algo así como mencionar al maligno. Dicho consenso hace referencia a las directrices emanadas de los principales organismos económicos internacionales, con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), ambos con sede en Washington, a la cabeza, a mediados de los años 90 del pasado siglo, para orientar la actividad del sector público.

Aunque es bastante discutible que el citado consenso se siguiera a pies juntillas en un mundo caracterizado por cursos de acción bastante divergentes, el coro de acusaciones para imputarlo como presunto culpable de casi todos los males terrenales ha rozado la unanimidad. No faltan, sin embargo, algunos lobos esteparios que se han atrevido a desafiar las tesis correctas, aun a costa de verse abocados a compartir condena. Uno de esos solitarios disidentes, para mayor sorpresa, se mueve dentro del territorio de una congregación religiosa particularmente beligerante, por parte de sus máximos representantes, con las posiciones de corte liberal. Merecerá la pena, siquiera como observación de una postura exótica, en otro momento, echar una mirada a esa posición claramente heterodoxa, hoy día arrinconada y vilipendiada.

Por varios motivos, recuerdo con nostalgia aquella época en la que daba la impresión de que nos adentrábamos en una senda en la que parecía posible ir superando los grandes problemas económicos, y en la que las democracias liberales aparecían como una conquista irreversible. Las expectativas, desafortunadamente, no se cumplieron, y luego nos topamos con una realidad bien distinta, una vez que el espejismo llegó a desvanecerse.

Acudo a las páginas de aquel proyecto docente que hube de elaborar durante los años 1998 y 1999, a fin de recordar las directrices del consenso de Washington, que podían resumirse en el siguiente decálogo: a) disciplina presupuestaria; b) cambios en las prioridades del gasto público desde las áreas menos productivas a otras, como sanidad, educación e infraestructuras, consideradas como las más productivas y las más efectivas en la lucha contra la pobreza; c) reforma fiscal encaminada a buscar bases imponibles amplias y tipos marginales moderados; d) liberalización financiera; e) búsqueda y mantenimiento de tipos de cambio competitivos; f) liberalización comercial; g) política de apertura respecto a la inversión extranjera directa; h) política de privatizaciones; i) política desreguladora; y j) derechos de propiedad firmemente establecidos y garantizados.

A continuación, en las mismas páginas, se señalaba que el anterior decálogo de propuestas podía sintetizarse en los siguientes cuatro aspectos fundamentales: i) un marco macroeconómico equilibrado; ii) un gobierno de menor tamaño y más eficiente; iii) un sector privado eficiente y en expansión; y iv) políticas destinadas a la reducción de la pobreza.

Más de veinte años después, el marco económico y el panorama doctrinal han cambiado drásticamente. A raíz de las reuniones de primavera del FMI y del BM de 2021, se ha afirmado que ha emergido un nuevo consenso de Washington, de connotaciones muy diferentes. Un cambio de paradigma de este calibre no surge de manera espontánea en una convención anual. Antes al contrario, la mutación se había venido larvando desde hace años. Y, a pesar de que es ahora cuando, de manera explícita, se perfila un nuevo recetario, los numerosos informes publicados desde el año 2007 atestiguan que no se ha producido una ruptura sino, más bien, un proceso evolutivo que ahora aflora con más brío.

Uno de los analistas que con más entusiasmo ha acogido la eclosión de la nueva encíclica es Martin Sandbu, defensor a ultranza de los postulados keynesianos, destacado columnista de un periódico como el Financial Times que no parece sentir demasiada nostalgia por el periclitado, desde hace tiempo, primigenio consenso de Washington.

La nueva doctrina económica es desarrollada en un reciente informe del FMI[1]. Sandbu efectúa una síntesis de la misma en los siguientes términos[2]: i) realización de un elevado gasto en salud pública; ii) asignación del gasto público a aquellos usos que generen un mayor “valor a cambio del dinero”; iii) relajación acerca de los déficits públicos masivos en los países desarrollados; iv) respaldo a “contribuciones para la recuperación”, a concretar en impuestos extraordinarios de solidaridad con cargo a las personas ricas, e impuestos sobre beneficios empresariales extraordinarios; v) aprobación de impuestos sobre el patrimonio; vi) preocupación por la desigualdad; y vii) recuperación de un papel activista para el Estado.

El propio FMI recomienda las siguientes respuestas de la política económica[3]: a) invertir más y mejor en educación, salud, y desarrollo de la infancia temprana; b) fortalecer las redes de seguridad social expandiendo la cobertura de los más vulnerables, y aumentando la adecuación de las prestaciones; c) obtener los recursos necesarios, mediante el aumento de la progresividad de la imposición sobre la renta y un mayor recurso a impuestos sobre la propiedad, y sobre las herencias y donaciones; d) actuar de una manera transparente; e) apoyar a los países de baja renta que afrontan desafíos especialmente abrumadores.

En el resumen ejecutivo del informe, el FMI llega a destacar un resultado obtenido en una encuesta reciente realizada en Estados Unidos: “si un miembro de una familia contrae la enfermedad de la COVID-19 o pierde el empleo, la probabilidad de favorecer la imposición progresiva aumenta 15 puntos porcentuales”[4], respecto a quienes no sufren tales adversidades. Un resultado sin duda sugerente desde el punto de vista de la Sociología Financiera, además, naturalmente, desde un prisma didáctico, en relación con el conocimiento de la noción de progresividad y su concreción en la práctica. 

Y, cómo no, para los estudiosos de la Economía del Sector Público, el nuevo manifiesto económico es una interesante oportunidad para discernir -a expensas de una posible coincidencia estimada de continente y contenido- qué dictamen cabe proclamar: ¿vino nuevo en odres viejos, o vino viejo en odres nuevos?

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[1] FMI, “Fiscal Monitor. A Fair Shot”, abril 2021.

[2] M. Sandbu, “A new Washington consensus is born”, Financial Times, 11 de abril de 2021.

[3] FMI, op. cit., págs. xii-xiii.

[4] FMI, op. cit., pág. xiii. Dentro del informe se efectúan algunas matizaciones (pág. 43). 

El impacto económico del Gran Confinamiento sobre los servicios

La crisis económica desencadenada por la pandemia del coronavirus no deja de causar estragos ni de acumular calificativos deslumbrantes, como se ha puesto de manifiesto en anteriores entradas de este blog. En esa línea,  Gita Gopinath,  economista jefe del FMI (“The Great Lockdown through a Global Lens”, IMFBlog, 16-6-2020), afirma que “la crisis económica resultante es algo diferente a lo que el mundo ha visto hasta ahora. Esta es una crisis verdaderamente global”. Y, a diferencia de crisis precedentes, ha afectado de manera atípica al sector servicios.

No había que ser un lince para percatarse de que la adopción de medidas tan extremas como la del confinamiento no iba a resultar algo inocuo en el terreno económico y, especialmente, en el de los servicios presenciales. Tampoco se requería, desde luego, estar en posesión de dotes geniales para arbitrar remedios tan caseros, ni para imponerlos por ley. Aunque quizás no falta quien pretenda reivindicar derechos de autor en uno y otro apartado.

Como puede apreciarse en el primer gráfico adjunto, la contracción del sector servicios, medida a través del Índice de Gestores de Compras, ha sido mucho mayor que en el manufacturero.

Por otro lado, como tampoco resulta muy sorprendente, se constata una clara relación negativa entre las restricciones a la movilidad y el valor del referido Índice para el sector servicios. En el segundo gráfico, dicho Índice es menor cuanto mayor ha sido la caída de la movilidad. En el mismo, España aparece en una posición destacada, como uno de los países donde mayor ha sido la disminución de la movilidad, y donde el impacto negativo en los servicios ha sido también más acusado.

En el gráfico se perciben las distintas estrategias adoptadas por los diferentes países, que describen un rango inusitadamente amplio ante una situación tan crítica. El tiempo permitirá decir cuáles han sido las más acertadas, una vez que se valoren todas las variables afectadas en su conjunto.

Bretton Woods: 75º aniversario

Hacía menos de un mes que se había iniciado el Desembarco de Normandía. El continente europeo seguía desangrándose por la contienda bélica. En plena efervescencia de un conflicto tan terrible, cuyo desenlace no era aún tan fácil de pronosticar, cuesta trabajo creer que se pudiera ver más allá del aquelarre de la destrucción y la masacre; ante tanta tragedia humana, tiene mérito pensar en el porvenir y en un horizonte económico totalmente incierto. Sin embargo, pese al mayúsculo problema de la guerra y de todas las incógnitas existentes, los dirigentes de algunas de las potencias integrantes del bloque aliado trataban de diseñar, desde hacía algunos años, las líneas maestras de un sistema monetario que, una vez se alcanzara la paz, permitiera proporcionar una estabilidad en las relaciones económicas internacionales que superase las tensiones que habían marcado el período de entreguerras.

El día 1 de julio de 1944, en un recóndito paraje denominado Bretton Woods, en New Hampshire (Estados Unidos), se reunían 730 delegados de 44 países. Se han cumplido 75 años desde aquella congregración en el hotel Monte Washington, cuya imponente imagen, de estilo renacentista español, al pie de la Montaña Blanca, simboliza el inicio de una nueva era. En junio de este año ha tenido lugar otra significativa efeméride de alcance internacional, el primer centenario de la firma del Tratado de Versailles, que puso término a la Primera Guerra Mundial, tras imponer unas condiciones económicas a los países derrotados cuyas dramáticas consecuencias fueron anticipadas por el gran economista británico John Maynard Keynes.

La conferencia de Bretton Woods estuvo precedida de un largo proceso de preparación. Especial protagonismo tuvieron en el mismo dos figuras, una por el lado estadounidense, Harry Dexter White, y otra, por el británico, Keynes. El primero se centró en la elaboración de una propuesta de creación de un fondo de estabilización y de un banco de reconstrucción de las Naciones Unidas, en tanto que el segundo abogó por la puesta en marcha de una unión monetaria, basada en un banco central internacional que crearía su propia divisa, el bancor, que tendría un tipo de cambio fijo con el oro.

Bien conocida es la posición de Keynes, quien, defensor de la intervención del Estado en la economía con fines de estabilización, rechazaba de plano la ideología comunista. Menos lo es la de White, declarado admirador de la Unión Soviética y de su modelo de economía planificada. Por aquel entonces llegó a ser acusado de espía de los soviéticos, hecho de lo que hoy no parece existir duda, como tampoco de la red de espionaje implantada entre los funcionarios que formaban parte del equipo estadounidense presente en la convención.

La conferencia de Bretton Woods fue en gran medida el resultado de la confrontación de los planteamientos de ambos personajes, que encarnaron los intereses de sus respectivos países. Estados Unidos emergía como el país más poderoso económica y políticamente, en una situación de acreedor internacional; en cambio, la posición británica se había visto enormemente afectada por el conflicto bélico, viéndose abocada a una situación deudora, enfrentada a un “Dunkerke financiero”, según expresión de Keynes.

Ambos compartían los fines inspiradores de la conferencia, evitar los errores cometidos en el período de entreguerras, y establecer un orden monetario internacional estable y proclive a la expansión del comercio, pero diferían en cuanto a aspectos clave del diseño de la nueva arquitectura.

El Acta Final de la conferencia se firmó el 22 de julio de 1944 y se fijó el 31 de diciembre de 1945 como fecha límite para la ratificación del Convenio por los distintos países. El número de los que inicialmente lo hicieron fue 28. La ausencia más significativa, pero en absoluto sorprendente -tal vez lo fuera su presencia en Bretton Woods, donde, según el presidente Roosevelt, se reunían los “representantes de los hombres libres”- fue la de la Unión Soviética. Como recuerda el profesor Pablo Martín-Aceña, la política internacional de Stalin se basaba en la búsqueda de la autarquía para la Unión Soviética, y sus dirigentes tenían una plena convicción de la superioridad del sistema comunista sobre el capitalista: “Solo tras su hundimiento en 1990, la renacida Federación Rusa se adhirió al FMI”.

Por evidentes razones, España no participó en la convención de Bretton Woods, y su incorporación al Fondo Monetario Internacional (FMI) se demoró hasta el año 1958, como parte de la preparación del Plan de Estabilización del año siguiente.

El sistema que surgió de Bretton Woods se basaba en varios pilares: i) Fondo Monetario Internacional, organismo encargado de fomentar la cooperación monetaria internacional y de asistir financieramente a los países con dificultades derivadas de balanzas de pagos deficitarias y de otras situaciones críticas ii) Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (Banco Mundial); y c) establecimiento de un régimen de tipos de cambios fijos, aunque ajustables dentro de unos límites, articulado sobre el papel central del dólar estadounidense, única moneda intercambiable con el oro.

Dicho sistema, bien es cierto que en conjunción con otra serie de factores y circunstancias, propició un período de estabilidad y prosperidad económicas entre los países occidentales. Sin embargo, dicha etapa fue a la postre bastante breve. El 15 de agosto de 1971, hace ahora 48 años, el presidente Nixon puso fin a la convertibilidad del dólar en oro.

Los discursos inaugural y de clausura, pronunciados por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Henry Morgenthau, contienen mensajes de enorme trascendencia que se añoran en una época como la actual, en la que asistimos a una peligrosa dinámica de retorno a planteamientos populistas y nacionalistas: “El comercio es la sangre vital de una sociedad libre, y debemos asegurarnos de que las arterias que encauzan ese flujo sanguíneo no vuelvan a verse obstruidas por coágulos artificiales creados por rivalidades económicas sin sentido, como ha ocurrido en el pasado. Las enfermedades económicas son altamente contagiosas, y por ello la salud económica de cada uno de los países es un asunto que incumbe a todos sus países vecinos, cercanos o lejanos”… “Hemos de reconocer que la forma más inteligente y efectiva para proteger nuestros intereses nacionales es a través de la cooperación internacional”.

(Artículo publicado en el diario “Sur”, con fecha 7-9-2019)

El retorno de la hiperinflación: el caso de Venezuela

Quienes asistimos al nacimiento del régimen democrático instaurado en el año 1977 vivimos en cierto modo nuestra pequeña República de Weimar en la vertiente inflacionaria. Cuando se celebraron las primeras elecciones democráticas, los precios al consumo crecían por encima del 22% en términos interanuales. Al acabar el año, la tasa anual superó el 26%. Se trataba de un ritmo de crecimiento vertiginoso, desbocado, desconocido para nosotros. Recuerdo las solemnes intervenciones televisivas del profesor Enrique Fuentes Quintana, que había asumido las riendas económicas del Gobierno de la nación. La incipiente democracia se enfrentaba a importantes retos económicos; el control de la inflación era uno de ellos, absolutamente prioritario. No fue una tarea sencilla ni libre de costes, pero el embridamiento de los precios figura entre los logros de la política económica del sistema democrático, que evitó que nuestra economía se despeñara por terrenos escabrosos.

Con tasas actuales que rondan el 2% anual, después de haber despejado el fantasma de la deflación (“Entre el miedo a la inflación y el pánico a la deflación”, diario Sur, 22-11-2013), los españoles estamos habituados a una notable estabilidad de precios. Hoy sería inconcebible retrotraernos a tasas de variación del IPC pre-Pactos de la Moncloa.

La inflación ha ido dejando dramáticos y dolorosos rastros a lo largo de la historia. Y, lejos de lo que pudiera pensarse, no es un fenómeno del pasado. La historia económica también nos enseña que la noción de inflación es bastante elástica, al presentar en la práctica un recorrido extraordinariamente amplio. En comparación con la experiencia de algunos países, las tasas situadas en la cota del 20% anual, que causaron pavor en el inicio de la transición democrática, resultan irrisorias. Los economistas reservan el término hiperinflación cuando los precios aumentan sostenidamente por encima del 50% mensual. Si este umbral lo elevamos al año, nos encontramos ya con una tasa más que respetable, sencillamente del 12.975%.

¿Una cifra muy alta? No tanto, si la comparamos con la registrada en Alemania en el año 1923, cuando se alcanzó una tasa del ¡29.500% mensual!, o, lo que es lo mismo, del ¡20,9% diaria!. A ese ritmo infernal, los precios se duplicaban cada 3,7 días. Pero el ranking histórico de las experiencias inflacionarias, elaborado por Steve H. Hanke y Nicholas Krus, sigue encabezado por Hungría, país que, en el año 1946, llegó a una tasa de inflación mensual del 41.900.000.000.000.000% (¡cuarenta y un mil novecientos billones por ciento!), lo que venía a significar que los precios se duplicaban cada 15 horas. Otros episodios inflacionarios más recientes, como los acontecidos en Zimbabwe y Yugoslavia, reflejan cifras también escalofriantes, igualmente difíciles de asimilar.

Desde hace algún tiempo, la escalada de los precios en Venezuela ha hecho entrar a este país caribeño -hasta no hace mucho postulado por algunos sectores como referencia económica y doctrinal frente a las desdichas padecidas en España- en la zona de dominio de la hiperinflación. Hace unos meses, al explicar a mis alumnos los efectos de la inflación en el IRPF, se suscitó el caso de Venezuela como una de las potencias inflacionarias actuales. Uno de los estudiantes realizó una defensa encendida del régimen allí vigente, por considerar que es uno de los pocos sitios donde los ciudadanos son dueños de su propio destino, sin ningún tipo de injerencia externa. Al no ser ese, pese a su interés, el objeto de la sesión formativa, me limité a apuntar simplemente que, como señalaba un artículo del Financial Times de finales de mayo de este año, además, a diferencia de España, donde el salario mínimo mensual, es de unos 860 euros, allí había logrado alcanzarse una cifra millonaria, concretamente, de 2,5 millones de bolívares. Una vez que todo el mundo es millonario, quizás importa menos que esa suma equivaliese a menos de 3 dólares.

El gobierno del país hace tiempo que dejó de publicar los datos oficiales de inflación. Ya se sabe, es un dato bastante manipulable informativamente. De ahí que para conocer la evolución de ese indicador económico haya que recurrir a estimaciones no oficiales. Según un informe del Fondo Monetario Internacional de fecha 23 de julio de 2018, firmado por Alejandro Werner, se proyecta un notorio alza en la inflación de Venezuela hasta alcanzar la cota de 1.000.000% hacia finales de 2018.

Como comenta Gideon Long (Financial Times, 24-7-2018), de cumplirse la previsión del FMI, Venezuela se equipararía a la República de Weimar, aunque con una ventaja no desdeñable. Mientras que en la Alemania de entonces la gente transportaba los billetes bancarios en carretillas, los venezolanos pueden usar tarjetas de crédito para hacer compras. Después de todo, como argumenta Steven Pinker, el progreso sigue su curso.