Desde hace ya
bastante tiempo, especialmente desde que se desencadenó la gran crisis
económica y financiera internacional de 2007-2008, evocar el consenso de Washington es algo así como mencionar al maligno. Dicho
consenso hace referencia a las
directrices emanadas de los principales organismos económicos internacionales, con
el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), ambos con sede
en Washington, a la cabeza, a mediados de los años 90 del pasado siglo, para
orientar la actividad del sector público.
Aunque es
bastante discutible que el citado consenso
se siguiera a pies juntillas en un mundo caracterizado por cursos de acción
bastante divergentes, el coro de acusaciones para imputarlo como presunto
culpable de casi todos los males terrenales ha rozado la unanimidad. No faltan,
sin embargo, algunos lobos esteparios
que se han atrevido a desafiar las tesis
correctas, aun a costa de verse abocados a compartir condena. Uno de esos
solitarios disidentes, para mayor sorpresa, se mueve dentro del territorio de
una congregación religiosa particularmente beligerante, por parte de sus
máximos representantes, con las posiciones de corte liberal. Merecerá la pena,
siquiera como observación de una postura exótica, en otro momento, echar una
mirada a esa posición claramente heterodoxa, hoy día arrinconada y vilipendiada.
Por varios
motivos, recuerdo con nostalgia aquella época en la que daba la impresión de
que nos adentrábamos en una senda en la que parecía posible ir superando los
grandes problemas económicos, y en la que las democracias liberales aparecían
como una conquista irreversible. Las expectativas, desafortunadamente, no se
cumplieron, y luego nos topamos con una realidad bien distinta, una vez que el
espejismo llegó a desvanecerse.
Acudo a las
páginas de aquel proyecto docente que hube de elaborar durante los años 1998 y
1999, a fin de recordar las directrices del consenso
de Washington, que podían resumirse en el siguiente decálogo: a) disciplina
presupuestaria; b) cambios en las prioridades del gasto público desde las áreas
menos productivas a otras, como sanidad, educación e infraestructuras, consideradas
como las más productivas y las más efectivas en la lucha contra la pobreza; c) reforma
fiscal encaminada a buscar bases imponibles amplias y tipos marginales
moderados; d) liberalización financiera; e) búsqueda y mantenimiento de tipos
de cambio competitivos; f) liberalización comercial; g) política de apertura
respecto a la inversión extranjera directa; h) política de privatizaciones; i)
política desreguladora; y j) derechos de propiedad firmemente establecidos y
garantizados.
A
continuación, en las mismas páginas, se señalaba que el anterior decálogo de
propuestas podía sintetizarse en los siguientes cuatro aspectos fundamentales:
i) un marco macroeconómico equilibrado; ii) un gobierno de menor tamaño y más
eficiente; iii) un sector privado eficiente y en expansión; y iv) políticas
destinadas a la reducción de la pobreza.
Más
de veinte años después, el marco económico y el panorama doctrinal han cambiado
drásticamente. A raíz de las reuniones de primavera del FMI y del BM de 2021,
se ha afirmado que ha emergido un nuevo
consenso de Washington, de connotaciones muy diferentes. Un cambio de
paradigma de este calibre no surge de manera espontánea en una convención
anual. Antes al contrario, la mutación se había venido larvando desde hace
años. Y, a pesar de que es ahora cuando, de manera explícita, se perfila un
nuevo recetario, los numerosos informes publicados desde el año 2007 atestiguan
que no se ha producido una ruptura sino, más bien, un proceso evolutivo que
ahora aflora con más brío.
Uno
de los analistas que con más entusiasmo ha acogido la eclosión de la nueva
encíclica es Martin Sandbu, defensor a ultranza de los postulados keynesianos, destacado
columnista de un periódico como el Financial
Times que no parece sentir demasiada nostalgia por el periclitado, desde
hace tiempo, primigenio consenso de Washington.
La
nueva doctrina económica es desarrollada en un reciente informe del FMI[1].
Sandbu efectúa una síntesis de la misma en los siguientes términos[2]:
i) realización de un elevado gasto en salud pública; ii) asignación del gasto
público a aquellos usos que generen un mayor “valor a cambio del dinero”; iii) relajación
acerca de los déficits públicos masivos en los países desarrollados; iv)
respaldo a “contribuciones para la recuperación”, a concretar en impuestos
extraordinarios de solidaridad con cargo a las personas ricas, e impuestos
sobre beneficios empresariales extraordinarios; v) aprobación de impuestos
sobre el patrimonio; vi) preocupación por la desigualdad; y vii) recuperación de
un papel activista para el Estado.
El
propio FMI recomienda las siguientes respuestas de la política económica[3]:
a) invertir más y mejor en educación, salud, y desarrollo de la infancia
temprana; b) fortalecer las redes de seguridad social expandiendo la cobertura
de los más vulnerables, y aumentando la adecuación de las prestaciones; c)
obtener los recursos necesarios, mediante el aumento de la progresividad de la
imposición sobre la renta y un mayor recurso a impuestos sobre la propiedad, y
sobre las herencias y donaciones; d) actuar de una manera transparente; e)
apoyar a los países de baja renta que afrontan desafíos especialmente
abrumadores.
En el resumen ejecutivo del informe, el FMI llega a destacar un resultado obtenido en una encuesta reciente realizada en Estados Unidos: “si un miembro de una familia contrae la enfermedad de la COVID-19 o pierde el empleo, la probabilidad de favorecer la imposición progresiva aumenta 15 puntos porcentuales”[4], respecto a quienes no sufren tales adversidades. Un resultado sin duda sugerente desde el punto de vista de la Sociología Financiera, además, naturalmente, desde un prisma didáctico, en relación con el conocimiento de la noción de progresividad y su concreción en la práctica.
Y, cómo no, para los estudiosos de la Economía del Sector Público, el nuevo manifiesto económico es una interesante oportunidad para discernir -a expensas de una posible coincidencia estimada de continente y contenido- qué dictamen cabe proclamar: ¿vino nuevo en odres viejos, o vino viejo en odres nuevos?
[1] FMI, “Fiscal Monitor. A
Fair Shot”, abril 2021.
[2] M. Sandbu, “A new
Washington consensus is born”, Financial Times, 11 de abril de 2021.
[3] FMI, op. cit., págs. xii-xiii.
[4] FMI, op. cit., pág. xiii. Dentro del informe se efectúan algunas matizaciones (pág. 43).
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