Competitividad fiscal autonómica

 

La estructura y el nivel de la fiscalidad de un país representan una declaración de principios y constituyen una carta de presentación en el panorama internacional. La normativa fiscal suele ser un importante factor en la evolución de la situación económica. Pero no es fácil encontrar una relación lineal directa inequívoca. Son relevantes varios aspectos: i) la mayor o menor atracción de actividad económica; ii) la generación de renta y empleo; iii) la recaudación efectiva lograda; iv) la utilización adecuada de los ingresos obtenidos en la provisión de infraestructuras y servicios de utilidad social, y de prestaciones sociales.

Desde hace años se publican índices de posicionamiento fiscal internacional. El elaborado por la Tax Foundation se basa en las nociones de competitividad (mantenimiento de los tipos de gravamen máximos en niveles moderados) y neutralidad (obtención de los mayores ingresos posibles con las menores distorsiones económicas). Dicho think tank estadounidense considera que un código fiscal competitivo y neutral promueve la inversión y un crecimiento económico sostenible, al tiempo que genera ingresos públicos suficientes para las prioridades del gasto público. Dentro de un conjunto de 37 países, España ocupa el puesto 30º.

La referida Fundación viene publicando también el “Índice Autonómico de Competitividad Fiscal” (IACF), referido a España. En esta publicación se parte de la premisa de que “las comunidades autónomas con un mejor sistema fiscal son las que más probabilidades tienen de atraer la implantación de actividad económica nueva, generando así crecimiento económico y empleo”. Hay, ciertamente, otros factores sumamente importantes que influyen en las decisiones empresariales, familiares y profesionales que no se incorporan en los índices de competitividad fiscal: marco regulatorio, seguridad jurídica, servicios de sanidad y de educación, capital humano, acceso a materias primas, dotación de infraestructuras, factores culturales… La fiscalidad es solo uno de los argumentos que entra dentro de las variables que condicionan las elecciones.

El IACF analiza la situación de 19 jurisdicciones (16 comunidades autónomas, más las tres haciendas provinciales vascas) a través de más de 60 variables relacionadas con las siguientes figuras impositivas: Impuesto sobre la Renta, Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto sobre Sucesiones, Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, e impuestos autonómicos propios.

En el año 2021, las primeras posiciones del ranking de competitividad fiscal son ocupadas por Madrid, Vizcaya, Álava, Guipúzcoa y Canarias; las últimas, por Cataluña, C. Valenciana, Aragón, Asturias y Extremadura. Andalucía aparece en la posición 7ª, tras haber ido avanzando en la clasificación desde el puesto 16º en 2017. La posición de Andalucía no es homogénea respecto a todos los tributos considerados. Un tanto sorprendentemente, aparece en el primer puesto en relación con el Impuesto sobre Sucesiones, cuyo análisis se centra en el grupo de herederos que engloba a los ascendientes y descendientes directos, así como al cónyuge. Por lo que refiere al IRPF, se sitúa en la posición 11ª, y en la 9ª, respecto al Impuesto sobre el Patrimonio.

La autora principal del informe sobre fiscalidad de las regiones españolas, Cristina Enache, economista de la Tax Foundation, en un reciente artículo con un título bastante expresivo (“Regional tax competition is stopping Spain from becoming Europe’s tax hell”, 6-10-2021), sostiene que la competencia fiscal regional ha estado actuando de freno de que España se sitúe en los más altos niveles de imposición de Europa. Este texto es un auténtico contra-informe a las propuestas de armonizar la fiscalidad autonómica en España, y en él se decanta abiertamente por la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio e incluso del impuesto sobre las herencias, en la medida en que, en su opinión, afectan negativamente a la actividad empresarial, al ahorro y el trabajo. En su lugar, aboga por llevar a cabo reformas fiscales que no socaven el crecimiento económico.

Con independencia de la valoración que merezcan este planteamiento, y las propuestas sobre uniformización tributaria, da la impresión de que quienes apelan a esta última para frenar las bajadas impositivas en otros territorios parecen olvidarse de una premisa esencial: la no competitividad fiscal, por tener mayores cargas fiscales, puede otorgarles una mayor competitividad por la vía de más y mejores servicios públicos.

(Artículo publicado en el diario “Sur”)

Arriba o abajo: imagen (casi) sin palabras

 

Los artículos breves, escuetos, tienen diversas ventajas. No apabullan al lector, requieren de poca dedicación de tiempo para las dos partes del mercado, y minimizan los riesgos de errores, de fondo y de forma. No obstante, pueden inducir a una reflexión profunda si se dejan acompañar por alguna imagen significativa o expresiva. ¿Hacia arriba, o hacia abajo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Podemos elegir? ¿Podemos corregir el rumbo?

[A VAD, la “ardillita” escritora, deseándole un feliz viaje en su ascenso a la copa del árbol del conocimiento.]

La propuesta fiscal de Wyden (BIT): “widening the income tax”

 

La noción de renta desde el punto de vista fiscal ha estado marcada por un alto grado de controversia a lo largo de la historia del pensamiento económico. Los economistas, alineados en torno a la tradición Schanz-Haig-Simons (SHS), han venido defendiendo un modelo de IRPF basado en la noción de renta extensiva, que difiere notablemente de la adoptada habitualmente en los sistemas tributarios reales, bastante más restrictiva[1]. Contrariamente a los postulados económicos, las revalorizaciones de los activos que no se venden (ganancias de capital no realizadas) no son objeto de gravamen. Sólo lo son en el momento en que los activos se transmiten, por una u otra vía. No obstante, en caso de existir un impuesto sobre el patrimonio, los incrementos de valor serían tenidos en cuenta en el ámbito de esta figura impositiva.

Este es uno de los apartados en los que, en los últimos años, vienen centrándose las propuestas fiscales de destacados miembros del Partido Demócrata de Estados Unidos. Otro es el de las contribuciones a exigir a los contribuyentes más ricos[2]. El senador Ron Wyden, presidente del comité de finanzas del Senado, es uno de los más activos en este terreno.

En una escueta nota reciente plantea una propuesta de gran interés[3]. Ésta consiste en el denominado “Billionaires Income Tax”, que se aplicaría exclusivamente a aquellos contribuyentes con una renta anual superior a $100 millones o con más de $1.000 millones en activos durante 3 años consecutivos.

En su propuesta incorpora el criterio SHS respecto a los activos comercializables en el mercado como las acciones, que serían objeto de valoración anual. Los propietarios serían gravados por las ganancias o generarían un derecho a la deducción por las pérdidas, con independencia de que vendan o no los activos.

En el caso de activos inmobiliarios, sólo se tributaría en el momento de la venta, pero se aplicaría un componente denominado “cantidad de recuperación del diferimiento”. Éste equivaldría a un interés sobre el impuesto diferido durante el período en el que el contribuyente conservó el activo de que se trate en propiedad. El referido importe se calcularía distribuyendo la ganancia total por igual entre los años del período de tenencia, y se giraría un tipo de interés sobre el impuesto no pagado en función del tiempo de diferimiento.

Algunos estudiantes de Economía suelen mostrarse bastante reacios o escépticos respecto al concepto de renta de Haig-Simons, en el contexto antes señalado. Quizás su opinión pueda cambiar al conocer la propuesta del senador Wyden, que, además de respaldar los planes de gasto del presidente Biden, tendería a ampliar la base del impuesto sobre la renta, y vendría a demostrar que el planteamiento de SHS puede ser algo más que una mera elucubración teórica. Wyden sirve de apoyo a Biden, pero también a la difícil tarea de la docencia en el campo de la teoría de la imposición.

¿Logrará afianzarse "BIT" como nuevo acrónimo? Aunque, tal vez, algunos afectados potenciales pudieran identificarlo con otros vocablos asociados a sus diferentes pronunciaciones.

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[1] Tiempo Vivo : El concepto de renta fiscal según Haig-Simons: los vasos comunicantes (neotiempovivo.blogspot.com).

[2] Tiempo Vivo : Who wants to be a (US) billionaire? (neotiempovivo.blogspot.com).

[3] “Billionaires Income Tax, proposed by Senator Ron Wyden”, US Senate Committee Finance, 27 de octubre de 2021.

Jornada para la reflexión y el recuerdo

 

Hoy, por diversos motivos, se antoja una jornada propicia para la reflexión. Para la reflexión y el recuerdo emocionado, tras haber recibido ayer la terrible noticia del fallecimiento de José Antonio (Pepe) Molina Ruiz. Difícil es resumir su larga y fructífera trayectoria como empresario, profesor de la Facultad de Económicas de Málaga, gerente de la Universidad… Tuve siempre con él una magnífica relación en diferentes ámbitos. En todos dejó patente su buen hacer y su excelente talante personal. De manera especial, recuerdo su apoyo, en el año 2007, para la incorporación de la Universidad de Málaga al proyecto Edufinet. Aunque con mucho menos trato personal, he lamentado también enormemente la reciente pérdida de Javier Such, jefe de los servicios jurídicos de la misma Universidad, a quien había reencontrado en el marco del Foro para la Paz en el Mediterráneo.

No quedan muchas ganas de afrontar la jornada, ni de leer noticias económicas. El diario Expansión es un diario económico que no se ciñe al mundo empresarial. Algunos de sus mejores y más interesantes artículos abordan cuestiones de alcance más general. Hoy, en su columna semanal, Tom Burns Marañón (“La decadente opinión pública”) evoca la figura de George Orwell como contrapunto de una de las más graves carencias de la sociedad actual, la falta de “bastiones frente al totalitarismo porque [la población] no sabe identificar a los enemigos de la sociedad abierta. Se ha perdido la pista de lo que es decente y sano y lo que desparrama estupideces”.

Sostiene el autor del artículo que “Orwell… pensaba que el verdadero bastión eficaz contra las mentiras de matones de diversa índole -comunistas, fascistas, populistas identitarios o simplemente ególatras amorales- solamente podía ser el que fuese construido por comunidades que valoran y celebran su libertad individual”.

La columna recoge, sin duda, un buen argumento para activar un debate desde la serenidad y la  plena libertad de expresión, dos recursos, lamentablemente, bastante escasos en la realidad. 

La apelación de Pinker a la racionalidad

 

Hay libros que, cuando los tenemos entre nuestras manos por primera vez, desprenden una magia especial y, a medida que ojeamos sus páginas, sentimos un impulso irresistible para dejarlo todo y dedicarnos por entero a su lectura. Uno de esos libros es el último tratado de Steven Pinker sobre “Racionalidad” (Paidós, 2021). Lo es por varios motivos: por el autor, por la importancia del tema, por el momento que vivimos, por esa búsqueda perenne del porqué.

La simple lectura del prefacio es un estimulante aperitivo de lo que podemos tener por delante en las más de 500 páginas del texto, en el que las representaciones gráficas y los ejemplos ilustrativos son un aliciente añadido.

“¿Cómo podemos llegar a discernir el sentido del sinsentido? La pregunta es urgente”, dice con toda razón el prestigioso profesor de la Universidad de Harvard. Según él, “Del mismo modo que los ciudadanos deberían comprender los principios básicos de la historia, la ciencia y la palabra escrita, tendrían que dominar las herramientas intelectuales del razonamiento certero. Estas incluyen la lógica, el pensamiento crítico, la probabilidad, la correlación y la causalidad, las maneras óptimas de ajustar nuestras creencias y comprometernos con decisiones con pruebas inciertas, y los criterios para tomar decisiones racionales tanto en solitario como con otras personas”.

Algunos libros son interesantes -única o adicionalmente- por las citas o por las referencias que aportan. El de Pinker destaca también en esta faceta, en la que nos recuerda una profunda reflexión de Bertrand Russell: “El hombre es un animal racional. Eso es al menos lo que nos han contado. En el transcurso de mi larga vida he buscado diligentemente pruebas en favor de esta afirmación, pero hasta ahora no he tenido la fortuna de toparme con ellas”.

La lectura de “Racionalidad” se antoja que puede ser un buen banco para someter a prueba la racionalidad de la anterior expresión russelliana.

El techo de deuda en Estados Unidos: una regla fiscal singular y de alto riesgo

 

El estatuto sobre el límite de la deuda pública fue aprobado en Estados Unidos hace ya más de un siglo, en 1917, pero, salvo alguna excepción, no ha representado un papel significativo en la política fiscal norteamericana hasta el año 2011[1]. La Budget Control Act (BCA) de 2011 topó la capacidad de gasto de la autoridad presupuestaria durante cada año, con un montante fijo, de 2012 a 2021, en un intento de reducir el déficit[2]. En dicha norma se prevé un “embargo” (“sequestration”) con objeto de evitar un incumplimiento del presupuesto anual. En este sentido, se establece el recorte del gasto discrecional si, en cualquier momento, el gasto excede del tope establecido, mediante el embargo automático de las partidas no exentas[3]. En la BCA, se contemplaban aumentos del techo de la deuda supeditados a la obtención de ahorros de gasto.

La BCA contiene un complejo juego de mecanismos. Tiene tres componentes que afectan al presupuesto anual[4]: i) un componente impone límites estatutarios al gasto discrecional anual, tanto para las rúbricas de defensa como para las no de defensa; ii) un segundo componente requiere reducciones anuales a los límites iniciales de gasto discrecional, activadas por la ausencia de un acuerdo de reducción del déficit por parte de un comité previsto en la BCA; iii) en tercer lugar, hay reducciones adicionales automáticas del gasto obligatorio, activadas por la misma ausencia de acuerdo de reducción del déficit.

Manuel Conthe ha resumido de manera gráfica la situación: “… el Congreso ha mantenido siempre un doble control de las finanzas públicas: debe aprobar no sólo el Presupuesto federal y, con ello, el correspondiente déficit, sino también, de forma separada, cualquier elevación del techo de deuda. Controla, pues, tanto el grifo como el nivel máximo de agua de la bañera”[5].

A pesar de que hay analistas que sostienen que el techo de la deuda es “letra muerta”, y que las leyes reguladoras de los gastos y los impuestos deben tener precedencia respecto a la limitación de la deuda[6], lo cierto es que la política presupuestaria del gobierno federal estadounidense se sigue viendo condicionada por esta disposición, de manera que incluso la sombra del “default” emerge en el horizonte[7]. Tras haberse agotado el límite estatutario actual de deuda, de $28,5 billones, el gobierno tendría problemas para hacer frente a sus obligaciones. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha advertido de que, ya en el mes de octubre de 2021, el gobierno carecería de recursos[8]. El “acantilado fiscal” (“fiscal cliff”) vuelve a vislumbrarse en el paisaje cercano.

Para The Economist[9], las “amenazas rituales de daño económico autoinfligido de Estados Unidos son únicas. Pero el techo de la deuda es una versión extrema de algo que muchos países hacen”[10], a través de reglas fiscales que pretenden abordar el problema de los “fondos comunes”, esto es, “que los beneficiarios del gasto del gobierno ignoren los costes impuestos sobre los contribuyentes y las generaciones futuras”. Sin embargo, como señala el Financial Times, “el extraordinario riesgo de impago supera la prudencia que, si acaso, el límite infunde”[11].

De aplicarse estrictamente el techo establecido, y si el Tesoro atendiese los pagos de intereses, el ajuste en el resto de los gastos sería mayúsculo, toda vez que debería llegar al 40%[12].

Contrariamente a lo que podría pensarse, el uso de la normativa sobre el techo de la deuda no es monocolor en el plano político[13]. Tras un intenso proceso negociador en las cámaras legislativas, se ha alcanzado un acuerdo para ampliar el techo de la deuda (en $480.00 millones) hasta el 3 de diciembre de 2021[14]. Un respiro no desdeñable, pero que no aleja en demasía el vértigo del amenazante acantilado.

¿Podría ser la acuñación de una macromoneda de platino, de $1 billón, como se ha propuesto, un atajo para sortear el límite de la deuda?[15]. En cualquier caso, de no resolverse la amenaza, las consecuencias podrían ser calamitosas[16].

(Artículo publicado en EdufiAcademics)

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[1] Vid. Congressional Research Service, “Tech debt limit: history and recent increases”, 2 de noviembre de 2015.

[2] Dicha Ley venía a reformar la “Balanced Budget and Emergency Deficit Control Act” de 1985. Vid. Public Law 112-25, 2 de agosto de 2011, pág. 241.

[3] Vid. Committee on the Budget, “Summary of the Budget Control Act of 2011”, 3 de agosto de 2011; J. Guber, “Public finance and public policy”, 6ª ed., Worth Publishers, 2019, págs. 155-156.

[4] Vid. Congressional Research Service, “The Budget Control Act: frequently asked questions”, 1 de octubre de 2019.

[5] Vid. “Metáforas de la bañera”, Expansión, 5 de octubre de 2021.

[6] Vid. N. H. Buchanan, “Bargaining in the shadow of the debt ceiling: when negotiating over spending and tax laws, congress and the president should consider the debt ceiling a dead letter”, 113 Colum. L. Rev. 32, 2013. Desde posiciones del Partido Demócrata se defienden distintas opciones para dejar sin efecto el techo de la deuda. Vid. D. Mathews, “How Joe Biden could end the debt celing – all by himself”, www.vox.com/policy-and-politics, 28 de septiembre de 2021.

[7] El techo de la deuda representa el principal riesgo a la baja, a corto y medio plazo, para la actual calificación crediticia (‘AA’) asignada a Estados Unidos. Vid. D. Schen, “La crisis del techo de deuda recuerda por qué Estados Unidos ya no es ‘AAA’”, Expansión, 30 de septiembre de 2021. Como recuerda este mismo analista, “el único impago técnico de la deuda pública estadounidense en era de posguerra se produjo en 1979, precisamente debido al uso partidista del techo de la deuda”.

[8] The Economist, “America’s debt ceiling is a disaster, though fiscal rules can help”, 25 de septiembre de 2021.

[9] Op. cit.

[10] Para el caso de la Eurozona, puede verse J. M. Domínguez Martínez, “El marco de estabilidad presupuestaria en la UEM: el papel de las reglas fiscales”, Ensayos y Notas 4/2021, EdufiAcademics, Edufinet.

[11] The Editorial Board, “The US debt ceiling needs to be raised”, 30 de septiembre de 2021.

[12] Vid. W. Edelberg y L. Sheiner, “How worried should we be if the debt ceiling isn’t lifted”, Brookings.edu.blog, 28 de septiembre de 2021.

[13] Vid. C. Caldwell, “Republicans’s debt brinkmanship may be a winning strategy”, Financial Times, 4 de octubre de 2021.

[14] Vid.: L. Fedor, “Democrats seek to avoid shutdown while the scramble on debt ceiling”, Financial Times, 30 de septiembre de 2021; J. Politi, L. Fedor, y C. Smith, “Republicans and Democrats grapple over short-term debt ceiling fix”, Financial Times, 7 de octubre de 2021; L. Fedor, E. Platt, y C. Smith, “Senate votes to raise US debt limit until December”, Financial Times, 8 de octubre de 2021.

[15] Vid. The Economist, “#Mintthecoin. Could a $1trn coin end America’s debt-ceiling showdown?”, 9 de octubre de 2021.

[16] Vid. The Economist, “Groundhog days. Why can’t America quit flirting with financial ruin?”, 9 de octubre de 2021.

Premio Nobel de Economía 2021: premio a la metodología de la experimentación natural

Desde hace años, la Economía se encuentra inmersa en un proceso de revisión metodológica, en busca de redefinir su perfil como ciencia social. En la consolidación de nuevos enfoques vienen teniendo una notable influencia los designios del Comité encargado de otorgar cada año el Premio Nobel de Economía. El análisis de problemas sociales de gran relevancia a partir de enfoques empíricos basados en la experimentación ha recibido, en los últimos años, el respaldo de la influyente Real Academia Sueca de Ciencias. Dicho respaldo se prolonga en 2021 con el otorgamiento del prestigioso galardón a David Card, Joshua D. Angrist y Guido W. Imbens, por sus contribuciones en el campo de los experimentos naturales, a través de los que puede obtenerse una valiosa ayuda para afrontar cuestiones importantes para la sociedad.

 

Un Premio con una sentida ausencia: el recuerdo de A. Krueger

El Premio Nobel de Economía no se concede a título póstumo. Pero, en ocasiones, da la impresión de que, al menos en parte, responde a esa connotación. Algunos de los galardonados han reconocido o han sido conscientes de que, de no haberse producido ciertos luctuosos sucesos, habrían compartido su distinción con significados investigadores ausentes o, incluso, podrían haber quedado huérfanos de ella. Con motivo del fallo del Premio de 2021, es casi inevitable imaginar tal eventualidad, al evocar la figura de un gran economista que aparece como coautor en varias de las obras clave destacadas en la memoria científica justificativa[1]. En marzo de 2019, a la edad de 58 años, Alan Krueger puso fin a su vida, cortando abruptamente una fructífera trayectoria como académico y como servidor público, que le valió ser calificado por The Economist como uno de los pocos economistas que podían “proclamar haber desafiado exitosamente las creencias fundamentales de su campo o haber alterado cómo los gobiernos aplican políticas que afectan a millones de personas”[2].

Estados Unidos: sigue creciendo la factoría de Premios Nobel de Economía

Muy probablemente, los galardonados con el Premio Nobel de Economía 2021, David Card, Joshua D. Angrist y Guido W. Imbens, en este momento tan trascendental en sus vidas académicas, lo hayan recordado al recibir la notificación de la Academia Sueca. Ésta ha efectuado una asignación específica del Premio, atribuyendo “una mitad” al primero, David Card, catedrático de la Universidad de California (Berkeley), nacido en Canadá en 1956, y “la otra mitad conjuntamente” a Joshua D. Angrist (MIT, nacido en Estados Unidos en 1960) y Guido W. Imbens (Universidad de Stanford, nacido en Holanda en 1963)[3].

 

Los experimentos naturales como instrumentos para la determinación de las causas y los efectos de las actuaciones económicas

La nota de prensa emitida el día 11 de octubre, en la que se señala que “los experimentos naturales ayudan a dar respuesta a importantes cuestiones para la sociedad”[4], destaca las contribuciones empíricas del profesor Card a la Economía del trabajo, área en la que ha estudiado los efectos de los salarios mínimos, la inmigración y la educación. Este académico ha utilizado el marco de los experimentos naturales para desafiar el saber convencional, abriendo la senda para nuevos análisis y perspectivas. A su vez, los profesores Angrist e Imbens han aportado alternativas estadísticas para poder extraer conclusiones precisas sobre las causas y los efectos en los experimentos naturales.

Los físicos o los químicos, científicos incuestionados, se enfrentan con una realidad sumamente compleja pero apta para la experimentación en laboratorios o las modelizaciones matemáticas sin necesidad de recurrir a una batería de hipótesis de comportamiento. La actividad económica, protagonizada por personas que procesan continuamente información dentro de un marco institucional cambiante, no se presta a la aplicación de los mismos métodos. No obstante, ya desde hace décadas la corriente de la Economía experimental viene propugnando el recurso a la experimentación como única alternativa para consolidar el cuerpo de conocimientos de la ciencia económica, frente a modelos abstractos que ignoran atributos esenciales del mundo real[5].

La utilización de experimentos aleatorizados, en los que los investigadores asignan aleatoriamente los individuos participantes a los grupos de tratamiento y de control, tiene aplicación en el campo social, pero de manera limitada, normalmente sin posibilidad de reproducir situaciones correspondientes a programas reales de gran alcance[6]. Sin embargo, en ocasiones surgen en la realidad eventos que guardan similitud con los experimentos aleatorizados. Son los denominados experimentos naturales[7].

El estudio del impacto del salario mínimo: resultados y explicaciones

A principios de los años noventa, Card y Krueger utilizaron un experimento natural para estudiar cómo el aumento del salario mínimo afectaba al empleo. Dado que dicho salario había subido en el estado de New Jersey, tomaron como grupo de tratamiento los restaurantes de comida rápida en dicha jurisdicción, y como grupo de control los de Pennsylvania este, jurisdicción limítrofe donde no se había elevado el salario. En el estudio obtuvieron la conclusión de que la subida del salario mínimo no tuvo un efecto significativo en el empleo[8]. Claro está, suponiendo que también se había controlado que no existía ningún factor diferencial que pudiera explicar lo observado, la conclusión no sólo desafiaba creencias asentadas sino también la misma lógica económica[9]. Los propios Card y Krueger esbozaron posibles explicaciones. El mantenimiento del empleo puede deberse a que las empresas trasladan el incremento de la retribución a los consumidores, que serían, en tal caso, quienes financiarían el coste de la medida. En definitiva, “aunque sería inapropiado concluir que los aumentos en el salario mínimo nunca tienen efectos negativos sobre el empleo, tenemos un entendimiento mucho más profundo, que hace 30 años, de por qué este puede ser o no el caso”[10].

Alternativas estadísticas para la concreción de las relaciones causales

Los experimentos naturales ofrecen una gran oportunidad para estudiar los efectos de políticas públicas (por ejemplo, programas educativos), pero nos encontramos con el problema de que el investigador no tiene un control completo sobre quién recibe el tratamiento. Sólo sabe quién ha participado, pero no sabe por qué. Ante la dificultad de establecer una relación causal entre la participación en el programa y el logro de un objetivo, Angrist e Imbens propusieron un proceso basado en dos etapas: la primera investiga cómo el experimento natural afecta a la probabilidad de participación en el programa; la segunda considera esta probabilidad al evaluar el efecto del programa real[11]. El procedimiento se basa en una sofisticada metodología con un alto componente técnico[12].

La Economía no acapara la exclusividad de las críticas metodológicas. Incluso una disciplina tan prestigiosa como la Estadística ha sido objeto de juicios demoledores: “En los primeros cursos de Estadística se enseña a todo estudiante a repetir el mantra de que la correlación no supone causalidad. ¿Acaso esto no es sentido común? El canto del gallo se correlaciona muy a menudo con el amanecer, pero no lo causa. Por desgracia, la estadística ha convertido la perogrullada en fetiche. Se insiste en que la correlación no supone causalidad, pero no se nos dice qué es la causalidad”^[13]. Card, Angrist e Imbens han efectuado importantes contribuciones metodológicas para avanzar decisivamente en el análisis de tales relaciones causales, y evitar la anterior crítica.

Y no es casualidad que se hayan hecho acreedores a la recepción del Premio Nobel de Economía. A pesar de la modestia declarada de Card, que creía que estaba siendo objeto de una broma pesada cuando recibió la llamada del Comité de la Academia Sueca. El profesor de Berkeley piensa que sus contribuciones han sido bastante modestas. Sin embargo, ya advirtió Borges acerca de los riesgos de emitir juicios negativos, en tono distendido, sobre uno mismo. Los demás suelen tomarlos en serio. Ahora cabe celebrar que la decisión de la Academia no se haya ajustado al augurio borgiano.

(Artículo publicado en UniBlog)

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[1] The Committee for the Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, “Answering causal questions using observational data”, The Royal Swedish Academy of Sciences, 11 de octubre de 2021.

[2] The Economist, “Alan Krueger, natural talent”, 23 de marzo de 2019.

[3] La referida asignación es aplicable directamente a la dotación económica establecida, de 10 millones de coronas suecas (unos 980.000 euros).

[4] The Royal Swedish Academy of Sciences, “The Prize in Economic Sciences 2021”, Press Release, 11 de octubre de 2021.

[5] Vid. J. M. Domínguez Martínez, “La enseñanza de la Economía en la Universidad: el reto de su revisión”, eXtoikos, nº 16, 2015.

[6] Puede considerarse que el primer “experimento controlado” fue el protagonizado por el joven Daniel, que pidió que tanto él como otros tres de sus compañeros judíos siguieran una dieta alimenticia distinta a la prescrita por Aspenaz, jefe de los oficiales de la corte del rey Nabucodonosor, mientras que otro grupo seguiría la dieta oficial. Vid. “Sobre correlaciones, casualidades y causalidades”, neotiempovivo.blogspot.com, 2 de abril de 2021.

[7] No obstante, otro laureado con el Premio Nobel, Angus Deaton, se ha mostrado bastante crítico con el uso de los experimentos naturales, y ha cuestionado sus ventajas para la adquisición de conocimiento. Vid. “Instruments of development: randomization in the tropics, and the search for the elusive keys to economic development”, NBER Working Paper, Nº 14690, 2009.

[8] D. Card y A. B. Krueger, “Minimum wages and employment: a case study of the fast-food industry in New Jersey and Pennsylvania”, The American Economic Review, vol. 84, 1994.

[9] El estudio de Card y Krueger ha recibido diversas críticas, como la de D. Neumark y W. Wascher, “Minimum wages and employment: a case study of the fast-food industry in New Jersey and Pennsylvania: comment”, The American Economic Review, vol. 90, 2000.

[10] The Committee for the Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, “Answering causal questions using observational data”, op. cit., pág. 3.

[11] The Royal Swedish Academy of Sciences, “Natural experiments help answer important questions”, The Prize in Economic Sciences 2021, Popular Science Background, pág. 7.

[12] Tampoco han faltado las críticas, como la de J. J. Heckman y S. Urzua, “Comparing IV with structural models: what simple IV can and can not identify”, NBER Working Paper, Nº 14706, 2009. Imbers replica tanto a Deaton como a Heckman y Urzua en “Better LATE than nothing: some comments on Deaton (2009) and Heckman and Urzua (2009)”, Journal of Economic Literature, 48, junio 2010.

[13] Vid. J. Pearl y D. Mackenzie, “El libro del porqué. La nueva ciencia de la causa y el efecto”, Ediciones de Pasado y Presente, 2020, pág. 15. 

El impacto de la pandemia del coronavirus: ¿el fin de la globalización?

 

Entre los múltiples pronósticos efectuados en el curso de la pandemia de la Covid-19, uno de los más frecuentes, y aparentemente incuestionable, era el del freno del proceso de globalización y la entrada en una fase de reversión de las tendencias de las últimas décadas. Diversos factores sostenían ese vaticinio. Pueden destacarse el temor a la dependencia económica ante otros episodios de crisis, las limitaciones de movimientos derivadas de las pautas sanitarias y del cambio de comportamientos, el avance de los nacionalismos y la influencia de fuerzas políticas populistas.

La pandemia originó una disrupción en el circuito económico, acarreando una descomunal contracción económica, acompañada de un retraimiento de todos los flujos económicos, nacionales e internacionales. Con algunos altibajos, desde mediados del siglo veinte, los movimientos de bienes, servicios, capital, información y personas a través de las fronteras han venido creciendo sostenidamente, con especial intensidad en las últimas décadas.

Según el DHL Global Connectedness Index (GCI), elaborado por la NYU Stern, la globalización se vio afectada negativamente a raíz de la crisis de 2007-2008 y, de manera más acusada, como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Los gráficos adjuntos, tomados de dicha publicación, permiten constatar las tendencias reseñadas.

Sin embargo, a tenor de los indicadores más recientes disponibles, no se confirma el pronóstico mencionado al principio. Se aprecia, por el contrario, un repunte de los flujos de globalización[1].

¿Qué es lo que ha hecho que hayan errado los analistas?, se pregunta Robert Salomon (op. cit.): “No entendieron la resiliencia y la naturaleza de cambio lento de las instituciones políticas, económicas y sociales que respaldan las tendencias existentes”. En su opinión, “la globalización ha resistido hasta ahora las recesiones, una pandemia y el nacionalismo político”. A menos que se produzcan cambios en la acción política que erosionen la confianza en el multilateralismo y socaven las institucionales multilaterales, unidos al desacoplamiento de las economías del mundo y a cambios significativos en el sentimiento social, “cabe esperar que las tendencias de globalización continúen, aunque quizás a una tasa ligeramente más baja”.

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[1] Vid. R. Salomon, “How the world stays open for business”, Financial Times, 18 de octubre de 2021.