La estructura y el nivel de la
fiscalidad de un país representan una declaración de principios y constituyen
una carta de presentación en el panorama internacional. La normativa fiscal
suele ser un importante factor en la evolución de la situación económica. Pero
no es fácil encontrar una relación lineal directa inequívoca. Son relevantes
varios aspectos: i) la mayor o menor atracción de actividad económica; ii) la
generación de renta y empleo; iii) la recaudación efectiva lograda; iv) la
utilización adecuada de los ingresos obtenidos en la provisión de infraestructuras
y servicios de utilidad social, y de prestaciones sociales.
Desde hace años se publican índices
de posicionamiento fiscal internacional. El elaborado por la Tax Foundation se
basa en las nociones de competitividad (mantenimiento de los tipos de gravamen
máximos en niveles moderados) y neutralidad (obtención de los mayores ingresos
posibles con las menores distorsiones económicas). Dicho think tank estadounidense
considera que un código fiscal competitivo y neutral promueve la inversión y un
crecimiento económico sostenible, al tiempo que genera ingresos públicos
suficientes para las prioridades del gasto público. Dentro de un conjunto de 37
países, España ocupa el puesto 30º.
La referida Fundación viene
publicando también el “Índice Autonómico de Competitividad Fiscal” (IACF),
referido a España. En esta publicación se parte de la premisa de que “las
comunidades autónomas con un mejor sistema fiscal son las que más
probabilidades tienen de atraer la implantación de actividad económica nueva,
generando así crecimiento económico y empleo”. Hay, ciertamente, otros factores
sumamente importantes que influyen en las decisiones empresariales, familiares
y profesionales que no se incorporan en los índices de competitividad fiscal:
marco regulatorio, seguridad jurídica, servicios de sanidad y de educación,
capital humano, acceso a materias primas, dotación de infraestructuras, factores
culturales… La fiscalidad es solo uno de los argumentos que entra dentro de las
variables que condicionan las elecciones.
El IACF analiza la situación de 19
jurisdicciones (16 comunidades autónomas, más las tres haciendas provinciales
vascas) a través de más de 60 variables relacionadas con las siguientes figuras
impositivas: Impuesto sobre la Renta, Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto
sobre Sucesiones, Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, e impuestos autonómicos propios.
En el año 2021, las primeras
posiciones del ranking de competitividad fiscal son ocupadas por Madrid,
Vizcaya, Álava, Guipúzcoa y Canarias; las últimas, por Cataluña, C. Valenciana,
Aragón, Asturias y Extremadura. Andalucía aparece en la posición 7ª, tras haber
ido avanzando en la clasificación desde el puesto 16º en 2017. La posición de
Andalucía no es homogénea respecto a todos los tributos considerados. Un tanto
sorprendentemente, aparece en el primer puesto en relación con el Impuesto
sobre Sucesiones, cuyo análisis se centra en el grupo de herederos que engloba
a los ascendientes y descendientes directos, así como al cónyuge. Por lo que
refiere al IRPF, se sitúa en la posición 11ª, y en la 9ª, respecto al Impuesto
sobre el Patrimonio.
La autora principal del informe
sobre fiscalidad de las regiones españolas, Cristina Enache, economista de la
Tax Foundation, en un reciente artículo con un título bastante expresivo (“Regional
tax competition is stopping Spain from becoming Europe’s tax hell”,
6-10-2021), sostiene que la competencia fiscal regional ha estado actuando de
freno de que España se sitúe en los más altos niveles de imposición de Europa.
Este texto es un auténtico contra-informe a las propuestas de armonizar la
fiscalidad autonómica en España, y en él se decanta abiertamente por la supresión
del Impuesto sobre el Patrimonio e incluso del impuesto sobre las herencias, en
la medida en que, en su opinión, afectan negativamente a la actividad
empresarial, al ahorro y el trabajo. En su lugar, aboga por llevar a cabo
reformas fiscales que no socaven el crecimiento económico.
Con independencia de la valoración
que merezcan este planteamiento, y las propuestas sobre uniformización
tributaria, da la impresión de que quienes apelan a esta última para frenar las
bajadas impositivas en otros territorios parecen olvidarse de una premisa
esencial: la no competitividad fiscal, por tener mayores cargas fiscales, puede
otorgarles una mayor competitividad por la vía de más y mejores servicios
públicos.
(Artículo publicado en el diario
“Sur”)
