¿ODS en la cuerda floja?

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por las Naciones Unidas se han convertido en una especie de catecismo universal que, como referencia programática, ha calado en todo el mundo. Ya sea por convicción, adhesión, seguidismo o respaldo de la oficialidad institucional, lo cierto es que los ODS han alcanzado un estatus ecuménico sin apenas sufrir el desgaste de consideraciones críticas o escépticas. Después de todo, ¿quién puede estar en desacuerdo con una colección de tan encomiables propósitos?

Por todo ello, encontrar artículo con un título como éste, “El porqué de que los ODS sean una mala idea”, escrito, además, por un experto en el ámbito del desarrollo económico, como David Pilling (Financial Times, 30-12-2023), no puede, en principio, sino interpretarse como una mera provocación estilística.

Sin embargo, esa percepción comienza a debilitarse a medida que nos adentramos en el contenido del texto. Quizás influido por un informe de progreso de las Naciones Unidas en cuyo título se anticipa el riesgo de incumplimiento (“A promise in peril: SDG progress at midpoint”, 18 de septiembre de 2023), Pilling proclama abiertamente que “La dura verdad es que los ODS estaban condenados al fracaso desde el principio. Un vistazo superficial a los 17 objetivos te dice por qué. El primer objetivo es ‘poner fin a la pobreza en todas sus formas en todas partes’, una ambición loable, sin duda, pero que debemos saber en secreto que es una exageración”.

Para Pilling, el problema, más que en la ambición de las metas, radica en la complejidad. Algunos objetivos -añade- son contradictorios, algo no demasiado infrecuente en el terreno de la política económica.

De otro lado, constata que “los ODS son una lista de deseos para el mundo”, y recoge la opinión de un especialista en planificación estratégica, Richard Rumelt, quien recuerda que una lista de resultados deseables no es una estrategia: “las estrategias implican aislar el punto crucial de un problema y encontrar la mejor forma de abordarlo”. Acaba su repaso Pilling señalando que “los objetivos de desarrollo sostenible priorizan todo. En el mundo real, esto equivale a priorizar nada”.

Alguien, no sin razón, podría considerar que éste sería un momento oportuno para rememorar un refrán español recurrentemente aplicable a distintas situaciones: “A buenas horas, mangas verdes”.

La vacuna contra el coronavirus como bien colectivo global

En un artículo publicado en este blog hace algunas semanas (“Economía básica de la pandemia”, 29-3-2020) se recogía que la enfermedad provocada por el coronavirus constituía un mal colectivo de carácter universal. Como todo mal de esta naturaleza, se caracteriza por dos rasgos básicos: no existe rivalidad en el impacto de la terrible enfermedad, que tiene una ilimitada capacidad de contagio; tampoco existe, en la “situación tecnológica” actual, la posibilidad de evitar que llegue a afectar a más personas, salvo soluciones radicales extremas y estrictamente controladas de aislamiento total.

Ante dicha calificación económica, es evidente que el hallazgo de una vacuna contra la enfermedad constituiría un bien colectivo también global, al menos potencial e idealmente, no en estrictos términos “técnicos”. Ello se debe a que nos encontramos con una notoria asimetría entre el bien y el mal; mientras que este se propaga indiscriminadamente, sin “coste” alguno, la extensión del primero no se llevaría a cabo automáticamente, sino que estaría condicionada a aplicaciones individualizadas, sujetas a un coste determinado. La vacuna no responde, pues, a las características estrictas de un bien (servicio) colectivo puro.

Lo ideal, evidentemente, es que, en la práctica, adquiriera esa naturaleza. Así lo expresa también David Pilling en un reciente artículo, “Any Covid-19 vaccine must be treated as a global public good” (Financial Times, 14-5-2020), en cuyo título aparece una palabra “público” que tantas confusiones genera. Ya se sabe que la expresión “going public” no significa que una compañía pasa a ser propiedad del Estado, sino que accede a los mercados bursátiles, donde el “público” puede comprar y vender títulos.

Dejando al margen esas disquisiciones semánticas, en absoluto triviales, lo prioritario es, lógicamente, que alguno de los numerosos proyectos de investigación en curso pueda lo más pronto posible obtener un remedio eficaz. Una vez se logre esa anhelada meta, como señala Pilling, “cualquier vacuna debe desarrollarse para crear el máximo beneficio posible a la salud pública [de nuevo, la salud de toda la población]. Esto significará priorizar a los médicos, a los enfermeros y a otros trabajadores en primera línea, así como a las personas más vulnerables a la enfermedad, no importa dónde vivan ni cuánto puedan pagar”.

Será fundamental, en suma, que la vacuna pueda convertirse en un bien colectivo o social absolutamente universal. Para ello será preciso afrontar los costes correspondientes, que, según algunas estimaciones recogidas en el artículo citado, podrían tener un coste unitario muy moderado, que, para el conjunto de la población mundial, ascendería a 20.000 millones de dólares. Cifra este que se antoja ridícula en comparación con el beneficio asociado, pero que, en cualquier caso, habría de ser afrontada de alguna manera. Aquí sí que entraría en juego el sector público, pero no habría que descartar que, como, de hecho, ya ha ocurrido durante la pandemia, desafiando las convenciones tradicionales, el sector privado también se implicara en una causa tan crucial para la supervivencia de la humanidad y la recuperación de las pautas típicas de las sociedades libres, integradas e interconectadas.

¿Comercio justo vs precio injusto?

Como expone David Pilling en un artículo reciente (Financial Times, 29-8-2019), hay compañías radicadas en países africanos que aplican un marco de condiciones de trabajo en la línea del enfoque de corte utópico propugnado por el reformador social Robert Owen en Inglaterra hace más de 200 años. Es el caso de Satenwa, empresa familiar de Malawi dedicada al cultivo del té y del café desde 1923, que ofrece unas avanzadas condiciones laborales a su plantilla, con horarios reglados (jornada diaria de 8 horas), y servicios sociales asistenciales y educativos.

Satenwa se encuentra asociada a Fairtrade, organización internacional que persigue mejorar los términos del comercio de los países más pobres. Al lograr ser certificada por Fairtrade como un “buen empleador”, Satemwa está habilitada para vender su té a los precios Fairtrade, que conllevan una prima de aproximadamente un 25%. El dinero extra logrado mediante dicha prima es destinado a proyectos sociales, determinados por un comité de trabajadores, según se describe igualmente en el citado artículo.

Sin embargo, en él también se expone un aspecto un tanto sorpresivo: en 2018, de los 2,25 millones de kilos de té producidos, la empresa vendió una cantidad nula a los precios Fairtrade.

Cómo puede darse ese desalentador resultado, se pregunta extrañado David Pilling, cuando, aparentemente, estamos en el mejor momento de la actitud social, especialmente, entre las generaciones más jóvenes, hacia las prácticas de comercio justo y de producciones bajo estándares éticos. El auge de los criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza; ESG, por sus siglas en inglés) en el mundo empresarial sería otro factor de primer orden a tener en cuenta.

“A pesar de estas tendencias globales, hay poca evidencia de que las preferencias de los consumidores hacia las prácticas de comercio justo estén teniendo un impacto sostenido, particularmente en las vidas de las personas muy pobres”, escribe David Pilling.

Según él, que apela en su explicación al mantenimiento de una “relación explotadora entre el norte global y el sur global”, una de las razones es que “pocos consumidores pagarán precios mucho más altos por su café, azúcar, cobalto o anillos de boda: Los compradores que actúan en su nombre son casi monopolios cuyo poder sobrepasa ampliamente el de los pequeños agricultores o los jornaleros con los que negocian”.

Pero asimismo apunta otro problema que, paradójicamente, se deriva de la proliferación de los sellos de comercio justo, lo que -cabe suponer- devalúa su significado y propende a relajar los estándares de certificación.

Tras un descorazonador diagnóstico, el editor del Financial Times para el continente africano lanza “una modesta propuesta. A menos que se pueda demostrar de otra forma, todos los bienes deben llevar una etiqueta obligatoria: Unfairly Traded”.