ASG: ¿una idea quebrada?

 

Si hay unas siglas que se hayan extendido de manera imparable en todo el mundo empresarial, son las de “ASG” (“ESG”, en su acepción anglosajona), representativas de la tríada “ambiental-social-gobernanza”. Sólo las de “ODS” pueden rivalizar con ellas. Las siglas ASG se identifican con el paradigma de las finanzas sostenibles.

Sin embargo, ese éxito en la penetración no ha podido evitar afrontar las considerables ambigüedades que se derivan de esa amalgama de componentes, como tampoco las prácticas corporativas que sólo tienen de ASG la mera fachada, sin ningún contenido real[1].

Aunque se era consciente de ese arduo panorama, no deja de causar sorpresa la contundencia y la aspereza con la que The Economist aborda el análisis de la inversión ASG en un informe especial reciente, precedido de un título sin contemplaciones: “A broken idea”.

En la primera de las colaboraciones se expresa que “el enfoque medioambiental, social y de gobernanza (ASG) a la inversión está quebrado. Necesita ser perfeccionado y despojado de mojigatería”. No obstante, se considera que “a pesar de todos sus fallos, puede ser mejor arreglar que tirar a la basura el enfoque ASG. En su esencia, es una cruzada por algo cada vez más crucial en la batalla para mejorar el capitalismo y mitigar el cambio climático: se trata de hacer que las empresas y sus propietarios hayan de rendir cuentas de sus externalidades negativas, o del impacto de la producción o el consumo de sus productos sobre terceras partes, como la atmósfera. Forzando a las empresas a reconocer las consecuencias no intencionadas de muchas de sus actividades, la teoría es que deben tener un mayor incentivo para solucionarlas”.

Pero las críticas no escasean. Entre estas se señala la subjetividad para calificar una inversión como sostenible, la heterogeneidad de criterios utilizados por las agencias de rating, el cobro de comisiones más elevadas en relación con las inversiones ASG, y, como más destacada, la promoción de una solución subóptima mediante la cual el sector privado puede estar dando a los políticos una excusa para evitar la aplicación del instrumento considerado por muchos como la mejor alternativa para hacer frente al cambio climático, un impuesto sobre las emisiones de CO2 coordinado internacionalmente.

En el informe se concluye que “ASG, demasiado frecuentemente, no ha sido ni un buen instrumento de medición, ni un instrumento efectivo de gestión del riesgo. Pretende satisfacer a tantos accionistas que la información que genera a menudo tiene poca relevancia con lo que hace realmente la empresa. Es demasiado imprecisa para ser un impuesto sombra sobre las externalidades negativas. Ha creado confusión a las compañías. Y es difícil para los inversores dilucidar lo que significa para los precios de los activos”.

El informe de The Economist finaliza con estas palabras: “Idealmente, el término ASG debe ser desechado. Como una amalgama de tres palabras, medioambiental, social y gobernanza, que suenan más como un mantra piadoso que como una fuerza para el cambio, su reputación está ahora empañada. Esto puede empeorar si las salidas continúan en tanto que los rendimientos se deterioren. Pero la inversión sostenible no es algo que deba desaparecer. Una mayor regulación puede hacerla más creíble… Con un nuevo nombre más apropiado -por ejemplo, inversión en capital natural- no hay ninguna razón por la que una mezcla de clima y capitalismo no demuestre ser útil. Partiendo de que no se exagere mucho más allá de lo que realmente puede conseguir”.

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[1] En un artículo de hace varios años hacíamos alusión a los problemas ligados a esa mescolanza de campos temáticos: Tiempo Vivo : Los retos de las finanzas sostenibles (neotiempovivo.blogspot.com).

Principios de Finanzas Sostenibles: un texto de referencia

 

Tengo ante mí el primer libro que tomo a préstamo -por mediación de un docto usuario interpuesto- de la biblioteca física de Edufinet (¿"Edufi(ex)Libris"?).

Incluso en un proyecto que nació con una decidida vocación internauta, como es Edufinet, disponer de un centro físico aporta una valiosa referencia y un punto de encuentro que posibilita no perder el siempre gratificante, estimulante y reconfortante contacto personal directo. Se cumplen ahora seis años desde que el Centro Unicaja de Educación Financiera abrió sus puertas en Avenida de Andalucía, nº 23, de la ciudad de Málaga.

Allí mismo acoge desde ahora un pequeño espacio dedicado al libro en su formato tradicional. Simplemente su presencia nos transporta a otros tiempos pretéritos en los que, en otros recintos especializados, buscábamos, llenos de emoción, algunas de las claves para adentrarnos en la ardua senda del conocimiento. Tener la posibilidad de tener entre nuestras manos un ejemplar de una obra impresa es una experiencia que no tiene parangón. Así sea por los siglos de los siglos.

“Principles of sustainable finance” (Oxford University Press, 2019), de Dick Schoenmaker, profesor de la Rotterdam School of Management (Erasmus University), y Willem Schramade, especialista en inversiones y profesor invitado de la misma Universidad, es la obra tomada a préstamo.

El libro tiene su origen en un curso sobre finanzas sostenibles y, según sus autores, difiere de otros textos por su amplia cobertura temática, que aborda los diferentes elementos de las finanzas sostenibles, apoyados con ejemplos.

Está integrado en 12 capítulos, agrupados en 4 partes: i) ¿Qué es la sostenibilidad y por qué es importante?; ii) Desafíos de la sostenibilidad para las corporaciones; iii) La financiación de la sostenibilidad; y iv) ¿Cómo realizar la transición desde un régimen antiguo a otro nuevo?

Un simple repaso nos sugiere que se trata de un manual sumamente útil para introducirnos de manera sólida en el ámbito de las Finanzas Sostenibles, con una clara orientación pedagógica, asentada en un análisis económico riguroso y documentado. El considerable repertorio de esquemas ilustrativos refuerza su atractivo, y la obra en su conjunto nos invita a sumergirnos en ella sin dilación.

Al no tener, de momento, esa posibilidad, procederé a reponerlo inmediatamente a la nueva biblioteca Edufinetiana, de forma que pueda estar disponible para cualquier estudioso interesado en esta nueva rama de las finanzas, que ha alcanzado ya una velocidad de crucero.

No hay finanzas sostenibles sin democracias sostenidas: de ASG a ASGD

El paradigma de las finanzas sostenibles se extiende, día a día, de manera imparable, como una inmensa marea verde, que afecta de lleno a todo tipo de entidades, financieras o no financieras. Y ello a pesar de que su denominación no sea un prodigio de precisión, ni su ámbito un campo que se preste a una fácil demarcación, como se señalaba en una entrada anterior de este blog (btv, 20-1-2019).

Las finanzas sostenibles tienden a impregnarlo todo, se adentran por todos los recovecos, se cuelan por todos los intersticios, y han pillado por sorpresa a todos los instrumentos de medición y de observación tradicionales. Se han instalado para cambiar la forma de ver y de cuantificar la actividad económica y financiera. Ya todo debe pasar por el triple filtro de los factores ASG (ambientales, sociales y de gobernanza).

Pero, en cierto modo, se ven lastradas en su despliegue por esa tendencia tan polarizadora y nociva que aqueja a la sociedades contemporáneas, en esta era del pensamiento binario (btv, 6-4-2018): “verde” frente a “marrón”. Sin embargo, la realidad es bastante más compleja, y no siempre es posible, ni deseable, limitarse a la utilización exclusiva de etiquetas excluyentes.

El objetivo del desarrollo económico sostenible e integrador requiere atender no sólo a los factores medioambientales, sino también a los sociales y a los ligados a la gobernanza. No obstante, es ya manifiesto el riesgo de que esta última perspectiva se circunscriba al mundo empresarial y se olvide de otras estructuras de gobernanza mucho más relevantes, como las concernientes a las grandes corporaciones tecnológicas, a las redes sociales, a las organizaciones supranacionales, y a los Estados. La frondosidad de los verdes bosques no deja ver bien las dimensiones del verdadero hábitat ni los hilos marrones que mueven el ciclo de las estaciones y la rueda de los fenómenos meteorológicos.

Ante un panorama de cambio climático y de daños irreparables al medioambiente es incuestionable el énfasis en los programas para su reparación. Los riesgos son extremos, y es lógico y necesario que las decisiones del sistema financiero en su conjunto, que canaliza recursos a la economía real, tome en consideración la perspectiva medioambiental. La calificación en la gradación de colores es crucial a la hora de asignar recursos, pero esa orientación no debería obviar otras facetas básicas. Algo más que un fantasma recurre el mundo, el declive de los regímenes democráticos efectivos, unido al afianzamiento de prácticas dictatoriales, tiránicas y caudillistas. Y, mientras que hay un marco para abordar los retos medioambientales, no sólo no lo hay para frenar ese proceso ni, lo que es peor, existe la conciencia del alcance ni de la magnitud de los riesgos existentes. 

Sin ir más lejos, el sello verde puede eclipsar otras dimensiones primarias. Bien es cierto que podría argüirse que el tercer pilar de la tríada ASG, el relativo a la gobernanza, se supone que debe ser también comprehensivo de la esfera estatal y de cualquier instancia de poder real, pero en modo alguno cabe darlo por supuesto. Con el entierro del “fin de la historia” avanzado por Fukuyama ha quedado también sepultada la idea de que las experiencias dictatoriales o autoritarias no eran sino una etapa, más o menos larga, que habrían de dejar paso a la libre expresión de la voluntad de los ciudadanos.

Lo describe con claridad Marcos Buscaglia: “Los bonos verdes, diseñados para financiar proyectos con efectos medioambientales o climáticos positivos, son una respuesta de los mercados financieros a una amenaza existencial que afronta el género humano. Pero los seres humanos afrontan actualmente otra amenaza, a la que los mercados financieros parecen ajenos: el socavamiento de la democracia y de los derechos humanos en todo el mundo”. 

En esta línea, propone crear los “bonos democráticos” e índices de democracia para desafiar dicha amenaza. Y nos advierte de que “la democracia no muere ya de la forma acostumbrada, a través de golpes militares”, sino como señalan Steven Levitksy y Daniel Ziblatt en su obra “Cómo mueren las democracias” (btv, 5-4-2020): “Existe otra manera de hacer quebrar una democracia, un modo menos dramático pero igual de destructivo. Las democracias pueden fracasar a manos no ya de generales, sino de líderes electos, de presidentes o primeros ministros que subvierten el proceso mismo que los condujo al poder… más a menudo, las democracias se erosionan lentamente, en pasos apenas apreciables”.

En su artículo, M. Buscaglia cuantifica la deuda internacional viva correspondiente a bonos soberanos emitidos por “países en desarrollo”, de los cuales dos tercios son considerados, según los informes de Freedom House, “países no libres” y “países parcialmente libres”. Por otro lado, señala que “algunos de los mayores emisores son países cuyas credenciales se han deteriorado rápidamente en los últimos años [si es que algunos las han llegado a tener en algún momento, habría que añadir], tales como China, Rusia, Turquía y Polonia. Venezuela ha impagado en torno a 70.000 millones de dólares de bonos soberanos y cuasisoberanos, una suma de deuda que se expandía rápidamente incluso cuando los gobiernos de Chávez y Maduro estaban destruyendo lo que sólo unos pocos años antes era una de las más sólidas democracias de América Latina”.

Sobre la base de esa apreciación, no duda en proponer convertir en cuarteto el trío de los factores de la sostenibilidad: “Democracy is under threat, we must add a D to ESG” (Financial Times, 10-2-2020). De ASG a DASG, o, tal vez, ASGD: “Asegurar Siempre Gobiernos Democráticos”. Debería ser la premisa básica en la condicionalidad de cualquier ayuda internacional, algo esencial que, desafortunadamente, no está garantizado ni siquiera en Europa. Los desastres que nos amenazan en esta época no son sólo fruto de la furia desatada de la naturaleza.

Los retos de las finanzas sostenibles

Es una expresión de moda, en pleno auge. Aunque desde hace varios años se venía hablando de “finanzas sostenibles”, ha sido en la recta final del año 2018 cuando su notoriedad ha empezado a hacerse más patente, extendiendo su influencia a un ritmo acelerado. No obstante este protagonismo, pueden surgir dudas razonables acerca de su verdadero significado y del ámbito objetivo que abarca: ¿Va referido a la sostenibilidad del sector financiero en sí mismo, o más bien a la contribución de las finanzas al desarrollo sostenible, a la lucha contra el deterioro medioambiental? ¿Podemos estar ante un incumplimiento práctico de la que podríamos denominar “regla tinbergeniana del lenguaje económico”, a la que, hace algo más de un año, aludía en una entrada de mi blog personal?

Tratemos de salir de dudas con la ayuda de la Comunicación de la Comisión Europea de 8 de marzo de 2018: “El término ‘finanzas sostenibles’ se refiere en general al proceso de tener debidamente en cuenta las cuestiones ambientales y sociales en las decisiones de inversión, lo que se traduce en una mayor inversión en actividades sostenibles y a más largo plazo”. La mezcla de cuestiones, aun cuando la necesidad de su consideración sea indiscutible, no sirve de gran auxilio para delimitar las fronteras, aunque solo sea a efectos analíticos. Asumiendo que pueda ser una opinión absolutamente minoritaria, la emulación de la regla tinbergeniana en el terreno de la comunicación, en el sentido de reservar un término para cada aspecto clave, puede permitir evitar equívocos y seleccionar las medidas más adecuadas para cada objetivo.

A pesar de las interrelaciones que se dan en la praxis entre los distintos problemas económicos y sociales, parece fuera de discusión que el deterioro medioambiental es el que está en el centro del foco de atención en el caso que nos ocupa. Aunque no falten posiciones minoritarias de escepticismo o incluso de crítica, el consenso científico ha puesto de relieve las consecuencias nocivas para el planeta y para la humanidad si no se adoptan medidas contundentes a escala internacional para frenar las emisiones de CO2 y el calentamiento global. Hay una buena y una mala noticia. La buena es que existen tecnologías e instrumentos disponibles para atajar el cambio climático; la mala, la falta de una acción efectiva coordinada a escala mundial. Episodios recientes testimonian el contraste que puede existir entre propugnar medidas correctoras y ser destinatario de las mismas. “La gran inacción”, en expresión propuesta por The Economist, puede acabar teniendo efectos deletéreos.

Los aspectos esenciales del movimiento a favor de las finanzas sostenibles son, a mi entender, el énfasis en el papel que el sistema financiero puede desempeñar para favorecer la preservación del medio ambiente y, al mismo tiempo, la llamada de atención acerca del impacto que los riesgos medioambientales pueden tener en la solvencia y la estabilidad de las propias entidades financieras.

El sistema financiero canaliza los recursos necesarios para la actividad económica, básicamente a través de tres vías: la intermediación bancaria, el mercado de valores y las instituciones de inversión colectiva. Así, es fundamental que, antes de destinar los recursos a colocaciones concretas, se conozca, por parte de los ahorradores y de los inversores, cuáles pueden ser las consecuencias medioambientales. Una buena información, sustentada en datos objetivos y fiables, es crucial para que los flujos de capital puedan orientarse hacia inversiones que permitan compatibilizar el crecimiento económico con el equilibrio medioambiental. La sociedad debe decidir si este proceso se deja en manos de los agentes privados actuando libremente en un marco de transparencia y responsabilidad social, o bien se somete a unos estrictos controles mediante la regulación o la intervención pública directa. Propuestas hay para todos los gustos.

Ahora bien, aunque las entidades de crédito no tuvieran capacidad de incidir en la evolución de la situación medioambiental, se encuentran expuestas a importantes riesgos procedentes de dicha situación. Así, por ejemplo, pueden verse seriamente afectadas por el deterioro de los préstamos concedidos a empresas que se vean impactadas por catástrofes naturales o cuya actividad haya de restringirse por no adaptarse a la transición energética; asimismo, la cartera de préstamos hipotecarios puede reflejar la incidencia de eventuales inundaciones. En fin, los riesgos de dicha tipología están ahí y no es previsible que muestren una tendencia descendente.

Está plenamente justificada, pues, la iniciativa de los supervisores bancarios para ampliar el círculo de los riesgos a computar, cuantificar y vigilar en las entidades de crédito. El cambio climático es una amenaza también para la estabilidad financiera. En 2015, Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra, apuntaba que el problema radicaba en la “tragedia del horizonte”, realizando la siguiente advertencia: cuando el cambio climático llegue a ser visto por suficientes actores como un peligro claro para la estabilidad financiera, puede ser ya demasiado tarde. Hoy día, los reguladores y supervisores europeos y de otras zonas han cogido el guante, y se han puesto manos a la obra, colocando dichos riesgos bajo los focos normativo y de supervisión.

Menos acuerdo existe en torno a las propuestas de disminuir los requerimientos de capital para los “préstamos verdes” y aumentarlos para los de perfil contaminante (“brown assets”). La transparencia o revelación (“disclosure”) de los riesgos es considerada, en cambio, como una alternativa que puede ser eficaz para orientar los flujos de capital hacia los negocios más sostenibles. En cualquier caso, el Banco de Inglaterra ya ha anunciado que, en 2019, incluirá los riesgos medioambientales, dentro de un escenario exploratorio, en las pruebas de resistencia de las entidades bancarias. Las pruebas consisten en dilucidar si, en caso de producirse eventosnegativos significativos en escenarios de deterioro, una entidad tendría capacidad de mantener su viabilidad como entidad independiente, sin perder de vista las repercusiones que pudieran derivarse para la economía real.

(Artículo publicado en el diario “Sur”)