Aun cuando hay personas convencidas de la factibilidad de construir paraísos sociales en este mundo (también, por supuesto, hay quienes los visualizan en el más allá), muchas otras, influenciadas por un mayor pragmatismo, se conformarían con que su país llegara a convertirse en “Dinamarca”. Con el título “¿Cómo llegar a ser Dinamarca”? escribí un breve artículo a raíz de una relevante obra de Francis Fukuyama (diario Sur, 26 de enero de 2016).
Los países nórdicos (curiosamente, este gentilicio está reservado a los países septentrionales del continente europeo) suelen ser una meta anhelada como modelo social, por múltiples razones (nivel de vida, bienestar, tolerancia, igualdad, integración…, ya sea, también curiosamente, bajo esquemas de gobierno de corte republicano o monárquico). El listado de atributos típicos de estos privilegiados países es ciertamente atractivo. ¿Deberíamos imitarlos en todo?
Es posible, pero a un adolescente español, hombre o mujer, que estuviera considerando la posibilidad de trasladarse allí, con plenitud de derechos y de obligaciones, probablemente le interesaría saber que en alguna de las naciones nórdicas (Finlandia) rige el servicio militar obligatorio y que otra de ellas, como es Suecia, acaba de restablecerlo.
¿Debería España, como una acción de un posible plan de convergencia con los países nórdicos, recuperar también la conscripción?
De hecho, con independencia de cualquier emulación, se oyen a menudo opiniones que abogan por ello, argumentando una serie de ventajas asociadas al servicio militar obligatorio (participación personal en un servicio de interés general, conocimiento directo de la sujeción a la disciplina, mezcla con personas de otras regiones y con otros perfiles sociales, sometimiento a unas reglas de igualdad absoluta, asunción de responsabilidades ante misiones concretas, etcétera). Dejo a criterio de quienes están en posesión de una cartilla militar sellada la elaboración de la lista de inconvenientes.
El servicio militar obligatorio puede concebirse en términos económicos como un impuesto en especie, que solo puede satisfacerse mediante una prestación personal, no redimible, en la época moderna, mediante el pago de una prestación pecuniaria. Es más, incluso puede considerarse que se trata de un impuesto neutral (“lump-sum tax”), es decir, que no genera ningún coste de eficiencia. Según la definición utilizada por los economistas, esto ocurre cuando el importe de la obligación impositiva no puede ser alterado mediante un cambio en el comportamiento del contribuyente. Así, si quisiéramos preservar la nacionalidad de nuestro país, manteniéndonos dentro de la legalidad, no tendríamos capacidad (teóricamente) de evitar nuestra incorporación a filas.
Ahora bien, tal y como estaba concebido en España, el servicio militar era un impuesto selectivo sobre los varones cuya estatura se encontrara comprendida dentro de unas determinadas cotas. Un exjugador profesional de baloncesto me confesaba, hace ya muchos años, que por las noches se sometía a unos ejercicios de estiramiento con la intención de superar la barrera de los dos metros, establecida como umbral de exclusión. Y a nadie se le oculta que, además de los sesgos de sexo, el mencionado peculiar tributo, como ocurre en muchos tributos reales, adolecía de vías de agua debido al juego de fórmulas de “elusión fiscal” o del disfrute de “beneficios fiscales” no siempre reglados.
Al margen de las cuestiones relacionadas con el enfoque económico teórico, algunos analistas aportan argumentos económicos empíricos y militares a favor de la conscripción. Así lo hace, por ejemplo, Elizabeth Braw, miembro del Consejo Atlántico, en un artículo publicado recientemente en el diario Financial Times (10 de septiembre de 2017).
En este recoge la opinión del ministro de defensa de Suecia, quien considera que el servicio militar aumentará las competencias para la gestión de crisis y propiciará un mayor compromiso y la participación en la defensa nacional. En Israel incluso ha llegado a acuñarse el concepto de “capital militar” como síntesis de los capitales supuestamente promovidos por el servicio militar (humano, social y cultural). De otro lado, también se hace eco de las conclusiones de un académico finlandés que sostiene que, a pesar del retraso que puede darse en las carreras profesionales de algunas personas, el servicio militar permite desarrollar competencias útiles en cualquier sector, en conexión con la adaptación, la gestión y las relaciones sociales. La creación de redes entre los reclutas ha tenido posteriormente aplicaciones en el mundo empresarial en algunos países.
La autora del artículo reseñado, como corolario, hace una constatación y lanza un interrogante: “Y no cabe duda de que algunos jóvenes de 19 años de edad vean el servicio militar como un carga. ¿Pero y si este les ayuda en sus carreras?”.
No deja de ser una sorpresa que algunos de los países más avanzados del mundo recurran al servicio militar obligatorio, pero no lo es que, desafortunadamente, en pleno siglo XXI, tras milenios de civilización, sigan siendo necesarios los ejércitos. Corresponde a los ciudadanos decidir, de manera democrática, cómo quieren que dicho servicio sea suministrado en la práctica. Reflexionar en torno a la función pública de la defensa suscita numerosas cuestiones de interés en el ámbito del análisis económico y sociológico, pero también en el filosófico: ¿Podemos vislumbrar, a estas alturas, algún desenlace de la pugna entre los planteamientos de Hobbes y Rousseau?
