El nivel de los
impuestos, especialmente el que debe corresponder a las personas de mayor nivel
de renta, es objeto de permanentes controversias, acentuadas en los últimos
años. Algunos significados magnates, un tanto sorpresivamente, se han destacado
por reivindicar notorias subidas fiscales que les afectarían a ellos mismos. En
una línea similar, en España vienen oyéndose recientemente opiniones de
políticos que abogan por llevar a cabo tales subidas, ya que supuestamente son
deseadas por los más adinerados para llevar a la práctica una ansiada
solidaridad. Una gran idea, parece ser, toda vez que se eliminaría la frustración
a la que, si hacemos caso de ese argumento, estaría sufriendo ese colectivo de
pudientes.
Son numerosas las cuestiones que se suscitan en torno a este tipo de posicionamientos:
1. Las
ideas de imposición y solidaridad son, etiológicamente, irreconciliables. La
obligación de pagar un impuesto emana de la realización del hecho imponible
correspondiente, es decir, por llevar a cabo una operación sujeta a gravamen.
No cabe apelar a ningún tipo de solidaridad por cumplir una obligación
tributaria. Viene determinada de manera coercitiva, derivada del imperio de la
ley. La voluntad individual es totalmente irrelevante. Ante un impuesto sólo
cabe, si es factible, modificar la conducta económica -se supone que dentro de
la legalidad- para atenuar la carga fiscal.
2. Tampoco
puede comprenderse que un magnate movido por sentimientos humanitarios quiera
imponerlos a otras personas. Tales sentimientos se ejercen libremente, sin que
haya que atender a un dictado legal. ¿Por qué hay que esperar a una ley para
ayudar al necesitado, para mejorar las condiciones de los empleados, para
promover programas sociales…? ¿Qué impide a un multimillonario altruista desplegar
su loable espíritu humanitario?
3. El
ejercicio de la solidaridad ha de ser, pues, completamente libre, y es bastante
absurdo que también se apele a la misma desde instancias gubernamentales para
justificar su política impositiva. Esta debe basarse en una serie de principios
básicos en los ámbitos de la justicia, la economía y la eficacia.
4. Algunos
políticos, de manera bastante llamativa, manifiestan su rechazo a que haya una
solidaridad libremente ejercida. Quizás porque esta tiene el inconveniente de
que se suele identificar al dador, en terminología de Sloterdijk. Aquellos
prefieren que sea el Estado el que detraiga los recursos que ellos se
encargarán gentilmente de distribuir según sus criterios. Prefieren asumir
directamente el papel de dadores. Es malo, muy malo, inhumano, inmoral, que un
ciudadano identifique a un particular que le efectúe una donación, pero es bueno,
muy bueno, vital, que se identifique al caritativo político que administra y
reparte los recursos obtenidos por la vía impositiva.
5. Dado
que hoy están tan en boga los experimentos sociales, tal vez cabría concebir
uno del siguiente tenor: se establecerían unos niveles impositivos
relativamente moderados y se marcaría un objetivo de ingresos por dos vías
distintas pero complementarias, la impositiva -obligatoria e ineludible- y la
filantrópica -voluntaria y modulable. En caso de que no se alcanzara tal
objetivo de ingresos conjuntos, se activaría automáticamente un esquema
impositivo adicional sobre aquellas personas adineradas que no hubiesen
cubierto su cuota filantrópica asignada.
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