Actividad financiera vs actividad financiera

 No, no se trata de un error o descuido. La noción de actividad financiera ha tenido distintas acepciones.

Actividad financiera o hacienda pública. Con esta equiparación arrancaba el genuino manual de “Hacienda Pública (Introducción, Presupuesto e Ingresos Públicos)”, editado en la Imprenta Rufino García Blanco de Madrid, en el año 1973, en el que se recogían los Apuntes de Cátedra del Profesor Enrique Fuentes Quintana. Como el propio catedrático señala en la nota introductoria, el profesor Victorio Valle tuvo un destacado protagonismo en su revisión y actualización. Muchas promociones de economistas de toda España se han formado con las valiosas y rigurosas lecciones contenidas en ese icónico texto. Al repasarlo, cincuenta años después de su publicación, uno no puede dejar de asombrarse de muchos de sus detalles y de la minuciosidad de su impecable prosa.

Según se expone en el capítulo primero, “… ha constituido una práctica de antiguo uso, la de diferenciar, dentro del campo de la economía del estado, una parcela concreta: la de la actividad financiera o hacienda pública… referida siempre al proceso de ingresos y gastos públicos realizados por el estado y la adecuación correspondiente entre ellos”.

No obstante, se matiza luego, siguiendo la exposición de Pigou, “que aunque el dinero sea siempre el  medio a través del que la actividad financiera se produce, no es, sin embargo, la materia de la que realmente trata. El dinero es simplemente la apariencia que reviste el proceso de ingresos y gastos públicos…”.

Hace ya más de treinta años, cuando me disponía a adentrarme profesionalmente en los dominios del sistema financiero, un ilustre hacendista me comentaba, distendidamente, que, por fin, podíamos llegar a entender la célebre matización de Fuentes Quintana acerca del significado de la actividad financiera del estado. En realidad, muchos hacendistas acabábamos incorporándonos, de una u otra forma, al sistema financiero. La actividad financiera cobraba así su auténtico significado. Quedaba así resuelta la abstrusa paradoja.

Fueron pasando los años, y el ilustre hacendista, en este caso por su acreditado talento y su elevada solvencia profesional, acabó siendo reclutado por dicho sistema, llegando a escalar hasta las más altas cimas supervisoras y monetarias.

Sin embargo, el espíritu del hacendista vocacional nunca muere.

El debate sobre la reforma fiscal en España: un nuevo “libro blanco” a escena

 

Siguiendo una práctica tradicional, en 2021 el Ministerio de Hacienda creó un comité de expertos para la reforma fiscal. Según alguien me informó, una persona -a quien sólo conozco de referencias- cercana a la titular del gabinete ministerial había barajado mi nombre como posible integrante de dicho comité. Por distintas circunstancias, no llegó a materializarse la invitación. De haber ocurrido al comienzo de mi trayectoria académica, seguramente me habría generado una gran frustración y probablemente ocasionado un considerable enojo con las partes interpuestas, que, por su cuenta y riesgo, se avinieron a interpretar que dicha participación no era conveniente, por lo que ni siquiera se me llegó a plantear. Formar parte de un comité de esa naturaleza representa una buena oportunidad de participar en un proyecto de análisis y debate fiscal de alto nivel, aunque es inevitable el riesgo de que puedan aparecer efectos colaterales. Algunos conocidos colegas, bragados desde hace décadas en el campo tributario, han expresado, como miembros del mencionado comité, sus votos particulares de una forma un tanto peculiar. La preservación de la independencia es un factor crucial de la solvencia y la solidez de los planteamientos de reforma fiscal. Son bien conocidas las tribulaciones sufridas por los autores de ciertos informes técnicos en el ámbito impositivo durante la última etapa del franquismo.

Vivimos una época de intenso debate sobre las políticas presupuestarias y fiscales. No es de extrañar, dada su relevancia y los enormes retos existentes en la actualidad. No sólo la administración pública es activa en la promoción de informes. También lo es el sector privado, desde diferentes vertientes. Así, algunas asociaciones profesionales y empresariales están siendo protagonistas en este terreno. De una de ellas sí me llegó directamente, el verano pasado, un ofrecimiento para elaborar un informe sobre la reforma de la financiación autonómica, ofrecimiento que, debido a otros compromisos, no estuve en condiciones de aceptar.

Ahora, cuando está a punto de salir a la luz el informe de los expertos seleccionados por el Ministerio, el Instituto de Estudios Económicos ha difundido un extenso documento, titulado “Libro Blanco para la reforma fiscal en España”. Como se expresa en el subtítulo (“Una reflexión de 60 expertos para el diseño de un sistema fiscal competitivo y eficiente”), la obra recoge las aportaciones de un dilatado elenco de autores de diversa extracción, y detalla planteamientos con vistas a la configuración en España de un “sistema fiscal competitivo y eficiente”. Su estructura, en una primera impresión, evoca algunas reminiscencias del celebrado Informe Mirrlees, elaborado hace ya más de diez años para el Reino Unido.

La diversidad de las contribuciones y sus más de 800 páginas requieren de una lectura sosegada. No obstante, los mensajes incluidos en el resumen ejecutivo (págs. 93-97) nos ofrecen una buena pista del enfoque que se propone. Así, se propugna que “… el aumento de la recaudación tributaria debe basarse en el incremento de las bases imponibles, fomentando el crecimiento económico, y en la lucha contra el fraude fiscal más que en incrementar la presión sobre unos contribuyentes que ya soportan una carga tributaria comparable, o superior, a la de los países de nuestro entorno, principalmente en lo relativo a la tributación empresarial”.

Particularmente reveladoras son las ideas que se plasman, como conclusión, en el referido resumen ejecutivo: “En conclusión, de cara al futuro, y una vez que hayamos dejado atrás la presente crisis, es prioritario recuperar la credibilidad y sostenibilidad de nuestras finanzas públicas. Pero ello solo será posible cuando se acometa nuestra gran reforma estructural pendiente, la de optimizar la eficiencia del gasto público, y nunca a través de subidas impositivas que comprometen el crecimiento y, por lo tanto, la consolidación presupuestaria ulterior. De hecho, gran parte del gasto público estructural no se debe tanto a mejores prestaciones públicas a los ciudadanos, sino a mayores ineficiencias. Solo con homologarnos en eficiencia del gasto con la OCDE podríamos provisionar los mismos servicios públicos actuales con un 14% menos de gasto y, de implantar las mejores prácticas, los ahorros podrían ser mucho mayores”.

Observo que en las listas de expertos de la comisión gubernamental y del informe comentado figuran experimentados profesores de Hacienda Pública, con quienes compartí inolvidables sesiones en los cursos de verano de Santander, en la segunda mitad de los años ochenta, bajo la estricta batuta del profesor Enrique Fuentes Quintana, apoyado en el buen hacer de los también profesores Victorio Valle y Pepe Antón.

Es una pena no poder recuperar aquel foro para discutir los problemas fiscales que hoy aquejan a España y a los españoles. Ya no es posible. Ha pasado mucho tiempo y han cambiado mucho las cosas. También se han marcado con bastante claridad los perfiles metodológicos y doctrinales de los estudiosos de los impuestos, que difícilmente pueden ponerse un traje aséptico cuando entran en las salas del laboratorio. Por aquel entonces, Fuentes Quintana impulsó, desde la fundación de las cajas de ahorros, una propuesta para la reforma del sistema fiscal, y recabó la opinión de sus disciplinados pupilos, diseminados por la geografía española. Hay que reconocer que no era fácil desviarse de las pautas dictadas por el maestro.

El vuelo majestuoso e indómito de Richard Bird

Ayer tuve la oportunidad de mantener un encuentro con una de las grandes figuras de la docencia y la investigación en el ámbito de la Economía Pública en España, el profesor Victorio Valle. Entre otros aspectos, tuve el privilegio se ser partícipe del extenso repertorio de anécdotas y vivencias personales acumuladas a lo largo de su dilatada trayectoria en un elenco de puestos relevantes, en algunos de los cuales se concibieron programas económicos, financieros y fiscales de gran trascendencia en nuestra historia reciente. Los episodios son bastante abundantes, de manera particular, en relación con Enrique Fuentes Quintana, el maestro, de quien fue su principal colaborador durante años en diversos destinos. Un nuevo proyecto, orientado a plasmar por escrito la esencia de esos vestigios de la intrahistoria, está sobre la mesa. Espero poder emprenderlo, con la estrecha cooperación de Daniel Coronas.

En nuestra conversación evocamos, entre otros, a otro gran personaje académico, el profesor Emilio Albi, quien, desgraciadamente, nos dejó en el mes de marzo de 2020. Con él, junto a los profesores Victorio Valle, Jorge Martínez-Vázquez y Braulio Medel, compartí la pertenencia al comité organizador del simposio internacional sobre los sistemas fiscales celebrado en Málaga en septiembre del año 2009.

A dicho simposio asistió una de las máximas autoridades académicas de la Hacienda Pública contemporánea, el profesor Richard M. Bird, una de las mentes más brillantes, creativas y críticas de la profesión. Calificado con justicia como un “gigante de la teoría de la imposición”, este gran hacendista canadiense acumula un sinfín de aportaciones de primer orden, imprescindibles, en el campo de la Economía del Sector Público.

Hoy mismo he recibido un correo del FMI en el que se adjunta una reseña suya de una reciente obra sobre la historia de la imposición. No he podido evitar preguntarme qué sería de él. Tan sólo unos clics han bastado para toparme con la terrible noticia. El pasado 9 de junio, a la edad de 82 años, falleció, de repente, el ilustre economista. El sentimiento de tristeza y desánimo trata de encontrar el consuelo del enorme patrimonio que su fecunda vida científica ha dejado a la comunidad académica.

Al final de la primera jornada del simposio del año 2009 se acercó a mí para pedirme que le remitiera la presentación que había utilizado en mi intervención como comentarista de la ponencia de Vito Tanzi. Me dio la impresión de que, más que los datos que contenía, le habían llamado la atención algunos de los esquemas e imágenes utilizados. En un tono sarcástico, llegó a decirme que una de esas imágenes, que pensaba utilizar, sería de más interés que algunos de los sesudos análisis de los venideros cualificados ponentes y comentaristas.

En la parte final de mi exposición señalaba que “los sistemas impositivos tienen realmente la apariencia de icebergs, que se mueven lentamente en aguas cada vez más turbulentas, lastrados por verdaderas torres de Babel en sus partes no visibles”. En cambio, el pensamiento del profesor Bird nunca se vio lastrado por ningún tipo de atadura intelectual. Por décadas, su ingenio analítico seguirá dibujando un sendero en el firmamento hacendístico que brillará con luz propia.

En recuerdo del gobierno de los Pactos de la Moncloa

Recuerdo que, hace bastante tiempo, un destacado intelectual andaluz -de firmes e inequívocas convicciones democráticas y con una fama muy por debajo de su valía- me puntualizaba que en el antiguo régimen dictatorial español, al menos durante algunas etapas de su prolongada andadura, se nombraban como ministros a personas distinguidas por estar ubicadas en los primeros puestos de sus promociones académicas. No llegué a comprobar en detalle el alcance efectivo de esa pauta.

Hace pocos días, ese mismo intelectual, a quien no veo desde hace años, contactó conmigo para un encargo académico, y aprovechó para valorar la capacidad de gestión gubernamental ante la tremenda crisis sanitaria generada en España, como en otros países, por la propagación del coronavirus. Al hilo de esto evocaba cómo, a comienzos de los años setenta, cuando ambos estudiábamos en el mismo instituto de enseñanza media -aunque, entonces, sin conocernos-, era típico que se dijera que los mejores estudiantes llegarían a ser ministros.

Es verdad, por aquel entonces se asociaba la condición de ministro a la excelencia académica. Recuerdo que en mi clase había un alumno al que sus compañeros le pronosticaban ese destino. No fue, desde luego, un vaticinio muy atinado. Por circunstancias familiares adversas, no se pudo poner a prueba ante el reto planteado, ya que pronto tuvo que emplearse como botones en un hotel de Torremolinos y, poco después, abandonó los estudios. No sé si luego lograría recomponer su trayectoria estudiantil. Salvo que así fuera, de poco le sirvió que el profesor Luis Díez se quedara asombrado al comprobar que era capaz de acertar todas las preguntas que el autor de la “Antología del disparate” lanzaba en la clase de ciencias naturales.

Al margen de avivar recuerdos dormidos, aquellas palabras me llevaron a pensar en la composición del gobierno de España que propició los Pactos de la Moncloa, suscritos en octubre del año 1977. En una entrada de este blog de fecha 16-10-2017 se hace una ponderación de dicho hito con motivo de la conmemoración de su cuarenta aniversario.

En aquellos años convulsos, de tránsito incierto entre dos regímenes, no era fácil ser ecuánime con los personajes, en gran medida provenientes del antiguo, que fueron los encargados de pilotar el cambio al nuevo. Sobre muchos de ellos se proyecta una justicia diferida, no materializada en su momento justo. En fin, el paso del tiempo, que permite recabar y confrontar más información y más situaciones, altera en ocasiones el punto de mira. Escaso consuelo para los posibles agraviados por el desprecio o la incomprensión.

Este último sentimiento me persigue especialmente desde que, hace años, leí la obra “Anatomía de un instante”, dedicada por Javier Cercas a la inconmensurable figura -agrandada por el paso de los años, y el vértigo inevitable ante el peligro de derrumbamiento del sistema que él contribuyó decisivamente a forjar- de Adolfo Suárez.

Admirador como soy, desde su gestación, de los Pactos de la Moncloa, ahora que planea una especie de remake ante la excepcionalidad de la situación vivida, he querido rendir un pequeño homenaje simbólico y personal a los integrantes del gobierno de la nación de aquel entonces. Invito a repasar el currículum vítae de aquella quincena de mandatarios. Merece la pena hacerlo. Como también la merecería ver cómo ha ido evolucionando el “capital humano” de los sucesivos gobiernos de la democracia, tanto de la nación como de las diversas administraciones territoriales.

Los Pactos de la Moncloa jugaron un papel clave en la consolidación de la democracia española, sobre la que ahora se ciernen negros nubarrones. Y tales Pactos contaron con dos pilares esenciales, Adolfo Suárez, un grandísimo presidente de gobierno, y Enrique Fuentes Quintana, un insigne vicepresidente e incomparable ministro de Economía. Sinceramente creo que esas dos figuras son difícilmente repetibles. 

Pero, aun renunciando a ver replicada su inmensa talla y su elevada visión de Estado, una salida verdaderamente progresista -palabra muy devaluada por múltiples usurpadores- a los enormes retos que hoy tiene España exige ineludiblemente contar con gobernantes con bastantes atributos. Entre otros, los de conocimientos, experiencia, altura de miras, capacidad, credibilidad, honradez y determinación. La imagen del presidente Suárez y del vicepresidente Fuentes, desde su pedestal, alumbran el camino a los españoles.

El Plan de Estabilización de 1959: 60º aniversario

El día 22 de julio de 1959 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Decreto-Ley 10/1959, de ordenación económica. A través de un escueto articulado se daba paso a la adopción de una serie de medidas de política económica que cambiaron decisivamente el rumbo de la economía y, con ello, de la sociedad española. Se cumplen ahora sesenta años de la puesta en marcha del Plan de Estabilización.

Dicho Plan marcó un antes y un después en la historia de España de las últimas décadas. No en vano, como ha señalado el profesor Miguel González Moreno, se trata de la mayor obra de ingeniería económica de la historia reciente de nuestro país. En palabras de Enrique Fuentes Quintana, uno de los economistas que lo impulsó, “no nos creíamos que fuera verdad lo que al fin sucedió”. Y lo que sucedió es que España puso término al modelo de autarquía económica y de aislamiento exterior, que había prevalecido a lo largo de los años cuarenta y cincuenta, para dar paso a otro que incorporaba mecanismos propios de una economía de mercado, y de apertura al extranjero.

La Guerra Civil española, además de sus trágicas consecuencias humanas, tuvo también efectos económicos devastadores. El producto interior bruto (PIB) del año 1940 era, en términos reales, una cuarta parte inferior al de 1935, a lo que había que sumar la destrucción de buena parte del aparato productivo y la irrecuperable pérdida de capital humano. Para hacer frente a la reconstrucción de la economía nacional, el régimen franquista apostó por un modelo inspirado en el principio de reservar el mercado interior a la actividad productiva nacional, basado en una drástica política de sustitución de importaciones.

La escasez y la penuria padecidas por la población en los años de la posguerra son fiel reflejo del fracaso de la ruta económica elegida. No sería hasta el año 1952 cuando pudo recuperarse el nivel de renta per cápita real de antes del conflicto bélico. Aun así, el régimen parecía decidido a mantener sus esencias. En mayo de 1958, las Cortes aprobaron la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento. En su intervención ante la Cámara, el jefe del Estado admitía la posibilidad de “determinadas dificultades” o de “situaciones transitorias de desequilibrio”, pero sostenía que “no había motivo razonable para dar abrigo al pesimismo que conduce a la desesperación”.

Sin embargo, la situación era verdaderamente desesperante. El sistema económico estaba al borde del colapso, asfixiado por una carencia absoluta de divisas con las que efectuar las importaciones de los productos más básicos y necesarios. El modelo autárquico, que prometía la autosuficiencia, había abocado a una dependencia irredimible. Adicionalmente, unas elevadas tasas de inflación, de dos dígitos, mermaban el poder adquisitivo de los ya empobrecidos asalariados y restaban competitividad exterior a nuestras exportaciones, acentuando el problema del déficit comercial. La precaria situación de las finanzas públicas no venía, por su parte, sino a agravar el panorama.

Pese a todo, el general Franco se mostraba reacio a dar su brazo a torcer. El historiador Paul Preston ha relatado la trascendencia del momento histórico de un despacho con el ministro de Hacienda, Mariano Navarro Rubio. El dictador se resistía a seguir las directrices del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. “Sólo cuando Navarro Rubio, en un episodio muy tenso, le amenaza con la vuelta de gasógenos a las calles de España, Franco, de muy mala gana, se encoge de hombros y dice: ‘Pues bien, usted haga lo que quiera’”.

Como ha dejado escrito Fuentes Quintana, cuatro fueron las ideas económicas que sustentaron el Plan de Estabilización de 1959: i) el restablecimiento de la disciplina financiera, tanto en la política presupuestaria como en la monetaria; ii) la fijación de un tipo de cambio único y realista para la peseta; iii) la liberalización del sector exterior; y iv) acabar con la economía “recomendada”, sustentada en subvenciones e intervenciones discrecionales.

Numerosas fueron las medidas aplicadas dentro de ese marco, entre las que pueden mencionarse: a) reforma fiscal; b) limitación de la financiación del gasto público mediante el recurso al Banco de España; c) devaluación de la peseta frente al dólar, cuyo tipo de cambio pasó de 42 a 60 pesetas; d) declaración de la convertibilidad de la peseta; e) apertura a las inversiones extranjeras en sectores clave; f) revisión de los aranceles; g) flexibilización del mercado de trabajo; h) inversiones en infraestructuras públicas; i) estímulo de la inversión privada.

Ante la batería de medidas desplegadas, la economía acusó inicialmente un impacto negativo, para dar luego paso a una etapa de intenso crecimiento. Al propio tiempo, las reformas implementadas, de forma gradual, aumentaron el protagonismo de los esquemas de mercado, con mayores dosis de flexibilidad en cuanto a su funcionamiento interno, de competitividad, y de apertura al exterior. Afortunadamente, el Plan de 1959 no supuso una estabilización, en sentido estricto, de la situación que se arrastraba, sino de transformación, modernización y acercamiento a los estándares europeos.

En opinión de José Carlos Herrán, ese proceso de reformas “salvó al régimen, pero permitió un desarrollo social que finalmente lo haría obsoleto e inviable a largo plazo”. Aunque siempre es posible construir ucronías acerca de qué habría sucedido en el plano político de no haberse puesto en marcha dicho Plan, es quizás más oportuno reconocer la visión y el empuje del equipo de economistas que lo hicieron posible.

Según Fuentes Quintana, “era de esperar, y de temer, que las ideas e intereses de la vieja política, humillados y rendidos por la situación de quiebra exterior de 1959 que forzó su voluntad para aceptar las medidas salvadoras resurgieran en cuanto la economía recuperase vigor y solvencia frente al exterior… El Plan de Estabilización de 1959 constituye, pues, una buena oportunidad para recordar que la definición y defensa de un sistema de mercado sigue siendo una exigencia que debe atender prioritariamente la economía española. Una tarea pendiente…”. Lo curioso es que estas palabras eran pronunciadas en fechas relativamente recientes, en 2007. ¿Que diría hoy uno de los ideólogos del Plan de Estabilización de 1959, y artífice de los Pactos de la Moncloa de 1977?

(Artículo publicado en el diario “Sur”)

El retorno de la hiperinflación: el caso de Venezuela

Quienes asistimos al nacimiento del régimen democrático instaurado en el año 1977 vivimos en cierto modo nuestra pequeña República de Weimar en la vertiente inflacionaria. Cuando se celebraron las primeras elecciones democráticas, los precios al consumo crecían por encima del 22% en términos interanuales. Al acabar el año, la tasa anual superó el 26%. Se trataba de un ritmo de crecimiento vertiginoso, desbocado, desconocido para nosotros. Recuerdo las solemnes intervenciones televisivas del profesor Enrique Fuentes Quintana, que había asumido las riendas económicas del Gobierno de la nación. La incipiente democracia se enfrentaba a importantes retos económicos; el control de la inflación era uno de ellos, absolutamente prioritario. No fue una tarea sencilla ni libre de costes, pero el embridamiento de los precios figura entre los logros de la política económica del sistema democrático, que evitó que nuestra economía se despeñara por terrenos escabrosos.

Con tasas actuales que rondan el 2% anual, después de haber despejado el fantasma de la deflación (“Entre el miedo a la inflación y el pánico a la deflación”, diario Sur, 22-11-2013), los españoles estamos habituados a una notable estabilidad de precios. Hoy sería inconcebible retrotraernos a tasas de variación del IPC pre-Pactos de la Moncloa.

La inflación ha ido dejando dramáticos y dolorosos rastros a lo largo de la historia. Y, lejos de lo que pudiera pensarse, no es un fenómeno del pasado. La historia económica también nos enseña que la noción de inflación es bastante elástica, al presentar en la práctica un recorrido extraordinariamente amplio. En comparación con la experiencia de algunos países, las tasas situadas en la cota del 20% anual, que causaron pavor en el inicio de la transición democrática, resultan irrisorias. Los economistas reservan el término hiperinflación cuando los precios aumentan sostenidamente por encima del 50% mensual. Si este umbral lo elevamos al año, nos encontramos ya con una tasa más que respetable, sencillamente del 12.975%.

¿Una cifra muy alta? No tanto, si la comparamos con la registrada en Alemania en el año 1923, cuando se alcanzó una tasa del ¡29.500% mensual!, o, lo que es lo mismo, del ¡20,9% diaria!. A ese ritmo infernal, los precios se duplicaban cada 3,7 días. Pero el ranking histórico de las experiencias inflacionarias, elaborado por Steve H. Hanke y Nicholas Krus, sigue encabezado por Hungría, país que, en el año 1946, llegó a una tasa de inflación mensual del 41.900.000.000.000.000% (¡cuarenta y un mil novecientos billones por ciento!), lo que venía a significar que los precios se duplicaban cada 15 horas. Otros episodios inflacionarios más recientes, como los acontecidos en Zimbabwe y Yugoslavia, reflejan cifras también escalofriantes, igualmente difíciles de asimilar.

Desde hace algún tiempo, la escalada de los precios en Venezuela ha hecho entrar a este país caribeño -hasta no hace mucho postulado por algunos sectores como referencia económica y doctrinal frente a las desdichas padecidas en España- en la zona de dominio de la hiperinflación. Hace unos meses, al explicar a mis alumnos los efectos de la inflación en el IRPF, se suscitó el caso de Venezuela como una de las potencias inflacionarias actuales. Uno de los estudiantes realizó una defensa encendida del régimen allí vigente, por considerar que es uno de los pocos sitios donde los ciudadanos son dueños de su propio destino, sin ningún tipo de injerencia externa. Al no ser ese, pese a su interés, el objeto de la sesión formativa, me limité a apuntar simplemente que, como señalaba un artículo del Financial Times de finales de mayo de este año, además, a diferencia de España, donde el salario mínimo mensual, es de unos 860 euros, allí había logrado alcanzarse una cifra millonaria, concretamente, de 2,5 millones de bolívares. Una vez que todo el mundo es millonario, quizás importa menos que esa suma equivaliese a menos de 3 dólares.

El gobierno del país hace tiempo que dejó de publicar los datos oficiales de inflación. Ya se sabe, es un dato bastante manipulable informativamente. De ahí que para conocer la evolución de ese indicador económico haya que recurrir a estimaciones no oficiales. Según un informe del Fondo Monetario Internacional de fecha 23 de julio de 2018, firmado por Alejandro Werner, se proyecta un notorio alza en la inflación de Venezuela hasta alcanzar la cota de 1.000.000% hacia finales de 2018.

Como comenta Gideon Long (Financial Times, 24-7-2018), de cumplirse la previsión del FMI, Venezuela se equipararía a la República de Weimar, aunque con una ventaja no desdeñable. Mientras que en la Alemania de entonces la gente transportaba los billetes bancarios en carretillas, los venezolanos pueden usar tarjetas de crédito para hacer compras. Después de todo, como argumenta Steven Pinker, el progreso sigue su curso.

Lecciones de los Pactos de la Moncloa, 40 años después

En junio de este año se ha conmemorado el 40º aniversario de la celebración de las primeras elecciones democráticas tras la dictadura franquista. El reconocimiento de la importancia de dicho evento no debe, sin embargo, eclipsar otro hito acaecido pocos meses después que aportó el soporte económico y social imprescindible para que la transición política pudiese coronarse con éxito, la firma de los Pactos de la Moncloa.

En el año 1977, España llegaba a un momento culminante en el proceso de reforma política sumida en una crisis económica que fue calificada como grave por su duración temporal, profunda por su huella en las principales variables, mundial por su dimensión y extensión, y, lo que era más preocupante, capaz de abortar la democratización en ciernes. La economía nacional presentaba un cuadro de indicadores ciertamente preocupante: la inflación se había disparado con crecimientos de precios superiores al 20% anual, mientras el paro iniciaba una senda ascendente, el déficit exterior llegaba a niveles preocupantes y, con una presión fiscal que no superaba el 20% del PIB, las finanzas públicas estaban sumamente limitadas para proveer los servicios y las prestaciones sociales que definen el perfil de un Estado moderno. Además, la economía española arrastraba una serie de características estructurales que la hacían muy vulnerable a una crisis con un alto componente de oferta, como fue la de los años setenta.

Qué duda cabe de que la designación del profesor Enrique Fuentes Quintana como Vicepresidente Económico del primer Gobierno de la democracia fue clave tanto para el enfoque como para el diseño del programa de política económica contenido en los Pactos de la Moncloa, respaldados, en el mes de octubre de 1977, por el conjunto de las fuerzas políticas con representación parlamentaria.

No hay recetas económicas que puedan aplicarse mecánicamente en cualquier situación. No hay ningún programa de política económica que pueda diseñarse en el vacío, sin atender a las circunstancias y condicionantes de cada momento y lugar, sin considerar las restricciones y los márgenes de actuación existentes. Sí hay, por el contrario, algunos principios básicos que, por su naturaleza y alcance, trascienden de situaciones concretas. Algunos de ellos fueron expuestos por Fuentes Quintana en el discurso que dirigió al país en una memorable intervención televisiva del día 8 de julio de 1977: “Los problemas económicos de un país sólo pueden superarse mediante el esfuerzo y la colaboración de todos... La situación de la economía española no autoriza a nadie a proponer y a prometer soluciones fáciles. Quien lo haga no construye la democracia, practica la demagogia...”.

Los Pactos de la Moncloa constituyen un valiosísimo legado por un doble motivo: primero, y fundamental, por representar un hito en la calidad institucional y de gobernanza, que aportó la imprescindible estabilidad política y social en una fase decisiva para la construcción del régimen democrático; segundo, por la metodología y el enfoque adoptados para la elaboración del programa de política económica necesario para abordar una crisis económica de connotaciones singulares e irrepetibles.

La política económica de los Pactos de la Moncloa se articulaba en dos componentes que respondían a dos estrategias primordiales: i) una política de ajuste global, encaminada a lograr el saneamiento macroeconómico; ii) una política de ajustes positivos, que, con una orientación microeconómica, pretendía, mediante reformas estructurales, que los mercados, tanto de factores como de bienes y servicios, funcionasen de manera eficiente y competitiva.

En definitiva, quienes estaban al frente de los destinos económicos del país eran conscientes de que el éxito en la superación de la crisis y, con ello, la consecución de la meta de la consolidación de la democracia, radicaban en la necesidad de acometer acciones urgentes simultánea y paralelamente en dos planos: por un lado, el de la estabilidad macroeconómica, tratando de cortar la peligrosa espiral inflacionista, asociada a unos tipos de interés hoy inconcebibles, y de frenar la sangría del déficit exterior, como tareas prioritarias; por otro, emprender la reforma de los mercados y de los sectores a fin de propiciar una estructura económica moderna con opciones de ser competitiva y de integrarse en el espacio económico europeo.

Algunos de los criterios previos recogidos en el documento aprobado son bien expresivos de la toma de conciencia de la situación, de la altura de miras y del ejercicio de la responsabilidad política: “Todos los partidos políticos presentes en la reunión coinciden con el Gobierno en la necesidad de adoptar una serie de medidas monetarias, financieras y de empleo… que permitirían restablecer en un período de dos años los equilibrios fundamentales de la economía española”.

Aun reconociendo la relevancia de la recuperación de los equilibrios macroeconómicos básicos, el documento contenía asimismo una amplia batería de acciones específicas para una serie de áreas con gran relevancia económica y social. Una simple enumeración de las mismas puede servir como recordatorio de la conveniencia de que el marco de actuación básico de las “cuestiones de Estado” cuente con un refrendo político lo más amplio posible: reforma fiscal, control del gasto público, política educativa, política de urbanismo, suelo y vivienda, reforma de la Seguridad Social...

“Juzgar positivo y esperanzador para la superación de la crisis y la consolidación de la democracia el acuerdo referido, cuyo contenido estima necesario y adecuado... Llamar a las fuerzas sociales a prestar su apoyo solidario para la superación de la crisis económica que atraviesa nuestro país”.

Quizás alguien esté inclinado a pensar que las anteriores declaraciones pudiesen ser fruto de alguna fabulación narrativa, pero realmente corresponden a la resolución del Congreso de los Diputados de fecha 27 de octubre de 1977 en relación con los Pactos de la Moncloa. Cuarenta años después, dicho acuerdo, plasmado en un librito que entonces podíamos adquirir a un precio de 50 pesetas y que hoy podemos descargar inmediatamente y de forma gratuita de Internet, sigue siendo una fuente de inspiración de un valor inestimable para la actuación en las esferas política y económica.

(Publicado en el diario “Sur”, el día 16 de octubre de 2017)