Siguiendo una práctica tradicional, en 2021 el Ministerio de
Hacienda creó un comité de expertos para la reforma fiscal. Según alguien me
informó, una persona -a quien sólo conozco de referencias- cercana a la titular
del gabinete ministerial había barajado mi nombre como posible integrante de
dicho comité. Por distintas circunstancias, no llegó a materializarse la
invitación. De haber ocurrido al comienzo de mi trayectoria académica,
seguramente me habría generado una gran frustración y probablemente ocasionado
un considerable enojo con las partes interpuestas, que, por su cuenta y riesgo,
se avinieron a interpretar que dicha participación no era conveniente, por lo
que ni siquiera se me llegó a plantear. Formar parte de un comité de esa
naturaleza representa una buena oportunidad de participar en un proyecto de
análisis y debate fiscal de alto nivel, aunque es inevitable el riesgo de que puedan
aparecer efectos colaterales. Algunos conocidos colegas, bragados desde hace
décadas en el campo tributario, han expresado, como miembros del mencionado
comité, sus votos particulares de una forma un tanto peculiar. La preservación
de la independencia es un factor crucial de la solvencia y la solidez de los
planteamientos de reforma fiscal. Son bien conocidas las tribulaciones sufridas
por los autores de ciertos informes técnicos en el ámbito impositivo durante la
última etapa del franquismo.
Vivimos una época de intenso debate sobre las políticas
presupuestarias y fiscales. No es de extrañar, dada su relevancia y los enormes
retos existentes en la actualidad. No sólo la administración pública es activa
en la promoción de informes. También lo es el sector privado, desde diferentes
vertientes. Así, algunas asociaciones profesionales y empresariales están
siendo protagonistas en este terreno. De una de ellas sí me llegó directamente,
el verano pasado, un ofrecimiento para elaborar un informe sobre la reforma de
la financiación autonómica, ofrecimiento que, debido a otros compromisos, no
estuve en condiciones de aceptar.
Ahora, cuando está a punto de salir a la luz el informe de los
expertos seleccionados por el Ministerio, el Instituto de Estudios Económicos
ha difundido un extenso documento, titulado “Libro Blanco para la reforma
fiscal en España”. Como se expresa en el subtítulo (“Una reflexión de 60
expertos para el diseño de un sistema fiscal competitivo y eficiente”), la obra
recoge las aportaciones de un dilatado elenco de autores de diversa extracción,
y detalla planteamientos con vistas a la configuración en España de un “sistema
fiscal competitivo y eficiente”. Su estructura, en una primera impresión, evoca
algunas reminiscencias del celebrado Informe Mirrlees, elaborado hace ya más de
diez años para el Reino Unido.
La diversidad de las contribuciones y sus más de 800 páginas
requieren de una lectura sosegada. No obstante, los mensajes incluidos en el
resumen ejecutivo (págs. 93-97) nos ofrecen una buena pista del enfoque que se
propone. Así, se propugna que “… el aumento de la recaudación tributaria debe
basarse en el incremento de las bases imponibles, fomentando el crecimiento
económico, y en la lucha contra el fraude fiscal más que en incrementar la
presión sobre unos contribuyentes que ya soportan una carga tributaria
comparable, o superior, a la de los países de nuestro entorno, principalmente
en lo relativo a la tributación empresarial”.
Particularmente reveladoras son las ideas que se plasman, como
conclusión, en el referido resumen ejecutivo: “En conclusión, de cara al
futuro, y una vez que hayamos dejado atrás la presente crisis, es prioritario
recuperar la credibilidad y sostenibilidad de nuestras finanzas públicas. Pero
ello solo será posible cuando se acometa nuestra gran reforma estructural
pendiente, la de optimizar la eficiencia del gasto público, y nunca a través de
subidas impositivas que comprometen el crecimiento y, por lo tanto, la
consolidación presupuestaria ulterior. De hecho, gran parte del gasto público
estructural no se debe tanto a mejores prestaciones públicas a los ciudadanos,
sino a mayores ineficiencias. Solo con homologarnos en eficiencia del gasto con
la OCDE podríamos provisionar los mismos servicios públicos actuales con un 14%
menos de gasto y, de implantar las mejores prácticas, los ahorros podrían ser
mucho mayores”.
Observo que en las listas de expertos de la comisión
gubernamental y del informe comentado figuran experimentados profesores de
Hacienda Pública, con quienes compartí inolvidables sesiones en los cursos de
verano de Santander, en la segunda mitad de los años ochenta, bajo la estricta
batuta del profesor Enrique Fuentes Quintana, apoyado en el buen hacer de los
también profesores Victorio Valle y Pepe Antón.
Es una pena no poder recuperar aquel foro para discutir los
problemas fiscales que hoy aquejan a España y a los españoles. Ya no es
posible. Ha pasado mucho tiempo y han cambiado mucho las cosas. También se han
marcado con bastante claridad los perfiles metodológicos y doctrinales de los
estudiosos de los impuestos, que difícilmente pueden ponerse un traje aséptico
cuando entran en las salas del laboratorio. Por aquel entonces, Fuentes
Quintana impulsó, desde la fundación de las cajas de ahorros, una propuesta
para la reforma del sistema fiscal, y recabó la opinión de sus disciplinados
pupilos, diseminados por la geografía española. Hay que reconocer que no era
fácil desviarse de las pautas dictadas por el maestro.
