“Sin embargo, la estructura de la UE y su ordenamiento
jurídico son difíciles de comprender para los ciudadanos europeos. El problema
tiene una doble vertiente: por un lado, los textos de los Tratados son a menudo
poco claros, y su alcance es difícil de captar; por otro, numerosos conceptos
utilizados para regular nuevas situaciones no les son en absoluto familiares a
los ciudadanos”.
Si en el prefacio de un texto introductorio al Derecho de la
Unión Europea (UE)[1]
encontramos una declaración como la anterior, podemos sentir un cierto alivio
si, como es bastante probable, nos hemos encontrado con algún que otro escollo
al transitar por la normativa comunitaria.
Como señala The Economist, “la mayoría de las organizaciones…
desarrollan sus propias jergas. La UE ha creado una tan rica y llena de acrónimos
que seguramente cuenta como un dialecto por sus propios méritos”[2].
Y continúa afirmando que “su prosa [de los Eurócratas] es tan
opaca como lo es en las revistas de ciencia política. Los gobiernos nacionales
escriben de una forma que un alumno típico de secundaria puede comprender. Los
Eurócratas aturden a cualquiera que carezca de una titulación universitaria”.
Este patente optimismo del autor de la columna “Charlemagne”
le lleva luego a proclamar las ventajas del “Eurolenguaje”, que se ve como la
única alternativa para una comunicación transnacional dirigida a los ciudadanos
de 27 países.
La prosa comunitaria no sólo es a menudo opaca. En ocasiones,
a pesar de la enorme variedad de su léxico, no se encuentran vocablos
claramente diferenciados. Las denominaciones de “Consejo Europeo” y “Consejo de
Europa” para identificar dos instituciones distintas resulta particularmente ilustrativa.
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