El sector público ejerce una gran influencia en la vida de las
personas, de manera continua a lo largo de sus diferentes etapas, a través de
distintos instrumentos y formas de intervención en las esferas económica y
social. En mayor o en menor medida, los ciudadanos asumimos una posición dual,
como contribuyentes, y como beneficiarios de servicios públicos, unos generales
y otros individualizables, y de prestaciones sociales.
La actitud de los individuos hacia el sector público, tanto en una
vertiente como en otra, se ve claramente condicionada por la percepción social
del grado de adecuación de la actuación de los poderes públicos, así como por
la valoración global y particular, efectuada por la población, de los
impuestos, servicios y prestaciones. Por ello son de gran utilidad e interés
los estudios de opinión sobre estas cuestiones, como el que, desde hace años,
viene elaborando el Instituto de Estudios Fiscales. El último, publicado en
2018, va referido a las “Opiniones y actitudes fiscales de los españoles en 2017”.
Son numerosos los aspectos que, este apartado, se ponen de
manifiesto en dicho informe, basado en una encuesta representativa sustentada
en entrevistas personales. Aquí se seleccionan algunos que nos parecen
especialmente significativos:
- Los españoles muestran una mayor satisfacción con el uso de servicios (sanidad, infraestructuras, transporte y educación) que con las prestaciones sociales recibidas (pensiones de jubilación, prestaciones por desempleo, y pensiones de enfermedad e invalidez).
- La sanidad aparece como el servicio mejor valorado y como el que más mejora en los últimos cinco años. Llama la atención que la valoración media de la sanidad se mantenga prácticamente constante entre 2002 y 2017, teniendo en cuenta los consabidos ajustes presupuestarios practicados.
- Una amplia mayoría (79%) está de acuerdo con que existe margen de mejora de los servicios públicos y las prestaciones sociales. Se estima que casi toda la oferta pública está deficientemente gestionada.
- No obstante, algo más de las tres cuartas partes creen que hacen un mal uso de algún servicio público o prestación social.
- Menos de la mitad de los encuestados considera que la oferta pública de servicios y prestaciones justifica bastante o mucho el pago de los impuestos; seis de cada diez opinan que poco o nada. Según se indica en el informe, casi un tercio de los entrevistados no efectúa ningún tipo de declaración tributaria.
- Pese a lo señalado, casi tres de cada cuatro personas manifiestan una fuerte preferencia por la gestión pública y la financiación vía impuestos, con una tendencia a excluir la participación de la iniciativa privada en relación con los servicios y prestaciones objeto de consideración.
- Las mayoría piensa que la relación entre los impuestos satisfechos y los servicios y prestaciones recibidos es más desfavorable en España que en otros países de la Unión Europea.
- Según la opinión mayoritaria, el cumplimiento fiscal ha empeorado en la última década. El 86% cree que ha habido un aumento del fraude fiscal. Casi las tres cuartas partes de los entrevistados apuntan el colectivo de los empresarios como el más propenso al fraude.
- La economía sumergida está asociada al tipo de fraude que se valora como más pernicioso para la sociedad en su conjunto. La impunidad se percibe como la principal causa del fraude, seguida a gran distancia por la falta de honradez y de conciencia cívica.
- Respecto a la posible explicación del fraude, un 76% considera que no puede existir justificación en ningún caso; un 18% admite que pueden darse algunas circunstancias justificativas, y un 8% cree que el fraude es algo consustancial a los propios impuestos.
- También de forma mayoritaria, los españoles estiman que no existe una relación equitativa entre la cantidad que las grandes empresas aportan a la Hacienda Pública y la rentabilidad obtenida en sus negocios. Las razones identificadas son el aprovechamiento de lagunas legales y de beneficios fiscales.
No obstante reiterar el interés de este tipo de estudios, que
permiten obtener una buena imagen de lo que opinan los ciudadanos acerca de
cuestiones tan trascendentales como las relacionadas con el sector público, sería
conveniente complementarlos con otras informaciones tales como:
- Nivel de conocimiento efectivo de los entrevistados sobre el contenido de las preguntas formuladas. A título de ejemplo, hay una tendencia a emitir juicios sobre la situación comparativa con otros países a pesar de que la mayoría reconoce abiertamente que no conoce la fiscalidad aplicable en tales países.
- Valoración de los servicios públicos desde el punto de vista de la gestión con base en indicadores objetivos.
- Evolución de los niveles de gasto público en términos reales homogéneos.
- Alcance del efecto redistributivo propiciado por el sector público a través de los impuestos, cotizaciones sociales, servicios públicos y prestaciones sociales.
- Tratamiento diferenciado de las pensiones de jubilación, con identificación de la relación existente entre las contribuciones efectuadas y las prestaciones recibidas.
- Actitud, constatable a través de la realización de experimentos reales, respecto a la demanda de servicios y prestaciones, con indicación expresa, de manera simultánea, de las fuentes de ingresos necesarios para su financiación.
- Estimación de la magnitud del fraude fiscal y de sus principales causas. Verificación de la coherencia entre la posición mayoritaria de rechazo al incumplimiento fiscal y la existencia de bolsas de fraude.
- Evaluación de los beneficios fiscales, con cuantificación de sus posibles efectos económicos positivos.
Por la trascendencia que tienen las actitudes hacia los programas
de ingresos y gastos públicos, la educación presupuestaria y fiscal debería
constituir un componente básico de la formación de los ciudadanos. Aquella es
un elemento esencial para que las decisiones sociales relativas a la asignación
de los recursos públicos pueda efectuarse de la manera más coherente posible,
con pleno conocimiento de causa. Las elecciones en el ámbito del sector público
conciernen a decisiones de carácter colectivo, aunque con repercusiones
individuales, pero se trata de elecciones sujetas a importantes restricciones
globales que no pueden ignorarse.
(Artículo publicado en el diario “Sur”)
