Acostumbra el Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS) a publicar en plena canícula los resultados
de su informe anual en el que se pulsa la opinión pública sobre distintas
cuestiones relacionadas con la política presupuestaria. El estudio ofrece información
de gran utilidad acerca de las percepciones sociales sobre aspectos cruciales
de la actuación del sector público en España. A raíz del publicado este año
(“Opinión pública y política fiscal”, estudio nº 3374, julio 2022) pueden
efectuarse, entre otras, las siguientes observaciones:
1. Una clara mayoría de personas
atribuye bastante o mucha importancia a la conducta de no evadir impuestos. Sin
embargo, algo más de un 90% entiende que existe bastante o mucho fraude fiscal
en España, y dos tercios, que no hay más fraude por temor a una revisión.
2. Para la mitad o más de los
entrevistados, el funcionamiento de los servicios públicos es relativamente
positivo en los casos de la asistencia sanitaria, el transporte, la seguridad
ciudadana y, algo menos, en el de la enseñanza. El mayor descontento se expresa
en relación con la administración de la justicia.
3. Pese a lo señalado, un 72% piensa que
se destinan muy pocos recursos a sanidad, un 75%, respecto a protección del
medioambiente, y un 57%, a enseñanza. Un 28% estima que es excesivo el gasto en
defensa. Del gasto público total en España, un 42% se dedica a protección
social, un 15% a sanidad, un 9% a educación, un 2% a defensa, y un 2% a
protección del medioambiente.
4. Una quinta parte de la población se
muestra claramente a favor de pagar más impuestos para mejorar los servicios
públicos y las prestaciones sociales. En la pregunta formulada no se distingue
entre servicios generales, que afectan indiscriminadamente al conjunto de los ciudadanos,
y los servicios individualizables, que tienen beneficiarios concretos.
5. No obstante, la formulación
específica de otra pregunta lleva a que cada persona se plantee su propia
“balanza fiscal individual”, contraponiendo lo que aporta a las arcas del
Estado y los beneficios que obtiene del gasto público. Curiosamente, casi un
56% de los encuestados considera que la sociedad se beneficia poco o nada de lo
que se recauda mediante impuestos y cotizaciones sociales. Y casi dos de cada
tres personas estiman que reciben menos de lo que contribuyen individualmente.
6. Algunas consideraciones se hacen
necesarias en este contexto. El principio impositivo en el que, según nuestra
Constitución, se sustenta el sistema tributario español es el de capacidad
económica, que establece obligaciones contributivas con independencia de los
beneficios recibidos del sector público. El principio del beneficio desempeña
un papel absolutamente secundario. Por otro lado, las prestaciones asociadas a
las cotizaciones sociales han de apreciarse, con carácter general, en el
futuro.
7. Dos tercios de los participantes en
el estudio se declaran partidarios de la aplicación de impuestos directos
frente a los indirectos; un 41% cree que en España se pagan muchos impuestos, y
un 34%, que la carga es superior a la de otros países avanzados de Europa.
Objetivamente, esto es no así en términos agregados, lo que no impide que la
carga de los “contribuyentes efectivos” sí pudiera ser superior a la existente
en otros países.
8. Un 80% considera que los impuestos no se “cobran con justicia
esto es, que pagan más quienes más tienen”. Aparte de que la literalidad de
este enunciado puede cumplirse en la práctica con impuestos regresivos, se da
la circunstancia de que, en España, el 54% de la cuota del IRPF corresponde al
90% de las declaraciones con menos ingresos, y el 46% al 10% de las
declaraciones con mayor nivel de ingresos.
9. Una gran mayoría conoce que el tipo
de gravamen general del IVA en España es del 21%. Ha desaparecido la pregunta
relativa a la atribución de los ingresos de los diferentes impuestos por
niveles de gobierno, en la que los porcentajes de aciertos solían ser bastante
inferiores.
10. Al margen de las cuestiones de índole
presupuestaria, el informe pone de relieve la existencia de una considerable
satisfacción de los encuestados respecto a su vida familiar (media de 8,7 sobre
10), su salud (7,9), su vida social (7,9) y su nivel de vida (7,4). No
obstante, cerca de un 10% califica su situación económica personal como mala o
muy mala.
(Artículo publicado en el diario
“Sur”)
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