Afirmaba Tocqueville que “casi no hay
asunto público que no tenga su origen en un impuesto o que no venga a parar en
él”. Y, como tenemos ocasión de comprobar de manera continuada, dentro y fuera
de España, no puede decirse que esa máxima dictada, a mediados del siglo XIX,
por el autor de “La democracia en América” haya decaído, sino todo lo
contrario. Los impuestos implican un trasvase obligado de recursos, formalmente
desde los sujetos pasivos en términos jurídicos -en la práctica, con
importantes repercusiones para otros “sujetos pasivos económicos”- a las arcas
públicas.
Aun sin cuestionar el cumplimiento de
las obligaciones ex lege, los destinatarios de las cargas impositivas
pueden mostrarse reacios a su aplicación. El posicionamiento de la población va
a depender de la percepción personal de cada individuo respecto a su relación
contribución-beneficio, así como de la valoración, en términos de eficacia y de
eficiencia, del uso de los ingresos recaudados destinados a los programas de
gasto público. Para el Estado, los impuestos permiten sustentar sus
intervenciones económicas y ampliar su capacidad de influencia. Los partidos
políticos, en función de su ideología, se mostrarán más o menos inclinados al
establecimiento de impuestos y a la graduación de los tipos de gravamen.
¿Es oportuno llevar a cabo una
reducción de las cargas fiscales, o, por el contrario, mantenerlas y potenciar
programas de gasto, a través de servicios, inversiones o prestaciones sociales?
¿Es necesario elevar la carga tributaria a fin de mejorar los servicios o las
prestaciones sociales, o de ampliar las infraestructuras públicas disponibles?
¿Podrían, alternativamente, afrontarse tales actuaciones de gasto público sin
elevar la presión fiscal, a partir de una revisión de los gastos y la
aplicación estricta del criterio de eficiencia?
Estas y otras cuestiones similares
están en el centro del debate político y social. Tales cuestiones suelen
abordarse de forma aislada y desconectada del marco que abarca el conjunto de
los ingresos y los gastos públicos. A fin de responder, mediante una aproximación
sistemática, a la pregunta de si es suficiente el nivel actual de gasto
público, habría que seguir la siguiente secuencia: i) ¿cuáles con las
necesidades existentes?; ii) ¿cuáles son los objetivos en términos de
asignación de bienes y servicios, y de distribución de la renta, contando con
un nivel adecuado de eficiencia del gasto?; iii) ¿qué recursos hay disponibles,
a partir de un esfuerzo tributario asumible, en un marco de estabilidad
presupuestaria y financiera?
Una de las controversias más habituales
se centra en la disyuntiva entre aplicar una rebaja impositiva, y mantener la
normativa fiscal dedicando los recursos asociados a la no rebaja a un programa
de inversiones públicas. Dejando al margen las posiciones ideológicas sobre el
papel del sector público en la economía, habría que proceder a una evaluación
“técnica” de las dos opciones.
Respecto a la primera, la de rebaja
impositiva, habría que estimar los posibles efectos económicos: a) reacción de
los agentes económicos a una menor carga fiscal, que va a depender de la
elasticidad de la renta de los factores respecto a su retribución neta; b)
destino económico (ahorro, consumo o inversión) de los recursos allegados al
sector privado; c) repercusiones tributarias de los efectos de segunda y sucesivas
rondas; d) costes ligados a la no realización de proyectos de inversión que
fuesen necesarios.
Por lo que concierne a la segunda, la
de realización de inversiones, habría que tener en cuenta los siguientes
aspectos: a) efectos diferenciales sobre el PIB por la mayor carga tributaria
en comparación con la opción anterior; b) efectos directos e inducidos de las
inversiones realizadas; c) valoración de la financiación mediante impuestos o
mediante deuda, teniendo presente el disfrute de los beneficios futuros; d)
consideración de los costes de mantenimiento y, en su caso, de los tributos o
cargas asimilables recurrentes.
En definitiva, con carácter previo a
la adopción de las posibles medidas, sería preciso estimar y comparar las
consecuencias de los cursos de acción alternativos. No parece oportuno efectuar
pronunciamientos apriorísticos sin conocer diversos aspectos relevantes, tales
como el nivel de la fiscalidad, la carga real soportada por los contribuyentes
efectivos, las necesidades de gasto público o la eficiencia de este. Lo que sí
resulta razonable es que, en el marco de un sector público multijurisdiccional,
todos los ciudadanos, a igualdad de esfuerzo fiscal en los distintos
territorios, disfruten de un nivel mínimo de servicios públicos y que, por
encima de este, los gobiernos territoriales dispongan de alguna capacidad para
ofertar distintas combinaciones de cargas fiscales y servicios públicos, bajo
los principios de eficiencia, transparencia, autonomía, responsabilidad y
rendición de cuentas.
(Artículo publicado en “EdufiBlog”)