Las reglas contables
aplicables tradicionalmente al ámbito del sector público adolecen de algunos
sesgos. En particular, ha habido una tendencia a poner el foco en los saldos
presupuestarios anuales, en tanto que se ha prestado escasa o nula atención a
la formación del balance. Hay conocimiento, naturalmente, de los saldos de
activos y pasivos financieros, pero no de los derechos y las obligaciones
totales, en ambos casos integrados no sólo por elementos explícitos sino también
por otros de carácter implícito u oculto.
Como señalan I.
Ball, J. Crompton y D. Detter, a diferencia de lo que ya en el año 1085 había
llevado a cabo Guillermo el Conquistador, al encargar un inventario de todos
los activos de Inglaterra, “los gobiernos de hoy han olvidado en gran medida la
importancia de un inventario ajustado de sus activos. Este problema, ligado a los
sistemas contables públicos, impide la valoración y una gestión eficiente de
los activos”[1].
Como solución proponen identificar los activos ocultos mediante la realización
de un mapa de activos y su gestión a través de un fondo de riqueza pública.
Por activos públicos
comerciales se entiende cualquier activo capaz de generar renta si se gestiona
profesionalmente. Incluyen los activos operacionales (como los servicios
básicos de energía y agua) y de transporte (aeropuertos, puertos, metros), así
como los activos inmobiliarios. El FMI ha estimado que los activos públicos
comerciales tienen globalmente un valor equivalente al doble del PIB global.
Como subrayan I.
Ball, D. Detter, Y. Manuelides y W. Yan, el hecho de ignorar la riqueza neta es
distorsionador, lleva a una medición errónea de la sostenibilidad de la deuda,
y crea un sesgo contra la inversión[2]. En contraposición,
los gobiernos que se centran en la riqueza neta tienen incentivo para invertir
en activos productivos.
[1] “Mapping
the unknown”, IMF, Finance & Development, febrero 2022.
[2] “Why
public assets are key to debt sustainability: a moral goal”, IMF Blog, 19-4-2021.
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