¿Tienen cabida más sistemas de cupo en España?

 

Afirmaba Schumpeter que la expresión “Estado fiscal” es un pleonasmo. No le faltaba razón. El sistema fiscal constituye la espina dorsal de cualquier Estado. Sin una capacidad tributaria que le permita obtener ingresos coactivos con los que financiar las funciones públicas asumidas, difícilmente puede concebirse una organización estatal. El poder fiscal, junto a la potestad legislativa, la soberanía monetaria, y la emisión de deuda pública, ha sido uno de los cuatro vértices representativos del “cuadrado del poder” en el que se han basado los Estados modernos.

Hasta finales de los años setenta del pasado siglo, España era uno de los países más centralizados del mundo; posteriormente, merced al desarrollo del nuevo marco constitucional de la democracia, se ha convertido en uno de los más descentralizados, equiparándose, o incluso superando, a los dotados de una estructura federal. Al aprobarse la Constitución de 1978, a través de una disposición adicional, se dio el visto bueno al mantenimiento de los “derechos históricos” de los territorios forales (País Vasco y Navarra), incorporando una excepción, que representa una clara singularidad y conlleva una serie de ventajas intrínsecas. Y se han producido algunas adicionales a pesar de que la propia Constitución establece que, de la aplicación de los sistemas de financiación autonómica, no pueden crearse discriminaciones entre los habitantes de las distintas regiones.

Loable propósito, que no debe impedir reconocer que ya el hecho de que las Comunidades forales sean titulares prácticamente de la totalidad de los ingresos fiscales (todos, salvo los aranceles a las importaciones y las cotizaciones sociales) implica un estatus diferenciado, al mantener directamente los resortes del poder fiscal. Dichas Comunidades (o sus Diputaciones) recaudan sus tributos y transfieren después al Estado una parte de sus ingresos (“cupo” en el caso vasco; “aportación” en el navarro) para ayudar a sufragar aquellas competencias que no han sido atribuidas a esas comunidades o a sus corporaciones locales. El sistema de financiación foral ha recibido numerosas críticas por su opacidad, por sus resultados financieros, y por su falta de adaptación a la realidad actual. Y, según cálculos de Fedea, la financiación por habitante obtenida por el País Vasco y Navarra es muy superior a la de las Comunidades de régimen común.

Una pregunta que se planteaba ya hace décadas, y que ahora ha vuelto a suscitarse, es si es factible la generalización del sistema de cupo en España. En línea con lo señalado, eso implicaría, en la práctica, el desmantelamiento del poder estatal, en la medida en que quedaría desprovisto de capacidad recaudatoria y, en consecuencia, de autonomía para llevar a cabo actuaciones económicas de alcance nacional. El Estado se convertiría, de facto, en una especie de agencia a la que los gobiernos regionales encomendarían algunas misiones, entre ellas, supuestamente, la representación exterior. Habría que establecer un procedimiento para la fijación de una contraprestación por las funciones generales desempeñadas por el Estado y su distribución entre todas las Comunidades Autónomas.

No sería nada fácil encajar en el sistema la articulación de los mecanismos para instrumentar el principio de solidaridad previsto en la Constitución, y la preservación de unos estándares mínimos del Estado del bienestar en todo el territorio nacional. El problema se agravaría enormemente si se quisiera extender el enfoque a las cotizaciones sociales y a la gestión de las prestaciones públicas. Por otro lado, las Comunidades de mayor renta tendrían holgura para cubrir todos sus gastos con sus impuestos, pero esto podría no darse en otros casos. Además, la fragmentación de la administración tributaria sería negativa en términos de economía, eficiencia y eficacia.

Hay quienes se sorprenden de lo poco apreciada y valorada que resultó la decisión de introducir el sistema de cupo en la Constitución de 1978. A la vista de los inconvenientes que podría llevar aparejada su extensión a otros ámbitos, cabría colegir que, con la dosis actual, se ha alcanzado ya una situación de exceso de cupo.

(Artículo publicado en el diario “Sur”)

Nuevas manifestaciones de la planificación central

Tras la caída del Muro de Berlín, la planificación central quedó bastante debilitada como forma de organizar la actividad económica de un país. Sin embargo, pese a las apariencias de repliegue, dicha planificación ha recuperado terreno y ha adquirido un gran protagonismo en la dirección de los asuntos económicos en el curso de los últimos años. Es la tesis que sostiene Edward Chancellor (“El precio del tiempo”, Deusto 2024), quien incluso llega a vislumbrar “un nuevo camino de servidumbre”.

A diferencia de otras etapas, “la planificación central del siglo XXI ha consistido en la manipulación del precio más importante de una economía de mercado: el precio universal; es decir, el tipo e interés”. En opinión de Chancellor, “cada paso que hemos dado en este nuevo camino de servidumbre ha sido gradual y se ha justificado por una cuestión de necesidad y conveniencia… nos hemos precipitado… en un mayor control del Estado sobre la economía. Y cuanto más nos precipitamos, más incapaz parece el sistema, lo que a su vez justifica nuevas intervenciones".

Nueva adivinanza de Pericles

 

Me lo temía. Cuando vi su nombre en el asunto del correo electrónico, sabía ya que me aguardaba una nueva tarea cuasidetectivesca, como en los viejos tiempos.

La firma de Pericles no podía hacer esperar otra cosa, en esta ocasión con un evidente grado de dificultad: “… A … les empieza a brotar bilis de la pluma con tan sólo escribir su nombre. Traidor nato, miserable intrigante, puro reptil, tránsfuga profesional, vil alma de corchete, deplorable inmoralista…, no se ahorra con él ninguna palabra despreciativa…”.

Esta vez, al menos, me facilitaba alguna pista: “Ten presente que quien escribe estas líneas es uno de tus escritores predilectos, autor de biografías magistrales”.

La paradoja de la mayor eficiencia

 

No hace mucho, un conocido me comentaba que había intentado varias veces remitirme un mensaje por WhatsApp y que no lograba entender qué podía ocurrir para que no llegaran a su destino. Daba por hecho que el destinatario era usuario de esa aplicación. Una suposición, por cierto, bastante normal. Aunque hay alguna que otra excepción, que, desde luego, no confirma la regla: no es absolutamente seguro que toda persona haya de ser usuaria de WhatsApp (al menos de momento).

Serlo tiene, evidentemente, grandes ventajas a efectos de comunicaciones, inmediatas y sin coste (dinerario). Esas ventajas se contraponen, sin embargo, con la otra cara de la moneda: el carácter invasivo de un flujo incesante de mensajes, el consumo de tiempo asociado a su lectura y, en su caso, cumplimentación, y también la tendencia a incrementar las comunicaciones gracias a las enormes facilidades que ofrece la herramienta.

En cierta medida el esquema anterior responde a lo ocurrido en el experimento que Tim Harford describe en un artículo reciente (“The paradox of greater efficiency”, Financial Times, 18-5-2024). La sustitución de los antiguos aparatos “buscapersonas” por el WhatsApp, en un hospital de San Francisco, llevó a que los médicos se viera pronto saturados de notificaciones. La experiencia no fue muy exitosa.

Recuerda Harford el paralelismo con la “paradoja de Jevons”, quien, en 1835, advirtió de que la eficiencia energética no era una solución para garantizar el uso del carbón. Si bien la posibilidad de altos hornos más eficientes permitiría producir más hierro con menos carbón, la proliferación de aquellos llevaría a que el consumo de carbón no disminuyera. En definitiva, cuando una tecnología intensiva en energía se hace más eficiente, tendemos a utilizarla más.

La clave está en el relato

 

El mundo se mueve al ritmo que marca el mercado político de las ideas. Es una de las tesis que sostiene Thomas Sowell para explicar el papel de las percepciones sociales respecto a los factores determinantes de la desigualdad y a la valoración de las políticas económicas y sociales. “Las palabras no son más que recipientes para transmitir significados de unas personas a otras. Pero, al igual que otros recipientes, las palabras a veces pueden contaminar su contenido”, asevera en “Falacias de la justicia social”. Según él, algunas palabras han contaminado muchos debates sobre políticas sociales.

En relación con el análisis de la distribución de la renta, considera que “es muy importante saber si las personas con ingresos elevados aumentan o disminuyen los ingresos del resto de la población”. Entiende que hay argumentaciones que pueden ser ingeniosas (“los ingresos altos de algunas personas se [deducen] de unos ingresos totales fijos o predestinados”), pero subraya que “la astucia no es sabiduría, y una insinuación ingeniosa no sustituye a las pruebas objetivas si tu objetivo es conocer los hechos”.

El retorno de las balanzas fiscales regionales

 

Después de una trayectoria marcada por grandes dificultades técnicas y considerables controversias, que las relegaron al olvido, las balanzas fiscales vuelven ahora con fuerza. A continuación, se reseñan algunas cuestiones básicas relacionadas con este artilugio estadístico:

i.¿Qué es una balanza fiscal?: Consiste en un cálculo estadístico que pretende cuantificar, para una jurisdicción territorial determinada, el saldo resultante de los beneficios recibidos del sector público y los pagos efectuados a éste.

ii.¿A qué ámbito se refieren habitualmente?: En España, las balanzas fiscales se han estimado para las regiones, con objeto de computar la diferencia entre los gastos públicos imputables y los impuestos satisfechos.

iii.¿Tiene sentido su cálculo?: Desde un punto de vista estadístico, puede quererse conocer el efecto redistributivo del sector público en una región, pero no debe perderse de vista que son las personas, y no los territorios, quienes pagan los impuestos, y también son las personas las receptoras de las principales categorías de gasto público, como las prestaciones sociales, la sanidad o la educación.

iv.¿Es equiparable al cálculo del saldo presupuestario con la Unión Europea?: No lo es, ya que las contribuciones al presupuesto comunitario, actualmente, no corresponden a los ciudadanos, sino a cada Estado miembro.

v.¿Es fácil el cálculo de las balanzas fiscales?: En absoluto. De entrada, carece de lógica hacer un cómputo para un año concreto, cuando el juego de algunas contribuciones al sector público y de las prestaciones sociales asociadas (cotizaciones sociales y pensiones) se extiende a lo largo de un período muy prolongado, lo que también ocurre en el caso de las infraestructuras. Nos encontramos, por otra parte, con el problema de imputar geográficamente los beneficios de programas de gasto público de carácter colectivo (defensa, investigación, justicia…). A su vez, el hecho de que una buena parte de los impuestos acabe siendo soportada por personas distintas de los sujetos pasivos o de los destinatarios (incidencia económica) introduce un patente grado de dificultad, como también lo hace la existencia de déficit público.

vi.¿Se dispone de información pública para llevar a cabo las estimaciones?: El Gobierno de la Nación, a través del Instituto de Estudios Fiscales, ha presentado “la primera fase de datos para calcular las cuentas territorializadas de las Comunidades Autónomas de régimen común”. Pese a la información ya aportada, queda bastante para poder aspirar a realizar una estimación relativamente completa y rigurosa.

vii.¿Qué concluían las anteriores balanzas fiscales?: Los estudios sobre balanzas fiscales mostraban importantes discrepancias cuantitativas, aun cuando, en general, coincidían respecto al signo. Así, como sería esperable, las Comunidades con mayor nivel de renta por habitante tendían a presentar un saldo negativo (beneficios computados menores que los impuestos estimados), en tanto que ocurría lo contrario respecto a las Comunidades de menor renta.

viii.¿Cuál es la principal motivación para el cálculo de las balanzas fiscales regionales?: En el contexto actual, el retorno de las balanzas fiscales es alentado por quienes las conciben como un instrumento de respaldo de sus reivindicaciones políticas, económicas y presupuestarias. Hace años, en 2004, Ángel de la Fuente, prestigioso investigador español, manifestaba su preocupación por “la manipulación interesada de los saldos fiscales y su utilización demagógica para contribuir al fortalecimiento de una ‘conciencia nacional’ cimentada sobre el rechazo a un ‘Estado español’ que se presenta como explotador”. Después de todo lo acontecido, cabe preguntarse si son ahora realmente necesarias.  Y, si se aplica la misma lógica, ¿deberían elaborarse también para espacios territoriales o ámbitos poblacionales cada vez más reducidos?

El conocimiento detallado de los flujos económicos desde diferentes perspectivas puede tener cierto interés. Hoy día, existe información incluso de la distribución del IRPF por municipios y por barrios. Pero una cosa es disponer de una radiografía estadística, y otra bien distinta hacer una utilización sesgada de los datos. El acceso a una información desagregada, siempre que sea fiable, puede ser una referencia válida con vistas a la aplicación de los programas públicos, pero no puede olvidarse que es la perspectiva de la distribución personal la que ha de prevalecer en un Estado de derecho integrado por ciudadanos libres e iguales.

(Artículo publicado en el diario “Sur”)

¿Es el sistema público de pensiones ‘un esquema Ponzi’?

 

Es ésta la pregunta que Claer Barrett, especialista en educación financiera y articulista del Financial Times (FT), lanzaba hace unos meses a sus lectores británicos. Partía de señalar que tiene dudas de que, cuando cumpla 68 años, en el año 2045, el sistema público de pensiones del Reino Unido exista en su forma actual. Hacía hincapié en que “prometer incrementar la pensión pública en la cifra mayor entre la inflación, la subida de los ingresos medios y un 2,5 por ciento compra el ‘voto gris’, pero simplemente no sabemos cuántos miles de millones de libras costará esto a las generaciones futuras”.

Según dice, los lectores del FT fueron expeditivos en sus comentarios online: “¡Se trata de un esquema Ponzi!”. Para los votantes jóvenes como ella, lo que les da canas es la preocupación sobre lo que pueda ser una pensión pública en el momento en que se retiren.

Para hacer frente a los pagos de las pensiones, a medida que la población envejece, los políticos han de adoptar medidas: “Cualquier movimiento podría ser políticamente explosivo – pero la sostenibilidad futura de las pensiones públicas no es un debate que se puede diferir para siempre”.

Idealismo de la agenda social vs realidad de los hechos

“Quizás lo más sorprendente de todo sea que muchos defensores de la justicia social han mostrado poco o ningún interés por ejemplos notables de progreso de los pobres, cuando ese progreso no se basaba en el tipo de política promovida en nombre de la justicia social… A nivel internacional, quienes defienden la justicia social no suelen mostrar ningún interés en serio por el progreso de los menos favorecidos cuando se produce de alguna forma no relacionada con la agenda de la justicia social… Eso plantea al menos la cuestión de si las prioridades de los defensores de la justicia social son los propios pobres o la visión del mundo de los defensores de la justicia social y su propio papel en esa visión”.

Con estas reflexiones, que apuntan hacia la línea de flotación de la poderosa escuadra que ejerce su hegemonía intelectual en las aguas jurisdiccionales de los países más avanzados del mundo, concluye Thomas Sowell su libro titulado “Falacias de la justicia social” (Deusto, 2024), con el subtítulo que se refleja en el de esta entrada.

Antes de alterar de forma impulsiva el apellido de este economista estadounidense de tan sólo 93 años ("So-bad" vs "So-well") conviene dar una lectura sosegada a dicho texto y, antes de iniciarla, proclamar la sumisión al dictado de los hechos frente al implacable corsé de los dogmas. 

Las cualidades personales de mayor utilidad social: el dictado de A. Smith

 

Es Adam Smith una figura incómoda, a pesar de los estereotipos. Tanto para los críticos del liberalismo y del mercado, como para los defensores a ultranza de la “mano invisible”. La lectura de “Teoría de los sentimientos morales” [1] puede dejar completamente desarbolado a quienes, en un exceso de simplificación, se centran exclusivamente en sus proposiciones más difundidas, especialmente si se prescinde de cualquier contextualización. Y, de hecho, a todo aquél que considera que se rige por motivaciones sociales lo coloca ante un espejo de perfiles bien definidos del que no es fácil salir bien parado.

“Humanidad, justicia, generosidad y espíritu público, son las cualidades de mayor utilidad para los demás”, opina el autor de “La riqueza de las naciones”. Para éste, “la humanidad consiste meramente en el exquisito sentimiento hacia el prójimo, que el espectador abriga respecto del sentimiento de las personas principalmente afectadas, de tal modo que llora sus penas, resiente sus injurias y festeja sus éxitos”.

Prosigue su discurso ético señalando que “Jamás se es generoso sino cuando de algún modo preferimos otra persona a nosotros mismos, y sacrificamos algún grande e importante interés propio a otro igual interés de un amigo o de alguien que es nuestro superior”.

El espíritu público no encuentra una expresión directa, pero queda claramente vinculado conceptualmente a la anteposición de un proyecto colectivo, como una nación, al interés y a la situación individuales.

En todo caso, apunta que “La propiedad de la generosidad y del espíritu público se funda en el mismo principio que en el caso de la justicia”.

Con independencia de cómo se concreten las definiciones, parece claro que la toma en consideración de esos cuatro ingredientes como guía espiritual tendería a mejorar grandemente los resultados de la “mano invisible”, y también los de la “mano visible”.

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[1] Tiempo Vivo : La teoría de los sentimientos morales: el lado menos conocido de A. Smith (neotiempovivo.blogspot.com)

Aprendizaje hasta el último aliento

 

La versión española lleva por título “Desgarradura”, acepción quizás menos descarnada que el original (“Écartèlement”: “Descuartizamiento”), pero en esta obra el desgarramiento estructural de Cioran llega a cotas extremas.

“Examínese con cuidado cualquier acontecimiento: en el mejor de los casos, los elementos positivos y negativos que intervienen en él se equilibran; por lo general, los negativos predominan. Lo que viene a significar que hubiera sido preferible que no hubiese ocurrido”. Sirva esta declaración como simple botón de muestra.

Sin embargo, de manera absolutamente sorprendente, tal vez en un descuido intelectual, el filósofo de origen rumano parece refrendar la inclinación permanente de Sócrates por el aprendizaje: “Mientras preparaban la cicuta, Sócrates estaba aprendiendo una melodía de flauta. ‘Para que te servirá?’, le preguntan. ‘Para saber esta melodía antes de morir’. Si me atrevo a recordar una respuesta trivializada por los manuales, es porque me parece la única justificación seria de cualquier voluntad de conocer, ya se ejerza esta en el mismo umbral de la muerte o en cualquier otro momento”.

Buenas y malas estrategias

 

Últimamente, apenas si hay desfase entre la publicación de una obra de contenido económico en el mercado inglés o en el estadounidense y la aparición de la versión en castellano. No es este, desde luego, el caso de “Good strategy/Bad strategy: the difference and why it matters”, respecto a la que ha habido que esperar nada menos que trece años para encontrar dicha versión, con un título más simplificado: “Buena estrategia/Mala estrategia” (Arpa, 2024).

A lo largo de cerca de 400 páginas, su autor, Richard P. Rumelt, profesor emérito de la UCLA Anderson School of Management, desgrana un variado elenco de situaciones reales tomadas del mundo empresarial, a pequeña y a gran escala, pero también de los ámbitos gubernamental, militar, e incluso bíblico, en las que han tenido gran incidencia las actuaciones estratégicas. Pero, sobre todo, ilustra, fundamentada y pormenorizadamente, lo que es y lo que no es una estrategia, lo que hace que pueda ser buena, y lo que la convierte en mala.

Ya en las primeras páginas, Rumelt, quien imputa la paternidad de la estrategia a Aníbal, advierte de lo siguiente: “A pesar del ruido que hacen quienes quieren equiparar la estrategia con la ambición, el liderazgo, la ‘visión’, la planificación o la lógica económica de la competencia, la estrategia no es nada de eso. El núcleo de la dirección estratégica es siempre el mismo: descubrir los factores críticos de una situación y diseñar una forma de coordinar y enfocar acciones que permitan hacer frente a esos factores”.

Es la anterior la tesis principal sobre la que se articula su argumentación. Rememorando algunas acciones simples (apreciadas así ex post) que permitieron a sus artífices (David, Aníbal, Nelson, o Schwarzkopf, entre otros) superar a fuerzas superiores en célebres contiendas, sostiene que una buena estrategia es casi siempre bastante simple y obvia, “y no hace falta ninguna presentación de PowerPoint para explicarla”.

En su opinión, son cada vez más los dirigentes empresariales que afirman tener una estrategia, pero en realidad no la tienen. Lo que tienen, en su caso, es una mala estrategia, que “suele pasar por alto los detalles molestos, es decir, los problemas… Como el capitán de un equipo de fútbol cuyo único consejo a sus compañeros es ‘vamos a ganar’, la mala estrategia encubre la incapacidad de guiar adoptando el lenguaje de los objetivos generales, la ambición, la visión y los valores”. Se crea confusión al equiparar estrategia con éxito o ambición. Particularmente crítico es con la imposición de la idea de que los equipos de liderazgo deben compartir creencias y valores comunes, como si fuera –“dentro de la jerga educativa políticamente correcta”- el camino adecuado hacia el “cambio transformador”.

Según Rumelt, una buena estrategia posee una estructura lógica esencial a la que denomina núcleo, integrado por tres elementos: un diagnóstico, una política rectora y una acción coherente. Como primera ventaja natural de aquella apunta el (supuesto) hecho de que la mayoría de las organizaciones no tienen ninguna. Para ser buena, ha de ser coherente, y coordinar acciones, políticas y recursos para alcanzar un fin importante.

Finalmente, recuerda que también “requiere líderes que estén dispuestos y sean capaces de decir no a una amplia variedad de acciones e intereses. La estrategia incluye tanto lo que una organización no hace como lo que hace”. Y nos da algunas pistas para detectar una mala: palabrería, fracaso a la hora de afrontar el reto, confusión de las metas con la estrategia, y selección de malos objetivos. Sin olvidar que “el sello distintivo de la mediocridad y de una mala estrategia es la complejidad innecesaria, una ostentación que enmascara la ausencia de sustancia”.

El libro la tiene, y en grandes proporciones. Después de leerlo, cualquier responsable de una organización (David) podrá plantear una relación más equilibrada y provechosa con los consultores en planificación estratégica (Goliat), que tendrán más complicado limitarse a un enfoque basado en la mera confección de plantillas.

(Artículo publicado en el diario “Sur”)

La relevancia de los 'checks and balances'

 

Me recomienda EHC la lectura de un reciente artículo de Luis Meana publicado en el diario Expansión el pasado 11 de abril. En él, basándose en Tocqueville, hace un análisis de la “democracia despótica”, otra variante que adjetiva una palabra que ha salido malherida de otras prácticas similares de infausto recuerdo. Mientras que con otros epítetos cabría, a priori, esperar un resultado positivo, con éste ni siquiera se generan dudas iniciales. Vuelve a sorprender el texto de este escritor, salpicado de potentes citas filosóficas.

El nuevo despotismo -afirma- “ya no es ‘tiránico’: no arrebata radicalmente derechos, ni reprime violentamente a los ciudadanos, les ofrece una servidumbre ‘amable’. De esa forma, pasan de no aguantar nada a tolerarlo todo”. Describe luego una serie de rasgos de ese régimen, y recuerda los instrumentos que Tocqueville planteaba para frenarlo: la libertad de prensa y los tribunales. Parece evidente que una democracia, para subsistir sin necesitar adjetivos matizadores bienintencionados, necesita contar con un eficaz sistema de ckecks and balances, que estén incorporados en el diseño institucional, pero también otros presentes en el propio entramado social.

Finternet: llega el futuro del sistema financiero

 

Las transformaciones operadas en el sistema financiero en el curso de los últimos años son impresionantes. A pesar de ello, la transformación digital aún no ha desplegado completamente su potencial, ni se ha extendido a todos los confines del complejo universo (¿o multiverso?) financiero.

Un nuevo vocablo, ilustrativo del panorama futuro, ha irrumpido en la escena. “Finternet” es el concepto que A. Carstens y N. Nilekani proponen como representativo de su visión del sistema financiero del futuro[1]: “ecosistemas financieros múltiples interconectados entre sí, de forma muy parecida a internet, diseñados para empoderar a individuos y empresas colocándolos en el centro de sus vidas financieras… los individuos y las empresas podrían transferir cualquier activo financiero que quisieran, en cualquier cantidad, en cualquier momento, usando cualquier dispositivo, a cualquier destinatario, en cualquier parte del mundo. Las transacciones financieras serían baratas, seguras y casi instantáneas”.

Un auténtico paraíso reticular que promete liberar a la humanidad del yugo de los costes de transacción de las operaciones financieras. El “empoderamiento” de los usuarios aparece como aspecto clave, aunque el empoderamiento para operar es bastante distinto del empoderamiento para poder operar, que requiere poder disponer de activos o de capacidad de endeudamiento. La ampliación de la distancia entre una y otra modalidad de empoderamiento puede dar pie a un incremento de la sensación de frustración en quienes carezcan de ese poder y de esa capacidad básicos.

Ese empoderamiento omnímodo genera también un cierto escalofrío y no poca inquietud en quienes crecieron en el mundo mucho más simple y menos sofisticado de las finanzas tangibles del mundo físico, y que temen vivir una experiencia parecida a la de Ícaro.

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[1] “Finternet: the financial system for the future”, BIS Working Papers, Nº 1178, abril 2024.

El fin del pensamiento mágico sobre la deuda pública

 

La pretendida proposición Reinhart-Rogoff acerca del nivel asumible de deuda pública causó en su día un auténtico revuelo en el mundo académico[1]. Pese a la reputación de la que venían precedidos, ambos economistas se vieron sometidos a críticas exacerbadas. Afortunadamente, lograron reponerse de aquel duro trance y han venido realizando desde entonces valiosas aportaciones al análisis económico.

Desde no hace mucho, como aquí mismo se ponía de manifiesto[2], se está produciendo, si no un cambio de paradigma, sí un cierto giro, no generalizado, respecto a la percepción de la significación y el alcance de la carga de la deuda pública. Kenneth Rogoff evoca dicha transición[3]: “Durante más de una década, numerosos economistas -principalmente, pero no exclusivamente, de izquierda- han argüido que los beneficios potenciales de utilizar la deuda para financiar el gasto público superaban con creces cualesquiera costes asociados. La noción de que las economías avanzadas podrían sufrir por un exceso de deuda era ampliamente descartada, y las voces disidentes eran a menudo ridiculizadas”. Ahora, Rogoff, en una especie de desquite intelectual, constata el cambio de perspectivas por parte de destacados economistas. Sin caer en ningún tipo de alarmismo infundado respecto al endeudamiento, sí dictamina el fin del pensamiento mágico acerca de la deuda pública.

Concluye que “la deuda pública puede ser un valioso instrumento para abordar una gran variedad de desafíos económicos. Pero no es -y nunca lo ha sido- un almuerzo gratuito”. Y no deja de hacer referencia al celebrado libro de Adam Tooze sobre la crisis financiera global de 2008-2009, en el que se utiliza 102 veces la palabra “austeridad”, etiqueta repetidamente utilizada para descalificar rápidamente cualquier sugerencia de prudencia fiscal.

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[1] Vid. “Deuda pública y crecimiento económico: una relación llena de duda”, eXtoikos, nº 11, 2013.

[2] Tiempo Vivo : El redescubrimiento de la carga de la deuda pública (neotiempovivo.blogspot.com)

[3] “The end of magical debt thinking”, Project Syndicate, 29-4-2024.

La inmortalidad según Paul Auster

 

“Baumgartner no dice nada. Quiere hablar, tiene que decirle un montón de cosas y hacerle muchas preguntas, pero por lo visto ha perdido la facultad de abrir la boca y emitir palabras… No puede estar segura de nada, dice ella, pero sospecha que es él quien está sosteniéndola en esa incomprensible vida de ultratumba, ese paradójico estado de inexistencia consciente que deberá llegar a su fin en cualquier momento, lo presiente, pero mientras él siga vivo y sea capaz de pensar en ella, esos pensamientos continuarán despertando y volviendo a despertar su propia conciencia… No tiene ni idea de cómo ocurre eso, ni tampoco entiende esa capacidad de hablarle ahora, pero sí sabe que los vivos y los muertos están conectados, y el hecho de que estuvieran tan unidos en vida puede continuar incluso en la muerte, porque si uno muere antes que el otro, el vivo puede mantener al muerto en una especie de limbo temporal entre la vida y la no vida, pero cuando el vivo muere a su vez todo acaba y la conciencia del muerto se extinguirá para siempre”.

Despierta de su sueño Baumgartner; de pronto, se da cuenta de que ya no podrá volver a soñar, pero siente que su conciencia no se ha adormecido del todo, alentada por un plantel de personajes inmortales que lo reclaman, y una legión de lectores que no pueden esconder sus lágrimas.