Desde
hace algún tiempo, viene planteándose en Estados Unidos una propuesta para
gravar a los multimillonarios en función de su renta, incluyendo tanto las plusvalías
realizadas como las no realizadas[1].
La propuesta ha sido incorporada en el paquete de próximas medidas fiscales del
actual presidente, J. Biden. No obstante, el carácter novedoso de la propuesta,
en el sentido de pretender gravar rentas no materializadas, es objeto de
controversia.
En
particular, se estaba a la espera del pronunciamiento del Tribunal Supremo estadounidense
sobre un caso en el que los contribuyentes reclamantes cuestionaban un supuesto
con connotaciones similares. Con anterioridad a la Tax Cuts and Jobs Act de
2017, los contribuyentes podían diferir el pago de impuestos sobre las ganancias
de participaciones en empresas extranjeras hasta que los ingresos fuesen
repatriados. Tras la entrada en vigor de dicha ley, se aplicó un impuesto sobre
tales ganancias incluso aunque los beneficios no se hubiesen materializado. El
matrimonio Moore presentó un recurso, alegando que su dinero aún estaba en el
extranjero, dentro de una compañía india (KisanKraft) que no controlaban y que,
por tanto, la ganancia no se había realizado. Existía una gran expectación sobre
la sentencia del caso Moore, ya que podría despejar o bloquear el camino para
el billionaire income tax.
Con
fecha 20 de junio de 2024, la Corte Suprema emitió la esperada sentencia. La
opinión mayoritaria, que ha determinado el sentido de la resolución, estima que
hubo una renta que había sido realizada por la compañía KisanKfraft, y
considera que, aunque la renta no fue distribuida a los accionistas, el Congreso
tenía autoridad para gravar a los accionistas de dicha entidad por la renta no
distribuida.
Ahora
bien, un aspecto crucial a tener en cuenta es que esa interpretación de la
autoridad judicial se circunscribe al caso de las entidades tratadas como “pass-throughs”,
esto es, entidades que no están sujetas al impuesto sobre sociedades (IS), y
cuyos beneficios, distribuidos o no, se imputan a los accionistas, que tributan
por ellos en el IRPF (método de atribución de rentas, uno de los métodos de
integración entre el IS y el IRPF). En Estados Unidos, las compañías
extranjeras controladas por estadounidenses son consideradas como “pass-throughs”.
Así se recuerda en la sentencia del Tribunal[2]:
“For tax purposes, Congress has long treated some corporations and partnerships
as pass-throughs: Congress does not tax the entity on its income, but instead
attributes the undistributed income of the entity to the shareholders or
partners and then taxes the shareholders or partners on that income. This Court
has long upheld those taxes”.
Es
importante destacar que los jueces han concluido que la renta había sido realizada,
lo que avala su gravamen, pero, precisamente por ello, el veredicto no cabe
extenderlo al gravamen de las ganancias no realizadas[3].
Las dudas persisten, pues, respecto a la viabilidad jurídica del impuesto sobre
los multimillonarios. La clave sigue estando en la interpretación de la 16ª
Enmienda constitucional. J. Thomas, uno de los jueces discrepantes de la
sentencia, que considera que los Moore tenían razón, incide en que “Sixteenth
Amendment ‘incomes’ include only income realized by the taxpayer. The text and
history of the Amendment make clear that it requires a distinction between ‘income’
and the ‘source’ from which that income is ‘derived’. And, the only way to draw
such a distinction is with a realization requirement”.
Así
pues, no ha podido despejarse aún la duda de si el concepto de renta
Haig-Simons tendrá o no allanado el camino para su aplicación en el sistema tributario
estadounidense. De todos modos, el seguimiento del caso Moore aporta un
aliciente más para perseverar en el estudio de una apasionante disciplina que
no admite ser constreñida dentro de los límites de ningún código tributario,
por muy extenso y engorroso que sea.
[1]
Tiempo
Vivo : La propuesta fiscal de Wyden (BIT): “widening the income tax”
(neotiempovivo.blogspot.com)
[3]
Vid. A. Cole, “Supreme Court rules against Moores 7-2, leaves most questions undecided”,
Tax Foundation, 20-6-2024.
