La Unión Europea (UE) tiene
un presupuesto anual, para pagos, del orden de 166.000 millones de euros, que
se ha visto en 2023, por tercer año consecutivo, reforzado por los fondos de
los instrumentos puestos en marcha para hacer frente a las consecuencias
económicas de la pandemia de la Covid-19. El montante del presupuesro equivale
a algo más de un 1% de la renta nacional bruta agregada del conjunto de países
de la UE.
El presupuesto de la UE se
rige por unas reglas muy estrictas. No puede incurrirse en déficit
presupuestario, por lo que la financiación del gasto a través del endeudamiento
no está permitida. No obstante, con objeto de cubrir las transferencias y los
préstamos otorgados a diferentes países dentro del Instrumento de Recuperación
Next Generation EU (NGEU), la Comisión Europea fue autorizada, de forma
excepcional y temporal, a endeudarse en los mercados de capitales hasta la suma
de 750.000 millones de euros (a precios de 2018).
El presupuesto se financia
de la siguiente manera: a) los recursos propios tradicionales (esencialmente,
los derechos de aduana) aportan un 13%; b) el recurso propio basado en el IVA,
un 12%; c) el vinculado a los envases de plástico no reciclados, un 4%; d) el
recurso propio basado en la renta nacional (que actúa como válvula de ajuste),
un 64%; e) otros ingresos, un 7%.
Desde 2018, la UE ha venido
trabajando en propuestas para modernizar el sistema de ingresos para el
presupuesto de la UE. En 2021 se introdujo el referido recurso ligado a los
envases de plástico. Y, en diciembre de ese año, la Comisión planteó un paquete
de tres nuevas fuentes de ingreso, conocido como la “primera cesta” de nuevos
recursos propios: el mecanismo de ajuste en frontera en función del contenido
en carbono de las importaciones; el sistema de comercialización de derechos de
emisión revisado, y un recurso basado en los beneficios reasignados de las
compañías multinacionales muy grandes. También se anunciaba una “segunda cesta”
de nuevos recursos propios.
Sin embargo, ahora, la
Comisión Europea pretende rescatar una propuesta lanzada en 2020 en el sentido
de establecer una contribución de las empresas multinacionales dentro de un
marco de tributación común (BEFIT). A la espera de su concreción, propone, con
carácter temporal, un nuevo recurso propio basado en una estimación estadística
por países de los beneficios empresariales. Así, cada país habría de contribuir
con un 0,5% del total de beneficios empresariales estimados en las cuentas
nacionales. La Comisión resalta que este recurso no sería un impuesto sobre las
empresas, ni originaría para éstas costes de cumplimiento. La previsión es obtener
una cifra global anual de 16.000 millones de euros (a precios de 2018) a partir
de 2024. La apelación a este nuevo ingreso se efectúa con objeto de afrontar
compromisos ya adquiridos, correspondientes a la deuda emitida.
Bastante más allá va el
Parlamento, que, mediante resolución adoptada en mayo de 2023 (“un nuevo
comienzo para las finanzas de la UE, un nuevo comienzo para Europa”), despliega
considerablemente el abanico de las alternativas fiscales, en la mayoría de los
casos con una orientación conductual, ya que, al margen de la obtención de
recursos, pretenden modular determinados comportamientos económicos y sociales,
dentro y fuera de la UE.
En el repertorio propuesto
se rescatan figuras ya consideradas y se incluyen otras nuevas: a) impuesto
sobre sociedades con una base imponible a escala europea para cada sujeto
pasivo (BEFIT), y distribución del impuesto entre países según reglas
especificadas; b) mecanismo de ajuste en frontera a fin de graduar la carga
impositiva sobre las importaciones en función del nivel de los salarios
respecto a una retribución mínima de referencia; c) impuesto sobre
transacciones financieras; d) impuesto sobre criptoactivos; e) impuesto sobre
servicios digitales; f) recurso propio de la UE basado en los datos
estadísticos de brecha salarial de género; g) nuevos recursos vinculados a la
economía circular; h) ajuste de las contribuciones nacionales según el
reciclaje de recursos biológicos, y la cantidad de residuos alimentarios
generados.
El planteamiento se completa
con la propuesta de integrar en el presupuesto de la UE una serie de ingresos
de origen regulatorio o sancionador. El Parlamento declara que “las finanzas de
la UE atraviesan un período crítico en el que una falta de reforma tendría
efectos perjudiciales sobre el futuro de la Unión Europea, sus políticas,
objetivos y la confianza de los ciudadanos e inversores en la Unión”.
Dado que la UE no tiene
facultades para establecer impuestos, se propugna esencialmente la vía de las
contribuciones nacionales basadas en estimaciones estadísticas, pero, en última
instancia, todos los caminos conducen a impuestos que han de pagar los
ciudadanos.
(Artículo publicado en el
diario “Sur”)
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