Desde
hace algún tiempo, vienen lanzándose globos sonda a fin de calibrar la
receptividad de la población a abonar tasas por el uso de las autovías. Según informaciones
recogidas recientemente por los medios de comunicación, la propuesta está ya
bastante madura para llevarla a efecto. Así, en el proyecto –no público- del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido por el Gobierno de la nación
a la Comisión Europea se recoge expresamente esa medida: “Es preciso
desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que
permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades
negativas del transporte por carretera” [1].
Como
tantas otras veces, nos encontramos con una situación en la que se plantea
alcanzar más de un objetivo, presuntamente, con un solo instrumento, que, por
lo demás, vendría a sumarse a otros con propósitos compartidos en distintos
grado (impuesto sobre la matriculación de vehículos, impuesto sobre la
circulación de vehículos, impuestos sobre carburantes)[2]. Dejando
al margen estas consideraciones, la aparición de una carga pública vinculada al
uso de un servicio público con la finalidad, entre otros aspectos, de mejorar
la oferta de dicho servicio es una buena oportunidad para evaluar la
disposición de los ciudadanos a efectuar contribuciones públicas.
A
este respecto, es bastante frecuente escuchar que, aunque pueda existir alguna
reticencia de determinados colectivos a hacer frente a sus obligaciones
tributarias, en realidad existe una buena predisposición a aceptar subidas
impositivas siempre que ello permita ampliar la oferta y/o la calidad de los
servicios públicos.
Los
estudios que periódicamente publica el Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS) sobre “La opinión pública y la política fiscal” nos aportan información relevante.
Así, en el estudio de julio de 2020 (nº 3290) se recoge la siguiente pregunta:
“Algunas personas piensan que deberían mejorarse los servicios públicos y las
prestaciones sociales, aunque haya que pagar más impuestos, (en una escala de 0
a 10, estas personas se situarían en la posición 0). Otras piensan que es más
importante pagar menos impuestos, aunque eso signifique reducir los servicios
públicos y prestaciones sociales, (se situarían en la posición 10 de la
escala). Y hay otras que se sitúan en posiciones intermedias. ¿En qué lugar se
situaría Ud.?”
Según
el referido estudio, más de la mitad de las personas (52,2%) indican una
puntuación igual o inferior a 5, lo que es indicativo de una considerable
disposición a incurrir en mayores pagos a cambio de mejores servicios y prestaciones
(sin entrar en mayores precisiones). Incluso hay un 21% de personas que se
muestran partidarias de tales medidas de manera contundente (están en la posición
0).
Ahora
bien, una cosa es declarar la actitud ante una subida de impuestos generales,
concebida de manera indefinida, y otra, plantear el pago de cargas
individualizadas (tasas y precios públicos, esencialmente) por el acceso a los
servicios públicos (o al disfrute de prestaciones sociales). Existe una
diferencia radical entre avalar un aumento de una carga tributaria desconectada
del acceso a un servicio público, y de impacto generalizado entre los contribuyentes,
y hacer lo propio respecto a un pago vinculado a dicho acceso y soportado
directamente por el usuario.
Curiosamente,
sin demasiado tiempo de desfase, diversos colectivos se han manifestado contra la iniciativa de la aplicación de peajes en las autovías[3].
[1]
Vid. I. Lillo, “El Gobierno retoma el proyecto de cobrar para circular por las
autovías”, Sur, 21 de abril de 2021.
[2]
En las entradas de este blog “¿Un impuesto especial sobre las bicicletas?”
(17-10-2017), y “Tráfico, congestión, contaminación y presupuesto: el
experimento de Oregón” (17-12-2017) se abordan algunas cuestiones relacionadas.
[3] Vid. I. Lillo y H. Barbota, “Conductores, transportistas y la Junta rechazan el proyecto de cobrar para circular por las autovías”, Sur, 22 de abril de 2021.
