La
pandemia del coronavirus no para de segar vidas humanas, además de acarrear
extraordinarias consecuencias personales, sociales y económicas, ahora, y otras
que se proyectarán en el futuro. La aplicación de una vacuna se erige como
elemento imprescindible para la que la economía y la sociedad puedan aspirar a
recuperar su tono e instalarse en una senda de normalidad sin adjetivos. Dicha
aplicación se presta a un análisis desde una perspectiva económica en el que se
suscitan diversas cuestiones de gran relevancia, como las que, como simple
ejercicio de reflexión inicial, se relacionan a continuación:
i.
La
Covid-19, como enfermedad con tan alta tasa de transmisibilidad y un elevado
índice de severidad potencial, representa un mal colectivo o social en toda
regla. Su incidencia se va extendiendo a millones de personas en todo el mundo
sin que, en condiciones normales, se le pueda poner freno. Sólo el fin de la
vida en sociedad, o, lo que es lo mismo, el fin de la vida misma, o el
suministro extensivo a toda la población de una vacuna eficaz pueden erradicar
ese carácter de mal colectivo puro, incontenible.
ii.
La
vacuna se convierte así en un bien colectivo, ya que permitiría contener la
propagación de la enfermedad, beneficiando a la colectividad
(neotiempovivo.blogspot.com, 17-5-2020). La utilización de la expresión “bien
público” para aludir a este tipo de situaciones es una fuente de confusiones y
de conclusiones falaces. Lo verdaderamente “público” hace referencia a algo que
afecta simultáneamente a muchas personas, sin que, de entrada, tenga nada que
ver con la distinción entre el sector público y el privado.
iii.
En
una situación en la que estemos ante un bien colectivo puro, del que se
beneficiará cualquier persona, aunque no esté dispuesta a pagar por él, la
teoría económica establece que el Estado debe encargarse de garantizar su
suministro utilizando una forma de financiación coercitiva, la de los
impuestos.
iv.
En
el caso que nos ocupa, la disposición a pagar es distinta, pero eso no quita
para que el Estado se encargue de garantizar el suministro generalizado de la
vacuna a toda la población. Ahora bien, esto no significa que esa actuación
deba basarse necesariamente en medios públicos. Tan pública en sentido
económico es una actuación de ese tenor como otra en la que, bajo la
coordinación del Estado, se utilicen medios privados, algo que ya se da en la
propia producción. Y es más, ante un panorama de emergencia sanitaria, lo
absurdo es no emplear todos los recursos disponibles, garantizando en todo
momento la planificación, la priorización de colectivos y el acceso equitativo
a la prestación.
v.
Todo
el mundo tiene derecho a disponer de la mayor información relativa a los
tratamientos médicos que vaya a recibir, pero debe tener presente que la
decisión de aceptarlos o de rechazarlos no le concierne exclusivamente, sino
que afecta al resto de la población. De ahí que pueda justificarse un régimen
de vacunación obligatoria o, en su defecto, la adopción de medidas preventivas
alternativas.
vi.
La
implementación de un programa preventivo ante una enfermedad tan acuciante
requiere, idealmente, cumplir con toda una serie de principios básicos, como
los de perentoriedad, igualdad, eficacia, eficiencia, o economía, pero, en la
práctica, a veces resulta inevitable afrontar determinados conflictos de
objetivos. A este respecto, surge la duda de si debería aplicarse una especie de
“principio de mejora paretiana sanitaria”: por ejemplo, ¿deberían permitirse
iniciativas que beneficiaran a personas de algunos colectivos, como los
trabajadores de los servicios esenciales, siempre que ello no fuera en
detrimento de nadie?
vii.
Y
una última reflexión. La existencia de administraciones territoriales encuentra
una justificación económica para el suministro de bienes y servicios colectivos
de carácter territorial. ¿Tiene sentido recurrir a ellas como instrumento
esencial cuando está en juego un problema de alcance nacional y supranacional?
Las lecciones de Economía
que se desprenden de la pandemia del coronavirus pueden esperar a que los
estudiantes regresen presencialmente a las aulas, pero lo que no admite espera
es aprovechar todas las opciones y optimizar todos los recursos disponibles
para hacerle frente.
(Artículo publicado en el
diario “Sur”)
