Vivimos una época en la que están en ascenso viejos paradigmas envueltos en nuevos ropajes que respaldan el recurso ilimitado a la creación de dinero y a la emisión de deuda por el sector público. Aunque, a la vista de las calamidades que algunos experimentos monetarios han acarreado a lo largo de la historia, hay quienes muestran sus reticencias, lo cierto es que las políticas del “dinero libre” van ganando posiciones. Especialmente en una etapa de tipos de interés ultrarreducidos o incluso negativos, y ante una disrupción económica como la provocada por la pandemia del coronavirus.
Ante niveles de deuda que superan ya, o lo harán en un breve plazo, la cota del 100% del PIB en numerosos países, hay economistas que, distanciados de los métodos basados en el repudio de la deuda, consideran que ésta debe ser pagada, objetivo que se complica ante la debilidad del crecimiento económico y la ausencia de inflación. Uno, en fin, podía esperar objeciones al desenfreno de la deuda de economistas de corte ortodoxo, y llamadas de atención sobre el empleo del dinero por parte de quienes creen que, para evitar que la deuda sea una carga para las generaciones venideras, aquél debe dedicarse a actuaciones productivas que generen beneficios futuros para la sociedad.
Más sorprendente ha resultado el llamamiento en tal sentido efectuado por el “hombre que salvó al euro”, y quien asimismo ayudó a contener los bríos de la prima de riesgo de la deuda soberana de España, tras pronunciar el mítico “whatever it takes”; hacer lo que haga falta para combatir una crisis mayúscula. El activo del Banco Central Europeo (BCE) da fe de que así se hizo, de que se aplicó una política monetaria extraordinariamente expansiva.
Hacia finales de marzo de este año, Mario Draghi escribía que “la pandemia del coronavirus es una tragedia humana de proporciones potencialmente bíblicas”. A la vista del balance acumulado, en términos de las pérdidas de vidas humanas y de los destrozos económicos causados, aparte de la quiebra del modelo de sociedad hasta ahora vigente, nos vemos ante la tentación, casi inevitable, de suprimir la matización adverbial.
El expresidente del BCE tenía claro que, a fin de evitar que la recesión económica desencadenada se convirtiese en una profunda depresión, la respuesta a la situación debía implicar un aumento significativo de la deuda pública. Según Draghi, entra dentro del papel del Estado desplegar su arsenal para proteger a los ciudadanos y a la economía frente a perturbaciones de las que el sector privado no es responsable y que, además, no puede absorber. Ineludiblemente han de elevarse los niveles de deuda pública, ya que “la alternativa -una destrucción permanente de la capacidad productiva y, en consecuencia, de la base fiscal- sería mucho más dañina para la economía y, eventualmente, para el crédito del sector público”.
Sin embargo, en una conferencia pronunciada a mediados de agosto de este año, incidía en una crucial distinción entre la deuda “buena” y la deuda “mala”: “Este aumento en la deuda será sostenible -esto es, continuará siendo financiado en el futuro por las instituciones europeas, por los ahorradores, por los mercados- sólo si es utilizada con fines productivos: inversión en capital humano, en infraestructuras cruciales para la producción, en investigación. En tal caso, será vista como deuda ‘buena’. Sin embargo, si la deuda se utiliza para fines improductivos, será vista como deuda ‘mala’ y su sostenibilidad se verá erosionada”.
Firme partidario del mantenimiento de los valores en los que se ha cimentado la construcción del proyecto europeo (multilateralismo, solidaridad e imperio de la ley), considera que los gobiernos europeos deben asumir como “imperativo moral” la inversión en educar a los jóvenes, que tendrán que hacer frente a la mayor deuda ahora contraída: “Es pues nuestro deber equiparlos con los medios para atender el servicio de dicha deuda, y hacerlo viviendo al mismo tiempo en sociedades mejoradas”. Una advertencia en toda regla que, con toda lógica, propugna la utilización de los recursos públicos buscando el mayor impacto en el beneficio colectivo, teniendo en cuenta la perspectiva intergeneracional.
(Artículo publicado en el diario “Sur”)
