El dinero de los contribuyentes. Expresión solemne donde las haya. Solo su mención infunde respeto y activa los mecanismos de atención y escrutinio. Solemos utilizarla con presteza y tendemos a atribuirnos una participación más o menos amplia en ese patrimonio colectivo. Estamos convencidos de que dicha participación es bastante elástica, de que da bastante de sí, lo que supuestamente nos habilita para esgrimir una extensa carta de derechos individuales.
Sin embargo, en no pocas ocasiones, más allá de las licencias del lenguaje figurado, somos presa de algún que otro desliz conceptual, que, una vez advertido, amenaza con desmontar nuestra confortable construcción mental. Realmente, ¿de quién es el dinero de los contribuyentes?, ¿quién el propietario?
Si nos detenemos a pensar, no existe tal dinero de los contribuyentes. Si éstos fueran los titulares acreditados, podrían, con todo fundamento, decidir libremente acerca de su uso y destino. Pero esta potestad está excluida radicalmente en un Estado fiscal. El pago de un impuesto excede de la voluntad individual. Una vez realizado el hecho imponible de un impuesto, esto es, una vez que se incurre en alguno de los supuestos establecidos por la legislación como desencadenante de la obligación tributaria, el contribuyente carece ya de capacidad de maniobra. Queda sujeto a la obligación contributiva sin ningún tipo de condicionante. La libertad de elección llega hasta el momento de decidir, siempre que sea factible, llevar a cabo o no alguna actividad u operación sujeta a la obligación tributaria.
No existe, pues, ningún dinero de los contribuyentes, cuando se ha devengado el impuesto. Es ya entonces un dinero que corresponde a su único titular, el Estado. Todo impuesto se basa en una obligación absolutamente unilateral e incondicionada. El acto de pagar un impuesto no nos habilita per se ningún derecho y aún menos una capacidad de decisión acerca del empleo de los recursos transferidos. Nos encontramos así ante un dinero proveniente de los contribuyentes, pero no ante un dinero de los contribuyentes.
En un Estado de derecho, los ciudadanos -no sólo los contribuyentes- tienen la capacidad de elegir a sus representantes y, mediante los procesos electorales, configurar la política impositiva y la política de gasto público.
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