La misión esencial del Banco
Central Europeo (BCE) es garantizar la estabilidad de precios en la Eurozona. Desde
un inicio, ese objetivo se expresó en términos cuantitativos como una variación
interanual del Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA) en el área del
euro por debajo del 2%. Posteriormente, desde 2003 la guía ha sido “mantener
las tasas de inflación por debajo, pero cercanas, del 2%, en el medio plazo”.
Sin embargo, en los últimos cinco
años, pese a la amplia batería de medidas de expansión monetaria, la tasa de
inflación ha promediado sólo el 1%. En la nueva etapa abierta tras la
finalización del mandato de Mario Draghi como presidente, el BCE se está
planteando revisar sus políticas o bien su objetivo de inflación. En este marco,
la primera cuestión que se suscita es si los indicadores oficiales reflejan
adecuadamente la evolución de los precios de los bienes y servicios de consumo.
A este respecto hay que partir de
una constatación bastante notoria: es cierto que el IPCA refleja unas tasas muy
modestas de variación de los precios relativos al consumo, pero no es ésa la
situación percibida por los ciudadanos, que consideran que las tasas reales son
mucho más elevadas. Así, un estudio del propio BCE ha puesto de manifiesto la
gran divergencia entre las percepciones sociales de la inflación y la medición
oficial de ésta[i].
Concretamente, para el período
comprendido entre enero de 2004 y julio de 2015, las primeras cifraban la
inflación en una tasa anual promedio del 9,5%, frente al 1,8% derivado del
IPCA. Una diferencia nada menos que de 7,7 puntos porcentuales. Dicho de otra
forma, el público estimaba una tasa de inflación equivalente a 5,3 veces la
oficial. A mayor abundamiento, si nos regimos por la cifra del IPCA, una cesta
de la compra que valía 100 euros a inicios del año 2004 valdría 124 euros a
finales de 2015; en cambio, según las percepciones sociales, su precio en este
último año alcanzaría los 307 euros.
La brecha señalada es
especialmente significativa en algunos países, entre ellos España, con datos
del 14,2% y 2,2%, respectivamente. La diferencia es, pues, mayúscula: la
estimación oficial llevaría a un precio de 130 euros en 2015 para los 100 euros
de comienzos de 2004, frente a 492 según la noción del público.
¿Qué datos considera que son más
fiables? ¿Tienen sentido semejantes diferencias? ¿Qué factores pueden estar
detrás de las mismas? ¿Puede tener algún protagonismo la psicología económica?
¿Pueden existir problemas de falta de representatividad del IPCA? ¿Puede
adolecer éste de alguna deficiencia en su cómputo y/o en su medición?
Son, sin duda, muchas las
cuestiones de interés que se suscitan en torno a una cuestión tan importante
como lo es la cuantificación de la evolución de los precios al consumo. En este
contexto es llamativo que el IPCA no recoja la evolución del coste de
adquisición y mantenimiento de la vivienda propia, a pesar de ser una rúbrica
de gasto tan significativa. Se trata de un punto actualmente en estudio por el
BCE, que podría recomendar adoptar las pautas seguidas en otros países como
Estados Unidos, Japón y Suiza. Actualmente, la inclusión de dichos costes
implicaría aumentar el índice de precios en 0,2 o 0,3 puntos porcentuales, si
bien en otros momentos podría incidir en sentido contrario [ii].
(Artículo publicado en EdufiBlog,
con fecha 7 de febrero de 2020)
