Sobran coches y escasean las plazas de aparcamiento en las ciudades. ¿Qué política municipal debería seguirse: ampliar la oferta de tales plazas o, por el contrario, restringirlas y encarecerlas?
Según cuentan, algunos académicos estadounidenses galardonados con el Premio Nobel confesaban que, en el fondo, el otorgamiento de una plaza de aparcamiento en su universidad era la prebenda más apreciada ligada a tan alta distinción. En horas punta, un lugar para estacionar el vehículo se convierte en un tesoro sumamente apreciado; su ausencia transforma un eficaz y controlable medio de locomoción -en el supuesto de que no haya congestión de tráfico- en un auténtico estorbo.
En un número del pasado de abril, la revista The Economist dedica un interesante, y a veces un tanto complejo, análisis a la política de aparcamientos, bajo un título de por sí bastante expresivo: “Aparkalypse now”, reflejo de la posición beligerante que sostiene contra las políticas de fomento del parking. Frente a la apariencia de la inocuidad, la multiplicación de los espacios dedicados a aparcamientos, especialmente si no se gestionan adecuadamente, puede acarrear una serie de consecuencias negativas, entre ellas la contaminación del aire.
De entrada, el informe se hace eco de estudios que ponen de relieve que una gran parte del tráfico en la ciudad proviene de conductores a la búsqueda de un estacionamiento. Este componente llega, en la ciudad alemana de Friburgo, a la sorprendente cifra del 74% de los vehículos.
El autor o los autores del análisis, en la línea del anonimato que caracteriza a la influyente publicación británica, cuestionan la política de requerimiento de un número mínimo de plazas de garaje por edificio construido. A tal efecto se argumenta que ni a las compañías suministradoras de agua o de electricidad se les obliga a ofertar todo el agua o toda la energía que se demandaría si fueran gratuitas.
La dotación de plazas de aparcamiento conlleva importantes costes que acaban afectando a usuarios y no usuarios de vehículos, e implica un desaprovechamiento de recursos que podrían destinarse a otros usos más productivos. Por ello abogan por detener el incremento de la oferta de plazas, así como poner fin a su reserva en favor de propietarios residentes. En su lugar, propugnan el cobro de precios de manera generalizada hasta lograr un equilibrio entre la demanda y la oferta disponible. Por otro lado, la existencia de espacios para el aparcamiento de vehículos gratuitos o de bajo coste frena la introducción de nuevos modos de transporte de carácter colaborativo.
No, no se desprende un panorama demasiado halagüeño para el uso individualizado del automóvil según el modelo tradicional, al menos en el ámbito urbano. En definitiva, la tesis adoptada podría resumirse en el sentido de que la oferta de plazas de aparcamiento crea e incrementa su propia demanda. El establecimiento de trabas se concibe como vía para atemperar esta última. El problema es, no obstante, alterar las pautas de comportamiento que responden a políticas del pasado con fuertes restricciones y cuya inercia es difícil de quebrar sin alternativas eficaces.
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