Desde hace algún tiempo, por parte de algunos influyentes personajes de la vida pública española se viene haciendo hincapié en la supuestamente brusca alteración sufrida por la forma de financiación de los gastos públicos en España, singularmente a raíz de la crisis económica vivida desde los años finales de la pasada década. Entre otras consecuencias, especialmente a partir del año 2009 asistimos a un doble proceso: por un lado, un apreciable descenso de la ratio representativa de la presión fiscal; de otro, una expansión imparable del peso de la deuda pública. De esa tendencia cabría inferir, según el razonamiento difundido, que el recurso al endeudamiento público habría tomado el relevo como forma fundamental de financiación del sector público.
Sin pretender negar en absoluto la extraordinaria expansión de la deuda pública y los problemas para hacer frente a la misma, lo cierto es que los indicadores utilizados para medir la presión fiscal y el peso de la deuda pública son de naturaleza diferente. Aunque ambos se suelen expresar como porcentaje del producto interior bruto (PIB), existe una importante diferencia: el indicador de la deuda pública informa del saldo de la deuda viva a una fecha determinada; el de la presión fiscal, de los ingresos fiscales recaudados a lo largo de un año.
Así, si tomamos como referencia un PIB aproximado de 1 billón de euros, un aumento de la ratio de la deuda pública del 80% al 90%, por ejemplo, de finales del año 1 a finales del año 2, implica que por esta vía se han captado 100.000 millones de euros adicionales entre ambas fechas. Si, por otro lado, la presión fiscal pasa del 35% en el año 1 al 30% en el año 2, significa que la recaudación ha pasado de 350.000 millones de euros en el año 1 a 300.000 millones de euros en el año 2. Una bajada, sin duda, muy sustancial, pero eso no impide apreciar claramente que, a pesar de la subida de la ratio de la deuda pública y de la bajada de la presión fiscal, por la vía de los ingresos fiscales se han captado muchos más ingresos que por conducto de la deuda pública.
Así lo ilustramos en una de las cuestiones incluidas en el libro “Panorama económico y financiero: 100 cuestiones para la reflexión y el debate” (Editorial El Toro Celeste, Málaga, 2015). A lo largo del período 2008-2013, la deuda pública registró en España un aumento equivalente a 548,2 miles de millones de euros, una auténtica enormidad, pero (afortunadamente) muy inferior a la cuantía aportada por los ingresos fiscales (impuestos y cotizaciones sociales), que fue de 2.115,7 millones de euros.
Recientemente, vuelven a oírse advertencias acerca del dominio de la deuda pública frente a los ingresos fiscales. Es cierto que entre finales del año 2007 y finales del año 2016 la deuda pública española se ha disparado, con un incremento de 0,75 billones de euros, hasta situarse en 1,14 billones de euros, importe superior al 100% del PIB. Es verdaderamente preocupante el nivel alcanzado por el endeudamiento público, cuya carga sería mucho más difícil de asumir en un escenario de tipos de interés elevados. Es, pues, crucial ver las alternativas para minorar un nivel tan alto, pero eso no debe impedir tomar conciencia de que, en el mismo período, el importe de los ingresos fiscales obtenidos por las Administraciones públicas españolas fue de unos 3,17 billones de euros, unas 2,8 veces el importe del incremento de la deuda.
