La ciudad [más bien, cabría hablar de “(mega)ciudad-estado”,
con independencia del estado homónimo] de Nueva York ha sido y es una fuente
inagotable de lecciones en los más diversos planos. En este comienzo de año se
ha dado difusión a un caso que invita a un análisis multidisciplinar, desde muy
diferentes puntos de vista: económico, sociológico, político, lingüístico,
demográfico, presupuestario, jurídico, interregional, sin que de esta forma se
agote todo el potencial. Resulta de particular interés para la teoría de la elección
pública y para la teoría del federalismo fiscal, que se ocupan, respectivamente,
de la toma de decisiones en el ámbito del sector público, y de la distribución de
funciones entre distintos niveles de gobierno en el marco de un sector público
multijurisdiccional. Se centra, en suma, en una situación de gran importancia
social, “pedagógicamente aprovechable” desde una óptica multidisciplinar.
Según las noticias publicadas, la ciudad de Nueva York “ha
demandado a 17 compañías de autobuses por haber llevado a miles de migrantes a
la ciudad desde la frontera de México, a instancias del gobernador de Texas…
[causando] una crisis de vivienda y presupuestaria”. La demanda aduce que “las
compañías de autobuses habían obtenido millones de dólares en ingresos…
violando una ley de Nueva York que requiere que quienes traigan ‘a una persona
necesitada desde fuera del estado… trasladen a esa persona fuera del estado o la
mantengan a su propia costa’”. Al propio tiempo, el representante del consistorio
neoyorkino declara que la ciudad “continuará aportando su parte en la crisis de
demandantes de asilo”, si bien advierten de que “no [pueden] soportar los
costes en solitario”[1].
[1]
Vid. J. Miller, “New York files $708mn lawsuit over migrants bussed from Texas”,
artículo publicado en el diario Financial Times, 4-1-2024, bajo el rótulo “US immigration”.
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