La Teoría de la Hacienda Pública se ocupa de determinar y
justificar el ámbito y el alcance de la intervención del sector público en la
economía. Cabe extender esta a las vertientes del suministro de bienes y
servicios, la mejora de la distribución de la renta y la riqueza, y la estabilización
de la economía. Sin embargo, con carácter previo, es preciso que se establezca
un marco legal para el desenvolvimiento de la actividad económica y, aun antes,
que se garantice el orden público y la seguridad, sin los cuales difícilmente
podrá existir un sistema económico civilizado. Al repasar las funciones del
gobierno, Adam Smith consideraba que el primer deber del soberano era proteger
a los ciudadanos, lo que sólo podría lograrse a través de una fuerza militar.
En los manuales de Economía, la relevancia de esta función suele
quedar un tanto soslayada. La exposición del conocido dilema “cañones vs.
mantequilla” resulta útil para ilustrar la noción de coste de oportunidad (a lo
que hay que renunciar si se opta por un bien concreto), pero esconde una
falacia, ante la ineludible necesidad de una defensa consistente para una
economía sólida. Por otro lado, la defensa tiende a presentarse como un ejemplo
de bien colectivo puro, respecto al que el mercado falla. Es bien conocida la
condición que debe cumplirse para alcanzar una provisión óptima, que la suma de
los beneficios marginales individuales sea igual al coste marginal de
producción, pero es sumamente complicado -también para el sector público- precisar
ambas referencias.
Como ocurre con otros servicios que son no de mercado, en el
caso de la defensa es muy difícil valorar las prestaciones que se llevan a
cabo. Los problemas se multiplican cuando estamos ante servicios que son de
naturaleza eminentemente preventiva, es decir, que pretenden que no ocurran
eventos negativos. Ante esa situación, el valor de la producción se calcula
como la suma de los costes (sueldos, compras de bienes corrientes y servicios,
y uso del capital fijo), lo que viene a dejar fuera los verdaderos efectos económicos,
sociales y culturales, además de los de carácter intangible, proporcionados por
la función de la defensa nacional.
El análisis de la evolución del gasto militar en el mundo, en
valor absoluto y a precios constantes, permite delimitar varias etapas en las
últimas décadas: i) una significativa disminución a raíz de la caída del Muro
de Berlín; ii) un incremento desde los primeros años del presente siglo; iii) un
estancamiento durante la gran crisis financiera internacional; y iv) una
recuperación posterior. En el año 2022 se alcanzó el máximo histórico, con una
cifra global de 2,2 billones de dólares. Al hilo de la guerra de Ucrania, los
presupuestos militares están aumentando en todo el mundo, y, según
estimaciones, el gasto podría crecer anualmente entre el 9 y el 32 por cien.
Los quince países que más gastan en términos absolutos (con Estados Unidos,
China, Rusia, India y Arabia Saudí en las cinco primeras posiciones) son
responsables del 82% del gasto militar mundial. Ahora bien, la capacidad
militar efectiva depende de otras variables, además del gasto.
Medido respecto al producto interior bruto (PIB), el gasto
militar a escala mundial se ha reducido a la mitad desde 1970, desde algo menos
del 4% hasta el 2%. Son diversos los factores que explican las tendencias
observadas y en curso, aparte del ya señalado (elevados niveles de deuda
pública, requerimientos de gastos por los retos demográficos, desarrollos
tecnológicos, estrategia de China…). En España, el gasto en defensa representa en
torno a un 1% del PIB y algo menos del 2% del gasto público total. Es, así, uno
de los países que se encuentra más alejado del objetivo de la OTAN de que sus miembros
alcancen el 2% del PIB. El desfase actual es de casi 12.000 millones de euros
anuales.
Los estudios que cuantifican el impacto de la defensa sobre el
conjunto de la economía nacional se limitan a la consideración de las
repercusiones del gasto público, sin considerar, por tanto, los efectos
funcionales antes referidos. Aun así, se constatan elevados multiplicadores en
términos de facturación, valor añadido y ocupación, con la creación de 155.000
empleos directos y 118.000 más, entre indirectos e inducidos. Además, se
obtiene una notable recuperación de los gastos realizados, por la vía fiscal, cifrada
en un 42% del total.
Los conflictos bélicos constituyen “eventos inciertos”, por lo
que es primordial tener una adecuada “preparación” para, llegado el caso,
hacerles frente. Según The Economist, más allá de manifestar rechazo ante la
muerte y la destrucción, las sociedades liberales deben reconocer que las
guerras entre países industrializados son una perspectiva demasiado real, y
deben comenzar a prepararse. El papel de la función de defensa va mucho más
allá de cualquier indicador económico, y es esencial para garantizar la paz y
la estabilidad, que son bienes colectivos globales.
(Artículo publicado en el diario “Sur”)
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