El
acceso a la vivienda por parte de los jóvenes es un problema estructural,
especialmente en las grandes ciudades, que se ha agravado en los últimos años.
Diversos estudios ponen de relieve la sobrecarga que puede representar el
alquiler respecto a los ingresos familiares, así como las dificultades para el
acceso a una vivienda en propiedad[1].
Según
un informe del Fondo Monetario Internacional referido a 17 países europeos[2], “un
inquilino típico destinaba alrededor del 25% del ingreso al alquiler en 2018, y
una familia joven, alrededor de una tercera parte. En el caso de un hogar en el
20% más bajo de la distribución del ingreso, la proporción del ingreso
destinada al alquiler era mucho más alta: 40%”.
A
mayor abundamiento, se destaca que “es estremecedor constatar que en casi tres
cuartas partes de los países analizados, la mitad o más de los inquilinos de
bajos ingresos se encontraba sobrecargado en 2018”, tomando como referencia el mencionado
umbral del 40%.
En
el gráfico adjunto puede comprobarse que, entre los países de la muestra,
España es uno de los más afectados por este problema, que se ha visto empeorado por la crisis de la pandemia.
Para
hacer frente a esta situación, diversas son las soluciones propuestas, algunas
de ellas abiertamente contrapuestas. Habrá que reflexionar acerca de cómo los
diseñadores del “Great Reset” plantean abordarlo. A la vista de los indicios,
parece habilitarse la senda para la implementación de las propuestas pikettianas.
Mientras
tanto, los autores del referido estudio propugnan que “la herramienta de
política inmediata más poderosa es incrementar los niveles y la cobertura de la
ayuda portátil para la vivienda que puede utilizarse con flexibilidad en
distintas localidades”. Asimismo defienden la ampliación de la oferta de
vivienda asequible, en particular mediante una mayor inversión pública en
vivienda social de alquiler.
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