Las operaciones de cancelación y de quita de deuda
pública, amparadas a menudo bajo el eufemismo de su reestructuración, cuentan
con una amplia colección de antecedentes históricos. Su posible aplicación en
una situación en la que están implicados Estados nacionales y una autoridad
monetaria común presenta algunas singularidades.
Mediante un manifiesto encabezado por Thomas
Piketty, defensor de un socialismo basado en una tríada impositiva con tipos de
gravamen que llegan al 90%, un centenar de economistas de varios países
europeos defienden la anulación de la deuda pública mantenida por el Banco
Central Europeo (BCE) “para que nuestro destino vuelva a estar en nuestras
manos”. Una premisa fundamental es el reconocimiento de que “casi el 25% de la
deuda pública europea está en manos de su banco central”, de manera que “nos
debemos el 25% de nuestra deuda a nosotros mismos”. No obstante, y pese a las
diferencias ideológicas, la iniciativa había surgido anteriormente en Italia, en
el entorno del partido político de Matteo Salvini.
Ante este panorama, dado que “contamos con la
suerte de tener un acreedor que no teme perder su dinero”, proponen hacer un
contrato entre los Estados europeos y el BCE, en virtud del cual este último se
comprometería a condonar la deuda pública que posee (o a transformarla en deuda
perpetua sin intereses) y los Estados, a invertir las mismas cantidades (unos
2,5 billones de euros) en la reconstrucción ecológica y social.
Consideran que dicha opción no generaría ningún
problema para el BCE, ya que podría “operar con capital propio negativo sin
dificultad” o “crear dinero para compensar estas pérdidas”. Asimismo, dejan
constancia de su interpretación de que la cancelación de la deuda no está
prohibida por los Tratados europeos, y de su insatisfacción por el hecho de
que, a pesar de los tipos de interés extraordinariamente bajos o negativos, se haya
producido una “reducción constante del nivel medio de deuda pública en la Unión
Europea entre 2015… y el inicio de la crisis sanitaria”. Desafortunadamente, la
crisis económica originada por la pandemia ha venido a colmar, de una forma
inapropiada, esa ansia de incremento del endeudamiento público.
Son numerosas las cuestiones que se suscitan
respecto a la referida propuesta:
1ª. Algunas son meramente semánticas, pero de gran
calado. Así, se hace mención de la “deuda pública europea” en manos del BCE,
cuando no se trata estrictamente de deuda europea, sino de cada uno de los
Estados miembros de la Unión Monetaria Europea.
2ª. La operación planteada, según otras
interpretaciones, implicaría una violación de los Tratados europeos por contravenir
la prohibición de la financiación monetaria del déficit público.
3ª. Como único emisor del dinero denominado en
euros, el BCE siempre tendría capacidad de generar liquidez adicional, por lo
que nunca iría a la quiebra. Sin embargo, surge un problema técnico. Los bancos
centrales nacionales compran bonos públicos en nombre del BCE. Si tales bonos
se cancelan, se generarían pérdidas para tales instituciones, que no tienen la
capacidad para imprimir billetes. Así, los respectivos gobiernos podrían tener
que recapitalizarlos. Otras actuaciones llevarían a trasladar la carga de la
deuda hacia el futuro.
4ª. Los gobiernos nacionales recuperan la mayor
parte del interés que pagan por los bonos emitidos que están en posesión del
BCE, a través de los dividendos procedentes de sus bancos centrales nacionales.
Por tanto, no obtendrían un ahorro de costes netos, aunque, evidentemente, no
tendrían que devolver la deuda.
5ª. La independencia, la credibilidad y la
reputación del BCE se verían seriamente afectadas. El economista jefe de
Berenberg ha calificado la propuesta como “la peor idea del año” (2020), ya que
podría tener efectos contraproducentes, causando una subida de los costes del
endeudamiento.
6ª. Un aspecto muy importante es el elemento básico
contenido en el manifiesto en el sentido de que la pretendida cancelación de la
deuda iría acompañada de un aumento de la inversión por el mismo importe. Sin
embargo, no se indica cómo se cubriría ese gasto adicional: ¿se volvería a emitir
deuda pública?, ¿se aumentaría la carga tributaria?
(Artículo publicado en el diario “Sur”)
