A tenor de los innumerables problemas sociales, es casi inevitable que constatemos deficiencias en la actuación del sector público, al menos cuando tomamos como término de comparación los niveles idóneos con arreglo a nuestras preferencias y expectativas individuales. La aparición de brechas es algo inevitable, aunque su magnitud va a depender de diversos factores, entre ellos la calidad de la instituciones públicas, así como la eficiencia y la eficacia en la gestión. También, cómo no, la existencia o no de déficits presupuestarios estructurales es un condicionante importante.
Sin embargo, hay otro tipo de déficits, en la esfera de la gestión, que potencialmente pueden privarnos de aprovechar recursos disponibles. Es lo que, sobre la base de la experiencia, ha ocurrido con los fondos económicos procedentes de la Unión Europea (UE), y que amenaza con volver a ocurrir con ocasión del fondo de recuperación instituido para hacer frente a la crisis económica originada por la Covid-19.
Italia y España son los dos países que van a recibir un mayor volumen de transferencias, más de 80.000 millones de euros en el primer caso, y 72.000 en el segundo. No es, desde luego, una buena noticia ocupar esas primeras posiciones, en razón de la magnitud del deterioro económico sufrido, pero es un gran alivio poder contar con esa extraordinaria aportación. Singularmente lo es para los gobernantes, que pueden liberarse de aplicar el principio económico que dicta asociar los programas de gasto con el esfuerzo fiscal requerido a la población. En este caso, “sólo” tienen que preocuparse de preparar un listado de actuaciones (útiles y de gran impacto) y, lógicamente, de ejecutarlas (adecuadamente). La cifra asignada a España representa casi un 6% del PIB nacional y equivale al 90% de toda la recaudación del IVA en el año 2019. A dicha cifra hay que añadir casi otro tanto, en concepto de préstamos, hasta alcanzar los 140.000 millones de euros.
Ahora bien, de manera un tanto sorprendente, no se puede decir que España sea un alumno aplicado en ese menester, como tampoco lo es Italia. Como se señala en el diario Financial Times (M. Khan, D. Ghiglione, e I. Mount, “EU recovery plan faces bottleneck, economist warn”, 5-1-2021), “ambos países tienen también un registro pobre históricamente en el gasto del dinero de la UE -un proceso conocido como ‘absorción’- lo que da lugar a preocupaciones de que el dinero procedente de Bruselas pueda no gastarse a causa de trabas burocráticas y administrativas. España tiene la peor tasa de absorción de los fondos estructurales para inversión desde 2014 a 2019, con un 39%, mientras que Italia tiene un 40%”.
En dicho artículo se recogen opiniones que abogan por una reforma de la administración y de los procedimientos de contratación, y que advierten del reto de diseñar y supervisar la ejecución de una amplia gama de proyectos de dimensión relativamente reducida en los campos de la digitalización, las tecnologías de bajo contenido en carbono y el desarrollo empresarial.
Según la información aportada por el Tribunal Europeo de Cuentas (European Court of Auditors, 2019 Report, págs. 62-63), en el año 2019, España ocupa una de las últimas posiciones en la tasa de absorción de los fondos estructurales y de inversión, con un claro retroceso respecto a la situación de 2012, año equivalente del marco presupuestario plurianual anterior.
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