“Una tormenta se avecina”, auguraba la revista The Economist en un informe publicado el pasado mes de octubre acerca del control de la información en las redes sociales (“Social media and free speech”, 24-10-2020). A tan rocoso informe sólo le faltó ponerle a la tormenta el nombre de “Filomena” o, quizás, “Fobi(no)(a)mena”. Tras un reguero de desafortunados episodios, que encontraron, como lamentable colofón, los sucesos acontecidos en Washington el pasado día 6 de enero, la tormenta ha devenido en huracán. En realidad, llevaba bastante tiempo gestándose un cambio climático aunque no estuviera respaldado por ningún “consenso científico”.
Más bien, la valoración de la actuación de los propietarios de las redes sociales viene marcada por la disensión más absoluta. Según la síntesis efectuada por The Economist (“Who controls the conversation?”, 24-10-2020), “la izquierda dice que… las redes sociales están hundiendo a los usuarios en el odio y la falsedad. La derecha acusa a las compañías tecnológicas de censura…”.
Dada la configuración de tales medios, su uso irrestricto conlleva ineludiblemente un conflicto potencial permanente entre la seguridad y la libertad de expresión. ¿Qué mensajes deben ser permitidos? ¿Y quién debe decidirlo? Son dos interrogantes clave cuya respuesta nos sitúa en lo que, según una opinión recogida en dicho último artículo, sería un “momento constitucional”.
La eliminación de “mensajes de odio” en Facebook -que emplea a más de 35.000 “moderadores de contenidos”, aparte de recurrir a la inteligencia artificial- se ha multiplicado por diez en sólo dos años, y esta red inhabilita 17 millones de “fake accounts” cada día. No obstante, siguiendo con la misma fuente, M. Zuckerberg, en una conferencia impartida el pasado mes de octubre, hacía una defensa ferviente de la libertad de expresión: “Más personas a lo largo del espectro (político) creen que alcanzar los resultados políticos que consideran es más importante que cualquier persona tenga una voz. Pienso que esto es peligroso”.
También ha declarado su deseo de no querer ser un “árbitro de la verdad”. ¿Quién debe asumir ese papel? ¿Es concebible que exista tal puesto?
“La libertad de expresión en las redes sociales es demasiado importante para ser determinada por un puñado de tecnoejecutivos”, manifestaba The Economist, en contestación a su propia pregunta.
Aunque hay preguntas que no encuentran la respuesta correcta, y conflictos que ni siquiera aspiran a vislumbrar una solución óptima.
Por cierto, según parece, una tal Ángela Merkel se ha pronunciado acerca de las decisiones adoptadas por algunos de esos “tecnoejecutivos”.
