El contencioso, proyectado en diversos frentes, entre el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, y el magnate financiero estadounidense de origen húngaro George Soros reúne toda clase de alicientes para inspirar, si no una novela negra, sí al menos alguna investigación bajo el moderno enfoque de la Economía Política. Muchas son las sombras que subsisten en una batalla no larvada en la que el mandatario público no ha escatimado munición, lo que contrasta con la que, mucho más desapercibidamente, se canaliza a través de las tupidas redes que, al parecer, controla el todopoderoso “financiero filósofo”. Las fundaciones “Open Society” operan en más de 120 países. Soros aparece situado en el núcleo de algunas teorías conspirativas, cuyo grado de verosimilitud está por demostrar. Como también pendiente de difundirse está el contenido de las agendas de las reuniones que el gran filántropo mantiene con destacados dirigentes nacionales.
En esa batalla sin tregua, el primer ministro húngaro ha sufrido un serio revés judicial en lo que concierne a su política educativa. El pasado día 6 de octubre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) hizo pública (Press Release Nº 66/20, 6-10-2020) una sentencia en la que cuestiona las condiciones introducidas por Hungría para permitir que instituciones universitarias extranjeras desarrollen sus actividades en el territorio de dicho país, por considerarlas incompatibles con la legislación comunitaria.
En el año 2017, el Parlamento húngaro aprobó una ley que determinó la salida de la Central European University (CEU)[1] -vinculada al magnate financiero, que la fundó en el año 1991- de Budapest. Una de las principales razones esgrimidas era que una universidad extranjera debía tener un campus en su país de origen, lo que equivalía a decir que la CEU, además de operar en Budapest, debía operar en Nueva York. La Universidad trasladó su sede, y una gran parte de la docencia, a Viena.
El TJUE considera que las exigencias de Hungría contravienen las disposiciones internacionales sobre el comercio de servicios, y las disposiciones de Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea relativas a la libertad académica, la libertad de fundar instituciones de educación superior y la libertad de desarrollar un negocio.
Tras la difusión de la sentencia, Michael Ignatieff, rector de la CEU, ha señalado (Financial Times, 7-10-2020) que la sentencia llega tarde, pero es un hito jurídico que está llamado a disuadir a otros regímenes europeos de similares ataques sobre las instituciones libres. Además, aboga abiertamente por que aquellos Estados que incumplen repetidamente elementos esenciales de la normativa europea deban retornar a la senda europea. De lo contrario, según él, deben quedar excluidos del reparto de los fondos de recuperación. Un tanto curiosamente, sólo percibe el riesgo de deriva hacia el autoritarismo en los países de la Europa central y del este.
Hace algunos años, antes de ocupar el puesto de rector de la CEU, Ignatieff, aunque entusiasmado por la experiencia del referéndum de autodeterminación en Escocia, manifestaba su “visceral oposición a los proyectos de independencia de Escocia, Cataluña, Québec y otros”. Frente a la secesión, defendía “estados multinacionales, multiétnicos, multiconfesionales…” (Financial Times, 27-6-2014 y 19-9-2014).
En fin, nos encontramos ante un amplio conjunto de ingredientes a analizar en torno a cuestiones de enorme trascendencia, que al mismo tiempo suscitan algunas reflexiones. Dado el claro posicionamiento de algunos megarricos a favor de fuertes subidas impositivas, ¿sería lógico que transfirieran íntegramente la propiedad y la gestión de sus plataformas filantrópicas al sector público? ¿Tendría fácil acomodo en España un conglomerado universitario tan potente como el señalado que no pivotara en el sector público? ¿En qué medida existe un “poder en la sombra” ligado directa o indirectamente a las grandes fortunas, fruto algunas de ellas de los denostados mercados financieros, o de situaciones de monopolio corporativo, al margen de los canales democráticos?
[1] Huelga decir que no debe confundirse con la Universidad española que utiliza el mismo acrónimo.
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