La crisis económica y financiera internacional de 2007-2008 tuvo efectos devastadores en la actividad económica y en buena parte del sistema bancario español, especialmente en aquellas entidades que se vieron más afectadas por el estallido de la enorme burbuja inmobiliaria que se había formado a lo largo de los años precedentes. La intervención in extremis del Estado resultó providencial para el salvamento o la reestructuración de algunas entidades heridas de muerte por el impacto de la crisis. La aportación de una ingente cantidad de fondos públicos fue absolutamente crucial para estabilizar y normalizar el sistema financiero.
El relato oficial del proceso del rescate es bien conocido y está firmemente instalado en la conciencia colectiva, hasta tal punto que ha sido y es un importante factor en el ámbito político y en la formación de la opinión pública. Muy escasas han sido las posiciones que se hayan distinguido por plantear siquiera algunas matizaciones que, en su caso, permitiesen completar la visión de los acontecimientos y una ajustada apreciación de su alcance real.
Así las cosas, es casi inevitable que se susciten algunas dudas de corte más bien filosófico, aun cuando su sustrato tenga un carácter económico. He aquí una muestra:
1. ¿Cómo es posible que ahora se llame la atención sobre la posibilidad de que no se recuperen las ayudas públicas concedidas a la entidad que acaparó el grueso de los recursos, cuando, ya desde un inicio, se dictaminó tajantemente que ya se habían incurrido en pérdidas consolidadas y definitivas, cuantificándose incluso un importe bastante superior al del nominal íntegro?
2. ¿Por qué no se ha efectuado un análisis coste-beneficio completo y riguroso para determinar si las actuaciones de apoyo público realizadas, ante una situación sobrevenida, han tenido un resultado positivo o negativo?
3. Pero quizás lo más llamativo es que, ante una actuación tan relevante y tan costosa, no se haya desplegado la potente artillería del análisis económico de la incidencia del gasto público. Al igual que ocurre cuando se aplica un impuesto, en el que la parte que soporta la carga formal puede que la traslade a otra distinta, el destinatario directo de un programa de gasto público puede que no sea el único beneficiario final o incluso, mediante un proceso de capitalización, puede perder ese carácter. ¿Qué agentes, de los que se beneficiaron del dinamismo generado por la burbuja crediticia e inmobiliaria, no tuvieron que afrontar ningún precio cuando el tinglado se vino abajo?
4. Y otra cuestión bastante elemental: ¿por qué no se reconstruye una contabilidad simple pero completa de todos los flujos correspondientes, de todas las entradas y salidas de dinero, públicas y privadas, en el intervalo temporal más significativo?
5. El programa de la Unión Bancaria Europea se puso en marcha, entre otros objetivos, para evitar que el dinero de los contribuyentes quede hipotecado ante eventuales episodios de crisis bancarias. Mucho se ha avanzado, aunque algunas experiencias locales evidencian las dificultades de no recurrir a prácticas antiguas cuando estallan los problemas. La pregunta, teñida de asombro, es inevitable en algunos casos.
En fin, tanto en retrospectiva como en prospectiva, quedan ciertos cabos sueltos, además, respecto a la primera vertiente, de abultados “agujeros negros”[1].
[1] “Finanzas y agujeros negros”, diario Sur, 1 de octubre de 2012.
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