El sistema público de pensiones vigente en España es un sistema de reparto, es decir, el importe de las prestaciones de los jubilados se pretende cubrir con el de las cotizaciones recaudadas de los activos en el mercado laboral. Aunque se trate de una “inversión” obligatoria para trabajadores y empleadores, nada impide calcular la rentabilidad, esperada, o efectiva, una vez que se hayan materializado todos los pagos y todos los ingresos. Esto último es más exacto, pero, desafortunadamente, ya nada útil para los beneficiarios afectados.
A semejanza de una inversión en instrumentos financieros, nos encontramos con una corriente de aportaciones a lo largo de la vida laboral, el montante de las cotizaciones sociales satisfechas. Es quizás un buen momento para recordar cómo la parte que abonan los empresarios constituye una especie de salario diferido, aunque no siempre exista esa percepción social. La magnitud de las bases, los tipos de cotización y el número de años son variables cruciales.
Mientras que quien invierte en un plan de pensiones privado, va acumulando un capital, sujeto al riesgo de valoración en el mercado, del que puede derivar unas rentas, las prestaciones que corresponden a un pensionista público vendrán determinadas según la normativa vigente, al igual que la regla para su revalorización anual. En este caso no se afronta ningún riesgo de mercado, pero sí un riesgo legal que puede llevar a alterar la cuantía de la prestación inicialmente prevista. Hay, naturalmente, otro factor clave: dado que las pensiones son vitalicias, el número de años en los que efectivamente se perciban.
En definitiva, sin especificar todos esos datos no es posible llevar a cabo ninguna cuantificación significativa. No hay una tasa de rentabilidad universal, sino que su valor dependerá de las circunstancias concretas de cada persona.
A título ilustrativo, abordaremos el caso de alguien, acogido al régimen general de la Seguridad Social (grupo 1), que se jubila en 2020, después de haber cotizado durante 38 años.
Bajo la hipótesis de que esta persona -y sus empleadores- han cotizado durante toda su vida laboral según la base máxima en cada momento, le correspondería una pensión de 37.567 euros brutos anuales.
Para estimar la rentabilidad necesitamos despejar varias incógnitas: i) qué proporción de las cotizaciones por contingencias comunes es imputable a la pensión de jubilación, y qué parte obedece a otras contingencias (incapacidad temporal…); ii) cuál es el período de supervivencia para el cobro de la prestación; iii) cuál es la revalorización anual de las pensiones.
Consideraremos el siguiente escenario: i) del total de las cotizaciones por contingencias comunes, un 65% corresponde a la pensión; ii) el período de percepción de la pensión es de 20 años; iii) la revalorización anual es del 1%. El hecho de que la base máxima de cotización sea sustancialmente más elevada que la pensión máxima hace que este caso aporte una referencia para aquellos otros en los que se no llega a ese límite.
Partiendo de tales supuestos, se obtiene una tasa interna de rentabilidad del 3,4%; ésta es la tasa que igualaría los flujos de pagos (cotizaciones) y los de ingresos (pensiones) en términos de valor presente.
Otra forma de medir la rentabilidad es preguntarse cuántos euros se obtienen por cada euro cotizado durante la vida laboral. En el supuesto descrito, el montante de las cotizaciones computadas, actualizadas a 2020, asciende a 310.000 euros. Esta suma ha de compararse con la de las pensiones a percibir durante el período señalado, a precios del año 2020 (751.340 euros, si hay ajuste con el IPC).
Así pues, se obtendrían 2,4 euros por cada euro de cotización.
La relación sería de 1 a 1 si el pensionista vive algo más de 9 años a partir de la jubilación. Si lo longevidad es inferior, percibirá menos de 1 euro por cada euro aportado.
En un sistema de pensiones privado es clave una buena gestión de los recursos. En un sistema público de reparto no hace falta hacer un seguimiento de los mercados, pero sí es fundamental calibrar todas sus variables a fin de garantizar su sostenibilidad, y de evitar injusticias respecto a quienes han contribuido estrictamente a lo largo de toda su vida laboral.
(Artículo publicado en el diario “Sur”)
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