La medición del impacto de la pandemia del coronavirus sobre la actividad económica no se ha visto exonerada de un considerable grado de controversias metodológicas, más o menos fundamentadas. Aparte de algunas relacionadas con los indicadores de variación del PIB más adecuados, otras van referidas a cuestiones de fondo.
Una de ellas concierne al procedimiento utilizado para la cuantificación de la producción pública. Son bien sabidas, o quizás no tanto, las dificultades existentes para una adecuada valoración de la producción llevada a cabo por el sector público, que, en su mayor parte, no está sujeta a un precio, sino que se ofrece de manera gratuita al conjunto de la sociedad. Importante escollo.
Aunque incluso no han faltado propuestas para excluir las actividades del sector público del cómputo de la producción, los artífices del sistema de contabilidad nacional se decantaron por su inclusión recurriendo a la perspectiva de los costes para asignarle una valoración.
Así, la producción pública se mide habitualmente en función de los costes (fundamentalmente, salarios, compras de bienes corrientes y servicios, y consumo de capital fijo) en los que es necesario incurrir para su obtención. Dado que la producción pública se destina básicamente para su uso por la población, los conceptos de producción pública y consumo público son asimilables en la práctica.
Durante la fase de confinamiento decretada en numerosos países, con motivo de la mencionada crisis sanitaria, se ha planteado abiertamente un dilema a los estadísticos: cómo reflejar el hecho de que un elevado número de funcionarios ha permanecido en su domicilio sin poder desempeñar sus funciones, si bien el Estado ha seguido desembolsando sus retribuciones y, por tanto, incurriendo en tales costes.
Es evidente que no todos los países han aplicado los mismos esquemas de confinamiento, ni en cuanto a duración ni a forma. Y, por otro lado, a pesar de que, en el caso de la Unión Europea, Eurostat había emitido algunas directrices[1], tampoco todos han seguido los mismos criterios en la práctica[2]. Así, mientras que Francia ha registrado una disminución del consumo público durante los primeros seis me ses de 2020, a pesar de haber continuado abonando las retribuciones de los funcionarios, en Alemania dicho consumo aumentó un 2%, al considerar que la producción pública no se había visto alterada significativamente. Bélgica, Países Bajos, Portugal e Italia se encuentran en la misma situación que Francia, en tanto que España se alinea con Alemania, incluso en la cifra de la tasa de variación recogida contablemente.
La cuestión planteada tiene, pues, una gran trascendencia desde el punto de vista conceptual, pero va más allá, suscitando algunos interrogantes: ¿hasta qué punto se ha mantenido la producción efectiva?, ¿qué es lo más relevante para la economía, los servicios ofertados o los desembolsos efectuados?, ¿puede haber provocado la interrupción de algunos servicios la aparición de unas cicatrices para el futuro?...
[1] Eurostat, “Guidance on non-market output in the context of the Covid-19 crisis”, Methodological Note, 25 de mayo de 2020. En este documento (pág. 3) se recoge expresamente que “deben realizarse ajustes apropiados a los indicadores, con vistas a reflejar mejor las horas realmente trabajadas en el período de referencia”.
[2] Vid. M. Arnold, “France set to close GDP gap on Germany with public sector rebound”, Financial Times, 6 de septiembre de 2020.
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