En una entrevista reciente, Angela Merkel vaticinaba que las conversaciones acerca del presupuesto de la Unión Europea (UE) para los próximos años no serían “un paseo por el parque”. Está en discusión el establecimiento del marco financiero plurianual (MFP) para el período 2021-2027. Ante la falta de coincidencia entre quienes efectúan aportaciones y quienes obtienen beneficios, la controversia inicial está garantizada en todo debate presupuestario. Además, aunque el daño causado por el Brexit al proyecto europeo sea inconmensurable, ha dejado como herencia inmediata un agujero de unos 10.000 millones de euros anuales.
El presupuesto de la UE se nutre de recursos tradicionales (principalmente derechos de aduana) (16%), del recurso basado en el IVA (12%), y de la contribución ligada a la renta nacional bruta (RNB) (72%). De los gastos totales, un 39% va asociado a recursos naturales (los subsidios agrícolas representan una cuarta parte del total), un 34% se destina a la cohesión económica, social y territorial, un 13% a programas de competitividad, y un 14% a otras actuaciones.
Diversos son los retos suscitados: cubrir el Brexit gap, financiar nuevas prioridades de gasto en ámbitos como los del cambio climático, la tecnología avanzada, la seguridad, o la defensa, y evitar reducir las subvenciones agrícolas, así como las dotaciones para los programas de convergencia económica de las regiones más pobres.
La Comisión Europea ha propuesto un presupuesto equivalente al 1,1% de la RNB de la UE, lo que significa un montante agregado de 1,28 billones de euros en el conjunto de los siete años. Propugna un “presupuesto moderno, simple y flexible”, lo que se traduce, entre otros aspectos, en un ajuste a la baja del 5% en las principales políticas tradicionales. Y, como novedad, una mayor vinculación entre la financiación recibida y el respeto del imperio de la ley. El Parlamento Europeo pretende alcanzar una cifra del 1,3%, y plantea la creación de impuestos propios de la UE.
La fragmentación nacional es evidente. Según el Financial Times, las disputas sobre la cifra de gasto se resuelven en torno a fracciones de un punto porcentual, “pero las pasiones exacerbadas en estos debates testimonian la ansiedad neurálgica de todos los gobiernos de la UE por demostrar a sus votantes que han obtenido ‘una victoria en Bruselas’”. Ante la falta de una visión europea, el presupuesto sigue concibiéndose como un “juego de suma cero”.
Los denominados “cuatro frugales” (Austria, Dinamarca, Holanda y Suecia) abogan por fijar el techo de gasto en el 1% de la RNB. En contraposición, países receptores netos como Polonia o Rumanía sostienen que la idea de que hay ganadores y perdedores netos es errónea, y subrayan que los beneficios de las compañías europeas que operan en tales países supera la financiación que les es transferida. Alemania parece dispuesta a ampliar su contribución, aunque estableciendo algunas restricciones sobre los gastos.
Más allá de los decimales arriba o abajo, la fijación del MFP 2021-2027 viene a significar la entrada en una fase de “modernización” del presupuesto (expresión de interpretación un tanto libre), que puede afectar significativamente a países como Francia y España. Al propio tiempo, refleja el drama de una UE que sigue anclada, pese a que el euro era una apuesta hacia el objetivo de mayor integración política.
En esto sí lleva razón Mateusz Morawiecki, primer ministro polaco, cuando afirma que “negociar un acuerdo presupuestario no es un ejercicio puramente aritmético. Más bien, debe ser una traducción de prioridades políticas en un marco financiero”. ¿Cuáles son esas prioridades en la UE? ¿Cuáles deberían ser.
La Comisión Europea proclama que “cada ciudadano disfruta de enormes beneficios que la UE proporciona por menos del precio de una taza de café al día”. ¿Cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar por un almuerzo o, al menos, por un desayuno completo? Está en juego mucho más que una mera discrepancia cuantitativa.
(Artículo publicado en el diario “Sur”, con fecha 1 de marzo de 2020)
