El pasado mes de noviembre,
Málaga albergó el 18º Congreso de la Confederación Española de Directivos y
Ejecutivos (CEDE), uno de cuyos paneles se centró en el análisis de la potencia
económica de Málaga. Aquí se expone un marco de referencia para su
consideración.
i) Los hechos:
A mediados del siglo veinte, la
provincia de Málaga representaba un 12% de la economía andaluza. En 1990 había
ascendido a casi el 17%, y en la actualidad se sitúa en el 21%. En el período
1995-2007, Málaga lideró el crecimiento económico de España, con una tasa anual
media acumulativa del 5%. A pesar de la caída del PIB, del 2,3% de media en los
años 2009-2013, se obtiene una tasa de crecimiento promedio del 3% entre 1995 y
2018. Entre estos años, la población (de derecho) ha aumentado un 36%, mientras
que la economía malagueña, en términos de PIB y de ocupación, se ha duplicado. El
PIB per cápita se ha incrementado menos, pero, aun así, lo ha hecho en un 46%.
ii) Claves de la evolución:
Hay un amplio elenco de factores explicativos
del dinamismo de la economía malagueña. Como telón de fondo, el entorno natural,
el patrimonio histórico y el capital físico, con una mejora muy sustancial de
las dotaciones de infraestructuras y de equipamientos de ocio y culturales.
Ha habido también una gran
expansión del parque de empresas, cuyo número se ha duplicado. Aunque haya que
hacer algunas matizaciones -y no todas respondan al paradigma schumpeteriano-, dicha
expansión ha propiciado la innovación y la transformación tecnológica. Ha de
destacarse el papel del PTA, con una aportación al PIB provincial cercana al
8%. Asimismo, el aumento de empresas en sectores de alta y media-alta
tecnología, y de tecnología punta, con casi 3.000 unidades empresariales en
estos segmentos, e, igualmente, la apertura a los mercados exteriores, con más
de 4.600 empresas exportadoras. Los vínculos con la Universidad de Málaga (UMA)
han posibilitado la transferencia de resultados de la investigación.
No puede obviarse el entorno
económico, con los efectos positivos de la incorporación de España a la Unión
Monetaria Europea. La política de bajos tipos de interés ha tenido una gran
incidencia, aunque con la contrapartida de haber impulsado, junto con otros
factores, una expansión desmesurada del crédito, que durante bastantes años creció
a tasas superiores al 20%.
Las dinámicas sectoriales merecen
una mención especial. La atracción de flujos turísticos, con una clara
interacción de oferta y demanda, ha sido más que notable. Por su parte, el
sector inmobiliario ha conocido fases de auge, declive (la crisis provocó una
destrucción de 70.000 empleos en la construcción), y resurgimiento.
El capital humano ha tenido una
aportación de primer orden. La ampliación de titulaciones por la UMA ha
ejercido como factor de impulso. Y todo el proceso ha contado con la contribución
del sistema financiero, tanto autóctono –Málaga es sede de la única entidad
bancaria andaluza subsistente de las cajas de ahorro regionales, así como de la
fundación de origen-, como externo. La relación créditos/depósitos se mantiene
claramente por encima del 100%.
Finalmente, hay que aludir al posicionamiento
estratégico, y al marco institucional y de gobernanza. Hay que resaltar la planificación
estratégica metropolitana, y el papel de Málaga como gran ciudad, abierta,
orientada a la innovación y a la cultura. Las fórmulas de colaboración
público-privada ofrecen una experiencia positiva en diferentes ámbitos.
iii) Debilidades,
amenazas y retos:
De entrada, no podemos obviar
algunas debilidades en el ámbito del mercado de trabajo. Así, la tasa de
desempleo, aunque sea la menor de Andalucía, supera el 16%, y no descendió del
10% en el punto más alto del ciclo económico anterior. La tasa de
temporalidad, aunque ha caído 10 puntos,
está en el 32%. Y, en una etapa de intensos cambios, marcada por la
transformación tecnológica y la digitalización, se aprecian desajustes entre la
oferta y la demanda.
Por otro lado, la buena evolución
en términos agregados no puede ocultar la existencia de brechas sociales y
territoriales, ni la intensificación del uso de determinados recursos
naturales. A pesar de la trayectoria económica, el PIB per cápita se sitúa algo
más de un 25% por debajo de la media española y un 40% respecto de la Eurozona.
Otras debilidades están relacionadas con el reducido tamaño empresarial, ligado
a bajos niveles de productividad (un 96,4% de las empresas malagueñas son
microempresas).
De igual manera, no podemos
perder de vista que hay una serie de importantes retos que se derivan de
fuerzas y tendencias globales. Otros son de carácter más específico: a) atender
nuevas competencias y perfiles profesionales; b) retención y atracción del
talento; c) efectos de la competencia
fiscal territorial; d) necesidad de acompasamiento de nuevas infraestructuras;
e) completar el saneamiento integral; f) atenuar los desequilibrios territoriales
intraprovinciales (más de un 80% de la población y de la actividad se concentra
en el área metropolitana y la Costa del Sol), sin perjuicio de corregir los
desajustes existentes entre las demarcaciones territoriales administrativas y
las ciudades funcionales; g) seguir avanzando en la diversificación de la
estructura productiva (el sector inmobiliario representa una cuarta parte del
PIB; el turismo, un 15%, un 25% con efectos inducidos); y h) avanzar en la
convergencia económica real, cuyo desfase viene explicado por la menor
ocupación y la menor productividad.
- Posibles cursos de acción:
Conviene partir de las lecciones
de la experiencia histórica, en el sentido de reconocer la fragilidad del
progreso, que no es algo irreversible. El destino económico no está predeterminado,
sino que depende en gran medida de las líneas de acción que se adopten. La
planificación estratégica ve reafirmada su importancia, por lo que debería articularse
la de Málaga y su área metropolitana con la del resto de la provincia, buscando
asimismo el aprovechamiento de sinergias con otras provincias limítrofes.
Dado que el progreso no surge de
manera espontánea, sino que necesita de un caldo de cultivo, es crucial
potenciar un marco proclive a la prosperidad económica y al emprendimiento, con
instituciones sólidas y eficaces, y plena garantía del imperio de la ley. Y, como
envolvente, debería tenerse presente el marco de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.
(Artículo publicado en el diario
“Sur”, con fecha 26 de enero de 2020)
